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sábado, 21 de noviembre de 2026

El retraso en el diagnóstico de un cáncer, no se considera pérdida de oportunidad indemnizable cuando la asistencia médica se ajusta a la lex artis, los signos de alarma se detectan y actúan conforme a la práctica médica y no se demuestra que un diagnóstico o tratamiento diferente hubiera cambiado el pronóstico del paciente.

 

La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, sec. 1ª, de 31 de julio de 2025, nº 202/2025, rec. 9/2023, declara que en casos de presunta responsabilidad patrimonial médica por retraso en el diagnóstico de un cáncer, no se considera acreditada la pérdida de oportunidad indemnizable cuando la asistencia médica se ajusta a la lex artis, los signos de alarma se detectan y actúan conforme a la práctica médica adecuada, y no se demuestra que un diagnóstico o tratamiento diferente hubiera cambiado el pronóstico del paciente.

El tribunal otorga la razón a la administración demandada y a la aseguradora codemandada, concluyendo que no existió mala praxis ni pérdida de oportunidad indemnizable. Se fundamenta en que la asistencia médica se ajustó a los estándares profesionales (lex artis), que los signos de alarma fueron detectados y tratados conforme a la práctica médica adecuada, y que la agresividad y evolución del tumor hacían improbable un cambio en el pronóstico con un diagnóstico más precoz.

Por tanto, se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la parte recurrente. No se impone costas debido a la dificultad valorativa del caso.

El tribunal no establece cambio ni fijación de doctrina, sino que aplica la jurisprudencia consolidada sobre pérdida de oportunidad y responsabilidad patrimonial médica.

La sentencia destaca la aplicación rigurosa del concepto de pérdida de oportunidad en responsabilidad sanitaria, subrayando que la ausencia de vulneración de la lex artis y la imposibilidad de demostrar que un diagnóstico o tratamiento diferente habría modificado el resultado clínico excluyen la responsabilidad patrimonial, incluso en casos de enfermedad con pronóstico desfavorable y diagnóstico tardío.

A) Introducción.

1º) Un paciente con esófago de Barrett falleció por un adenocarcinoma esofágico avanzado, y sus familiares reclamaron indemnización alegando que el retraso en practicar una gastroscopia impidió diagnosticarlo antes y redujo sus posibilidades terapéuticas.

¿La demora en realizar la gastroscopia constituyó una infracción de la lex artis o causó una pérdida de oportunidad que generase responsabilidad patrimonial sanitaria?.

No; se desestima el recurso porque no se acreditaron mala praxis ni pérdida de oportunidad, sin que la sentencia establezca un cambio o una fijación de doctrina.

Conforme al artículo 106.2 de la Constitución y a los artículos 32 y 34 de la Ley 40/2015, la Sala consideró que la asistencia se ajustó a la lex artis según los síntomas y antecedentes disponibles en cada momento, que la pérdida de peso posterior motivó una gastroscopia preferente y que no se probó que un diagnóstico dos meses antes hubiera alterado el pronóstico del tumor.

2º) La Sala del TSJ desestima íntegramente la demanda y absuelve a la Administración y a la aseguradora codemandada con base en los artículos 106.2 de la Constitución Española y 32 y 34 de la Ley 40/2015, sustentando su fallo en tres pilares:

- Adecuación a la lex artis ad hoc. La actuación médica fue conforme a los protocolos vigentes y a los síntomas que presentaba el paciente en cada fase asistencial. Cuando apareció un signo de alarma claro (pérdida de peso), se solicitó una gastroscopia con carácter preferente.

- Ausencia de pérdida de oportunidad. No quedó acreditado pericialmente que adelantar el diagnóstico en dos meses hubiera alterado el curso clínico ni mejorado las expectativas de supervivencia, dada la elevada agresividad y rápida evolución del adenocarcinoma esofágico.

- Exclusión de responsabilidad. La concurrencia de un resultado dañoso o un diagnóstico en estadio avanzado no genera responsabilidad objetiva si la asistencia prestada fue correcta y no existe nexo causal entre los tiempos asistenciales y el desenlace.

B) Perdida de oportunidad.

La pérdida de oportunidad sucede cuando en la prestación de una asistencia sanitaria debida, si bien no se han vulnerado los principios de lex artis, que es el presupuesto de la responsabilidad en ese ámbito de la actividad prestacional administrativa, y no podría apreciarse dicha responsabilidad, en sentido estricto, es lo cierto que por alguna de las circunstancias del tratamiento no se ha dado oportunidad de haber podido prestar una asistencia alternativa que pudiera haber sido menos lesiva para el perjudicado. En palabras de la sentencia de 22 de mayo de 2012, dictada en el recurso 2755/2010; ECLI:ES:TS:2012:3637) "la llamada " pérdida de oportunidad" se caracteriza por la incertidumbre acerca de que la actuación médica omitida pudiera haber evitado o minorado el deficiente estado de salud del paciente, con la consecuente entrada en juego a la hora de valorar el daño así causado de dos elementos o sumandos de difícil concreción, como son, el grado de probabilidad de que dicha actuación hubiera producido ese efecto beneficioso, y el grado, entidad o alcance de éste mismo."

Es decir, se genera la duda de que, si se hubiese prestado una asistencia, un tratamiento diferente, pudiera haberse reducido los efectos de la enfermedad o las lesiones, pero sin desconocer que la asistencia que le fue prestada era la aconsejable y procedente a la vista de las circunstancias concurrente.

Y es que no puede olvidarse, de una parte, que la asistencia médica no tiene por objeto y finalidad la recuperación, en todo caso, de la salud del paciente o su curación; de otro, que actuando la asistencia médica sobre el presupuesto de un diagnóstico, éste no es, como tenemos declarado, sino una opinión que hace el profesional médico a la vista de las circunstancias que presenta el paciente en un determinado momento, pero que apreciado con perspectiva temporal a posteriori permite aconsejar una alternativa cuya efectividad genera esa oportunidad que ha de valorarse atendiendo a probabilidad de sus efectos sobre la salud del paciente.

La STS de 6 de Febrero de 2018 dice: 

"Centrado el debate en determinar si puede considerarse que en el caso de autos existe un supuesto de pérdida de oportunidad, debemos comenzar por recordar que la Jurisprudencia de esta Sala, ya desde los años noventa del pasado siglo, ha venido admitiendo en el ámbito de la responsabilidad sanitaria de las Administraciones Públicas, la posibilidad de que se pueda acceder a la declaración de dicha responsabilidad, no solo por el hecho que se haya omitido la "lex artis ad hoc" que requería la asistencia sanitaria prestada a un ciudadano por los servicios sanitarios, que es el parámetro de determinar la antijuridicidad en este ámbito de la institución indemnizatoria.

Existe un supuesto intermedio entre esa vulneración de la "lex artis" o la concurrencia de la misma, con los relevantes efectos de acceder a la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados o denegar dicha indemnización, es el supuesto de la pérdida de oportunidad que, como recuerda la sentencia del TS de 13 de enero de 2015 (recurso de casación 612/2013), con cita abundante cita, "la doctrina de la pérdida de oportunidad ha sido acogida en la jurisprudencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo,... configurándose como una figura alternativa a la quiebra de la lex artis que permite una respuesta indemnizatoria en los casos en que tal quiebra no se ha producido y, no obstante, concurre un daño antijurídico consecuencia del funcionamiento del servicio."

Ahora bien, en este supuesto, el daño viene propiciado por el hecho de que, si bien a tenor de la prueba no cabe apreciar un tratamiento médico contrario a los cánones aceptados en cada momento por la ciencia médica, es lo cierto que de haber existido un tratamiento diferente, que no es ajeno a la propia medicina, existe la duda de si se habría producido el resultado lesivo, exigencia de esa probabilidad sobre la que se pone la nota de la pérdida de oportunidad por la jurisprudencia (Sentencia del TS de 3 de julio de 2012; recurso de casación 6787/2010) y que ha de vincularse, de un lado, a la prueba practicada en el proceso, de otro, que, sobre esa base, existiera el convencimiento que de haberse adoptado un tratamiento diferente, o con diferentes criterios, el resultado podría haberse disminuido o incluso haberse evitado. Como señala la sentencia del TS n` 1177/2016, de 25 de mayo (recurso de casación 2396/2014) "la pérdida de oportunidad exige que la posibilidad frustrada no sea simplemente una expectativa general, vaga, meramente especulativa o excepcional ni puede entrar en consideración cuando es una ventaja simplemente hipotética."

Como se ha puesto de manifiesto por la doctrina, la teoría de la pérdida de oportunidad debe vincularse, dentro de la estructura general de la institución de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, en el nexo causal, de tal forma que cuando se haya acreditado que el resultado lesivo tiene como causa directa e inmediata la asistencia sanitaria, que es contraria a la "lex artis", se debe proceder a la indemnización de la lesión; en el extremo opuesto, cuando la asistencia sea correcta, el daño producido no es antijurídico y debe soportarlo el ciudadano.

Los supuestos de pérdida de oportunidad constituyen un supuesto intermedio porque se ocasiona cuando, producido el daño, la experiencia y el estado de la ciencia médica permite acoger la probabilidad de que un diagnóstico diferente al que fue correcto, podría haberlo evitado. No se olvide que el diagnóstico, según la misma jurisprudencia tiene declarado, no es sino un dictamen, una opinión sobre una situación presente a la que se anuda un tratamiento conforme al criterio de quien lo emite, pero que nunca garantiza un resultado. Y en esa situación de presente ha de moverse quien lo emite atendiendo a la realidad que se le presenta, en especial a los síntomas que se manifiestan en el paciente y sus propios conocimientos. Ahora bien, nada impide que una vez transcurrido el proceso del tratamiento aconsejado conforme a aquel diagnóstico, sea admisible poder concluir en que a la vista de aquellos síntomas podría haberse dado otro dictamen y tratamiento que, probablemente habría evitado el daño o la habría podido disminuir.

C( Se reproduce a continuación la cronología de los hechos:

Don Heraclio, estaba diagnosticado de Esófago de Barrett, desde 2005, por lo que era objeto de seguimiento en el Servicio de Digestivo del Hospital San Pedro de Logroño realizando periódicamente una gastroscopia. La última gastroscopia libre de enfermedad se la realizan el 12-03-2019, mencionándose específicamente la ausencia de neoplasia: "Esófago de Barrett largo sin displasia, con cambios reactivos epiteliales en relación a inflamación focal".

Se pautó gastroscopia de control a los 3 años.

El 18 de noviembre de 2019 tras acudir el Sr. Heraclio a su Médico de Atención Primaria, se le solicitó por éste un tránsito esófago-gastroduodenal porque el paciente refirió regurgitaciones y dolor retroesternal, así como disfagia. Dicha prueba se realizó el 20 de enero de 2020 sin objetivar ninguna anomalía ni patología, más allá del Esófago de Barret ya conocido.

El 24 de enero de 2020 se realizó interconsulta a digestivo y solicitud de gastroscopia por parte del médico de cabecera por el mismo motivo (regurgitaciones y dolor retroesternal) ya que esta sintomatología no se veía modificada con inhibidores de protones (IBPs) ni con calmantes.

El día 4 de febrero de 2020, de forma telemática, el Dr. Pedro Miguel, en base al estudio radiológico que no evidenciaba alteraciones a nivel esofágico y que se había realizado unos meses antes, en marzo de 2019, con biopsias escalonadas del Esófago de Barrett sin alteraciones relevantes, indicó medidas higiénico-dietéticas antirreflujo y tratamiento con IBPs a la dosis que necesaria hasta 40mg/12h y asociar domperidona 10mg antes de desayuno, comida y cena. Asimismo, recomendó gastroscopia preventiva a los 3 años de la última (que sería para marzo de 2022).

Don Heraclio acude a Urgencias el día 23 de febrero de 2020 por espasmos esofágicos dolorosos, no hallando nada anómalo. Se da de alta pues la exploración física era anodina, la analítica no tenía alteraciones, la prueba radiológica y electrocardiográfica estaban dentro de la normalidad. La impresión clínica fue de posible espasmo esofágico en paciente con Esófago de Barrett.

El día 14 de abril de 2020 su médico de cabecera cursó una petición de consulta preferente (lTC Digestivo) por pérdida de peso de 3,5 Kg y dolor intenso que no se modifica con IBPs, que se respondió por parte del Dr. Pedro Miguel el día 22 de abril, recomendando gastroscopia preferente.

Se cursó la petición de gastroscopia preferente por parte de MAP el día 4 de mayo y se programó la endoscopia unos días más tarde, el día 7 de mayo de 2020.

El resultado de la gastroscopia detectó una lesión estenosante en esófago distal, con diagnóstico anatomopatológico el día 13 de mayo de 2020 de adenocarcinoma esofágico. El día 14 de mayo de 2020 el paciente fue visitado en consulta de digestivo de forma preferente por el Dr. Pedro Miguel, quien solicitó un TAC toracoabdominal preferente, analítica oncológica y remisión del paciente a cirugía de forma preferente.

El TAC se realizó el día 8 de mayo de 2020 y la consulta de cirugía tuvo lugar el día 22 de mayo de 2020. Posteriormente, según se indica en los evolutivos de la historia clínica, se remitió al Servicio de Oncología para valoración de quimioterapia neoadyuvante. También se solicitó PET en el que se evidenció extenso hipermetabolismo difuso esofágico en subsegmento torácico sin poder diferenciar claramente entre Esófago de Barrett y adenocarcinoma y adenopatías paratraqueales que sugieren malignidad. Se inició tratamiento con quimioterapia esquema Carboplatino-Taxol.

Se objetivó tumor desde 25 a 35 cm de la arcada dentaria. Tras las oportunas pruebas se concluyó con que era irresecable y metastásico.

El paciente falleció en el Hospital San Pedro el día 4 de febrero de 2022.

D( JUICIO DE LA SALA.

A juicio de esta Sala, no ha habido una mala praxis médica y no se ha acreditado la pérdida de oportunidad. Y ello por las siguientes razones que pasamos a exponer.

El Sr. Heraclio acude en noviembre de 2019 a su MAP, refiriendo los síntomas (regurgitaciones, dolor retroesternal) y el MAP acuerda la prueba de tránsito esófago-gastroduodenal. Nos encontramos ante una solicitud de prueba plenamente ajustada a la lex artis, pues los síntomas del Sr. Heraclio eran compatibles con el esófago de Barret que ya tenía diagnosticado. A ello se une el hecho de haberse practicado una gastroscopia en marzo de 2019 (8 meses antes), plenamente normal.

Nos situamos por lo tanto en la fecha del 20 de enero, en el que se le realiza la prueba de tránsito esofágico.

Se solicita el 24 de enero una gastroscopia que es rechazada por el servicio de Digestivo el 4 de febrero, a la vista de los antecedentes del paciente: síntomas y esófago de Barret con gastroscopia normal un año antes.

Acude a Urgencias el 23 de febrero de 2020 que ante una exploración extensa se concluye con una impresión de espasmo esofágico relacionado con el esófago de Barrett.

Ante la pérdida de pérdida de peso de 3,500 kg en el último mes de don Heraclio, el médico de cabecera realiza interconsulta (14 de abril) a Digestivo que recomienda gastroscopia que se realiza el 7 de mayo.

Situamos en el 14 de abril, el momento en que sí se constata un signo de alarma claro pues el SR. Heraclio había perdido 3,500 kg en el último mes, pero ya se había observado que en los tres meses anteriores había perdido 2kg/mes.

Hasta el 14 de abril, en el contexto de la enfermedad de Barret que padecía don Heraclio podemos explicar la pérdida de peso como consecuencia de los tratamientos terapéuticos digestivos pautados ante la indicación de regurgitaciones y disfagia, y en definitiva ante los síntomas del Esófago de Barret.

Sin embargo, coincidimos con el informe de Promede en que la pérdida de 3.500 kg en el mes anterior al 14 de abril constituyó un signo de alarma objetivo que derivó en la petición de gastroscopia con carácter preferente por parte de la MAP y con el juicio clínico del especialista en digestivo favorable a su realización.

En el ámbito de la responsabilidad médica debe observarse la regla de la prohibición del regreso". No pueden leerse las actuaciones médicas en clave de resultado posterior, puesto que lex artis que debe seguirse está vinculada a la realidad que se le presenta, en especial a los síntomas que se manifiestan en el paciente y sus propios conocimientos a la vista de las circunstancias que presenta el paciente en un determinado momento. Por lo tanto, entendemos que ha de prevalecer un principio de especialidad en la valoración de los informes periciales aportados. La especialidad de Digestivo, que es la que posee la doctora Leticia que ha realizado el Informe de la codemandada, debe prevalecer dado que el desarrollo de la enfermedad de don Heraclio se produjo en el contexto de un esófago de Barret y de unos síntomas digestivos asociados inicialmente con dicha enfermedad y es el juicio clínico o la asistencia médica del especialista en digestivo el que se somete a la consideración de esta Sala. Nada se reprocha al servicio de oncología cuyo tratamiento o estrategia terapéutica no se pone en cuestión, siendo la oncología la especialidad del perito Sr. Carlos Jesús, que ha elaborado el informe aportado por la parte recurrente.

A todo lo anterior se suma el Informe de Servicio de Radiología del HSP, que señala que la imagen del 22 de enero de 2020 no era la que don Heraclio presentaba el 27 de mayo.

A las mismas conclusiones, sobre la inexistencia de responsabilidad patrimonial llega el Consejo Consultivo de La Rioja.

Por tanto, hemos de descartar la infracción de la "lex artis". Y debemos descartar también la pérdida de oportunidad, puesto que habida cuenta de la agresividad del tumor que presentaba el Sr. Heraclio, la evolución de ese tipo de carcinoma, con baja tasa de supervivencia, el resultado no está acreditado que hubiera cambiado ni el pronóstico de don Heraclio, si el diagnóstico se hubiera producido dos meses antes.

Por lo anterior el recurso ha de ser desestimado.

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Para que prospere una reclamación por pérdida de oportunidad sanitaria no basta con probar una demora o un error médico; deben concurrir debe existir una actuación médica deficiente, un retraso injustificado o una omisión en los protocolos clínicos exigibles en ese momento.

 

La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Sec. 1ª, de 5 de junio de 2026, nº 175/2026, rec. 86/2025, rechaza una indemnización por daño moral solicitada por el diagnóstico tardío de un cáncer irreversible porque no se acredita que un diagnóstico más temprano o un tratamiento iniciado antes hubieran alterado significativamente el desenlace fatal ni mejorado la supervivencia o calidad de vida del paciente.

La responsabilidad patrimonial de la Administración no procede cuando, a pesar de un retraso en la asistencia médica que impidió un diagnóstico precoz de cáncer pulmonar, no se acredita que ese diagnóstico más temprano o un tratamiento iniciado antes hubieran alterado significativamente el desenlace fatal ni mejorado la supervivencia o calidad de vida del paciente.

La Sala desestima el recurso al no quedar acreditado que un diagnóstico más precoz o un tratamiento iniciados con anterioridad hubieran modificado el curso clínico ni el resultado fatal del paciente. Aunque reconoce que hubo un retraso en la evaluación y seguimiento de los hallazgos radiológicos, la prueba médica y los informes periciales concluyeron que el tumor agresivo y avanzado no podía beneficiarse de un tratamiento que alterara su pronóstico mortal.

Asimismo, la reclamación por pérdida de oportunidad no se fundamenta en un cambio real en la supervivencia o calidad de vida, sino en expectativas no demostradas, por lo que no se configura un nexo de causalidad suficiente para atribuir responsabilidad patrimonial.

El fallo es de desestimación del recurso, sin imposición de costas, manteniéndose la resolución administrativa impugnada y sin establecer cambio doctrinal en materia de pérdida de oportunidad, limitándose a aplicar la doctrina prevalente sobre la necesidad de acreditar una probabilidad causal significativa.

La sentencia enfatiza la exigencia de una prueba estricta de la relación causal entre el retraso en la asistencia sanitaria y un perjuicio efectivo modificable, especialmente en casos de enfermedades graves y pronósticos desfavorables, matizando el alcance indemnizatorio de la pérdida de oportunidad cuando no hay posibilidad demostrada de alteración del resultado clínico.

A) Introducción.

1º) Tras un TAC que detectó hallazgos sospechosos de cáncer de pulmón, transcurrieron varias semanas sin que conste seguimiento específico; el paciente fue diagnosticado posteriormente con un tumor avanzado y falleció, por lo que su esposa reclamó al Servicio Riojano de Salud 85.000 euros por pérdida de oportunidad de recibir atención paliativa o consultar otros centros.

¿Debe declararse la responsabilidad patrimonial del Servicio Riojano de Salud por la demora en el seguimiento de los hallazgos radiológicos y por la alegada pérdida de oportunidad de recibir antes tratamiento, cuidados paliativos o atención en otros centros?.

No se declara responsable a la Administración y se desestima el recurso, sin que la sentencia establezca un cambio de doctrina.

La pérdida de oportunidad exige acreditar una probabilidad causal seria de que una actuación sanitaria distinta hubiera ofrecido una alternativa relevante, pero los informes no demostraron que el diagnóstico adelantado unas semanas hubiera cambiado el tratamiento, el pronóstico o el desenlace, ni que una atención más temprana hubiera evitado el sufrimiento alegado; la prueba aportada se limitó principalmente a describir la cronología asistencial.

2º) Doctrina de la perdida de oportunidad del Tribunal Supremo.

En el ámbito contencioso-administrativo español, la doctrina de la pérdida de oportunidad actúa como una técnica de flexibilización de la causalidad que permite indemnizar la privación de una expectativa razonable de curación o supervivencia cuando existe incertidumbre sobre cuál habría sido el desenlace real de haberse actuado conforme a la lex artis.

La sentencia del TSJ de La Rioja que compartes se alinea estrictamente con los criterios consolidados por la Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS). Requisitos exigidos por la doctrina (TSJ y Tribunal Supremo)

Para que prospere una reclamación por pérdida de oportunidad sanitaria no basta con probar una demora o un error médico; deben concurrir de forma cumulativa los siguientes elementos:

- Infracción de la lex artis ad hoc: Debe existir una actuación médica deficiente, un retraso injustificado o una omisión en los protocolos clínicos exigibles en ese momento (en tu caso, la falta de seguimiento tras un TAC sospechoso).

- Incertidumbre causal (el "espacio intermedio"): Si está probado al 100% que el daño se habría evitado, hay responsabilidad patrimonial plena (indemnización íntegra). Si está probado que el daño era inevitable (como ocurre en el fallo del TSJ de La Rioja), no hay responsabilidad. La pérdida de oportunidad opera solo cuando existe una duda razonable sobre si la actuación correcta habría evitado el resultado.

- Probabilidad seria y relevante (no meras conjeturas): El Tribunal Supremo exige acreditar que el paciente tenía una posibilidad real y estadísticamente apreciable de obtener un resultado distinto (curación, mayor tiempo de supervivencia o mejor calidad de vida). Las expectativas puramente hipotéticas o subjetivas no son indemnizables.

- Carga de la prueba sobre el reclamante: Corresponde al perjudicado aportar prueba pericial sólida que cuantifique o demuestre esa pérdida de expectativas. Como señala la sentencia riojana, limitarse a exponer la cronología de los hechos sin acreditar el impacto clínico del retraso conduce a la desestimación.

El razonamiento del TSJ de La Rioja aplica de forma ortodoxa la jurisprudencia del Alto Tribunal (entre otras, SSTS de 19 de octubre de 2011, 22 de mayo de 2012, 24 de noviembre de 2021 o 14 de marzo de 2023):

B) Objeto del recurso, hechos relevantes y posiciones de las partes.

I.- Objeto del recurso.

La recurrente, doña Ángela presentó solicitud de responsabilidad patrimonial ante la Administración, en fecha 11-03-2024, solicitando una indemnización de 85.000 euros por la muerte de su esposo Don Baltasar. La cantidad reclamada lo era por daño moral derivado de la ? perdida de oportunidad" en el tratamiento de su esposo.

La Administración dictó Resolución desestimatoria en fecha 5 de febrero de 2025, desestimatoria de la reclamación, que constituye el objeto del presente recurso contencioso.

II.- Los hechos de que tae causa este recurso son los siguientes:

Don Baltasar estaba diagnosticado de enfermedad intersticial difusa, desde 2022.

Fue derivado por su médico de cabecera al servicio de Neumología del Hospital San Pedro, siendo citado para el 31/10/2022 para estudio neurológico de patrón instersticial. No acudió a la cita.

Acudió a consulta de Neumología el 20/12/2022 donde se le exploró y se indicó la realización de TACAR (TAC de alta resolución).

EL 24 de marzo se le hace un TACAR de tórax. Se informó el TACAR el 3 de abril.

La conclusión fue: "Patrón intersticial en relación con probable NIU que ha progresado respecto de estudio previo del 30 de marzo de 2022. Nódulo supleaural en LII y nódulo adyacente de 0,8 cm, con adenopatías hiliares ipsilaterales. El conjunto se estos últimos hallazgos obligan a descartar proceso neoformativo, a valorar control estrecho o realización de PET."

El 15/05/2023 acudió al Servicio de Urgencias por tos, fiebre y síndrome constitucional, con tos que no cedía. Tenía astenia anorexia y adelgazamiento. En la Radiografía de tórax objetivó un derrame pleural masivo en pulmón izquierdo. El propio 15/05/2023 tras la citología del líquido extraído, se diagnostica "citología maligna, compatible con carcinomatosos pleural por adenocarcinoma de pulmón."

El 17 de mayo se realizó PET, confirmando diagnóstico.

Se trasladó a Don Baltasar al servicio de oncología y el 26 de mayo se inició quimioterapia.

El 16 de junio se realizó nuevo PET-TAC que informó de una marcada progresión tumoral. No se aplicó 2º ciclo.

Falleció el 9/07/2023.

C) Los Informes periciales y otros que constan en el procedimiento.

Se apoya la parte recurrente para fundar su reclamación en el Informe pericial, de la Doctora Rosalia, profesora de Medicina Legal y Forense en la Universidad de Zaragoza y máster en valoración daño corporal. Su informe consta a los folios 127 y ss. del Expediente Administrativo. Se indica en el mismo que el Informe se efectúa a petición de don Eloy para "INDICAR LOS ACTOS MÉDICOS ASISTENCIALES QUE RECIBIÓ DON Baltasar RELACIONADOS CON EL CÁNCER DE PULMÓN QUE CAUSÓ SU MUERTE".

En el mismo se recoge la cronología de la historia clínica del paciente don Pedro Antonio, por lo que el informe se nutre de los actos médicos que ya obran en el Expediente y concluye la perito que entre el 3 de abril hasta el ingreso de 15 de mayo de 2023 "no consta ningún tipo de asistencia sanitaria del paciente relativa al diagnóstico de sospecha del cáncer de pulmón . No aparece la realización de ninguna consulta por Neumología con el examen e información del paciente de su posible proceso neoplásico, ni la solicitud de ninguna prueba complementaría, tal y como estaba indicado en el informe de radiología y como era preceptivo ante los hallazgos encontrados".

Junto con el informe de la parte recurrente, encontramos en el procedimiento los siguientes, cuyas conclusiones reproducimos:

1.- Informe pericial de la doctora doña Marí Juana (informe de la codemandada aseguradora).

"El primer TAC no se realizó con la técnica adecuada para el estudio de un tumor , dado que este fue un hallazgo casual, y por este motivo, en el propio informe de radiología se sugiere que pueden haberse infravalorado las lesiones. Por tanto, el tumor podría estar más avanzado en el momento del TAC del 3-4-23 de lo que se informó.

- Si utilizamos la clasificación realizada por la SEER3 tanto en el TAC del 3-4-23 como en el PET TAC del 17-5-23 el paciente se encuentra en una etapa regional, cuya supervivencia es inferior al 37% a los 5 años del diagnóstico en ambos casos.

- Dada la elevada captación de F18-FDG en el PET-TAC, sabemos que metabólicamente se trataba de un tumor agresivo y por tanto de mal pronóstico.

- El manejo terapéutico hubiese sido el mismo aunque se hubiese empezado el tratamiento unas semanas antes, y dada la mala respuesta al tratamiento con QT que tuvo el paciente, mostrando una importante progresión en el 2º PET-TAC de control que le hicieron, es esperable que hubiese ocurrido lo mismo aunque se hubiese iniciado la QT antes. Y por lo tanto:

1. El tratamiento del paciente no habría variado por haber sido iniciado unas semanas antes de lo que se hizo.

2.- Informe de la Inspección Médica, que concluye que:

"Teniendo en cuenta el margen de tiempo transcurrido, de escasamente mes y medio entre la detección radiológica de los nódulos pulmonares y la aparición de la clínica por la que se confirmó el diagnóstico del proceso oncológico en estadio avanzado, no se puede asegurar que su evolución, opciones terapéuticas y pronóstico hubiera sido significativamente diferente si se hubiera realizado su diagnóstico con mayor celeridad en ese margen de tiempo de unas semanas, tal y como se reclama".

D) Juicio de la Sala: Desestimación del recurso.

En la vía administrativa y también en la demanda, como hemos visto, se sostiene que desde el 3 de abril de 2023 hasta 15/05/2023 no se proporcionó al paciente asistencia médica adecuada a pesar de que existían sospechas de cáncer de pulmón . Por lo que hubo un diagnóstico tardío y una pérdida de oportunidad de un "tratamiento paliativo incluso domiciliario o ambulatorio, evitando más daño y dolor al paciente y familia" (..9 y "pérdida de la oportunidad tanto de consulta en otros centros como el próximo de la Clínica Universitaria de Navarra".

La doctrina de la pérdida de oportunidad se compendia, entre otras, en la Sentencia del TS de 24 de noviembre de 2009, recurso de casación 1593/2008, que dice lo siguiente:

"La doctrina de la pérdida de oportunidad ha sido acogida en la jurisprudencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, así en las sentencias de 13 de julio y 7 de septiembre de 2005 , como en las recientes de 4 y 12 de julio de 2007, configurándose como una figura alternativa a la quiebra de la lex artis que permite una respuesta indemnizatoria en los casos en que tal quiebra no se ha producido y, no obstante, concurre un daño antijurídico consecuencia del funcionamiento del servicio. Sin embargo, en estos casos, el daño no es el material correspondiente al hecho acaecido, sino la incertidumbre en torno a la secuencia que hubieran tomado los hechos de haberse seguido en el funcionamiento del servicio otros parámetros de actuación, en suma, la posibilidad de que las circunstancias concurrentes hubieran acaecido de otra manera. En la pérdida de oportunidad hay, así pues, una cierta pérdida de una alternativa de tratamiento, pérdida que se asemeja en cierto modo al daño moral y que es el concepto indemnizable. En definitiva, es posible afirmar que la actuación médica privó al paciente de determinadas expectativas de curación, que deben ser indemnizadas, pero reduciendo el montante de la indemnización en razón de la probabilidad de que el daño se hubiera producido, igualmente, de haberse actuado diligentemente". (FD 7º).

"Para la fijación de la indemnización procedente, ha de tenerse en cuenta que no se indemniza por el fallecimiento de ... , esposo de la recurrente, ocasionado por un carcinoma epidermoide, sino, como hemos dicho, por la pérdida de oportunidad sufrida pues, a la vista de los referidos informes cabe sostener que, en este caso, el retraso en la práctica del "estudio neumológico del paciente hizo imposible su tratamiento con posibilidades de curación por la extensión tumoral", una vez acreditada "la presencia de un nódulo pulmonar solitario de bordes irregulares y ya de un tamaño de 12 mm", unido a las especiales circunstancias del paciente, sus antecedentes personales de haber sido trabajador de asbesto y disolventes orgánico, además de los antecedentes familiares de neoplasia pulmonar del padre y un hermano".

En palabras de la STS, de 18 de julio de 2016 (ROJ: STS 3819/2016 - ECLI:ES:TS:2016:3819 ) :"... tal doctrina exige que concurra un supuesto estricto de incertidumbre causal, esto es una probabilidad causal seria, no desdeñable, de que un comportamiento distinto en la actuación sanitaria no solo era exigible, sino que podría haber determinado, razonablemente, un desenlace distinto".

Compartimos con la parte recurrente que el examen de las pruebas de imagen ya informadas, no debería esperar, en los casos más complejos o graves, a la cita presencial del paciente a quien se le ha realizado la prueba.

Sin embargo, en el particular caso que nos ocupa, a pesar de esta demora, no podemos estimar el recurso. Y ello porque en modo alguno ha quedado acreditado que un diagnóstico más precoz o un tratamiento instaurado unas semanas antes, hubiera cambiado el resultado de la muerte de don Pedro Antonio y ni siquiera podemos saber si una hospitalización más temprana hubiera supuesto un final menos difícil para él y para sus familiares. La responsabilidad patrimonial requiere acreditar la totalidad de los elementos que exige el exitoso de la acción, entre los que se incluye la necesaria prueba de la relación de causalidad.

El informe de la parte recurrente se limita a constatar el itinerario temporal del tratamiento médico dispensado a don Pedro Antonio, pero nada dice sobre la posibilidad de tratamiento o supervivencia del mismo, y en la propia demanda se admite que el resultado de muerte, atendida la agresividad del tumor y sus características hubiera sido el mismo, centrando la reclamación en la posibilidad de un tratamiento paliativo y/o ambulatorio para el paciente en las semanas finales de vida.

Respecto a la alegación de la recurrente de la pérdida de oportunidad de un diagnóstico en otros hospitales, hemos de reconducirla a la pérdida de opciones de tratamiento, remitiéndonos a la lo dicho anteriormente sobre el diagnóstico irreversible del esposo de la reclamante.

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sábado, 14 de noviembre de 2026

Cuando un daño causado por una especie cinegética no puede atribuirse al titular de un terreno cinegético y existen indicios de que el animal procedía de una reserva regional con cacería autorizada el mismo día y atacó en esos terrenos, la responsabilidad patrimonial recae sobre la administración.

 

La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, sec. 1ª, de 15 de octubre de 2026, nº 367/2026, rec. 272/2024, declara que cuando un daño causado por una especie cinegética no puede atribuirse con certeza al titular de un terreno cinegético exclusivo y existen indicios suficientes de que el animal procedía de una reserva regional con cacería autorizada el mismo día y atacó en esos terrenos, la responsabilidad patrimonial recae sobre la administración gestora de dicha reserva, salvo prueba suficiente en contrario que demuestre el origen en otro terreno cinegético específico.

El Tribunal concede parcialmente la razón a la actora en cuanto a la responsabilidad patrimonial, reconociendo que el ataque fue causado por un jabalí presente en terrenos de la Reserva Regional de Caza durante una cacería autorizada, sin que la existencia de otras cacerías en terrenos privados colindantes excluya la imputación de responsabilidad a la administración que gestiona la reserva.

La ausencia de prueba suficiente de que el animal procediera del coto privado codemandado impide atribuirle la responsabilidad; por tanto, se desestima la demanda contra dicho coto y su aseguradora. La valoración de los daños se ajusta a los informes periciales presentados por las partes y se fija un importe indemnizatorio reducido respecto al reclamado inicialmente, considerando los criterios legales aplicables y la evidencia médica.

El fallo estima parcialmente el recurso y condena a la administración demandada al pago de 111,393.96 euros más intereses legales.

La sentencia destaca la complejidad probatoria para determinar la procedencia exacta del animal causante del daño y clarifica que la responsabilidad objetiva de la administración en materia cinegética se basa en el vínculo presencial y la influencia directa de la gestión pública sobre el animal, sin requerir prueba de culpa ni conducta negligente; reafirma también la aplicación restrictiva de la responsabilidad solidaria, condicionada a la inexistencia de prueba suficiente de atribución específica.

A) Introducción.

1º) Una persona sufrió lesiones graves al ser atacada por un jabalí herido en Arenas de Iguña, en una zona de la Reserva Regional de Caza del Saja donde ese día se celebraba una cacería.

¿Debe responder la Administración autonómica, junto con el Club Deportivo Básico Cazadores Monte Brazo y Helvetia, por los daños causados, y qué indemnización corresponde?.

La Administración de Cantabria debe indemnizar a la víctima con 111.393,96 euros más intereses, mientras que se absuelve al Club Deportivo Básico Cazadores Monte Brazo y a Helvetia por no acreditarse la conexión del animal con sus terrenos; la sentencia no fija ni modifica doctrina.

Conforme al artículo 63 de la Ley de Caza de Cantabria y al artículo 106.2 de la Constitución, la presencia del jabalí herido en la Reserva durante una cacería acredita conexión suficiente con los terrenos de gestión autonómica y no se probó fuerza mayor, mientras que la solidaridad requiere acreditar la vinculación del animal con los terrenos de cada responsable; la indemnización se cuantifica con carácter orientativo mediante el baremo y conforme al artículo 34 de la Ley 40/2015.

2º) La sentencia aborda aspectos clave de la responsabilidad patrimonial en accidentes o ataques causados por fauna cinegética:

- Imputación por indicios y carga de la prueba: Ante la imposibilidad de rastrear con certeza absoluta la procedencia de un animal silvestre, la coincidencia espacial y temporal con una cacería autorizada en una Reserva Regional traslada a la Administración la carga de probar un origen distinto.

- Responsabilidad objetiva de la Administración: Se consolida el criterio de que no es necesario acreditar culpa o negligencia en la gestión pública, bastando el vínculo territorial y la incidencia directa de la actividad cinegética autorizada.

- Exclusión de la responsabilidad solidaria: El tribunal evita extender la condena de forma automática a los cotos colindantes y sus aseguradoras cuando no existe prueba concluyente de que el jabalí procediera de sus terrenos.

- Moderación de la cuantía indemnizatoria: La indemnización final (111.393,96 euros más intereses) se ajusta estrictamente a la prueba pericial médica y a los baremos legales aplicables, reduciendo la pretensión inicial.

B) Antecedentes.

La actora explica que el día 11-12-2022 salía de su domicilio en el barrio San Cristóbal de Arenas de Iguña cuando fue envestida por un jabalí herido que procedía de una cacería. El animal procedía de la Reserva regional del Saja, donde estaba programada una cacería del lote de Rodil - La Bacera, cuadrilla número 25. Ese mismo día también estaba programada una batida de jabalí en el Monte Brazo número 358 del catálogo de montes de utilidad pública que había sido adjudicada al coto de caza número NUM000 club Monte Brazo. Antes de causar las lesiones a la parte actora también atacó a otros vecinos al atravesar las calles del pueblo. El animal, finalmente, fue abatido. Por los hechos se siguieron diligencias previas por el juzgado de instrucción número 6 de Torrelavega que terminaron por auto de fecha 29-12-2022 de sobreseimiento y archivo provisional de las actuaciones.

Como consecuencia del ataque la actora sufrió las siguientes lesiones: PP muy grave (2días) 238,06 €; PP grave (15 días) 1139,05 €; PP moderado (167 días), 10335,63 €; secuelas funcionales, 32 puntos, 45427,88 €; perjuicio estético moderado, 8 puntos, 7778,57 €; Perjuicio por pérdida de calidad de vida, 59512,81 €; necesidad de ayuda por terceras personas, 3 horas, 93673 euros; perjuicio por intervenciones quirúrgicas, 3150 euros; gastos resarcibles 1157,97 €. Como consecuencia de su estado final el ICASS le ha reconocido 1° de discapacidad del 75%.

Sostiene que se dan los requisitos para que aparezca la responsabilidad patrimonial de la administración de conformidad con el régimen establecido en el artículo 63 de la ley 12/2006 de 17 de julio de caza de Cantabria, en relación con su DA 1ª. De igual manera considera responsable a Club Deportivo y a su aseguradora dado que el animal procedía también de la batida que se estaba desarrollando ese día en sus terrenos. Al no ser posible determinar con toda seguridad la procedencia del animal, deben responder solidariamente todos los responsables.

En fase de conclusiones, se destaca la existencia de 2 sentencias de los juzgados de instancia donde se ha estimado la responsabilidad patrimonial de la administración por ataque del mismo jabalí a otras dos personas.

El coto y la seguradora se oponen a la reclamación. No niega el ataque por parte del jabalí ni las lesiones que sufre la parte actora pero sí que el animal procediera de terrenos del coto, pues no hay prueba de tal circunstancia. Reconoce el aprovechamiento cinegético sobre el monte de utilidad pública número 358, pero el ataque y las lesiones ocurren en lotes de titularidad pública donde también había batidas organizadas. Es cierto que el día 11/12/2022, la cuadrilla nº NUM001 estaba cazando en el lote del Rodil-La Bacera, y el día anterior hubo otra batida en el lote Montequemado, en la que participó la cuadrilla nº NUM002. Es decir, el siniestro ocurrió entre 2 lotes de titularidad pública donde hubo batidas el mismo día del siniestro y el día anterior mientras que el coto demandado se encuentra muy alejado de la zona de siniestro. También estima que no queda acreditado que el animal estuviera herido. Es prácticamente imposible determinar de dónde procedía el animal con exactitud, pero sí hay indicios suficientes de que los hechos se desarrollan en la Reserva Regional muy lejos de los terrenos del coto. Es más, existe un coto privado aún más cerca que es el número NUM003 que también había cazado el día anterior.

Subsidiariamente impugna la cuantía por excesiva impugnando diversas partidas.

La Administración Autonómica tampoco niega el siniestro ni las lesiones. Reconoce que el día de los hechos se celebró en el Lote de Caza Rodil-La Bárcena cacería dentro del espacio de la Reserva Regional de Caza del Saja (Zona 2), desarrollada por la cuadrilla nº 1. El mismo día había autorizada igualmente batida de jabalí al Coto de Caza nº NUM000, desarrollada por el Club Deportivo de Cazadores Monte Brazo, en el terreno próximo a la Reserva Regional de Caza del Saja, concretamente en el Monte Brazo, durante la cual consta que no se abatió ningún ejemplar y se avistaron dos jabalíes . El día anterior, el 10 de diciembre de 2022 se celebró batida del jabalí en el Lote 1, La Panda, del Coto de Caza nº NUM004, desarrollada por el Club Deportivo Elemental Cinegético Arena, terreno colindante a la Reserva Regional de Caza del Saja y según información facilitada en el Plan Técnico de Aprovechamiento del Coto, participaron en la batida 10 cazadores y se abatieron 2 jabalíes.

El argumento fundamental de la defensa es que no hay prueba suficiente de la procedencia del animal no siendo suficiente el hecho de que hubiera una cacería en terrenos de la reserva ese mismo día dado que en las inmediaciones existen otros cotos que también desarrollaban la actividad. De hecho, el animal estaba herido y consta que durante la cacería en terrenos de la Reserva no se llegó a hacer ningún disparo, de lo que resultaría que el animal ya procedía de otro lugar con las heridas. Además, la cacería en la reserva contaba con todas las medidas de seguridad, no siendo exigibles más.

Subsidiariamente, el régimen legal establece, la responsabilidad solidaria con los titulares cinegéticos o propietarios de todos los terrenos.

También de forma subsidiaria, se impugna el importe de los daños.

C) En primer lugar, es necesario determinar con precisión el objeto del pleito, Sobre todo en atención a ciertas alegaciones de la administración demandada.

La sentencia está sometida al principio de congruencia, debiendo resolver exclusivamente sobre lo pretendido en la demanda. En este caso solo se demanda a la administración y a un coto junto a su aseguradora, pero en ningún caso se dirige acción o reclamación alguna frente al tercer coto, número NUM003, al que hace referencia la administración en su contestación a la demanda. Es por ello que, esta sentencia, de ninguna de las maneras podría declarar la responsabilidad de un tercero que no interviene en este procedimiento. En el caso de estimarse una responsabilidad solidaria, sería absolutamente irrelevante la existencia de otro eventual deudor de esta naturaleza, pues no excluiría la condena de los restantes deudores solidarios. A lo más a lo que podría llegarse es a que quedara perfectamente acreditado en el pleito que el animal no procedía de los terrenos ni de la administración demandada ni del coto demandado, sino de terrenos ajenos, lo cual llevaría, exclusivamente, a la desestimación de las pretensiones.

Dicho esto, y desde la perspectiva fáctica, y como ahora se desarrollará, resulta que no se discute el siniestro, ni que la actora haya sufrido lesiones provocadas por el ataque del animal, sin perjuicio de la discusión sobre su valoración. Tampoco se discute la existencia de la Reserva autonómica de caza y la delimitación de sus terrenos ni tampoco la gestión del coto privado y su delimitación. A su vez tampoco es objeto de discusión la existencia de cacerías ese día en ambos terrenos. Fundamentalmente, el debate se ha centrado sobre la procedencia del animal, como criterio normativo que ahora se indicará para la imputación. El otro aspecto discutido es la valoración de los daños personales y materiales reclamados.

En cualquier caso, para la resolución de la reclamación de responsabilidad patrimonial debe acudirse al régimen general que resulta de lo establecido en el art. 106.2 CE, que consagra el principio de responsabilidad patrimonial de la Administración al señalar que "los particulares, en los términos establecidos en la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos". El régimen de tal responsabilidad, cuyo conocimiento se atribuye, en todo caso, a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa en los arts. 9.4 LOPJ y 2 e) LJ, se desarrolla en las Leyes 39 y 40/2015, de forma sustancialmente idéntica al régimen de los arts. 139 a 146 de la LRJAP 30/1992 debiendo tenerse en cuanta, a su vez, el art. 121 LEF.

Desde el punto de vista de la doctrina y jurisprudencia emanadas en torno a este régimen, puede decirse que, para que surja la pretendida responsabilidad patrimonial de la Administración se requieren los siguientes requisitos:

a) Un hecho imputable a la administración, siendo suficiente por tanto con acreditar que se ha producido en el desarrollo de una actividad cuya titularidad corresponde a un ente público.

b) Un daño antijurídico producido, en cuanto detrimento patrimonial injustificado, es decir, que el que lo padece no tenga el deber jurídico de soportarlo. El perjuicio patrimonial ha de ser real, evaluable económicamente, efectivo y individualizado en relación a una persona o grupo de personas.

c) Una relación de causalidad directa y eficaz, entre el hecho que se imputa a la administración y el daño producido.

d) Ausencia de fuerza mayor, como causa ajena a la organización y diferente del caso fortuito.

En esta materia debe acudirse al régimen contemplado en la vigente Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria, cuyo ámbito de aplicación se regula en su art. 1, en tanto que el régimen de responsabilidad se recoge en el art. 63 conforme al cual:

"1. Los titulares cinegéticos serán responsables de los daños causados por las especies cinegéticas procedentes de sus terrenos cinegéticos. Cuando procedan de terrenos no cinegéticos, y salvo lo señalado en el apartado siguiente, se estará a lo dispuesto en la legislación civil.

2. La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria responderá de los daños causados por las especies cinegéticas procedentes de Reservas Regionales de Caza, Cotos Regionales de Caza, Refugios Regionales de Fauna Cinegética y de los Vedados de Caza que se correspondan con terrenos incluidos en los espacios naturales protegidos o en el ámbito de presencia de especies amenazadas, en donde sus instrumentos de ordenación o planificación prohíban expresamente la actividad cinegética.

3. Cuando no resulte posible precisar la procedencia de las especies cinegéticas respecto a uno determinado de los varios terrenos de los que pudieran proceder, la responsabilidad por los daños causados será exigible solidariamente a los titulares cinegéticos o propietarios de todos ellos.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, cuando se trate de daños causados por especies cinegéticas incluidas en un plan de gestión en el que expresamente se prevean medidas compensatorias por los daños causados por esa especie, incluidos los pagos de dichos daños, las personas perjudicadas podrán dirigir la acción de resarcimiento de los daños contra la Administración de la Comunidad Autónoma, que se subrogará en la posición de las personas, físicas o jurídicas, que sean responsables.

5. La responsabilidad a que se hace referencia en este artículo será exigible por las reglas de la legislación civil, salvo en el supuesto en el que se dirija la reclamación contra la Administración en que se estará a lo dispuesto en la normativa reguladora de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública.

6. En el supuesto de que la responsabilidad por daños a las personas o sus bienes fuera como consecuencia de accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas se estará a lo dispuesto en la normativa sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad."

Pues bien, este es el régimen normativo aplicable tanto a la administración como al titular del coto privado, no siendo por lo tanto aplicable las determinaciones de la Ley de caza de 1970. Respecto a la legislación civil, es aplicable por remisión del apartado quinto, dejando a salvo el régimen de responsabilidad patrimonial de la administración pública.

Como se puede observar, esta norma hace responsable a los titulares de los terrenos cinegéticos públicos o privados por los daños ocasionados por especies cinegéticas procedentes de esos terrenos, siendo por lo tanto este requisito, el de la procedencia, el principal foco de discusión de todo este pleito como en otros muchos similares, debido a la especial dificultad que existe para determinar con exactitud tal procedencia.

D) La tesis actora consiste en defender que el animal procedía o bien de la Reserva o bien del coto o bien es imposible determinar esa procedencia y, por lo tanto, deben responder solidariamente.

Dado que el ataque se produce en terrenos de la Reserva, la tesis de la defensa de la administración es afirmar que realmente el animal procedía de otros terrenos, o bien del coto codemandado o bien de un tercer coto y habría pasado por los terrenos de la Reserva, casual o temporalmente, en el momento del ataque desde aquellos otros. En cualquier caso, defendería la apreciación de una responsabilidad solidaria por imposibilidad de determinar la procedencia exacta.

Y finalmente, la tesis del coto codemandado es afirmar que de ninguna de las maneras el animal procedía de terrenos gestionados por el coto no habiendo más prueba que la procedencia desde la propia reserva gestionada por la Administración Autonómica.

Y la prueba en relación con esa procedencia viene constituida por los siguientes elementos.

En el EA obra el Informe del AMN 9390 Sr. Hilario de 11-12-2022 que explica que estaba de servicio ese día, junto con otro agente, en la cacería del lote Rodil-La Bacera en la reserva. Da cuenta de una primera llamada por un ataque de jabalí en el pueblo de San Cristóbal, por parte de un señor que presenta cortes en la ropa y arañazos junto con un esguince de tobillo y les indica la dirección del ataque, tras lo cual, persiguen al animal. En la calle del pueblo encuentran a una señora herida de bastante consideración. Preguntan a los vecinos por la dirección del animal y siguen su rastro junto con dos cazadores y un perro de la cuadrilla. El jabalí va dejando pequeñas gotas de sangre y se desconoce de dónde procede ni dónde se ha producido la herida puesto que en la cacería en la cual estaban no se ha disparado más que a dos jabalíes que están abatidos y no se ha avistado a otro animal de este tamaño. Se localiza el animal a 950 m y se le abate. Se efectúan 5 disparos, 3 del calibre 270 Win y 2 del calibre 20 GA. Adjunta plano con los puntos de los ataques donde se observa que el animal trae dirección desde el sur hacia el norte entrando en el lote de la Reserva al cruzar la CA 804.

Se incorpora la ficha de recogida de ejemplares, al folio 26 y siguientes, que hace constar que es un jabalí herido que entra en el pueblo de San Cristóbal y ataca a 3 personas y he rematado por la guardería y miembros de la cuadrilla 25.

El Informe pericial TRAGSATEC 2-5-2023, es el estudio forense del cadáver del animal abatido que presenta heridas compatibles con disparos en el costado y en el lumbar izquierdo por 3 proyectiles.

Obra el atestado de la Guardia Civil, folios 43 y siguientes y el Informe del jefe del servicio de Conservación de la Naturaleza. Éste acredita y no se discute, que el día de los hechos se celebró una batida en el lote perteneciente a la Reserva por la cuadrilla NUM001 y que sobre las 13:15 h a la altura del pueblo de San Cristóbal, en la CA-804, en una zona situada en las proximidades de la batida, se produce un primer ataque. Posteriormente en la calle del pueblo, localizan una segunda persona herida y tendida en el suelo. Se indica expresamente que se sigue un rastro de sangre que va dejando el animal que es localizado en el monte, a unos 959 m de distancia de la segunda persona herida y es abatido. Señala que la zona cinegética estaba en perfecto estado de conservación y señalización.

Junto a esta documental, son relevantes los distintos mapas de la reserva y cotos adyacentes incorporados por las partes y en el informe de detectives.

Pues bien, queda perfectamente acreditado el ataque de un jabalí en terrenos de la reserva un día en el que existía una cacería. Los informes del Agente del Medio Natural indican que el animal venía herido y que presentaba un rastro de sangre sin que la circunstancia de los disparos que presenta el informe forense permita descartar este hecho, pues podía venir herido por uno de ellos, antes, como señala ese agente. Tampoco las apreciaciones subjetivas de los testigos a distancia desvirtúan esta circunstancia.

No hay duda, por lo tanto, de que cabe hablar de la presencia del animal en terrenos de la Reserva y que es el causante de los daños sin que se exija culpa alguna dada la naturaleza de la responsabilidad patrimonial de la administración.

La cuestión es determinar si se puede hablar de una ruptura del nexo causal por la procedencia del animal, perfectamente acreditada, desde otros terrenos y que permita afirmar que el animal solo estaba de paso, casual o temporal, en la reserva.

Las pruebas aportadas no permiten realizar esta afirmación. Aun cuando se tratara de un animal que procediera de otros terrenos no hay nada que descarte la influencia de la batida que se estaba desarrollando en el comportamiento del animal que ha generado los daños. No hay ninguna duda de que el animal corría a través de los terrenos de la reserva Un día en el que había programada una cacería. Es imposible no afirmar el punto de conexión con la reserva.

Se insiste en la cuestión de si el animal ya procedía herido o no de otros terrenos. Ahora bien, es innegable la existencia de cacería también en la Reserva. Es decir, el hecho de que existiera una cacería en otros terrenos, e incluso de que el animal pudiera proceder de fuera de la Reserva, en nada obsta a la circunstancia de que finalmente entra en los terrenos, existe una cacería y, por lo tanto, no se puede negar la incidencia de esta actividad en el comportamiento del animal, esté o no herido. Se trataría, en definitiva, de una concausa que coadyuva al resultado final.

También se hace hincapié en cuestiones relativas a las testificales, donde cada interesado da a una versión de los hechos conforme a opiniones subjetivas tesis o creencias que elabora a partir de datos. Además, casualmente o no, cada una de esas tesis es favorable al coto al que pertenece. Tales apreciaciones subjetivas no pueden prevalecer en relación con las pruebas documentales que antes se han expuesto. Son los informes de los agentes los que ponen de manifiesto que se seguía un rastro de sangre dejado por el animal que venía indudablemente de los terrenos de la reserva que circundan el pueblo donde se produce el ataque.

Frente a esto la administración pretende eludir la responsabilidad atendiendo a un criterio subjetivo, culpabilísimo, señalando que durante la cacería se adoptaron todas las medidas de seguridad pertinentes y no hay prueba alguna de negligencia. Es entonces cuando debe recordarse el carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial de la administración, Es decir, un régimen que toma como punto de partida La responsabilidad aquiliana del artículo 1902 del Código Civil, pero con exclusión del elemento de la culpa. Solo la fuerza mayor excluye esa responsabilidad. Pero, además, en este caso existe un régimen especial en la Ley de caza de Cantabria qué objetiva esa responsabilidad en los términos que antes ha indicado. Por lo tanto, es completamente irrelevante el tema relativo a la adopción de medidas de seguridad. E, indudablemente, las lesiones no son consecuencia de un evento de fuerza mayor.

E) Valoración jurídica.

Partiendo de estos hechos acreditados, debe analizarse el título de imputación a la administración demandada. Como se ve, el título de imputación no es el lugar en que se produce el ataque o aparece el daño, sino el lugar de procedencia de la especie cinegética, pues el título de imputación nace del deber de gestionar las poblaciones de animales que pueden causar daños en los terrenos en los que de forma más o menos permanente habitan o permanecen. Es el deber de gestión y control sobre esas poblaciones lo que justifica esa imputación y, en algunos casos lleva a la jurisprudencia a excluir la responsabilidad cuando el coto es de caza menor y la especie dañina es de caza mayor, sin perjuicio de otros títulos.

Y por la dificultad de hacer esa precisión en el origen en algunos casos, es por lo que la norma, para garantizar el resarcimiento, establece en el apartado 3 la regla de solidaridad.

Ahora bien, ese supuesto de solidaridad no nace por cualquier duda que se pueda plantear en el caso. Para que entre en juegos debe existir una carencia acreditativa, esto es, cuándo no pueda afirmarse, en los términos procesales de prueba, que esté acreditado que el animal procedía de uno u otro terreno. Es decir, este supuesto normativo exige un elemento probatorio de imputación, que es la efectiva presencia del animal en los terrenos de los codemandados. Sin esa prueba de la existencia del animal en uno de los terrenos, Sin lo que se denomina punto de conexión, no cabría la solidaridad. Pero probado que existe en varios terrenos y no pudiendo concretarse el lugar de procedencia, la responsabilidad, es solidaria.

Esta interpretación del término procedencia del art. 63, más allá del lugar del ataque, es el seguido mayoritariamente por la jurisprudencia, tanto contenciosa, como civil orden donde en más ocasiones se aplica el precepto, como la SAP de Cantabria de 7-3-2014 o la SAP de Cantabria de 26-3-2010 que señala que:

"Cabe señalar que el art. 33 de la Ley de Caza estatal fija la responsabilidad atendiendo al criterio de "procedencia ", reproducido en el art. 63.1 de la Ley de Caza de Cantabria de 17 de julio del 2.006 . Establece la Sentencia del T.S, de fecha 30 de octubre del 2.000, reiterando el criterio de sentencias anteriores, que "hay que entender el término procedencia en sentido amplio para referirlo a las zonas donde los animales viven en libertad y que abandonan, al salir de las mismas, contando con las facilidades necesarias para ello", por no haber adoptado el titular del coto las cautelas precisas para evitarlo."

Así, se ha reiterado por constante jurisprudencia del TS, ya con la antigua Ley de Caza de 7-4-1970 y su art. 33, que la procedencia exige una cierta conexión con el coto no bastando la mera presencia ocasional o puntual. Es una doctrina que, junto con otros muchos aspectos, resume la STSJ de Castilla y León de 11-2-2011 que cita la previa de 22-5-2009 de cuya calidad se hace eco la reciente STS de 11-2-2016, en la materia. También, STS de 22-12-2006.

Y tal interpretación es lógica y fácil entender si, por ejemplo, se atiende al problema de daños en cosechas (normalmente el jabalí ) o estabulaciones. En estos casos, el daño se produce siempre en terrenos del propietario perjudicado al que se desplaza el animal desde su zona de hábitat, de modo que, de seguirse otra interpretación, nunca habría responsabilidad que, además, sería del propietario del terreno perjudicado.

Pero dicho esto, la responsabilidad del gestor de esos terrenos de procedencia exige la prueba del vínculo entre el animal y esos terrenos. Tal vínculo es la procedencia entendida en los términos antes expuestos, "en sentido amplio para referirlo a las zonas donde los animales viven en libertad y que abandonan, al salir de las mismas, contando con las facilidades necesarias para ello". El problema de la solidaridad surge cuando, de la prueba practicada en juicio, resulta acreditado el vínculo con dos o más terrenos sin que, en el ataque concreto, haya una prueba cumplida que permita imputar al daño a uno y no a otro. Pero cuando esa prueba permite imputarlo a uno y excluir al otro, no nace la responsabilidad solidaria. Y tampoco hay responsabilidad alguna si no se puede acreditar, fuera de meras especulaciones, que el animal que causa el daño procedía de un terreno (es decir, el vínculo).

Por tanto, no basta probar que se ha ocasionado un daño por animal de una especie cinegética y que en un terreno determinado hay esa especie. Hay que probar que, en el caso, ese animal procedía de ese terreno al que se reclama la indemnización , valiendo cualquier medio admitido en derecho, incluyendo las presunciones y sin perjuicio de la carga de la prueba conforme a los criterios del art. 217 LEC que incluye los de facilidad y disponibilidad probatoria.

F) No queda suficientemente probada la conexión con el coto codemandado.

En este caso no hay ninguna duda de la conexión del animal con los terrenos de la Reserva. Realmente la discusión es otra. La demanda sostiene que a su vez existe una conexión con los terrenos del coto codemandado, tesis que subsidiariamente, también defiende la administración para que pueda surgir la responsabilidad solidaria.

Pues bien, el coto aporta los siguientes medios de prueba para intentar desvirtuar tales afirmaciones.

El documento 115 de vereda incluye un plano con la delimitación del coto matrícula NUM000. Monte Brazo en el monte de utilidad pública 358. Si se compara este mapa con el mapa número 1 de la demanda, se comprueba que el lote que estaba cazando en la reserva ese día, lote Rodil-La Bacera en la Reserva, limita con el coto matrícula NUM005, mientras que el coto codemandado NUM000, está al norte de este último y delimitaría con La Fresneda y La Gesía.

Para intentar determinar el origen del animal, se aporta un informe de un detective, documento 117 de vereda. El objeto del informe es intentar delimitar o determinar la procedencia del animal. Se toma declaración al señor Carlos Jesús, jefe del coto codemandado que indica que existe un coto entre el lugar del ataque y el suyo, y además de una vía de tren, carretera y un río y que la distancia con el lugar de los hechos es superior a 7 km en línea recta y 12 km por carretera. Además, había otras cuadrillas en otros cotos ese mismo día. Alude a rumores sobre el avistamiento días antes de ese jabalí y que no sabe si venía herido o no pero que no le seguían perros. Que el día anterior habían cazado en el lote Vaocerezo. Y estima que no se puede determinar de dónde venía el jabalí pero que hay otros cotos pegados al pueblo donde se estaba cazando. En concreto el coto número NUM003 que está mucho más cerca. Manifiesta que al parecer el guarda de montes entendía que no procedía del coto nº 6. Se entrevistan con uno de los miembros del club que cazaba en Vaocerezo que declara que vieron un jabalí en Montequemado, y que el día antes aquí, había quedado un jabalí sin matar pero que no sabe si es el jabalí estaba o no herido.

Se realiza un estudio de la zona in situ para manifestar que, si el animal procedía del coto demandado, para aparecer en el pueblo, tendría que haber cruzado una vía de tren, una carretera nacional y un río. También se entrevistan con el alcalde de Arenas de iguña que había visto el jabalí esa mañana sin saber si estaba herido, pero entiende que es muy difícil que procediera del coto demandado ya que venía del lado contrario coma por la carretera de San Vicente de León.

Finalmente hace una serie de consideraciones sobre la posibilidad de que estuviera herido.

A su vez, la administración, aporta un Informe complementario que expone que el coto colindante con el lote de caza de la reserva donde se produce el ataque es el NUM003 y se había celebrado una batida de jabalí el día antes, a una distancia situada en línea recta a 3 km. Se abatieron dos jabalíes . Explica que el coto NUM006 no es colindante con el otro de caza donde se produce el ataque y no se abatió ningún jabalí , pero se avistaron dos ejemplares.

Pues bien, con todo esto, se estima probado que el ataque por parte de un animal, especie cinegética en un día en que estaba habilitada la caza en la Reserva, en terrenos de la Reserva, y que el animal estaba herido por el rastro que iba dejando. Frente a esto, el coto codemandado no es colindante con el de la Reserva; hay un coto entre medias; el día antes se había cazado allí; el testigo alcalde de Arenas de Iguña, que vio al animal ese día, manifiesta que procedía del lado contrario; existen barreras físicas que dificultan el paso como la carretera, el río y la vía de tren así como la distancia; para proceder del coto NUM006 necesariamente hay que atravesar terrenos del coto nº 3.

En consecuencia, no queda suficientemente probada la conexión con el coto codemandado. Realmente no existe ninguna prueba directa de esa conexión y se trata de puras especulaciones que además se desvirtúan con todos los indicios anteriormente señalados. Menos aún se puede afirmar que el animal procediera de otros terrenos y que Su paso por la reserva fuera puramente coyuntural.

En definitiva, es necesario estimar la reclamación solo respecto de la administración y desestimar la en relación con el coto y su aseguradora. Esto supone, por lo tanto, la desestimación de la pretensión principal y entrar a analizar la pretensión subsidiaria de la demanda.

G) Valoración de las lesiones.

1º) Esto lleva al otro gran foco de debate en este pleito, la valoración de unas lesiones cuya existencia queda claramente acreditada en cuando a su realidad y a su origen causal. La discusión se centra exclusivamente, por lo tanto, en la valoración de estas.

Por lo que atañe a las lesiones en el ámbito discutido, primero se reclama una indemnización del denominado Baremo de tráfico (tabla V del Anexo del TR LRYSCVM 8/2004).

Ahora bien, en el ámbito de la determinación de las indemnizaciones En el procedimiento administrativo hay que acudir a la legislación especial, en este caso al art. 34 Ley 40/2015 conforme a la cual:

"2. La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. En los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social.

3. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, a las normas presupuestarias de las Comunidades Autónomas."

Pues bien, dado que la discusión entre las partes se ha centrado en la aplicación del denominado baremo, que solo tiene carácter meramente orientativo en el orden contencioso administrativo, se resolverán las alegaciones y pretensiones. En tales términos, A pesar de que en este orden contencioso no tiene carácter vinculante.

En relación con la discusión sobre qué baremos aplicable, debe acudirse al citado artículo 34 de la ley 40/2015 que establece el baremo de tráfico como meramente orientativo, en atención a las cuantías vigentes a la fecha de la lesión efectivamente producida sin perjuicio de su actualización. En el RDLey 8/2004 de 29 de octubre, es el criterio del art. 40.

La parte actora solicita una indemnización sobre la base del informe pericial de parte, Informe de la perito Sra. Josefina de 10-10-2023, f. 59 y ss EA. Y doc. 12 VEREDA.

Como datos relevantes, establece que la perjudicada nació el NUM007-1943 Teniendo como dedicación la de ama de casa. Determina un periodo de estabilización lesionales al 12-6-2023 momento en que se estabiliza la recuperación lo que arroja El siguiente periodo de curación.: total 184 días de ellos cuales: PP muy grave 2 días; PP grave 15días; PP moderado 67 días.

Como secuelas aprecia las siguientes: secuelas funcionales, 33 puntos en la siguiente forma: material de osteosíntesis en el tobillo izquierdo, 5 puntos (1-6); talalgia 3 puntos (1-5); parálisis de nervio mediano al nivel de la muñeca, 19 puntos (15-19); Lesión incompleta del nervio musculocutáneo, 9 puntos (2-9) valorando en esta secuela el dolor intenso en el brazo y antebrazo; parestesias en partes acras de la extremidad inferior, 2 puntos (1-3);

Objetiva un perjuicio estético moderado, 8 puntos, de 7-13, 7778,57 €;

También se reclama un perjuicio por intervenciones quirúrgicas, 3150 euros: fracturas maleolares grupo IV; microcirugía de nervios periféricos intervención grupo VI; traumatismos vasculares, grupo III. En este caso, es una intervención grupo IV, de la clasificación de la Organización Médica Colegial.

En cuanto a la pérdida de calidad de vida, se estima en moderado por las limitaciones para la actividad en la vida cotidiana ya que no puede agarrar, mover el pulgar ni hacer pinza con la mano izquierda de manera que no puede hacer cosas como conducir, cultivar el huerto, pelar patatas, tareas del hogar, lavarse la cabeza, secarse el pelo con un secador, atarse el sujetador, usar ambas manos para comer, necesitando para ello ayudas de terceras personas.

Sobre esta base, reclama un perjuicio por pérdida de calidad de vida, de 59512,81 euros; necesidad de ayuda por terceras personas, 3 horas, 93673 euros.

Finalmente, se reclaman también gastos resarcibles 1157,97 €. Aporta relación de facturas, folio 69 y siguientes por la ropa, material médico y ortopédico, sesiones terapéuticas, procurador en las diligencias previas, otorgamiento de poder para pleitos, traslados a consultas a Santander durante 7 días y el propio informe pericial de la señora Josefina.

2º) La administración impugna estas valoraciones, en especial la pérdida de calidad de vida porque no se explica que sea moderado ni tampoco la cantidad dentro del intervalo que se fija en el máximo permitido. Entiende que la pérdida en calidad de vida tiene que ser leve. También rechazan la necesidad de ayudas por terceras personas en cuanto a las horas de necesidad de la TABLA 2.C.2 y art. 123 ni el umbral del art. 124.

En lo que atañe al perjuicio estético, considera que no es moderado y también discute la calificación de las 3 intervenciones. Finalmente impugna la reclamación de gastos.

Los codemandados se oponen a la ayuda por terceras personas; valoración a fecha de accidente, art. 40.1 Ley 35/2015, que es el 2022 y no el 2023; y gastos.

En el proceso se aporta el Informe de aseguradora codemandada, Dr. Sergio, doc. 162 VEREDA. Fija la fecha de estabilización el 12-6-2023 siendo por lo tanto 184 días: PP muy grave 2 días UCI; PPG 15 días; PPM, 167 días.

Las intervenciones se valoran del siguiente modo: 11/12/23 (Grupo III): reparación de vena axilar; 15/12/23 (Grupo IV): iq. Tobillo izquierdo con material osteosíntesis; 22/12/23 (Grupo VI): microcirugía nervios periféricos.

Las secuelas fisiológicas se estiman en 21 puntos, tras aplicar la formula correctora de Balthazar, del siguiente modo: 01082. brazo derecho. nervio músculo cutáneo. lesión incompleta-paresia, de: 2 a 9 puntos. 7 puntos; 01088. muñeca derecha. lesión incompleta. paresia nervio mediano. a nivel de muñeca, de: 5 a 10 puntos. 8 puntos; 01134. miembro inferior izquierdo. parestesias en partes acras, de 1 a 3 puntos: 2 puntos; 03222. tobillo izquierdo. material de ostosíntesis, de: 1 a 6 puntos, 5 puntos.

Las secuelas estéticas: moderado, de 7 a 13 puntos: 8 puntos.

En cuanto al perjuicio moral, PCV: leve medio, limitaciones para vestirse y vida doméstica.

Finalmente, se ha practicado pericial judicial de valoración del daño que sin embargo, no se va a tomar en consideración para resolver la polémica, por lo que ahora se expondrá.

3º) Ciertamente las mayores similitudes se dan entre las dos periciales de parte, dado que el perito judicial incurre en algunos errores de aplicación y conceptuales. Efectivamente, y como critican las partes, el perito judicial está valorando lesiones, cuando lo que tiene que valorar son periodos de sanidad y secuelas. A tal fin es indispensable distinguir y tener claro el periodo de curación que va desde el día de la producción de las lesiones hasta la estabilización de las mismas. A partir de ese momento, cualquier tratamiento, síntoma o consecuencia que sufra el paciente tiene la consideración, de secuela y los tratamientos médico-quirúrgicos que sigan a ese momento no tienen la consideración de tratamiento curativo, sino de tratamiento paliativo de esa secuela.

Es por ello por lo que se va a partir de las dos periciales de parte para resolver la controversia, tal y como hacen las tres partes en liza en este pleito.

Por lo que respecta al periodo de estabilización, todos los peritos lo fijan a fecha 12-6-2023, junto a PP muy grave, grave y moderado, pero con baremo del día del siniestro, esto es, 2022.

Esto supone, s.e.u.o, perjuicio personal particular muy grave: 2 días x 109,70 €/día = 219,40 €; perjuicio personal particular grave: 15 días x 82,28 €/día = 1.234,20 €; perjuicio personal particular moderado: 167 días x 57,04 €/día = 9.525,68 €. El total = 10.979,28 euros.Se ha discutido la determinación de las secuelas fisiológicas, donde el planteamiento de las partes va desde los 33 puntos pretendidos en la demanda a los 21 de la codemandada.

Realmente, solo hay discusión en tres cuestiones y una es menor, porque la lesión incompleta del nervio musculocutáneo se valora por la perito de la actora en 9 p y por el codemando, en 7 p. Al no haber grandes discrepancias y no evidenciarse error, se acepta la valoración actora. Más cuando la pericial actora explica que incluye el dolor intenso.

Las diferencias se centran en la talalgia que el perito del codemandado no reconoce y la parálisis del nervio de la muñeca, que la parte actora fija en 19 p y el perito de la demandada en 8 p.

Respecto de la talalgia, el perito de la codemandada admite su existencia, pero entiende que no se objetiva en la fase de tratamiento y, por eso, no se valora. Sin embargo, queda probada su existencia en la lesionada y no hay prueba de otro origen pues aparece tras el siniestro y no se aporta otra explicación. Por esa razón, se estima.

En cuanto a la otra secuela, hay una discrepancia sobre el verdadero alcance de la afección al nervio, entendiendo el perito de la seguradora que no es total ni completa, aunque sí manifestó que era relevante. El informe de parte actora se funda en un examen de la paciente reflejando la parálisis del nervio de la muñeca sin que el perito de la codemandada ofrezca una explicación clara de dónde radicaría el error. Parece que la conclusión tiene más que ver con la falta de una prueba objetiva, más allá de la comprobación del estado del miembro, que presentaría la parálisis que aprecia el perito de la parte actora. Es por ello que, se estima.

En consecuencia, se fijan las secuelas funcionales en 33 puntos y 43.841,18 euros.

En el perjuicio estético, coinciden en moderado, de modo que se estiman 8 p y 6.262,50 euros.

Lo mismo sucede con el perjuicio por intervenciones quirúrgicas, que asciende a 3150 euros.

4º) Se discute, a su vez, el perjuicio moral por pérdida de calidad de vida. La polémica radica en la calificación como moderado o leve moderado. Se descarta la calificación del perito judicial que habla de grave.

La valoración debe efectuarse, por ser el criterio orientativo aplicado por las partes, conforme al art. 108 y Tabla 2.b) pero del año 2022.

En lo que respecta al concepto de pérdida de calidad de vida moderado, la sección 2ª del Capítulo II del Título IV arts. 93 y ss regula las indemnizaciones por secuelas , que se definen como las deficiencias físicas, intelectuales y sensoriales (secuelas fisiológicas) y los perjuicios estéticos (secuelas estéticas) y que se cuantifican conforme a la Tabla 2. El perjuicio estético (art. 103) se puntúa conforme al capítulo especial de la tabla 2.A.1 y la puntuación se realiza conforme a la tabla 2.A.2. Señala el apartado 4 que la puntuación no incluye la ponderación de su incidencia sobre las diversas actividades del lesionado, lo cual se valora mediante el perjuicio particular por pérdida de calidad de vida. Tal perjuicio es el regulado en la subsección 2ª. El art. 106 regula los daños morales complementarios por perjuicio estético (que ahora no proceden, al exigir al menos 36 puntos).

El art. 107 regula el perjuicio moral por pérdida de calidad de vida ocasionada por secuelas cuyos grados fija el art. 108. El art. 107 dispone que "La indemnización por pérdida de calidad de vida tiene por objeto compensar el perjuicio moral particular que sufre la víctima por las secuelas que impiden o limitan su autonomía personal para realizar las actividades esenciales en el desarrollo de la vida ordinaria o su desarrollo personal mediante actividades específicas". El art. 109 añade que "2. Los parámetros para la determinación de la cuantía del perjuicio son la importancia y el número de las actividades afectadas y la edad del lesionado que expresa la previsible duración del perjuicio".

Es decir, para que proceda el concepto es necesario que la secuela, haya incidido en las actividades del lesionado, impidiendo o limitando la autonomía personal para actividades específicas de especial trascendencia.

El art. 108 señala que:

"1. El perjuicio por pérdida de calidad de vida puede ser muy grave, grave, moderado o leve.

2. El perjuicio muy grave es aquél en el que el lesionado pierde su autonomía personal para realizar la casi totalidad de actividades esenciales en el desarrollo de la vida ordinaria.

3. El perjuicio grave es aquél en el que el lesionado pierde su autonomía personal para realizar algunas de las actividades esenciales en el desarrollo de la vida ordinaria o la mayor parte de sus actividades específicas de desarrollo personal. El perjuicio moral por la pérdida de toda posibilidad de realizar una actividad laboral o profesional también se considera perjuicio grave.

4. El perjuicio moderado es aquél en el que el lesionado pierde la posibilidad de llevar a cabo una parte relevante de sus actividades específicas de desarrollo personal. El perjuicio moral por la pérdida de la actividad laboral o profesional que se venía ejerciendo también se considera perjuicio moderado.

5. El perjuicio leve es aquél en el que el lesionado con secuelas de más de seis puntos pierde la posibilidad de llevar a cabo actividades específicas que tengan especial trascendencia en su desarrollo personal. El perjuicio moral por la limitación o pérdida parcial de la actividad laboral o profesional que se venía ejerciendo se considera perjuicio leve con independencia del número de puntos que se otorguen a las secuelas.".

Partiendo de esto, el criterio del perito de los demandados es entender que, por su edad, la perjudicada ya tenía otras limitaciones para sus tareas cotidianas. Pero este criterio, generalizador, debe rechazarse. No constan limitaciones previas a las actividades que señala el perito del actor en su informe ni cabe presuponerlas, sin prueba, de la mera edad. Tales limitaciones existen y por ello, el grado es moderado. De todos modos, si se observa el rango, hay una zona de coincidencia de cantidades entre el leve en mayor rango y el moderado, en nivel inferior. Lo que la parte actora no acredita en modo alguno es el importe máximo solicitado. Pues bien, atendiendo a la premisa de los dos peritos, se estima en moderado en su rango inferior, esto es, 16500 euros, apto tanto si se califica de moderado como de leve.

5º) El último concepto reclamado, por daños corporales, son los 93.673,00 euros por ayuda de terceras personas, de 3 horas/día.

Los demandados lo rechazan alegando que no se dan los presupuestos de los arts. 121, 123, Tabla.2.C2, ni se acredita esa necesidad.

Estamos ante un perjuicio patrimonial derivado de las secuelas. El art. 121 señala que:

"1. La necesidad de ayuda de tercera persona se fija en la tabla 2.C.2 de Ayuda de Tercera Persona cuando:

a) el perjuicio psicofísico, orgánico o sensorial de una secuela es igual o superior a cincuenta puntos o el resultado de las secuelas concurrentes, una vez aplicada la fórmula correspondiente, sea igual o superior a ochenta; o

b) a pesar de no alcanzarse la puntuación indicada en el apartado anterior, se considera que tal ayuda es necesaria por verse especialmente afectada la autonomía personal.

2. En los supuestos no previstos en la tabla sólo se podrá indemnizar dicha ayuda si se acredita mediante prueba pericial médica una pérdida de autonomía personal análoga a la producida por las secuelas previstas en la misma."

En este caso, la puntuación de las secuelas no alcanza el umbral. Lo que hay es un informe pericial que es el que alude, en los términos indicados, a esa necesidad y lo corrobora el perito judicial. Es más, incluso el perito de la codemandada reconoce limitaciones si bien solo para vestirse y tareas domésticas como se ha explicado.

De esta prueba, resulta posible afirmar la necesidad de ayuda por terceras personas, aun no alcanzando la puntuación, al limitarse la autonomía personal y, en todo caso, acreditarse con pericial médica la pérdida de esa autonomía a la vista del nivel de tareas afectadas, junto, ahora sí y por esta limitación, la edad.

Para la valoración, el art. art. 123 señala que:

"1. Las horas necesarias de ayuda de tercera persona se determinan mediante la aplicación de la tabla 2.C.2 de Ayuda de Tercera Persona, que expresa la ayuda en horas en función de la secuela.

2. Si existe más de una secuela que requiera ayuda de tercera persona se aplicarán las siguientes reglas:

a) Para secuelas con necesidad de ayuda de tercera persona con un número de hasta seis horas, la valoración total del tiempo necesario se obtiene de sumar a las horas correspondientes a la secuela mayor el cincuenta por ciento de las horas establecidas en cada una de las otras.

b) Para secuelas con necesidad de ayuda de tercera persona con un número superior a seis horas, la valoración total del tiempo necesario se obtiene de sumar a las horas correspondientes a la secuela mayor el veinticinco por ciento de las horas establecidas en cada una de las otras.

3. En los casos que exista una situación de necesidad de ayuda de tercera persona por un estado previo al accidente que resulte agravado, el número de horas de ayuda de tercera persona resulta de aplicar la fórmula (H - h) / [1 - (h / 100)], donde «H» es el resultado de aplicar a las horas correspondientes a todas las secuelas lo establecido en el apartado 2 de este artículo y «h» las horas asociadas al estado previo al accidente.".

En este caso, no hay una prueba concreta de la necesidad de 3 horas, o de otras. Por ello, atendiendo a la edad de al lesionada y por el criterio analógico, prudencialmente se fijan en 30000 euros.

H) Para concluir se reclaman perjuicios patrimoniales.

De lo reclamado, se concluye que no se pueden conceder los gastos de preparación de reclamaciones y procesales que integran el concepto de costas. Tampoco los que carecen de factura. En conclusión, solo se estiman los gastos por aparatos de rehabilitación, como son cuña y mesa, trapecio de potencia y bota que son 341 euros y las horas de las sesiones, 275 euros. El total es de 661 euros.

En definitiva, la indemnización se fija en 111393,96 euros s.e.u.o. Esto significa que no puede estimarse la pretensión principal de la demanda de condenar solidariamente a los dos demandados. Debe estimarse parcialmente la pretensión subsidiaria. De condena al responsable, en este caso la administración, por el importe indicado.

I) Intereses.

En la demanda se solicita la condena al pago de los intereses, que procede conceder, por ser una institución precisa para otorgar una tutela judicial plena del derecho del recurrente a la indemnización , al enjuagar los perjuicios derivados por el transcurso del tiempo entre el momento en que el derecho nació y aquel en que se concretara con el correspondiente pago de la Administración deudora, tal y como resulta de los arts. 141.3 LRJAP, 24 LGP y los principios de resarcimiento pleno de los arts. 139 LRJAP  y 121 LEF.

Tales intereses se calculan por referencia al tipo del interés legal del dinero y desde la fecha de la reclamación en vía administrativa hasta el momento del efectivo pago.

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