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sábado, 6 de marzo de 2021

La obligación de indemnizar establecida en la normativa sobre aguas no es sino una medida de restauración de la legalidad, que ha de venir anudada a una resolución sancionadora en la que se declarare a aquél a quien se efectúa la reclamación autor responsable de la infracción objeto de sanción.

 

La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, sec. 5ª, de 14 de febrero de 2019, nº 176/2019, rec. 4637/2016, declara que la obligación de indemnizar establecida en la normativa sobre aguas no es sino una medida de restauración de la legalidad, que ha de venir anudada a una resolución sancionadora en la que se declarare a aquél a quien se efectúa la reclamación autor responsable de la infracción objeto de sanción. 

La sentencia deviene de un recurso contencioso administrativo contra un Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2015 que desestima el recurso de reposición contra el de 4 de marzo de 2015 por el que impone al recurrente la obligación de indemnizar los daños producidos al dominio público hidráulico en 683.802 euros. 

La cuestión que aquí se debate no es otra que la de si tal obligación, derivada del artículo 118.1 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, en cuanto dispone que "con independencia de las sanciones que les sean impuestas, los infractores podrán ser obligados a reparar los daños y perjuicios causados al dominio público hidráulico, así como a reponer las cosas a su estado anterior. El órgano sancionador fijará ejecutoriamente las indemnizaciones que procedan", es exigible a quien no ha sido declarado infractor por cuanto, tal es el caso de autos, los expedientes sancionadores incoados sucesivamente como consecuencia de sucesivas declaraciones de caducidad llevó a la prescripción de la posible infracción sin que hubiera recaído resolución alguna declarando el hoy recurrente responsable de la misma y por tanto sin atribuirle la condición de infractor a que se refiere el artículo 118.1 del Real Decreto Legislativo 1/2001. 

La obligación de indemnizar establecida en el precepto que acabamos de citar no es sino una medida de restauración de la legalidad, así se declara entre otras en sentencia de esta Sala de 18 de julio de 2003, recurso casación 5699/1998, que ha de venir anudada a una resolución sancionadora en la que se declarare a aquél a quien se efectúa la reclamación autor responsable de la infracción objeto de sanción. 

En el caso que nos ocupa tal presupuesto no concurre ya que no ha existido resolución en el expediente sancionador y por tanto en esa vía ni se han declarado probados los hechos denunciados ni mucho menos la autoría de los mismos. Si la Administración considera que el hoy demandante ha ocasionado algún daño susceptible de indemnización podrá reclamarlo por vía que estime procedente acreditando en ella la realidad de los hechos que afirma, pero no puede en ningún caso acudir a la vía del artículo 118.1 RDL 1/2001 antes citado por cuando no concurren los presupuestos establecidos en el mismo, lo que hace que concurra la razón que el recurrente invoca en el fundamento II del escrito de demanda en lo que atañe a la infracción del artículo 118.1 citado y la infracción de presunción de inocencia. 

No es óbice a la dicho lo que esta Sala afirma en las sentencias invocadas en la resolución recurrida puesto que en ambos casos se parte de la existencia de la infracción declarada por la administración con carácter previo, siendo la sentencia de 18 de julio de 2003 una sentencia desestimatoria por concurrir causa de inadmisibilidad y en la que se declara la existencia de resolución sancionadora previa sin entrar a analizar los efectos de su posterior anulación por prescripción, habida cuenta la concurrencia de la causa de inadmisibilidad del recurso de casación determinante del fallo desestimatorio.

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lunes, 1 de marzo de 2021

La indemnización del daño moral queda comprendida en las cantidades que se conceden para el resarcimiento de los diferentes conceptos susceptibles de indemnización por los daños físicos y psíquicos.

 

A) La sentencia de la Sala de lo Civil Tribunal Supremo, sec. 1ª, de 8 de abril de 2016, nº 232/2016, rec. 1741/2014, establece que la indemnización del daño moral queda comprendida en las cantidades que se conceden para el resarcimiento de los diferentes conceptos susceptibles de indemnización. Es imposible una doble indemnización por el mismo daño moral, salvo en los supuestos que el sistema de valoración los conciba expresamente como un concepto independiente.

La utilización de las reglas del Baremo como criterios orientadores, es decir, para cuantificar las indemnizaciones por los perjuicios causados a las personas como consecuencia del daño corporal no ocasionado por un hecho de la circulación (de un vehículo de motor), no excluye la indemnización por separado de los daños morales que no sean consecuencia del referido daño corporal; requisito, éste último, que elimina por hipótesis la posibilidad de una doble indemnización por el mismo daño moral. 

B) HECHOS: Las cuestiones a resolver en esta sede han quedado limitadas a la cuantía de las indemnizaciones por los daños físicos y psíquicos y los daños morales padecidos por 22 personas, pasajeros del buque «Costa Concordia», que encalló en la noche del 13 de enero de 2012 frente a las costas de la Isla de Giglio en Italia. 

Esas 22 personas son miembros, junto con otras, de la «Asociación de Afectados Españoles por el Costa Concordia 2012» (la «Asociación» en lo que sigue), que interpuso la demanda iniciadora del proceso contra la compañía Costa Crociere, S.P.A. Demanda, en la que pidió, en lo que ahora interesa: 

Por cada uno de dichos 22 pasajeros, una indemnización de 80.000 euros -en total 1.760.000 euros- en concepto de daño moral, por la gravísima preocupación, zozobra, angustia y estrés que padecieron durante la noche del 13 enero de 2012. Y, adicionalmente, por 17 de ellos: 

Por cada uno de 13 de éstos, una indemnización de 37.000 euros -en total 481.000 euros- por tratamiento médico prolongado, baja laboral de más de dos meses y secuelas leves. 

Y por cada uno de los otros 4, una indemnización de 74.000 euros -en total 296.000 euros- por tratamiento médico prolongado, baja laboral de más de tres meses y secuelas graves. 

Para justificar las cuantías indemnizatorias de los dos últimos grupos, la Asociación demandante aportó los partes médicos algunos de los pasajeros y unos informes periciales elaborados por dos psicólogas. 

En la contestación a la demanda, Costa Crociere, por lo que se refiere a dichas peticiones indemnizatorias, solicitó que se aplicase el «Sistema para la valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación» que, hasta su reforma por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, figuraba como Anexo al Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, que aprobó el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos de motor (en adelante, el «Baremo»), actualizado a 1 de enero de 2012. 

La demandada aportó al efecto 17 informes periciales medicolegales, emitidos por don Clemente. Importa dejar constancia de que el Dr. Clemente aplicó en esos informes un «factor de corrección» del 10% tanto para la indemnización por «incapacidad temporal» como, de ser el caso, para la «indemnización básica por lesiones permanentes o secuelas». 

Alegó, en fin, la demandada que la aplicación de Baremo debía excluir la indemnización separada adicional de los daños morales. 

El Juzgado de Primera Instancia condenó a Costa Crociere a pagar a la Asociación, como indemnización por todos los conceptos arriba expresados, la cantidad de 330.000 euros: 15.000 euros por cada uno de los 22 pasajeros. Para fijar esa cuantía, tomó como referencia la indemnización por daño moral que la Sentencia de la Sección 20ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 21 de junio de 2012 concedió a varios de los perjudicados por el hundimiento del crucero «Sea Diamond» en aguas griegas. 

El Juzgado, tras dejar citada la doctrina contenida en la Sentencia de esta Sala 906/2011, de 30 de noviembre, en el sentido de que, por lo general, de aplicarse el Baremo, «la indemnización por daño moral queda comprendida en las cantidades que se conceden para el resarcimiento de los diferentes conceptos susceptibles de indemnización con arreglo al mismo», se pronunció en los términos siguientes: 

«En aplicación de esta doctrina jurisprudencial, la Sentencia de la AP de Madrid de 21 de junio de 2012 en el caso Sea Diamond confirmó la existencia de daño moral indemnizable en el caso de los pasajeros de aquel crucero y la procedencia de fijar una indemnización a tanto alzado para todos igual pero negó la posibilidad de indemnizar conjuntamente por incapacidad temporal y por daños morales en cuanto (...) "la indemnización por daño moral queda comprendida en las cantidades que se conceden para el resarcimiento de los diferentes conceptos susceptibles de indemnización con arreglo al mismo -baremo-, pues su indemnización por separado solo es posible en aquellos supuestos en que la ley lo concibe expresamente como un concepto independiente, lo que no es el caso". 

» No era el caso del Sea Diamond ni lo es el del Costa Concordia, de manera que los pasajeros asociados en la parte demandante no pueden obtener la pretendida duplicidad de indemnizaciones sobre todo teniendo en cuenta que la reclamada por incapacidad permanente está fundamentada en su práctica totalidad por trastornos psicológicos. En este sentido, resulta indudable que los pasajeros del Costa Concordia estuvieron sometidos a un impacto o sufrimiento psíquico o espiritual innegable como sólo puede entenderse en el caso de sufrir un hundimiento de un buque; tan dramática situación que se prolongó durante horas, de noche, lejos de España, con deficiente organización y sin recibir información sobre la situación sólo puede calificarse, como indica la sentencia de la Audiencia, como un daño patente -in re ipsa- que merece ser indemnizado. 

»La cuantificación de la indemnización no cuenta ni en éste ni en otro supuestos asimilables con bases objetivas, pero partiendo de lo decidido por la Audiencia Provincial en el caso del Sea Diamond -5.000 euros por pasajero-, entendemos que, dado el lapso de tiempo entre ambos siniestros, la mayor pérdida de vidas humanas en el presente caso -más de treinta, lo que evidencia la magnitud de la tragedia y la presión sufrida por los viajeros-, así como la entrada en vigor del Reglamento CE 392/2009 que ha elevado considerablemente los límites por indemnización , entendemos que 15.000 euros es una suma ajustada al caso, quedando en la misma subsumida, por los argumentos jurisprudenciales indicados, la posible indemnización por incapacidad permanente que, en todo caso, por aplicación del baremo de tráfico, no superaría dicha cuantía. 

» La suma total a la que debe ascender la indemnización por daños físicos, psíquicos y morales asciende a 330.000 euros». 

La Asociación interpuso recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado, solicitando que la cantidad alzada de la indemnización en concepto de daños físicos, psíquicos y morales se aumentase a 60.000 euros por cada pasajero: 1.320.000 euros en total. 

La Audiencia Provincial, estimando parcialmente el recurso interpuesto por la Asociación, decidió condenar a Costa Crociere a pagar: 

Por cada uno de los 22 pasajeros, 12.000 euros como indemnización de daños morales por la zozobra, ansiedad, angustia y el enorme estrés vividos durante la noche del 13 de enero de 2012 en aguas italianas. 

Y adicionalmente, como indemnización por cada uno de los pasajeros que sufrió lesiones, la cuantía señalada en el correspondiente informe médico del Dr. Clemente, excluyendo el factor de corrección del 10%. 

Sostuvo la Audiencia al efecto que, en casos como el contemplado, no debe considerarse incompatible utilizar el Baremo «como referencia o a título orientativo» para cuantificar las indemnizaciones por los perjuicios causados a las personas como consecuencia del daño corporal, y valorar como concepto independiente -e indemnizar por separado- daños morales como los que los pasajeros del buque «Costa Concordia» sufrieron durante la noche del 13 de enero de 2012. En palabras de su sentencia, tras mencionar la jurisprudencia de esta Sala en el sentido de que las reglas del Baremo sólo son vinculantes cuando se trata de accidentes de circulación: 

«Por lo tanto, que un baremo pueda aplicarse de forma orientativa quiere decir que, si adoptamos como referencia o a título orientativo ese baremo para cuantificar daños físicos, no estaremos obligados, como sistema cerrado de valoración del perjuicio, a englobar la totalidad de los daños ocasionados, incluidos los morales. De hecho, en este caso concurren unas circunstancias muy especiales que justifican la valoración de los daños morales como independientes y sin previa acreditación, debido a la situación tan difícil vivida por los pasajeros en la noche del 13 de enero de 2012, a bordo del COSTA CONCORDIA». 

En fin, la Audiencia justificó su decisión de excluir o restar el factor de corrección del 10% aplicado en los informes del Dr. Clemente en que ese factor «se contempla como indemnización de daños morales». 

C) CONCLUSION DEL TRIBUNAL SUPREMO: Aun condonando los errores (como el relativo a la norma legal a la que estaba anexado el Baremo vigente en la fecha del naufragio del «Costa Concordia») y los serios defectos de técnica casacional de los que adolece el recurso examinado, imponen su total desestimación las razones siguientes: 

1ª) Como han reiterado, por ejemplo, las Sentencias 29/2015, de 2 de febrero (Rec. 3417/2012) y 123/2015, de 4 de marzo (Rec. 41/2013): 

«Es doctrina de esta Sala que la fijación de la cuantía de las indemnizaciones por resarcimiento de daños materiales o por compensación de daños morales no tiene acceso a casación, pues corresponde a la función soberana de los tribunales de instancia sobre apreciación de la prueba, sólo susceptible de revisión, por error notorio o arbitrariedad, cuando existe una notoria desproporción o se comete una infracción del ordenamiento en la determinación de las bases tomadas para la fijación de la cuantía. A tenor de lo expuesto la cuantía de la indemnización no es objeto de casación, como tal, solo puede serlo la base jurídica que da lugar al mismo. Así lo declaran, entre otras, las sentencias de esta Sala núm. 290/2010, de 11 de mayo, y núm. 497/2012, de 3 de septiembre». 

2ª) En ninguno de los apartados del artículo 162 LGDCU, que regula la responsabilidad de los organizadores y los detallistas de viajes combinados frente al consumidor y usuario, se contiene norma alguna que imponga bases para la determinación de la cuantía de las indemnizaciones correspondientes. Lo único relevante que, para las cuestiones objeto del presente recurso, cabe extraer del mencionado artículo es lo que, acertadamente, la Audiencia a quo declaró al respecto en la sentencia impugnada en orden a reforzar su decisión de indemnizar los daños morales padecidos por los pasajeros integrantes de la Asociación ahora recurrente: 

«A mayor abundamiento, debemos manifestar que los apartados 2 º y 3º del artículo 162 de la Ley de Consumidores y Usuarios, de 2007 (sobre la cual no se cuestiona su aplicación) establecen lo siguiente: "2º Los organizadores y detallistas de viajes combinados responderán, asimismo, de los daños y perjuicios sufridos por el consumidor o usuario como consecuencia de la no ejecución o ejecución deficiente del contrato... 

»3º. El resarcimiento de los daños, que resulten del incumplimiento o de la mala ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, quedará limitado con arreglo a los convenios internacionales reguladores de esas prestaciones".

» Pues bien, según la normativa de consumidores, en primer lugar, se debe indemnizar tanto los daños físicos como morales, aunque no lo especifique concretamente la Ley de Consumidores y Usuarios. De hecho, tanto jurisprudencial como doctrinalmente se considera que el apartado 2º del artículo 162 LCU, aunque no referencia expresamente los daños morales, se conceptúan dentro del concepto de daños. Y, en segundo lugar, el apartado 3º del artículo 162 LCU prevé unos límites de indemnizaciones, con arreglo a los convenios internacionales, que en el presente caso serán de aplicación a través del Convenio de Atenas, sobre los cuales nos pronunciaremos más adelante». 

Como es natural, la Asociación ahora recurrente no ha denunciado que las cuantías de las indemnizaciones por daños físicos y morales fijadas en la sentencia impugnada superen los límites del Convenio de Atenas, obviamente muy superiores a dichas cuantías. 

3ª) La jurisprudencia de esta Sala ha establecido también sin fisuras la posibilidad de utilizar las reglas del Baremo como criterios orientadores, no vinculantes, para cuantificar las indemnizaciones por los perjuicios causados a las personas como consecuencia del daño corporal ocasionado en sectores de actividad distintos de la circulación de vehículos de motor (entre muchas, SSTS 906/2011, de 30 de noviembre (Rec. 2155/2008), 403/2013, de 18 de junio (Rec. 368/2011) y 262/2015, de 27 de mayo (Rec. 1459/2013)). 

4ª) Es cierto que, contemplando la referida aplicación del Baremo con valor orientativo en casos de responsabilidad por negligencia médica, la citada Sentencia de 30 de noviembre de 2011, seguida por la Sentencia 284/2014, de 6 de junio (Rec. 847/2012), fijaron la doctrina que la segunda expresó en los términos siguientes: 

«Daño moral. Según jurisprudencia vigente (SSTS de 30 de noviembre de 2011, rec. nº 2155/2008) y 19 de septiembre de 2011, rec. nº 1232/2008), aunque el principio de reparación íntegra comprende el resarcimiento de los daños morales, y así se infiere del artículo 1.2 LRCSCVM, el cual define como daños y perjuicios determinantes de responsabilidad "(l)os daños y perjuicios causados a las personas, comprensivos de la pérdida sufrida y la ganancia que hayan dejado de obtener, previstos, previsibles o que conocidamente se deriven del hecho generador, incluyendo los daños morales", por lo general, de aplicarse, como es el caso, el sistema de valoración incorporado en la LRCSCVM, la indemnización del daño moral queda comprendida en las cantidades que se conceden para el resarcimiento de los diferentes conceptos susceptibles de indemnización con arreglo al mismo, pues, como afirma la sentencia de 19 de septiembre de 2011, su indemnización por separado sólo es posible dentro del sistema en aquellos supuestos en que la ley lo concibe expresamente como un concepto independiente (por ejemplo, en el caso de los daños morales complementarios mencionados en la Tabla IV, cuando una sola secuela exceda de 75 puntos o las concurrente superen los 90 puntos). No existiendo previsión legal para su indemnización por separado, debe estarse a la jurisprudencia fijada a partir de la STS de 25 de marzo de 2010, rec. nº 1741/2004, que viene afirmando que la regulación del factor de corrección por incapacidad permanente parcial, total o absoluta demuestra que tiene como objeto principal el reparar el daño moral ligado a los impedimentos de cualesquiera ocupaciones o actividades, siempre que merezcan el calificativo de habituales, y que, del mismo modo, también el factor de corrección por perjuicios económicos cubre daños morales, aunque no los cubra únicamente (pues en una proporción razonable puede estar destinado a cubrir perjuicios patrimoniales por disminución de los ingresos de la víctima). 

» Siendo así, se ha de considerar que tales factores correctores permiten el íntegro resarcimiento de daño moral reclamado (...)». 

Pues bien, esta Sala debe matizar o complementar ahora esa doctrina jurisprudencial en el sentido siguiente: 

La utilización de las reglas del Baremo como criterios orientadores, es decir, para cuantificar las indemnizaciones por los perjuicios causados a las personas como consecuencia del daño corporal no ocasionado por un hecho de la circulación (de un vehículo de motor), no excluye la indemnización por separado de los daños morales que no sean consecuencia del referido daño corporal; requisito, éste último, que elimina por hipótesis la posibilidad de una doble indemnización por el mismo daño moral. 

5ª) Fue, pues, acertada la decisión de la Audiencia a quo de conceder indemnización por el daño moral inherente a «la situación de agonía, zozobra, ansiedad y estrés» -en términos de la sentencia impugnada, empleados con frecuencia por esta Sala, junto a otros similares, para describir el daño moral (SSTS 533/2000, de 31 de mayo (Rec. 2332/1995), 810/2006, de 14 de julio (Rec. 4426/1999), 521/2008, de 5 de junio (Rec. 289/2001) y 217/2012, de 13 de abril (Rec. 934/2009) entre otras)- que vivieron los pasajeros del «Costa Concordia» durante la noche del 13 de enero de 2012. Y la de conceder dicha indemnización tanto a aquéllos de los integrantes de la Asociación recurrente que no padecieron daños corporales, como a los que sí los padecieron. 

Ciertamente habría resultado absurdo no conceder tal indemnización a ninguno de ellos, o concedérsela sólo a los primeros, para poder hacer algo tan plausible a la luz de la jurisprudencia de esta Sala como utilizar las reglas del Baremo como criterios orientadores en la cuantificación de los perjuicios causados a los segundos como consecuencia de sus respectivos daños corporales. 

En fin, el resultado al que llegó la Audiencia a quo es claramente más justo que el obtenido por el Juzgado en su sentencia: tratar por igual a todos los referidos pasajeros, no concediendo a los que sufrieron daños corporales indemnización alguna por los perjuicios consecuencia de tales daños. Quiere esta Sala dejar bien claro que, en un caso como el de autos, la doctrina arriba citada de sus Sentencias 906/2011, de 30 de noviembre, y 284/2014, de 6 de junio, no impone desembocar ni en el resultado al que llegó el Juzgado, ni en ninguno de los que dejamos descritos al comienzo del párrafo anterior.

6ª) No acertó en cambio la Audiencia a quo en su decisión de excluir o restar de las indemnizaciones cuantificadas conforme al Baremo el factor de corrección del 10% aplicado por el Dr. Clemente en los informes aportados por Costa Crociere. No es necesario, para constatarlo, acudir a la doctrina de esta Sala sobre ese factor de corrección por «perjuicios económicos» -así se denomina en las Tablas IV y V del Baremo- ha establecido en las Sentencias 228/2010, de 25 de marzo (Rec. 1741/2004), 599/2011, de 20 de julio (Rec. 820/2008) y 289/2012, de 30 de abril (Rec. 1703/2009): aunque, como dicen las ya mencionadas Sentencias de 30 de noviembre de 2011 y 6 de junio de 2014, dicho factor no esté ordenado únicamente a la indemnización de daños patrimoniales, los daños morales cubiertos por (parte) del mismo no coinciden con los claramente extratabulares que la Audiencia a quo acordó indemnizar con la cantidad de 12.000 euros por pasajero. 

Lo que acaba de exponerse no puede conducir, sin embargo, a estimar el recurso de casación interpuesto por la Asociación en orden a suprimir del fallo de la sentencia recurrida las palabras «descontándose el 10% del factor de corrección». 

Pues no es eso lo que la Asociación ha venido a pedir de esta Sala en el escrito de interposición del recurso de casación: manteniendo su oposición radical a la utilización del Baremo (incluso con la indemnización por separado del daño moral que la Audiencia a quo le concedió), sin apreciar contradicción por su parte en basar su recurso en la incorrecta aplicación del Baremo -sí la aprecia y se lo reprocha la ahora recurrida-, la Asociación ha insistido en su referido escrito en que condenemos a Costa Crociere a abonarle la suma de 1.320.000 euros, 60.000 euros por pasajero, sólo porque ella entiende que es una indemnización más adecuada: en eso, contra el imparcial criterio primero del Juzgado y, después, contra el igualmente imparcial y ya soberano criterio de la Audiencia a quo en la fijación de la cuantía indemnizatoria. 

En cualquier caso -importa destacarlo- sin duda no es función de esta Sala reconstruir la petición de la parte recurrente para convertirla en otra que, congruente con los motivos del recurso, podría haber prosperado. 

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domingo, 28 de febrero de 2021

Es reiterada jurisprudencia que declara que el denominado baremo de tráfico o sistema legal de valoración del daño corporal incorporado al Anexo de la Ley 30/95 de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, es aplicable a otros sectores distintos de la circulación, como el de la responsabilidad médico sanitaria o los accidentes de trabajo, siempre con carácter meramente orientativo, no vinculante, ni obligatorio.

 

La Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, que entró en vigor el 1 de enero de 2016, supuso la modificación de la LRCSCVM. Así, con la entrada en vigor de esta nueva Ley, se introduce un nuevo Título IV en la LRCSCVM denominado “sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación”, esto es, lo que comúnmente se conoce como “baremo”. 

Como indica la sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª de 14 octubre 2016 "en relación con la posible aplicación del baremo al ámbito de la responsabilidad patrimonial, éste tiene un carácter meramente orientativo, no vinculante, ni obligatorio".

La sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza nº 336/2017, de 14 de junio de 2017 manifiesta que: “es también reiterada jurisprudencia que el denominado baremo de tráfico o sistema legal de valoración del daño corporal incorporado al Anexo de la Ley 30/95 de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, es aplicable a otros sectores distintos de la circulación, como el de la responsabilidad médico sanitaria (STS de 18 de febrero de 2015 ; 6 de junio de 2014; 16 de diciembre de 2013 ; 18 de junio de 2013; 4 de febrero de 2013 y 14 de noviembre de 2012, entre las más recientes), siempre con carácter orientativo no vinculante, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes en cada caso y el principio de indemnidad de la víctima que informa los arts. 1106 y 1902 del Código Civil”. 

Así, el Tribunal Supremo viene admitiendo la aplicación de este sistema tasado al resto de supuestos en los que existan consecuencias lesivas que conlleven derecho a indemnización, pero con una matización importante, y es que no es preceptivo, sino simplemente orientativo, conforme a la STS, Sala Primera, de lo Civil, 58/2006, de 10 de febrero, que ha sido objeto de estudio por Vicente Magro Servet en su artículo “Aplicación orientativa del baremo de tráfico a otros delitos distintos a la siniestralidad vial”. 

La Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, 58/2006, de 10 de febrero fue la que ratificó que la aplicación es orientativa, por lo que resulta sorprendente como se esfuerzan muchas Audiencias Provinciales en motivar su aplicación por analogía, como la SAP Málaga, Sec. 6.ª, 230/2009, de 14 de abril, o la SAP Palencia, Sec. 1.ª, 241/2011, de 30 de septiembre. 

Así, se ha aplicado el sistema legal incorporado a la LRCSCVM en supuestos de responsabilidad derivada de mala praxis médica en una intervención de liposucción (STS, Sala Primera, de lo Civil, 776/2013, de 16 de diciembre), por incremento de riesgo en un parto (STS, Sala Primera, de lo Civil, 403/2013, de 18 de junio). También en casos de accidentes laborales como en la STS, Sala Primera, de lo Civil, 907/2008, de 9 de diciembre y en la STS, Sala Primera, de lo Civil, 135/2010, de 9 de marzo, o de responsabilidad extracontractual de empresa por sufrir la enfermedad de Buerguer asociada al tabaquismo (Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, nº 272/2010, de 5 de mayo). 

La sentencia de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada), sec. 1ª, de 5 de noviembre de 2020, nº 3413/2020, rec. 1645/2018, manifiesta que dicho tribunal no  está vinculado por ningún baremo en punto a la fijación de la indemnización que, en cada caso, corresponda, y solamente, si se tratara de un siniestro derivado de la circulación rodada o de tráfico, serviría como criterio orientativo, como declarara la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 181/2000, de 29 de junio de 2000, que resolvió diversas cuestiones de inconstitucionalidad contra la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro de Circulación de Vehículos a Motor, según la redacción dada por la Disposición Adicional Octava de la Ley 30/1995, de 8 noviembre, de Ordenación y supervisión de Seguros Privados, al Texto Refundido en su día aprobado por el Decreto 632/1968, por supuesta vulneración de los artículos 9.3, 14, 15 24.1 y 117.3 de la Constitución. 

Esta sentencia es citada en la de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional 21/2001, de 29 de enero de 2001 (recurso de amparo 2296/1998), en cuyo fundamento jurídico 4 dejó dicho:

 

“Queda por examinar la queja por la que se aduce la vulneración del art. 24.1 CE. Debe señalarse en primer lugar que, como sostuvimos en la STC 181/2000 , F. 19, el sistema de valoración de daños previsto en el anexo de la Ley 30/1995, "en modo alguno interfiere en el adecuado ejercicio de la potestad jurisdiccional, puesto que corresponde a cada Juez o Tribunal verificar, con arreglo a lo alegado por las partes y lo que hubiese resultado de la prueba practicada, la realidad del hecho dañoso y la conducta e imputación del agente causante del daño, determinando su incidencia en relación con los daños producidos; así como subsumir los hechos en las normas, seleccionado e interpretando el Derecho de aplicación al caso, lo que supone, cuando fuese pertinente, concretar los diversos índices y reglas tabulares que utilizar para el cálculo de las indemnizaciones a que hubiese lugar". Por ello entendimos que de la mayor o menor densidad de los contenidos normativos que, en lo que atañe a la valoración y cuantificación de los daños personales, presenta el régimen legal introducido por la Ley 30/1995, no se deriva restricción alguna de las facultades pertenecientes a Jueces y Tribunales para el ejercicio exclusivo "de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado", y por esta razón no apreciamos la vulneración del art. 117.3 CE  alegada, y por los mismos motivos debemos desestimar ahora también la queja por la que se aduce que la aplicación del baremo ha limitado las funciones del órgano judicial, vulnerando el art. 24.1 CE(...)" . 

Reiterando lo anterior, la sentencia de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada), de esta Sección 2437/2018, de 19 de diciembre de 2018 (recurso de apelación 587/2017), señaló en su fundamento jurídico cuarto, entre otras cosas, lo siguiente: 

<<"(...) Todo ello al margen de que conviene resaltar que la utilización del baremo tiene un carácter meramente orientativo, que sirve como guía para juzgador al objeto de introducir parámetros de objetividad; pero en ningún se puede pretender que el baremo contenga criterios vinculantes que limiten las facultades de concreción de la indemnización, de tal manera que no es contrario al ordenamiento jurídico que se ajuste o fije el importe apartándose del mismo al objeto de procurar una compensación plenamente ajustada a las circunstancias personales, económicas, o de cualquier otro tipo que así lo aconsejen. Como indica la STS Sala 3ª de 14 octubre 2016 "en relación con la posible aplicación del baremo al ámbito de la responsabilidad patrimonial, éste tiene un carácter meramente orientativo, no vinculante, ni obligatorio, con la única finalidad de introducir criterios de objetividad en la determinación del "quantum" indemnizatorio, pero no puede citarse como de obligado, exacto y puntual cumplimiento, sin que limite las facultades de la Sala en orden a la concreción de la indemnización que estime procedente para procurar la indemnidad del perjudicado en atención a las concretas circunstancias que concurran. Así, en nuestra sentencia de 28 de septiembre de 2015 (casación 3088/13), decíamos que esta Sala ha proclamado, de forma reiterada, en las sentencias de 10 de abril de 2008 (recurso 7045/2003 ), 9 de junio de 2009 (recurso 1822/2005 ), 17 de julio de 2014 (recurso 3724/2012 ), y en las allí citadas, que la determinación del "quantum" indemnizatorio es un juicio de valor que está reservado a los Tribunales de instancia y ha de ser respetado en casación, en tanto no se demuestre el error, su irracionalidad o la infracción de las normas que regulen la valoración de los medios probatorios, o se trate de una valoración absurda o arbitraria, circunstancias que no se invocan, y menos aún se justifican en este motivo por la parte recurrente"">> .

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viernes, 26 de febrero de 2021

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón condena a la empresa y su aseguradora a que abonen una indemnización a un trabajador tras accidente de trabajo al cortarse un tendón de la mano derecha al abrir un microondas al romperse el plato de cristal que estaba dentro al no haber fuerza mayor ni caso fortuito.

 

A) La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, sec. 1ª, de 7 de febrero de 2020, nº 72/2020, rec. 29/2020, confirma la sentencia que condenó a la empresa y su aseguradora a que abonen solidariamente una indemnización de daños y perjuicios causados en accidente de trabajo al cortarse un tendón de la mano derecha al abrir un microondas y romperse el plato de cristal que estaba dentro. 

La sentencia aplica correctamente los hechos declarados probados en otra sentencia y no infringe la valoración del interrogatorio del trabajador. Se aprecia nexo causal entre el daño sufrido por el trabajador y el accidente sufrido sin haber recibido instrucción ni indicación alguna sobre tiempos de espera, sin que se aprecie fuerza mayor o caso fortuito. 

La Sala en definitiva comparte el criterio de la juzgadora de instancia al apreciar nexo de causalidad entre el daño sufrido por el trabajador y la rotura del plato del microondas, al extraerlo, sin haber recibido instrucción ni indicación alguna sobre tiempos de espera, por lo que las infracciones de normas jurídicas no concurren y los motivos han de ser desestimados. 

La sentencia condena a la empresa y a la aseguradora ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA, a que abonen conjunta y solidariamente al actor la cantidad de diecisiete mil cuatrocientos ochenta y seis euros con noventa céntimos (17.486,90 euros) en concepto de indemnización de daños y perjuicios causados en accidente de trabajo acaecido el 24 de agosto de 2017, con los intereses legales que procedan, que para la aseguradora será el del art. 20 LCS desde la fecha de interposición de la demanda. 

B) HECHOS: El trabajador en fecha 24 de agosto de 2017 sufrió un accidente de trabajo al abrir un microondas, al romperse el plato de cristal que estaba dentro se partió haciéndole un corte en la parte superior de la mano derecha. Acudió a Urgencias siendo el diagnosticado de: "herida abierta, codo, antebrazo o muñeca. Sin complicación”. Se realizó sutura (6 puntos) bajo anestesia local. 

Como consecuencia del accidente, permaneció en situación de IT de 25 de agosto de 2017 a 4 de septiembre de 2017 y del 11 de diciembre de 2017 al 20 de junio de 2018. 

En fecha 11 de diciembre de 2017 fue ingresado en el Hospital Intermutual de Levante para IQ programada el día 12 de diciembre de 2018, debido a que presentaba afectación del tendón (sección completa), realizándole una resección del tejido cicatricial, interposición de injerto tendinoso (PL ipslateral) y tenorrafia distal y proximal tipo Pulvertaf (prolane 4/0) con reconstrucción corredera. Fue dado de alta el 14 de diciembre de 2017. Mantuvo tto farmacológico e inmovilización postoperatoria y se inició la RHB asistida en la Mutua. 

El Sr. Teodoro padece como cuadro residual: "cicatrices amplias y limitación de la movilidad completa del dedo 5º del dedo de la mano derecha (por retracción/adherencias del tendón extensor reparado) siendo diestro". Como limitaciones orgánicas y funcionales presenta: "limitación movilidad completa del dedo 5º del dedo de la mano derecha por retracción/adherencias del tendón extensor reparado, siendo diestro. Cicatrices amplias en cara dorsal de mano y antebrazo distales derecho y en cara palmar de antebrazo."

(Hechos probados recogidos en la sentencia del Juzgado de lo Social nº 51/19 de 3 de abril de 2019 dictada en procedimiento 440/2018, en bloque documental 41 de expediente judicial electrónico). 

C) OBJETO DE LA LITIS: La parte recurrente en esencia discrepa de la atribución de negligencia alguna a la empresa declarada responsable, y aduce que se produjo caso fortuito y negligencia del trabajador. 

Planteados así los términos de la impugnación, debe precisarse respecto a la exigencia empresarial del deber de prevención que la Jurisprudencia ha puesto de relieve que el derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo dado que el legislador ordinario ha establecido la obligación empresarial de garantizar la seguridad y la salud de sus empleados en todos los aspectos relacionados con el trabajo (Art. 14.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales -LPRL-), señalando expresamente que las medidas preventivas para ser eficaces deben prever incluso las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador (Art. 15.4 LRPL) y que el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que debe realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores (Art. 17.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales) puede ser declarado, tal y como ha hecho la sentencia de instancia, que la empresa debió haber adoptado cualquier medida para prevenir el riesgo, y la ausencia de tal procedimiento escrito influyó como factor, aun mínimo, en la producción del siniestro. 

En reciente sentencia de este Tribunal SJ de Aragón de 3-10-2019 (Rec. 504/2019) sobre responsabilidad reclamada en caso de accidente de trabajo se examinaban los fundamentos de tal exigencia: "En relación con la responsabilidad que se reclama a la empresa , y que debe de ser calificada, en su caso, como contractual, al producirse en el cumplimiento de una relación contractual y las obligaciones derivadas de la misma, se ha pronunciado esta Sala , recogiendo doctrina del TS , en sentencia de 7-11-2012R 601/2012, afirmando que: 

"La responsabilidad empresarial por daños sufridos por el trabajador deriva de una conducta negligente de la empresa, pero próxima a la objetiva (cuasiobjetiva), tal como recuerda últimamente la STS 17-7-2012, rcud. 1841/11: "...en nuestra sentencia de 30.6.2010 (rcud. 4123/08), dictada en Sala General donde entre otras cosas, se dice: "Indudablemente, es requisito normativo de la responsabilidad civil que los daños y perjuicios se hayan causado mediante culpa o negligencia, tal como evidencia la utilización de tales palabras en los arts. 1101, 1103 y 1902 CC. Aunque esta Sala IV ha sostenido tradicionalmente que la responsabilidad civil del empresario por el AT "es la responsabilidad subjetiva y culpabilista en su sentido más clásico y tradicional" (SSTS 2/2/98 -rcud. 124/97;18/10/99 -rcud. 315/99;22/1/02 -rcud. 471/02; y 7/2/03 -rcud. 1648/02), lo que cierto es que más modernamente se ha venido abandonando esta rigurosa - por subjetiva- concepción originaria, insistiéndose en la simple exigencia de culpa -sin adjetivaciones- y en la exclusión de la responsabilidad objetiva (valgan como ejemplo las SSTS 18/7/08 - rcud 2277/07; 4/7/09 -rcud. 3576/08; y 23/7/09 - rcud. 4501/07), siquiera también en ocasiones se hayan efectuado afirmaciones más próximas a la postura que en esta sentencia mantendremos (así, entre otras, las SSTS 8/10/01-rcud. 4403/00; y 17/7/07 - rcud. 513/06). La deuda de seguridad que al empresario corresponde determina que actualizado el riesgo (AT) para enervar su posible responsabilidad el empleador ha de acreditar haber agotado toda diligencia exigible, más allá -incluso- de las exigencias reglamentarias". 

En cuanto a la exigencia de culpa , como dice la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 2015 R. 1281/2014: Respecto a las atenuaciones, que entiende notables, para la exigencia de culpa, señala que: 

"No puede sostenerse la exigencia culpabilista en su sentido más clásico y sin rigor atenuatorio alguno, fundamentalmente porque no son parejas la respectiva posición de empresario y trabajador en orden a los riesgos derivados de la actividad laboral, desde el punto y hora en que con su actividad productiva el empresario "crea" el riesgo, mientras que el trabajador - al participar en el proceso productivo- es quien lo "sufre"; aparte de que el empresario organiza y controla ese proceso de producción, es quien ordena al trabajador la actividad a desarrollar (art. 20 ET) y en último término está obligado a evaluar y evitar los riesgos, y a proteger al trabajador, incluso frente a sus propios descuidos e imprudencias no temerarias (art. 15 LPRL), estableciéndose el deber genérico de "garantizar la seguridad y salud laboral "de los trabajadores (art. 14.1 LPRL)>> y destacando, como punto esencial, que <<La deuda de seguridad que al empresario considerado que ningún comportamiento es imputable a la empresa a título de culpa y corresponde determina que actualizado el riesgo [AT], para enervar su posible responsabilidad el empleador ha de acreditar haber agotado toda diligencia exigible, más allá -incluso- de las exigencias reglamentarias>>." 

En el presente supuesto la parte recurrente considera que se trata de un hecho casual, de un caso fortuito, o en su caso de negligencia del trabajador, por cuanto éste iba con prisa y al sacar el plato golpeó la puerta del microondas. Esta segunda opción de mecánica del accidente supone la introducción de hechos no acreditados en el relato fáctico que contradice lo argumentado en anteriores motivos, y por falta de apoyo fáctico no puede prosperar. 

La parte considera que los hechos pudieron suponer un caso fortuito, dado que considera que ninguna circunstancia le es achacable a la empresa el plato explotó al sacarlo, sin que se haya demostrado que el microondas funcionara mal o hubiera defectos en la vajillería. Considera además que no hay relación alguna entre una falta de formación del trabajador y el hecho de que el plato se rompiera, y que la introducción por parte del servicio de prevención ajeno introdujera como instrucción de trabajo con posterioridad al accidente en la extracción de productos del microondas que se abriera la puerta y se dejara salir el calor, ello no acredita que el plato se rompiera por esta causa, máxime cuando el microondas no está en marcha cuando el actor abrió su puerta y el plato era el del microondas. 

Respecto a esta argumentación la Sala considera que la empresa ha omitido agotar todas las posibilidades que estaban a su alcance para prevenir los riesgos en esta concreta actividad en el trabajo, que es el manejo del horno microondas, pues pese a que tuviera características de cualquier aparato doméstico, no se puede desconocer que su uso será intensivo, no como otro aparato doméstico. Así, tal y como demuestra la introducción de la posterior instrucción de trabajo acerca de respetar un tiempo de espera en la extracción de productos del microondas abriendo la puerta para dejar salir el calor, ello pone de manifiesto la inexistencia de pauta o instrucción de trabajo alguna respecto de ese factor de riesgo, que se ha actualizado al reventar el plato del microondas tras su uso, y sí existe relación de causalidad entre esa ausencia de formación en materia preventiva (hecho probado segundo no revisado) y el concreto uso del microondas, con la rotura súbita del plato del microondas pues el actor carecía del conocimiento preciso sobre este riesgo y no se le había informado sobre esta norma de cautela o seguridad relativa a la extracción de productos del interior del microondas. 

En concreto debe ser rechazada la apreciación de que lo sucedido pueda constituir un hecho fortuito. Efectivamente el empresario no incurre en responsabilidad alguna cuando el resultado lesivo se hubiese producido por fuerza mayor o caso fortuito, por negligencia exclusiva no previsible del propio trabajador o por culpa exclusiva de terceros no evitable. Lo característico de un caso fortuito es su imprevisibilidad, pero en el caso que nos ocupa es previsible la existencia de un riesgo en la extracción de objetos del microondas, lo cual va aparejado al uso intensivo en establecimientos profesionales, y la ausencia de esa formación o la ausencia de instrucciones concretas en el manejo de ese horno microondas impidió poder hacer frente a ese riesgo previsible. 

La Sala en definitiva comparte el criterio de la juzgadora de instancia al apreciar nexo de causalidad entre el daño sufrido por el trabajador y la rotura del plato del microondas, al extraerlo, sin haber recibido instrucción ni indicación alguna sobre tiempos de espera, por lo que las infracciones de normas jurídicas no concurren y los motivos han de ser desestimados.

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domingo, 21 de febrero de 2021

La empresa propietaria de los materiales que originan un siniestro debe indemnizar a los perjudicados por los daños y perjuicios sufridos a consecuencia del siniestro por no adoptar las medidas de seguridad y protección necesarias.

 

A) La sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña, sec. 5ª, de 17 de junio de 2019, nº 232/2019, rec. 274/2018, concluye que la empresa propietaria de los materiales que originan un siniestro debe indemnizar a los perjudicados por los daños y perjuicios sufridos a consecuencia del siniestro, así como la aseguradora de ésta en virtud de la acción directa ejercitada por el damnificado.

Porque es la empresa propietaria de los materiales quien debe pechar con las consecuencias de lo sucedido pues tiene la obligación de adoptar las medidas de seguridad y protección necesarias para que no provoquen ningún tipo de daño. 

Por otra parte, que los gastos sanitarios hayan sido abonados por los progenitores no implica que la perjudicada no pueda reclamarlos, dado que se produce una cesión de crédito. 

En cuanto a los intereses del artículo 20 de la LCS, éstos deben devengarse desde el momento en que la aseguradora haya tenido conocimiento del siniestro. 

B) ANTECEDENTES DE HECHO: La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda de responsabilidad extracontractual del artículo 1902 y siguientes del Código Civil dirigida contra la empresa contratista de obras demandada, y por extensión contra su aseguradora codemandada por la acción directa del artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro, en reclamación de indemnización de los daños y perjuicios derivados del siniestro lesivo sufrido por la demandante sobre la 1 de la noche del 1 de julio de 1999, cuando contaba con cinco años de edad, con ocasión de estar jugando con su hermana, unos años mayor que ella, y otros niños en una acera del lugar donde se estaba celebrando una verbena de las fiestas patronales en que la empresa demandada había dejado apilados varios tubos grandes de hormigón para las canalizaciones de la red de saneamiento del tramo de obras que estaba ejecutando esos días para Aguas de Galicia y el Ayuntamiento. En un momento dado se rompió y/o le cayó encima un tubo que le produjo un fuerte traumatismo facial con múltiples fracturas y otras lesiones o heridas de gravedad que precisaron de hospitalización, diversas intervenciones quirúrgicas, y mucho tiempo y tratamientos por una pluralidad de servicios o profesionales y especialidades médicas, en diversos periodos del desarrollo de la menor, al tener que esperar una parte de las actuaciones a que creciese, extendiéndose incluso después de finalizar el proceso penal y en el año de interposición de la demanda civil. 

El procedimiento penal previo terminó en un juicio de faltas con sentencia de 25/5/2009, absolutoria del administrador de la empresa, único acusado. 

En la demanda civil, utilizando analógicamente el baremo indemnizatorio de daños corporales automovilístico, se reclamaron 73.561,29 euros, en su mayor parte por incapacidad temporal (36 días hospitalarios, 301 impeditivos para su actividad habitual, y 1129 restantes de curación hasta la estabilización lesional) y secuelas permanentes fisiológicas y estéticas (56.223,29 euros), y el resto por gastos médico sanitarios (17.338 euros), más los intereses correspondientes o los del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro respecto de la aseguradora demandada. 

La sentencia estableció la responsabilidad de la empresa constructora y de su aseguradora, básicamente por ser la propietaria de los tubos de hormigón causantes de las lesiones, corresponderle adoptar las medidas de seguridad y protección de los elementos de trabajo o material de la obra, haber colocado los tubos en el lugar del siniestro y por su disposición en el terreno falta de cuidado, sin ningún tipo de señalización, protección, vallado ni cerramiento, y sin estar los tubos sujetos entre sí ni tener impedido su movimiento con una cuña o taco, en un tramo de césped anexo a un bordillo delimitador de la calzada, una zona con ligera pendiente. 

Al mismo tiempo en la sentencia se llegó a la conclusión de que también habría concurrido en la acusación del siniestro lesivo una conducta culposa ("in vigilando") de los progenitores de la demandante por dejación de funciones por falta de la necesaria vigilancia a que vendrían obligados como titulares de la patria potestad de su hija menor, con fundamento en el artículo 1903 del Código Civil y su jurisprudencia, que consagraría una responsabilidad directa y cuasi objetiva, dada la edad de la perjudicada en aquel momento, cinco años, las obligaciones de guarda y custodia que competían a aquéllos, y las circunstancias del accidente. No se habría probado diligencia de su parte ni fuerza mayor en el accidente. La consecuencia extraída judicialmente de ello fue que, con independencia de que los progenitores no hubieran sido parte en el procedimiento, la contribución de la demandada y de los progenitores sería al 50%, pues si bien el accidente no se habría producido de haber dispuesto aquélla los tubos con todas las medidas de seguridad y con delimitación de la obra, tampoco si éstos hubieran desarrollado adecuadamente las funciones propias de la patria potestad para advertir e impedir que jugase en ese lugar. 

A continuación, la sentencia valoró las pruebas periciales y razonó acerca de los daños corporales, considerando demostradas las lesiones y secuelas con el alcance y cuantías objeto de reclamación en la demanda, aunque aplicándole una reducción del 50% por la concurrencia de culpas ya comentada, dejando aquí la indemnización en 28.111,64 euros. 

Respecto de la partida reclamada de gastos médico-sanitarios se entendió que la demandante tendría legitimación por estar todas las facturas y presupuestos a su nombre, con independencia de las acciones que pudieran ejercitarse contra ella por el verdadero pagador, caso de no haber sido la propia perjudicada sino sus padres. Pero se le aplicó la misma reducción de concurrencia de conductas culposas, concediéndose 8.669 euros. 

La sentencia estimó la pretensión de los intereses del artículo 20 LCS, pues no existiría retraso desleal en la reclamación de la demandante dados los seguimientos, tratamientos médicos e intervenciones quirúrgicas tras la terminación del juicio de faltas, y la parte demandada no habría acreditado fuera de dudas la fecha de conocimiento del siniestro con anterioridad a la reclamación o al ejercicio de la acción directa por el perjudicado para exonerar a la aseguradora. A la contratista codemandada se le impusieron los intereses moratorios de los artículos 1100, 1101 y 1108 del Código Civil desde la fecha de la primera reclamación judicial. Y para ambas los intereses procesales del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, desde la fecha de la sentencia. 

C) CONCLUSION: La demandante reclama en su propio nombre y derecho. No los padres para sí ni como representantes legales de una hija que ya es mayor de edad. 

Obviamente la sentencia no atribuye culpa alguna a la demandante ni cabe hacerle ningún reproche por las lesiones sufridas cuando era una niña de cinco años de edad. 

En las circunstancias en que ocurrieron los hechos, la culpa o responsabilidad de los padres "invigilando" es bien discutible, como también que fuese de la misma entidad que la de la contratista y no mucho menor. Y si existiesen varios responsables (las demandadas y los padres), no pudiendo imputarse unas lesiones a unos y otras a otros, la responsabilidad sería conjunta de tipo solidario de todos ellos, por lo que la perjudicada estaría facultada legalmente para dirigir su acción de reclamación indemnizatoria contra cualquiera por el todo, sin necesidad de tener que demandar a los demás. 

Pero es que tampoco el Tribunal aprecia culpa en la vigilancia o ejercicio de los deberes de custodia los padres, y sí únicamente la responsabilidad de la empresa constructora (y de su aseguradora), teniendo en cuenta las circunstancias del siniestro que nos ocupa. El material de obra estaba en un lugar abierto, de tránsito público, junto a una parada de autobús, la calzada y el campo de la feria donde esa misma noche se estaba celebrando una verbena o fiesta del pueblo, con la natural aglomeración de familias y personas. Fue colocado por la empresa demandada por razón de la ejecución de las obras de canalización pública que tenía contratadas. No eran los padres o los viandantes y asistentes a la celebración quienes tenían la obligación de adoptar las medidas de seguridad y protección de dicho material sino la contratista. Se trataba de unos tubos de canalización grandes y pesados, allí apilados, sin ningún cierre, vallado, protección, señalización, ni advertencia de peligro. Aparentaban externamente ausencia de riesgo, cuando encubiertamente sí lo había como demuestran los hechos acaecidos. Los progenitores o el padre estaban cerca. El hecho de que en un momento dado aquélla se subiese o metiese en un tubo, jugando con otros niños, que no personas de más talla y peso ni mayores de edad, tampoco permitía razonablemente hacer pensar que no estuviesen los tubos sujetos o asegurados en el suelo y que pudiesen desmoronarse o romperse. Y las lesiones ni siquiera se produjeron por caída de la niña o cosa por el estilo. 

En consecuencia, no procede reducir la indemnización. 

D) GASTOS MEDICOS. Se desestima el motivo del recurso de la aseguradora demandada sobre los gastos reclamados en la demanda, al considerarse correcta la valoración y decisión sentenciada al respecto. 

Las facturas o justificantes documentales de los gastos están a nombre de la demandante. No todos son de su época de minoridad, sino que también los hay de fechas posteriores a su mayoría de edad. Se demostró que son gastos reales por razón de las lesiones sufridas en el siniestro de litis. Ninguna de las demandadas ha pagado esos concretos gastos. Y si fueron abonados en todo o en parte por los padres de la demandante no altera lo dicho, pues en último extremo resulta claro con lo actuado en el proceso que le habrían cedido el crédito, sin que para su validez y efectividad de la cesión la ley requiera el consentimiento ni conocimiento previo de los deudores o responsables (la notificación es para evitar la liberación del deudor frente al nuevo acreedor si paga al originario después de conocer la cesión: art. 1527 Código Civil).

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