La sentencia de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, sec.
1ª, de 15 de octubre de 2026, nº 367/2026, rec. 272/2024, declara que cuando un daño causado por
una especie cinegética no puede atribuirse con certeza al titular de un terreno
cinegético exclusivo y existen indicios suficientes de que el animal procedía
de una reserva regional con cacería autorizada el mismo día y atacó en esos
terrenos, la responsabilidad patrimonial recae sobre la administración gestora
de dicha reserva, salvo prueba suficiente en contrario que demuestre el origen
en otro terreno cinegético específico.
El Tribunal concede parcialmente la
razón a la actora en cuanto a la responsabilidad patrimonial, reconociendo que
el ataque fue causado por un jabalí presente en terrenos de la Reserva Regional
de Caza durante una cacería autorizada, sin que la existencia de otras cacerías
en terrenos privados colindantes excluya la imputación de responsabilidad a la
administración que gestiona la reserva.
La ausencia de prueba suficiente de que
el animal procediera del coto privado codemandado impide atribuirle la
responsabilidad; por tanto, se desestima la demanda contra dicho coto y su
aseguradora. La valoración de los daños se ajusta a los informes periciales
presentados por las partes y se fija un importe indemnizatorio reducido
respecto al reclamado inicialmente, considerando los criterios legales
aplicables y la evidencia médica.
El fallo estima parcialmente el recurso
y condena a la administración demandada al pago de 111,393.96 euros más
intereses legales.
La sentencia destaca la complejidad
probatoria para determinar la procedencia exacta del animal causante del daño y
clarifica que la responsabilidad objetiva de la administración en materia
cinegética se basa en el vínculo presencial y la influencia directa de la
gestión pública sobre el animal, sin requerir prueba de culpa ni conducta
negligente; reafirma también la aplicación restrictiva de la responsabilidad
solidaria, condicionada a la inexistencia de prueba suficiente de atribución
específica.
A) Introducción.
1º) Una persona sufrió lesiones graves
al ser atacada por un jabalí herido en Arenas de Iguña, en una zona de la
Reserva Regional de Caza del Saja donde ese día se celebraba una cacería.
¿Debe responder la Administración
autonómica, junto con el Club Deportivo Básico Cazadores Monte Brazo y
Helvetia, por los daños causados, y qué indemnización corresponde?.
La Administración de Cantabria debe
indemnizar a la víctima con 111.393,96 euros más intereses, mientras que se
absuelve al Club Deportivo Básico Cazadores Monte Brazo y a Helvetia por no
acreditarse la conexión del animal con sus terrenos; la sentencia no fija ni
modifica doctrina.
Conforme al artículo 63 de la Ley de
Caza de Cantabria y al artículo 106.2 de la Constitución, la presencia del
jabalí herido en la Reserva durante una cacería acredita conexión suficiente
con los terrenos de gestión autonómica y no se probó fuerza mayor, mientras que
la solidaridad requiere acreditar la vinculación del animal con los terrenos de
cada responsable; la indemnización se cuantifica con carácter orientativo
mediante el baremo y conforme al artículo 34 de la Ley 40/2015.
2º) La sentencia aborda aspectos clave
de la responsabilidad patrimonial en accidentes o ataques causados por fauna
cinegética:
- Imputación por indicios y carga de
la prueba: Ante la imposibilidad de rastrear con certeza absoluta la
procedencia de un animal silvestre, la coincidencia espacial y temporal con una
cacería autorizada en una Reserva Regional traslada a la Administración la
carga de probar un origen distinto.
- Responsabilidad objetiva de la
Administración: Se consolida el criterio de que no es necesario acreditar
culpa o negligencia en la gestión pública, bastando el vínculo territorial y la
incidencia directa de la actividad cinegética autorizada.
- Exclusión de la responsabilidad
solidaria: El tribunal evita extender la condena de forma automática a los
cotos colindantes y sus aseguradoras cuando no existe prueba concluyente de que
el jabalí procediera de sus terrenos.
- Moderación de la cuantía
indemnizatoria: La indemnización final (111.393,96 euros más intereses) se
ajusta estrictamente a la prueba pericial médica y a los baremos legales
aplicables, reduciendo la pretensión inicial.
B) Antecedentes.
La actora explica que el día 11-12-2022
salía de su domicilio en el barrio San Cristóbal de Arenas de Iguña cuando fue
envestida por un jabalí herido que procedía de una cacería. El animal procedía
de la Reserva regional del Saja, donde estaba programada una cacería del lote
de Rodil - La Bacera, cuadrilla número 25. Ese mismo día también estaba
programada una batida de jabalí en el Monte Brazo número 358 del catálogo de
montes de utilidad pública que había sido adjudicada al coto de caza número
NUM000 club Monte Brazo. Antes de causar las lesiones a la parte actora también
atacó a otros vecinos al atravesar las calles del pueblo. El animal,
finalmente, fue abatido. Por los hechos se siguieron diligencias previas por el
juzgado de instrucción número 6 de Torrelavega que terminaron por auto de fecha
29-12-2022 de sobreseimiento y archivo provisional de las actuaciones.
Como consecuencia del ataque la actora
sufrió las siguientes lesiones: PP muy grave (2días) 238,06 €; PP grave
(15 días) 1139,05 €; PP moderado (167 días), 10335,63 €; secuelas funcionales,
32 puntos, 45427,88 €; perjuicio estético moderado, 8 puntos, 7778,57 €;
Perjuicio por pérdida de calidad de vida, 59512,81 €; necesidad de ayuda por
terceras personas, 3 horas, 93673 euros; perjuicio por intervenciones
quirúrgicas, 3150 euros; gastos resarcibles 1157,97 €. Como consecuencia de su
estado final el ICASS le ha reconocido 1° de discapacidad del 75%.
Sostiene que se dan los requisitos para
que aparezca la responsabilidad patrimonial de la administración de conformidad
con el régimen establecido en el artículo 63 de la ley 12/2006 de 17 de julio
de caza de Cantabria, en relación con su DA 1ª. De igual manera considera
responsable a Club Deportivo y a su aseguradora dado que el animal procedía
también de la batida que se estaba desarrollando ese día en sus terrenos. Al no
ser posible determinar con toda seguridad la procedencia del animal, deben
responder solidariamente todos los responsables.
En fase de conclusiones, se destaca la
existencia de 2 sentencias de los juzgados de instancia donde se ha estimado la
responsabilidad patrimonial de la administración por ataque del mismo jabalí a
otras dos personas.
El coto y la seguradora se oponen a la
reclamación. No niega el ataque por parte del jabalí ni las lesiones que sufre
la parte actora pero sí que el animal procediera de terrenos del coto, pues no
hay prueba de tal circunstancia. Reconoce el aprovechamiento cinegético sobre
el monte de utilidad pública número 358, pero el ataque y las lesiones ocurren
en lotes de titularidad pública donde también había batidas organizadas. Es
cierto que el día 11/12/2022, la cuadrilla nº NUM001 estaba cazando en el lote
del Rodil-La Bacera, y el día anterior hubo otra batida en el lote
Montequemado, en la que participó la cuadrilla nº NUM002. Es decir, el
siniestro ocurrió entre 2 lotes de titularidad pública donde hubo batidas el
mismo día del siniestro y el día anterior mientras que el coto demandado se
encuentra muy alejado de la zona de siniestro. También estima que no queda
acreditado que el animal estuviera herido. Es prácticamente imposible
determinar de dónde procedía el animal con exactitud, pero sí hay indicios suficientes
de que los hechos se desarrollan en la Reserva Regional muy lejos de los
terrenos del coto. Es más, existe un coto privado aún más cerca que es el
número NUM003 que también había cazado el día anterior.
Subsidiariamente impugna la cuantía por
excesiva impugnando diversas partidas.
La Administración Autonómica tampoco
niega el siniestro ni las lesiones. Reconoce que el día de los hechos se
celebró en el Lote de Caza Rodil-La Bárcena cacería dentro del espacio de la
Reserva Regional de Caza del Saja (Zona 2), desarrollada por la cuadrilla nº 1. El mismo día había autorizada igualmente batida de jabalí al Coto de
Caza nº NUM000, desarrollada por el Club Deportivo de Cazadores Monte Brazo, en
el terreno próximo a la Reserva Regional de Caza del Saja, concretamente en el
Monte Brazo, durante la cual consta que no se abatió ningún ejemplar y se
avistaron dos jabalíes . El día anterior, el 10 de diciembre de 2022 se celebró
batida del jabalí en el Lote 1, La Panda, del Coto de Caza nº NUM004,
desarrollada por el Club Deportivo Elemental Cinegético Arena, terreno
colindante a la Reserva Regional de Caza del Saja y según información
facilitada en el Plan Técnico de Aprovechamiento del Coto, participaron en la
batida 10 cazadores y se abatieron 2 jabalíes.
El argumento fundamental de la defensa
es que no hay prueba suficiente de la procedencia del animal no siendo
suficiente el hecho de que hubiera una cacería en terrenos de la reserva ese
mismo día dado que en las inmediaciones existen otros cotos que también
desarrollaban la actividad. De hecho, el animal estaba herido y consta que
durante la cacería en terrenos de la Reserva no se llegó a hacer ningún
disparo, de lo que resultaría que el animal ya procedía de otro lugar con las
heridas. Además, la cacería en la reserva contaba con todas las medidas de
seguridad, no siendo exigibles más.
Subsidiariamente, el régimen legal
establece, la responsabilidad solidaria con los titulares cinegéticos o
propietarios de todos los terrenos.
También de forma subsidiaria, se impugna
el importe de los daños.
C) En primer lugar, es necesario
determinar con precisión el objeto del pleito, Sobre todo en atención a ciertas
alegaciones de la administración demandada.
La sentencia está sometida al principio
de congruencia, debiendo resolver exclusivamente sobre lo pretendido en la
demanda. En este caso solo se demanda a la administración y a un coto junto a
su aseguradora, pero en ningún caso se dirige acción o reclamación alguna
frente al tercer coto, número NUM003, al que hace referencia la administración
en su contestación a la demanda. Es por ello que, esta sentencia, de ninguna de
las maneras podría declarar la responsabilidad de un tercero que no interviene
en este procedimiento. En el caso de estimarse una responsabilidad solidaria,
sería absolutamente irrelevante la existencia de otro eventual deudor de esta
naturaleza, pues no excluiría la condena de los restantes deudores solidarios.
A lo más a lo que podría llegarse es a que quedara perfectamente acreditado en
el pleito que el animal no procedía de los terrenos ni de la administración
demandada ni del coto demandado, sino de terrenos ajenos, lo cual llevaría,
exclusivamente, a la desestimación de las pretensiones.
Dicho esto, y desde la perspectiva
fáctica, y como ahora se desarrollará, resulta que no se discute el siniestro,
ni que la actora haya sufrido lesiones provocadas por el ataque del animal, sin
perjuicio de la discusión sobre su valoración. Tampoco se discute la existencia
de la Reserva autonómica de caza y la delimitación de sus terrenos ni tampoco
la gestión del coto privado y su delimitación. A su vez tampoco es objeto de
discusión la existencia de cacerías ese día en ambos terrenos. Fundamentalmente,
el debate se ha centrado sobre la procedencia del animal, como criterio
normativo que ahora se indicará para la imputación. El otro aspecto discutido
es la valoración de los daños personales y materiales reclamados.
En cualquier caso, para la resolución de
la reclamación de responsabilidad patrimonial debe acudirse al régimen general
que resulta de lo establecido en el art. 106.2 CE, que consagra el principio de
responsabilidad patrimonial de la Administración al señalar que "los
particulares, en los términos establecidos en la ley, tendrán derecho a ser
indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos,
salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del
funcionamiento de los servicios públicos". El régimen de tal
responsabilidad, cuyo conocimiento se atribuye, en todo caso, a los órganos de
la jurisdicción contencioso-administrativa en los arts. 9.4 LOPJ y 2 e) LJ, se
desarrolla en las Leyes 39 y 40/2015, de forma sustancialmente idéntica al
régimen de los arts. 139 a 146 de la LRJAP 30/1992 debiendo tenerse en cuanta,
a su vez, el art. 121 LEF.
Desde el punto de vista de la doctrina y
jurisprudencia emanadas en torno a este régimen, puede decirse que, para que
surja la pretendida responsabilidad patrimonial de la Administración se
requieren los siguientes requisitos:
a) Un hecho imputable a la administración, siendo suficiente por tanto con acreditar que se ha producido en el desarrollo de una actividad cuya titularidad corresponde a un ente público.
b) Un daño antijurídico producido, en cuanto detrimento patrimonial injustificado, es decir, que el que lo padece no tenga el deber jurídico de soportarlo. El perjuicio patrimonial ha de ser real, evaluable económicamente, efectivo y individualizado en relación a una persona o grupo de personas.
c) Una relación de causalidad directa y eficaz, entre el hecho que se imputa a la administración y el daño producido.
d) Ausencia de fuerza mayor, como causa ajena a la organización y diferente del caso fortuito.
En esta materia debe acudirse al régimen
contemplado en la vigente Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria,
cuyo ámbito de aplicación se regula en su art. 1, en tanto que el régimen de
responsabilidad se recoge en el art. 63 conforme al cual:
"1. Los titulares cinegéticos serán responsables de los daños causados por las especies cinegéticas procedentes de sus terrenos cinegéticos. Cuando procedan de terrenos no cinegéticos, y salvo lo señalado en el apartado siguiente, se estará a lo dispuesto en la legislación civil.
2. La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria responderá de los daños causados por las especies cinegéticas procedentes de Reservas Regionales de Caza, Cotos Regionales de Caza, Refugios Regionales de Fauna Cinegética y de los Vedados de Caza que se correspondan con terrenos incluidos en los espacios naturales protegidos o en el ámbito de presencia de especies amenazadas, en donde sus instrumentos de ordenación o planificación prohíban expresamente la actividad cinegética.
3. Cuando no resulte posible precisar la procedencia de las especies cinegéticas respecto a uno determinado de los varios terrenos de los que pudieran proceder, la responsabilidad por los daños causados será exigible solidariamente a los titulares cinegéticos o propietarios de todos ellos.
4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, cuando se trate de daños causados por especies cinegéticas incluidas en un plan de gestión en el que expresamente se prevean medidas compensatorias por los daños causados por esa especie, incluidos los pagos de dichos daños, las personas perjudicadas podrán dirigir la acción de resarcimiento de los daños contra la Administración de la Comunidad Autónoma, que se subrogará en la posición de las personas, físicas o jurídicas, que sean responsables.
5. La responsabilidad a que se hace referencia en este artículo será exigible por las reglas de la legislación civil, salvo en el supuesto en el que se dirija la reclamación contra la Administración en que se estará a lo dispuesto en la normativa reguladora de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública.
6. En el supuesto de que la responsabilidad por daños a las personas o sus bienes fuera como consecuencia de accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas se estará a lo dispuesto en la normativa sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad."
Pues bien, este es el régimen normativo
aplicable tanto a la administración como al titular del coto privado, no siendo
por lo tanto aplicable las determinaciones de la Ley de caza de 1970. Respecto a la legislación civil, es
aplicable por remisión del apartado quinto, dejando a salvo el régimen de
responsabilidad patrimonial de la administración pública.
Como se puede observar, esta norma hace
responsable a los titulares de los terrenos cinegéticos públicos o privados por
los daños ocasionados por especies cinegéticas procedentes de esos terrenos,
siendo por lo tanto este requisito, el de la procedencia, el principal foco de
discusión de todo este pleito como en otros muchos similares, debido a la
especial dificultad que existe para determinar con exactitud tal procedencia.
D) La tesis actora consiste en defender
que el animal procedía o bien de la Reserva o bien del coto o bien es imposible
determinar esa procedencia y, por lo tanto, deben responder solidariamente.
Dado que el ataque se produce en
terrenos de la Reserva, la tesis de la defensa de la administración es afirmar
que realmente el animal procedía de otros terrenos, o bien del coto codemandado
o bien de un tercer coto y habría pasado por los terrenos de la Reserva, casual
o temporalmente, en el momento del ataque desde aquellos otros. En cualquier
caso, defendería la apreciación de una responsabilidad solidaria por
imposibilidad de determinar la procedencia exacta.
Y finalmente, la tesis del coto
codemandado es afirmar que de ninguna de las maneras el animal procedía de
terrenos gestionados por el coto no habiendo más prueba que la procedencia
desde la propia reserva gestionada por la Administración Autonómica.
Y la prueba en relación con esa
procedencia viene constituida por los siguientes elementos.
En el EA obra el Informe del AMN 9390
Sr. Hilario de 11-12-2022 que explica que estaba de servicio ese día, junto con
otro agente, en la cacería del lote Rodil-La Bacera en la reserva. Da cuenta de
una primera llamada por un ataque de jabalí en el pueblo de San Cristóbal, por
parte de un señor que presenta cortes en la ropa y arañazos junto con un
esguince de tobillo y les indica la dirección del ataque, tras lo cual,
persiguen al animal. En la calle del pueblo encuentran a una señora herida de
bastante consideración. Preguntan a los vecinos por la dirección del animal y
siguen su rastro junto con dos cazadores y un perro de la cuadrilla. El jabalí
va dejando pequeñas gotas de sangre y se desconoce de dónde procede ni dónde se
ha producido la herida puesto que en la cacería en la cual estaban no se ha
disparado más que a dos jabalíes que están abatidos y no se ha avistado a otro
animal de este tamaño. Se localiza el animal a 950 m y se le abate. Se efectúan
5 disparos, 3 del calibre 270 Win y 2 del calibre 20 GA. Adjunta plano con los
puntos de los ataques donde se observa que el animal trae dirección desde el
sur hacia el norte entrando en el lote de la Reserva al cruzar la CA 804.
Se incorpora la ficha de recogida de
ejemplares, al folio 26 y siguientes, que hace constar que es un jabalí herido
que entra en el pueblo de San Cristóbal y ataca a 3 personas y he rematado por
la guardería y miembros de la cuadrilla 25.
El Informe pericial TRAGSATEC 2-5-2023,
es el estudio forense del cadáver del animal abatido que presenta heridas
compatibles con disparos en el costado y en el lumbar izquierdo por 3
proyectiles.
Obra el atestado de la Guardia Civil,
folios 43 y siguientes y el Informe del jefe del servicio de Conservación de la
Naturaleza. Éste acredita y no se discute, que el día de los hechos se celebró
una batida en el lote perteneciente a la Reserva por la cuadrilla NUM001 y que
sobre las 13:15 h a la altura del pueblo de San Cristóbal, en la CA-804, en una
zona situada en las proximidades de la batida, se produce un primer ataque.
Posteriormente en la calle del pueblo, localizan una segunda persona herida y
tendida en el suelo. Se indica expresamente que se sigue un rastro de sangre
que va dejando el animal que es localizado en el monte, a unos 959 m de
distancia de la segunda persona herida y es abatido. Señala que la zona
cinegética estaba en perfecto estado de conservación y señalización.
Junto a esta documental, son relevantes
los distintos mapas de la reserva y cotos adyacentes incorporados por las
partes y en el informe de detectives.
Pues bien, queda perfectamente
acreditado el ataque de un jabalí en terrenos de la reserva un día en el que
existía una cacería.
Los informes del Agente del Medio Natural indican que el animal venía herido y
que presentaba un rastro de sangre sin que la circunstancia de los disparos que
presenta el informe forense permita descartar este hecho, pues podía venir
herido por uno de ellos, antes, como señala ese agente. Tampoco las
apreciaciones subjetivas de los testigos a distancia desvirtúan esta
circunstancia.
No hay duda, por lo tanto, de que cabe
hablar de la presencia del animal en terrenos de la Reserva y que es el
causante de los daños sin que se exija culpa alguna dada la naturaleza de la
responsabilidad patrimonial de la administración.
La cuestión es determinar si se puede
hablar de una ruptura del nexo causal por la procedencia del animal,
perfectamente acreditada, desde otros terrenos y que permita afirmar que el
animal solo estaba de paso, casual o temporal, en la reserva.
Las pruebas aportadas no permiten
realizar esta afirmación. Aun cuando se tratara de un animal que procediera de
otros terrenos no hay nada que descarte la influencia de la batida que se
estaba desarrollando en el comportamiento del animal que ha generado los daños.
No hay ninguna duda de que el animal corría a través de los terrenos de la
reserva Un día en el que había programada una cacería. Es imposible no afirmar
el punto de conexión con la reserva.
Se insiste en la cuestión de si el
animal ya procedía herido o no de otros terrenos. Ahora bien, es innegable la
existencia de cacería también en la Reserva. Es decir, el hecho de que
existiera una cacería en otros terrenos, e incluso de que el animal pudiera
proceder de fuera de la Reserva, en nada obsta a la circunstancia de que
finalmente entra en los terrenos, existe una cacería y, por lo tanto, no se
puede negar la incidencia de esta actividad en el comportamiento del animal,
esté o no herido. Se trataría, en definitiva, de una concausa que coadyuva al
resultado final.
También se hace hincapié en cuestiones
relativas a las testificales, donde cada interesado da a una versión de los
hechos conforme a opiniones subjetivas tesis o creencias que elabora a partir
de datos. Además, casualmente o no, cada una de esas tesis es favorable al coto
al que pertenece. Tales apreciaciones subjetivas no pueden prevalecer en
relación con las pruebas documentales que antes se han expuesto. Son los
informes de los agentes los que ponen de manifiesto que se seguía un rastro de
sangre dejado por el animal que venía indudablemente de los terrenos de la
reserva que circundan el pueblo donde se produce el ataque.
Frente a esto la administración pretende
eludir la responsabilidad atendiendo a un criterio subjetivo, culpabilísimo,
señalando que durante la cacería se adoptaron todas las medidas de seguridad
pertinentes y no hay prueba alguna de negligencia. Es entonces cuando debe
recordarse el carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial de la
administración, Es decir, un régimen que toma como punto de partida La
responsabilidad aquiliana del artículo 1902 del Código Civil, pero con
exclusión del elemento de la culpa. Solo la fuerza mayor excluye esa
responsabilidad. Pero, además, en este caso existe un régimen especial en la
Ley de caza de Cantabria qué objetiva esa responsabilidad en los términos que
antes ha indicado. Por lo tanto, es completamente irrelevante el tema relativo
a la adopción de medidas de seguridad. E, indudablemente, las lesiones no son
consecuencia de un evento de fuerza mayor.
E) Valoración jurídica.
Partiendo de estos hechos acreditados,
debe analizarse el título de imputación a la administración demandada. Como se
ve, el título de imputación no es el lugar en que se produce el ataque o
aparece el daño, sino el lugar de procedencia de la especie cinegética, pues el
título de imputación nace del deber de gestionar las poblaciones de animales
que pueden causar daños en los terrenos en los que de forma más o menos
permanente habitan o permanecen. Es el deber de gestión y control sobre esas
poblaciones lo que justifica esa imputación y, en algunos casos lleva a la
jurisprudencia a excluir la responsabilidad cuando el coto es de caza menor y
la especie dañina es de caza mayor, sin perjuicio de otros títulos.
Y por la dificultad de hacer esa
precisión en el origen en algunos casos, es por lo que la norma, para
garantizar el resarcimiento, establece en el apartado 3 la regla de
solidaridad.
Ahora bien, ese supuesto de solidaridad
no nace por cualquier duda que se pueda plantear en el caso. Para que entre en
juegos debe existir una carencia acreditativa, esto es, cuándo no pueda
afirmarse, en los términos procesales de prueba, que esté acreditado que el
animal procedía de uno u otro terreno. Es decir, este supuesto normativo exige
un elemento probatorio de imputación, que es la efectiva presencia del animal
en los terrenos de los codemandados. Sin esa prueba de la existencia del animal
en uno de los terrenos, Sin lo que se denomina punto de conexión, no cabría la
solidaridad. Pero probado que existe en varios terrenos y no pudiendo
concretarse el lugar de procedencia, la responsabilidad, es solidaria.
Esta interpretación del término
procedencia del art. 63, más allá del lugar del ataque, es el seguido
mayoritariamente por la jurisprudencia, tanto contenciosa, como civil orden
donde en más ocasiones se aplica el precepto, como la SAP de Cantabria de 7-3-2014
o la SAP de Cantabria de 26-3-2010 que señala que:
"Cabe señalar que el art. 33 de la Ley de Caza estatal fija la responsabilidad atendiendo al criterio de "procedencia ", reproducido en el art. 63.1 de la Ley de Caza de Cantabria de 17 de julio del 2.006 . Establece la Sentencia del T.S, de fecha 30 de octubre del 2.000, reiterando el criterio de sentencias anteriores, que "hay que entender el término procedencia en sentido amplio para referirlo a las zonas donde los animales viven en libertad y que abandonan, al salir de las mismas, contando con las facilidades necesarias para ello", por no haber adoptado el titular del coto las cautelas precisas para evitarlo."
Así, se ha reiterado por constante
jurisprudencia del TS, ya con la antigua Ley de Caza de 7-4-1970 y su art. 33,
que la procedencia exige una cierta conexión con el coto no bastando la mera
presencia ocasional o puntual. Es una doctrina que, junto con otros muchos
aspectos, resume la STSJ de Castilla y León de 11-2-2011 que cita la previa de
22-5-2009 de cuya calidad se hace eco la reciente STS de 11-2-2016, en la
materia. También, STS de 22-12-2006.
Y tal interpretación es lógica y fácil
entender si, por ejemplo, se atiende al problema de daños en cosechas
(normalmente el jabalí ) o estabulaciones. En estos casos, el daño se produce
siempre en terrenos del propietario perjudicado al que se desplaza el animal
desde su zona de hábitat, de modo que, de seguirse otra interpretación, nunca
habría responsabilidad que, además, sería del propietario del terreno
perjudicado.
Pero dicho esto, la responsabilidad del
gestor de esos terrenos de procedencia exige la prueba del vínculo entre el
animal y esos terrenos. Tal vínculo es la procedencia entendida en los términos
antes expuestos, "en sentido amplio para referirlo a las zonas donde los
animales viven en libertad y que abandonan, al salir de las mismas, contando
con las facilidades necesarias para ello". El problema de la solidaridad
surge cuando, de la prueba practicada en juicio, resulta acreditado el vínculo con
dos o más terrenos sin que, en el ataque concreto, haya una prueba cumplida que
permita imputar al daño a uno y no a otro. Pero cuando esa prueba permite
imputarlo a uno y excluir al otro, no nace la responsabilidad solidaria. Y
tampoco hay responsabilidad alguna si no se puede acreditar, fuera de meras
especulaciones, que el animal que causa el daño procedía de un terreno (es
decir, el vínculo).
Por tanto, no basta probar que se ha
ocasionado un daño por animal de una especie cinegética y que en un terreno
determinado hay esa especie. Hay que probar que, en el caso, ese animal
procedía de ese terreno al que se reclama la indemnización , valiendo cualquier
medio admitido en derecho, incluyendo las presunciones y sin perjuicio de la
carga de la prueba conforme a los criterios del art. 217 LEC que incluye los de
facilidad y disponibilidad probatoria.
F) No queda suficientemente probada la
conexión con el coto codemandado.
En este caso no hay ninguna duda de la
conexión del animal con los terrenos de la Reserva. Realmente la discusión es
otra. La demanda sostiene que a su vez existe una conexión con los terrenos del
coto codemandado, tesis que subsidiariamente, también defiende la
administración para que pueda surgir la responsabilidad solidaria.
Pues bien, el coto aporta los siguientes
medios de prueba para intentar desvirtuar tales afirmaciones.
El documento 115 de vereda incluye un
plano con la delimitación del coto matrícula NUM000. Monte Brazo en el monte de
utilidad pública 358. Si se compara este mapa con el mapa número 1 de la
demanda, se comprueba que el lote que estaba cazando en la reserva ese día,
lote Rodil-La Bacera en la Reserva, limita con el coto matrícula NUM005,
mientras que el coto codemandado NUM000, está al norte de este último y
delimitaría con La Fresneda y La Gesía.
Para intentar determinar el origen del
animal, se aporta un informe de un detective, documento 117 de vereda. El
objeto del informe es intentar delimitar o determinar la procedencia del
animal. Se toma declaración al señor Carlos Jesús, jefe del coto codemandado
que indica que existe un coto entre el lugar del ataque y el suyo, y además de
una vía de tren, carretera y un río y que la distancia con el lugar de los
hechos es superior a 7 km en línea recta y 12 km por carretera. Además, había
otras cuadrillas en otros cotos ese mismo día. Alude a rumores sobre el
avistamiento días antes de ese jabalí y que no sabe si venía herido o no pero
que no le seguían perros. Que el día anterior habían cazado en el lote
Vaocerezo. Y estima que no se puede determinar de dónde venía el jabalí pero
que hay otros cotos pegados al pueblo donde se estaba cazando. En concreto el
coto número NUM003 que está mucho más cerca. Manifiesta que al parecer el
guarda de montes entendía que no procedía del coto nº 6. Se entrevistan con uno
de los miembros del club que cazaba en Vaocerezo que declara que vieron un
jabalí en Montequemado, y que el día antes aquí, había quedado un jabalí sin
matar pero que no sabe si es el jabalí estaba o no herido.
Se realiza un estudio de la zona in situ
para manifestar que, si el animal procedía del coto demandado, para aparecer en
el pueblo, tendría que haber cruzado una vía de tren, una carretera nacional y
un río. También se entrevistan con el alcalde de Arenas de iguña que había
visto el jabalí esa mañana sin saber si estaba herido, pero entiende que es muy
difícil que procediera del coto demandado ya que venía del lado contrario coma
por la carretera de San Vicente de León.
Finalmente hace una serie de
consideraciones sobre la posibilidad de que estuviera herido.
A su vez, la administración, aporta un
Informe complementario que expone que el coto colindante con el lote de caza de
la reserva donde se produce el ataque es el NUM003 y se había celebrado una
batida de jabalí el día antes, a una distancia situada en línea recta a 3 km.
Se abatieron dos jabalíes . Explica que el coto NUM006 no es colindante con el
otro de caza donde se produce el ataque y no se abatió ningún jabalí , pero se
avistaron dos ejemplares.
Pues bien, con todo esto, se estima
probado que el ataque por parte de un animal, especie cinegética en un día en
que estaba habilitada la caza en la Reserva, en terrenos de la Reserva, y que
el animal estaba herido por el rastro que iba dejando. Frente a esto, el coto
codemandado no es colindante con el de la Reserva; hay un coto entre medias; el
día antes se había cazado allí; el testigo alcalde de Arenas de Iguña, que vio
al animal ese día, manifiesta que procedía del lado contrario; existen barreras
físicas que dificultan el paso como la carretera, el río y la vía de tren así
como la distancia; para proceder del coto NUM006 necesariamente hay que
atravesar terrenos del coto nº 3.
En consecuencia, no queda
suficientemente probada la conexión con el coto codemandado. Realmente no
existe ninguna prueba directa de esa conexión y se trata de puras
especulaciones que además se desvirtúan con todos los indicios anteriormente
señalados. Menos aún se puede afirmar que el animal procediera de otros
terrenos y que Su paso por la reserva fuera puramente coyuntural.
En definitiva, es necesario estimar la
reclamación solo respecto de la administración y desestimar la en relación con
el coto y su aseguradora. Esto supone, por lo tanto, la desestimación de la
pretensión principal y entrar a analizar la pretensión subsidiaria de la
demanda.
G) Valoración de las lesiones.
1º) Esto lleva al otro gran foco de
debate en este pleito, la valoración de unas lesiones cuya existencia queda
claramente acreditada en cuando a su realidad y a su origen causal. La
discusión se centra exclusivamente, por lo tanto, en la valoración de estas.
Por lo que atañe a las lesiones en el
ámbito discutido, primero se reclama una indemnización del denominado Baremo de
tráfico (tabla V del Anexo del TR LRYSCVM 8/2004).
Ahora bien, en el ámbito de la
determinación de las indemnizaciones En el procedimiento administrativo hay que
acudir a la legislación especial, en este caso al art. 34 Ley 40/2015 conforme
a la cual:
"2. La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. En los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social.
3. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, a las normas presupuestarias de las Comunidades Autónomas."
Pues bien, dado que la discusión entre
las partes se ha centrado en la aplicación del denominado baremo, que solo
tiene carácter meramente orientativo en el orden contencioso administrativo, se
resolverán las alegaciones y pretensiones. En tales términos, A pesar de que en este orden
contencioso no tiene carácter vinculante.
En relación con la discusión sobre qué
baremos aplicable, debe acudirse al citado artículo 34 de la ley 40/2015 que
establece el baremo de tráfico como meramente orientativo, en atención a las
cuantías vigentes a la fecha de la lesión efectivamente producida sin perjuicio
de su actualización. En el RDLey 8/2004 de 29 de octubre, es el criterio del
art. 40.
La parte actora solicita una
indemnización sobre la base del informe pericial de parte, Informe de la perito
Sra. Josefina de 10-10-2023, f. 59 y ss EA. Y doc. 12 VEREDA.
Como datos relevantes, establece que la
perjudicada nació el NUM007-1943 Teniendo como dedicación la de ama de casa.
Determina un periodo de estabilización lesionales al 12-6-2023 momento en que
se estabiliza la recuperación lo que arroja El siguiente periodo de curación.:
total 184 días de ellos cuales: PP muy grave 2 días; PP grave 15días; PP
moderado 67 días.
Como secuelas aprecia las siguientes:
secuelas funcionales, 33 puntos en la siguiente forma: material de
osteosíntesis en el tobillo izquierdo, 5 puntos (1-6); talalgia 3 puntos (1-5);
parálisis de nervio mediano al nivel de la muñeca, 19 puntos (15-19); Lesión
incompleta del nervio musculocutáneo, 9 puntos (2-9) valorando en esta secuela
el dolor intenso en el brazo y antebrazo; parestesias en partes acras de la
extremidad inferior, 2 puntos (1-3);
Objetiva un perjuicio estético moderado,
8 puntos, de 7-13, 7778,57 €;
También se reclama un perjuicio por
intervenciones quirúrgicas, 3150 euros: fracturas maleolares grupo IV;
microcirugía de nervios periféricos intervención grupo VI; traumatismos
vasculares, grupo III. En este caso, es una intervención grupo IV, de la clasificación
de la Organización Médica Colegial.
En cuanto a la pérdida de calidad de
vida, se estima en moderado por las limitaciones para la actividad en la vida
cotidiana ya que no puede agarrar, mover el pulgar ni hacer pinza con la mano
izquierda de manera que no puede hacer cosas como conducir, cultivar el huerto,
pelar patatas, tareas del hogar, lavarse la cabeza, secarse el pelo con un
secador, atarse el sujetador, usar ambas manos para comer, necesitando para
ello ayudas de terceras personas.
Sobre esta base, reclama un perjuicio
por pérdida de calidad de vida, de 59512,81 euros; necesidad de ayuda por
terceras personas, 3 horas, 93673 euros.
Finalmente, se reclaman también gastos
resarcibles 1157,97 €. Aporta relación de facturas, folio 69 y siguientes por
la ropa, material médico y ortopédico, sesiones terapéuticas, procurador en las
diligencias previas, otorgamiento de poder para pleitos, traslados a consultas
a Santander durante 7 días y el propio informe pericial de la señora Josefina.
2º) La administración impugna estas
valoraciones, en especial la pérdida de calidad de vida porque no se explica
que sea moderado ni tampoco la cantidad dentro del intervalo que se fija en el
máximo permitido.
Entiende que la pérdida en calidad de vida tiene que ser leve. También rechazan
la necesidad de ayudas por terceras personas en cuanto a las horas de necesidad
de la TABLA 2.C.2 y art. 123 ni el umbral del art. 124.
En lo que atañe al perjuicio estético,
considera que no es moderado y también discute la calificación de las 3
intervenciones. Finalmente impugna la reclamación de gastos.
Los codemandados se oponen a la ayuda
por terceras personas; valoración a fecha de accidente, art. 40.1 Ley 35/2015,
que es el 2022 y no el 2023; y gastos.
En el proceso se aporta el Informe de
aseguradora codemandada, Dr. Sergio, doc. 162 VEREDA. Fija la fecha de
estabilización el 12-6-2023 siendo por lo tanto 184 días: PP muy grave 2 días
UCI; PPG 15 días; PPM, 167 días.
Las intervenciones se valoran del
siguiente modo: 11/12/23 (Grupo III): reparación de vena axilar; 15/12/23
(Grupo IV): iq. Tobillo izquierdo con material osteosíntesis; 22/12/23 (Grupo
VI): microcirugía nervios periféricos.
Las secuelas fisiológicas se estiman en
21 puntos, tras aplicar la formula correctora de Balthazar, del siguiente modo:
01082. brazo derecho. nervio músculo cutáneo. lesión incompleta-paresia, de: 2
a 9 puntos. 7 puntos; 01088. muñeca derecha. lesión incompleta. paresia nervio
mediano. a nivel de muñeca, de: 5 a 10 puntos. 8 puntos; 01134. miembro
inferior izquierdo. parestesias en partes acras, de 1 a 3 puntos: 2 puntos;
03222. tobillo izquierdo. material de ostosíntesis, de: 1 a 6 puntos, 5 puntos.
Las secuelas estéticas: moderado, de 7 a
13 puntos: 8 puntos.
En cuanto al perjuicio moral, PCV: leve
medio, limitaciones para vestirse y vida doméstica.
Finalmente, se ha practicado pericial
judicial de valoración del daño que sin embargo, no se va a tomar en
consideración para resolver la polémica, por lo que ahora se expondrá.
3º) Ciertamente las mayores similitudes
se dan entre las dos periciales de parte, dado que el perito judicial incurre
en algunos errores de aplicación y conceptuales. Efectivamente, y como critican las
partes, el perito judicial está valorando lesiones, cuando lo que tiene que
valorar son periodos de sanidad y secuelas. A tal fin es indispensable
distinguir y tener claro el periodo de curación que va desde el día de la
producción de las lesiones hasta la estabilización de las mismas. A partir de
ese momento, cualquier tratamiento, síntoma o consecuencia que sufra el
paciente tiene la consideración, de secuela y los tratamientos médico-quirúrgicos
que sigan a ese momento no tienen la consideración de tratamiento curativo,
sino de tratamiento paliativo de esa secuela.
Es por ello por lo que se va a partir de
las dos periciales de parte para resolver la controversia, tal y como hacen las
tres partes en liza en este pleito.
Por lo que respecta al periodo de
estabilización, todos los peritos lo fijan a fecha 12-6-2023, junto a PP muy
grave, grave y moderado, pero con baremo del día del siniestro, esto es, 2022.
Esto supone, s.e.u.o, perjuicio personal
particular muy grave: 2 días x 109,70 €/día = 219,40 €; perjuicio personal
particular grave: 15 días x 82,28 €/día = 1.234,20 €; perjuicio personal
particular moderado: 167 días x 57,04 €/día = 9.525,68 €. El total = 10.979,28 euros.Se
ha discutido la determinación de las secuelas fisiológicas, donde el
planteamiento de las partes va desde los 33 puntos pretendidos en la demanda a
los 21 de la codemandada.
Realmente, solo hay discusión en tres
cuestiones y una es menor, porque la lesión incompleta del nervio
musculocutáneo se valora por la perito de la actora en 9 p y por el codemando,
en 7 p. Al no haber grandes discrepancias y no evidenciarse error, se acepta la
valoración actora. Más cuando la pericial actora explica que incluye el dolor
intenso.
Las diferencias se centran en la
talalgia que el perito del codemandado no reconoce y la parálisis del nervio de
la muñeca, que la parte actora fija en 19 p y el perito de la demandada en 8 p.
Respecto de la talalgia, el perito de la
codemandada admite su existencia, pero entiende que no se objetiva en la fase
de tratamiento y, por eso, no se valora. Sin embargo, queda probada su
existencia en la lesionada y no hay prueba de otro origen pues aparece tras el
siniestro y no se aporta otra explicación. Por esa razón, se estima.
En cuanto a la otra secuela, hay una
discrepancia sobre el verdadero alcance de la afección al nervio, entendiendo
el perito de la seguradora que no es total ni completa, aunque sí manifestó que
era relevante. El informe de parte actora se funda en un examen de la paciente
reflejando la parálisis del nervio de la muñeca sin que el perito de la
codemandada ofrezca una explicación clara de dónde radicaría el error. Parece
que la conclusión tiene más que ver con la falta de una prueba objetiva, más
allá de la comprobación del estado del miembro, que presentaría la parálisis
que aprecia el perito de la parte actora. Es por ello que, se estima.
En consecuencia, se fijan las secuelas
funcionales en 33 puntos y 43.841,18 euros.
En el perjuicio estético, coinciden en
moderado, de modo que se estiman 8 p y 6.262,50 euros.
Lo mismo sucede con el perjuicio por
intervenciones quirúrgicas, que asciende a 3150 euros.
4º) Se discute, a su vez, el perjuicio
moral por pérdida de calidad de vida. La polémica radica en la calificación
como moderado o leve moderado. Se descarta la calificación del perito judicial
que habla de grave.
La valoración debe efectuarse, por ser
el criterio orientativo aplicado por las partes, conforme al art. 108 y Tabla
2.b) pero del año 2022.
En lo que respecta al concepto de
pérdida de calidad de vida moderado, la sección 2ª del Capítulo II del Título
IV arts. 93 y ss regula las indemnizaciones por secuelas , que se definen como
las deficiencias físicas, intelectuales y sensoriales (secuelas fisiológicas) y
los perjuicios estéticos (secuelas estéticas) y que se cuantifican conforme a
la Tabla 2. El perjuicio estético (art. 103) se puntúa conforme al capítulo
especial de la tabla 2.A.1 y la puntuación se realiza conforme a la tabla
2.A.2. Señala el apartado 4 que la puntuación no incluye la ponderación de su
incidencia sobre las diversas actividades del lesionado, lo cual se valora
mediante el perjuicio particular por pérdida de calidad de vida. Tal perjuicio
es el regulado en la subsección 2ª. El art. 106 regula los daños morales
complementarios por perjuicio estético (que ahora no proceden, al exigir al
menos 36 puntos).
El art. 107 regula el perjuicio moral
por pérdida de calidad de vida ocasionada por secuelas cuyos grados fija el
art. 108. El art. 107 dispone que "La indemnización por pérdida de calidad
de vida tiene por objeto compensar el perjuicio moral particular que sufre la
víctima por las secuelas que impiden o limitan su autonomía personal para
realizar las actividades esenciales en el desarrollo de la vida ordinaria o su
desarrollo personal mediante actividades específicas". El art. 109 añade
que "2. Los parámetros para la determinación de la cuantía del perjuicio
son la importancia y el número de las actividades afectadas y la edad del
lesionado que expresa la previsible duración del perjuicio".
Es decir, para que proceda el concepto
es necesario que la secuela, haya incidido en las actividades del lesionado,
impidiendo o limitando la autonomía personal para actividades específicas de
especial trascendencia.
El art. 108 señala que:
"1. El perjuicio por pérdida de calidad de vida puede ser muy grave, grave, moderado o leve.
2. El perjuicio muy grave es aquél en el que el lesionado pierde su autonomía personal para realizar la casi totalidad de actividades esenciales en el desarrollo de la vida ordinaria.
3. El perjuicio grave es aquél en el que el lesionado pierde su autonomía personal para realizar algunas de las actividades esenciales en el desarrollo de la vida ordinaria o la mayor parte de sus actividades específicas de desarrollo personal. El perjuicio moral por la pérdida de toda posibilidad de realizar una actividad laboral o profesional también se considera perjuicio grave.
4. El perjuicio moderado es aquél en el que el lesionado pierde la posibilidad de llevar a cabo una parte relevante de sus actividades específicas de desarrollo personal. El perjuicio moral por la pérdida de la actividad laboral o profesional que se venía ejerciendo también se considera perjuicio moderado.
5. El perjuicio leve es aquél en el que el lesionado con secuelas de más de seis puntos pierde la posibilidad de llevar a cabo actividades específicas que tengan especial trascendencia en su desarrollo personal. El perjuicio moral por la limitación o pérdida parcial de la actividad laboral o profesional que se venía ejerciendo se considera perjuicio leve con independencia del número de puntos que se otorguen a las secuelas.".
Partiendo de esto, el criterio del
perito de los demandados es entender que, por su edad, la perjudicada ya tenía
otras limitaciones para sus tareas cotidianas. Pero este criterio,
generalizador, debe rechazarse.
No constan limitaciones previas a las actividades que señala el perito del
actor en su informe ni cabe presuponerlas, sin prueba, de la mera edad. Tales
limitaciones existen y por ello, el grado es moderado. De todos modos, si se
observa el rango, hay una zona de coincidencia de cantidades entre el leve en
mayor rango y el moderado, en nivel inferior. Lo que la parte actora no
acredita en modo alguno es el importe máximo solicitado. Pues bien, atendiendo
a la premisa de los dos peritos, se estima en moderado en su rango inferior,
esto es, 16500 euros, apto tanto si se califica de moderado como de leve.
5º) El último concepto reclamado, por
daños corporales, son los 93.673,00 euros por ayuda de terceras personas, de 3
horas/día.
Los demandados lo rechazan alegando que
no se dan los presupuestos de los arts. 121, 123, Tabla.2.C2, ni se acredita
esa necesidad.
Estamos ante un perjuicio patrimonial derivado de las secuelas. El art. 121 señala que:
"1. La necesidad de ayuda de tercera persona se fija en la tabla 2.C.2 de Ayuda de Tercera Persona cuando:
a) el perjuicio psicofísico, orgánico o sensorial de una secuela es igual o superior a cincuenta puntos o el resultado de las secuelas concurrentes, una vez aplicada la fórmula correspondiente, sea igual o superior a ochenta; o
b) a pesar de no alcanzarse la puntuación indicada en el apartado anterior, se considera que tal ayuda es necesaria por verse especialmente afectada la autonomía personal.
2. En los supuestos no previstos en la tabla sólo se podrá indemnizar dicha ayuda si se acredita mediante prueba pericial médica una pérdida de autonomía personal análoga a la producida por las secuelas previstas en la misma."
En este caso, la puntuación de las
secuelas no alcanza el umbral. Lo que hay es un informe pericial que es el que
alude, en los términos indicados, a esa necesidad y lo corrobora el perito
judicial. Es más, incluso el perito de la codemandada reconoce limitaciones si
bien solo para vestirse y tareas domésticas como se ha explicado.
De esta prueba, resulta posible afirmar
la necesidad de ayuda por terceras personas, aun no alcanzando la puntuación,
al limitarse la autonomía personal y, en todo caso, acreditarse con pericial
médica la pérdida de esa autonomía a la vista del nivel de tareas afectadas,
junto, ahora sí y por esta limitación, la edad.
Para la valoración, el art. art. 123
señala que:
"1. Las horas necesarias de ayuda de tercera persona se determinan mediante la aplicación de la tabla 2.C.2 de Ayuda de Tercera Persona, que expresa la ayuda en horas en función de la secuela.
2. Si existe más de una secuela que requiera ayuda de tercera persona se aplicarán las siguientes reglas:
a) Para secuelas con necesidad de ayuda de tercera persona con un número de hasta seis horas, la valoración total del tiempo necesario se obtiene de sumar a las horas correspondientes a la secuela mayor el cincuenta por ciento de las horas establecidas en cada una de las otras.
b) Para secuelas con necesidad de ayuda de tercera persona con un número superior a seis horas, la valoración total del tiempo necesario se obtiene de sumar a las horas correspondientes a la secuela mayor el veinticinco por ciento de las horas establecidas en cada una de las otras.
3. En los casos que exista una situación de necesidad de ayuda de tercera persona por un estado previo al accidente que resulte agravado, el número de horas de ayuda de tercera persona resulta de aplicar la fórmula (H - h) / [1 - (h / 100)], donde «H» es el resultado de aplicar a las horas correspondientes a todas las secuelas lo establecido en el apartado 2 de este artículo y «h» las horas asociadas al estado previo al accidente.".
En este caso, no hay una prueba concreta
de la necesidad de 3 horas, o de otras. Por ello, atendiendo a la edad de al
lesionada y por el criterio analógico, prudencialmente se fijan en 30000 euros.
H) Para concluir se reclaman perjuicios
patrimoniales.
De lo reclamado, se concluye que no se
pueden conceder los gastos de preparación de reclamaciones y procesales que
integran el concepto de costas. Tampoco los que carecen de factura. En
conclusión, solo se estiman los gastos por aparatos de rehabilitación, como son
cuña y mesa, trapecio de potencia y bota que son 341 euros y las horas de las
sesiones, 275 euros. El total es de 661 euros.
En definitiva, la indemnización se fija
en 111393,96 euros s.e.u.o. Esto significa que no puede estimarse la pretensión
principal de la demanda de condenar solidariamente a los dos demandados. Debe
estimarse parcialmente la pretensión subsidiaria. De condena al responsable, en
este caso la administración, por el importe indicado.
I) Intereses.
En la demanda se solicita la condena al
pago de los intereses, que procede conceder, por ser una institución precisa
para otorgar una tutela judicial plena del derecho del recurrente a la
indemnización , al enjuagar los perjuicios derivados por el transcurso del
tiempo entre el momento en que el derecho nació y aquel en que se concretara
con el correspondiente pago de la Administración deudora, tal y como resulta de
los arts. 141.3 LRJAP, 24 LGP y los principios de resarcimiento pleno de los
arts. 139 LRJAP y 121 LEF.
Tales intereses se calculan por referencia al tipo del interés legal del dinero y desde la fecha de la reclamación en vía administrativa hasta el momento del efectivo pago.
928 244 935
667 227 741
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