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lunes, 2 de noviembre de 2026

El incendio de un vehículo asegurado que se encuentra estacionado en un taller y cuya causa no queda suficientemente acreditada como externa al vehículo debe considerarse un hecho de la circulación, imponiendo a la aseguradora del vehículo la responsabilidad de indemnizar los daños-

 

La sentencia de la Audiencia Provincial de AP Murcia, sec. 5ª, de 6 de octubre de 2026, nº 263/2026, rec. 334/2025, declara que el incendio de un vehículo asegurado que se encuentra estacionado en un taller y cuya causa no queda suficientemente acreditada como externa al vehículo debe considerarse un hecho de la circulación, imponiendo a la aseguradora del vehículo la responsabilidad de indemnizar los daños derivados, salvo que pruebe causas excluyentes conforme al artículo 1.1 párrafos 2 y 3 TRLRCSCVM.

El tribunal dio parcialmente la razón al actor, reconociendo su legitimación activa a pesar de no haberse aportado prueba fehaciente formal de titularidad, al considerar la valoración conjunta de la prueba extrajudicial y documental suficiente para acreditar que el vehículo estaba bajo su legítima posesión y uso, y que esta posición no fue cuestionada previamente por las aseguradoras.

Se consideró que el incendio constituía hecho de la circulación, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por lo que la aseguradora del vehículo (AXA) debía responder del siniestro salvo que probara causas excluyentes, las cuales no fueron acreditadas. Se desestimó la responsabilidad de la aseguradora del taller por ausencia de implicación demostrada y la naturaleza del siniestro.

En cuanto a la cuantificación, el tribunal determinó que la indemnización debe basarse en el valor de mercado del vehículo siniestrado en lugar del valor venal, por ser este criterio más ajustado a la restitución íntegra del daño sufrido. Por todo ello, se estimó parcialmente el recurso de apelación, revocando la sentencia de primera instancia en la medida en que rechazaba indemnización contra AXA y se confirmó la desestimación frente a la aseguradora del taller.

El fallo fijó doctrina interpretativa sobre legitimación activa y valoración indemnizatoria en siniestro total.

A) Introducción.

1º) Una persona, titular de una furgoneta asegurada por AXA Seguros Generales SA, reclama indemnización por daños ocasionados en un incendio ocurrido en un taller asegurado por Occidente GCO, SAU, en el que se alojaban dos vehículos, iniciándose el incendio en la furgoneta asegurada por AXA y propagándose a la otra.

¿Son responsables AXA Seguros Generales SA y Occidente GCO, SAU de indemnizar los daños causados por el incendio originado en el vehículo asegurado de AXA durante su estancia en el taller asegurado por Occidente, y cuál es el valor indemnizable adecuado para los daños sufridos?.

Se considera responsable a AXA Seguros Generales SA por el siniestro al tratarse de un hecho de la circulación cubierto por el seguro obligatorio, mientras que se descarta la responsabilidad de Occidente GCO, SAU, aseguradora del taller; además, procede indemnizar al actor por el valor de mercado del vehículo siniestrado y no por el valor venal.

La doctrina del Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea establecen que el incendio generado por un vehículo estacionado es un hecho de la circulación; la aseguradora AXA debe probar causas excluyentes para exonerarse, lo cual no ha ocurrido, y la indemnización se fundamenta en el principio de indemnidad que exige compensar el valor de mercado del vehículo conforme a jurisprudencia reciente y artículos 1 y 20 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor.

2º) Conforme a la doctrina consolidada del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el incendio de un vehículo motorizado que se encuentra estacionado (incluso en un taller) constituye un "hecho de la circulación" si el origen del fuego es interno al propio vehículo o su causa no queda suficientemente acreditada como externa.

Inversión de la carga de la prueba: Al catalogarse como hecho de la circulación, la aseguradora del vehículo solo puede exonerarse si prueba de forma fehaciente alguna de las causas excluyentes previstas en el artículo 1.1 (párrafos 2 y 3) del TRLRCSCVM (como la culpa exclusiva de la víctima o fuerza mayor extraña a la conducción y al funcionamiento del vehículo). Al no haber acreditado AXA dichas causas, debe responder del siniestro bajo la cobertura del seguro obligatorio.

3º) El Tribunal determina que la cuantificación de la indemnización debe basarse en el valor de mercado del vehículo siniestrado y no en el valor venal.

- Principio de restitución íntegra: El objetivo de la indemnización es el principio de indemnidad (dejar a la víctima en una situación lo más cercana posible a la que tendría de no haber ocurrido el daño).

- Diferencia de criterios: Mientras que el valor venal es el valor de venta del vehículo justo antes del siniestro (lo que recibiría el propietario si lo vendiera), el valor de mercado (o valor de reposición) incluye los gastos de adquisición, impuestos y márgenes comerciales necesarios para que el afectado pueda adquirir en el mercado de ocasión un vehículo de similares características y antigüedad. Por tanto, este último es el que garantiza la reparación íntegra del daño en supuestos de siniestro total.

B) Antecedentes.

1º) Frente a la sentencia de 11 de noviembre de 2024 que desestimaba íntegramente la demanda se formuló recurso de apelación por la parte demandante, se funda el recurso en la existencia de error en la valoración de la prueba. La sentencia desestima la demanda por considerar que el actor no ha acreditado tener legitimación activa. La sentencia impugnada no valora la responsabilidad de las aseguradoras demandadas. Axa ha sido demandada como entidad con la que el vehículo donde se habría iniciado el incendio había suscrito el seguro obligatorio. Mientras que Occidente GCO, SAU actuaba como asegurador del Taller donde se encontraban ambas furgonetas, la del actor y la asegurada por AXA.

2º) La sentencia impugnada declara que es preciso acreditar "fehacientemente" la titularidad del vehículo siniestrado, considerando el recurrente que de la documental presentada sí constaría suficientemente acreditada su titularidad sobre el vehículo. Concretamente se refiere al documento uno de su demanda, "el informe de pérdida total de Allianz, que como documento número uno acompaña la demanda, no fue impugnado ni en la vista del juicio verbal ni tampoco en las contestaciones a la demanda y recoge todos los datos relacionados con el vehículo, y con el asegurado/ tomador del mismo, conforme al art. 7 de la Ley 50/1980, de Contrato de Seguro…”.

El art. 1 TRLRCSCVM se refiere al perjudicado y no a propietario. De entrada, debe afirmarse que no resulta exigible una prueba fehaciente de la titularidad de un vehículo o de la condición de perjudicado. La legitimación activa puede quedar acreditada a través de una valoración conjunta de la prueba. En este caso ni el actor ni el demandado que le discute la legitimación activa aportan la documental pública relativa a quién aparece en la DGT cómo titular del vehículo. El demandante no lo hace, probablemente porque en las reclamaciones previas a la presentación de la demanda nadie le discutió su condición de titular del vehículo siniestrado.

Sobre esta cuestión razona la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, sec. 1ª, de 3/12/18, que no puede compararse el registro administrativo de la DGT con el Registro de la Propiedad. En el mismo sentido afirma la Sentencia de la sec. 6, de la Audiencia Provincial de Valencia, de nº 89/2015 de 2 Abr. 2015, Rec. 51/2015:

" Dijimos en nuestra sentencia de 16 de enero de 2007 ( ROJ: SAP V 3585/2007 - ECLI:ES:APV:2007:3585), Sentencia: 5/2007 | Recurso: 792/2006 | Ponente: VICENTE ORTEGA LLORCA:

"Tal modo de razonar confunde la propiedad del vehículo con la titularidad administrativa del mismo, que es sólo una anotación en el Registro de la Jefatura de Tráfico, sin trascendencia civil en lo concerniente a la atribución del dominio, que se adquiere por consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición (artículo 609 CC),

(....)

El Registro de Vehículos, tiene carácter meramente administrativo y los datos que figuran en él no prejuzgan las cuestiones de propiedad, cumplimiento de contratos, y, en general, cuantos de naturaleza civil o mercantil puedan suscitarse respecto de los vehículos...".

En este caso, como se ha adelantado, antes de la presentación de la demanda se remitieron por el actor sendas reclamaciones extrajudiciales a los ahora demandados. Constan en autos las respuestas negativas de ambas aseguradoras, pues cada una considera que su asegurado no es responsable del incendio, sino que es la otra compañía. De hecho, Axa formuló respuesta motivada negando su responsabilidad conforme al art. 7.2 y 4 TRLRCSCVM. El documento emitido por Axa -ac.7 - se denomina por ella misma respuesta motivada, expresión que consta en negrita.

Sin embargo, Axa, aseguradora del vehículo donde se habría iniciado el incendio, en la contestación a la demanda, alega que no se ha acreditado la condición de propietario del vehículo al demandante. La contestación no aporta documentación de la DGT o indicio alguno sobre la falta de legitimación del actor.

En este caso, efectivamente, no se acompañó a la demanda el permiso de circulación ni otro documento público o privado de los que resulte la adquisición del vehículo dañado. Si bien, en las reclamaciones previas que el actor y recurrente dirige a los demandados nada se objetó por ellos a este respecto. Además, como dice la sentencia recurrida, el vehículo está rotulado de modo inequívoco y ostensible con el nombre y logotipos del actor. Así aparece en todas las fotografías que las partes han incluido en su dictámenes o documental. El examen de la pericial de la actora, informe emitido para el actor y la aseguradora del vehículo - Allianz - hace constar los datos del vehículo - modelo, matrícula, fecha de matriculación, número de bastidor, así como el número de la póliza de seguro- así como los datos de este, apareciendo como asegurado el actor. Debe destacarse que la respuesta motivada de AXA, ac.7, precisamente hace constar, a la derecha del folio, arriba, la matrícula del vehículo siniestrado, justo debajo el nombre del actor y a continuación su aseguradora -ALLIANZ - y el número de póliza NUM000- . Los datos de ese documento que emitió AXA relativos del asegurador y póliza del vehículo siniestrado coinciden con los que constan en el dictamen -. Es decir, en la contestación a la demanda, ex novo, se introduce este motivo de oposición a la pretensión de indemnización por daños.

Sobre esta cuestión la Audiencia Provincial de Baleares ha declarado que no puede negarse legitimación "ad causam" a la parte actora en un proceso cuando, previamente al mismo, se le ha reconocido - Sentencias, Secc. 3ª, nº 442/2006 de 16 Oct. 2006, Rec. 388/2006, o las de 23 de septiembre de 2004 y 15 de octubre de 2004 -.

Por todo ello, cabe concluir, realizando una valoración conjunta de la prueba, del comportamiento extraprocesal de AXA, así como que no existe dato o indicio en contra de la titularidad del actor que, cuando menos, éste poseía, utilizaba habitual, legítimamente y públicamente el vehículo. Lo que unido a la alegación novedosa de Axa lleva a concluir que el recurrente cuenta con legitimación activa para reclamar la indemnización por los graves daños que la furgoneta sufrió a causa del incendio ocurrido en las instalaciones del Taller Haro Motor.

Procede estimar este motivo del recurso y entrar en el fondo del asunto.

C) Llegados a este punto debe analizarse si los demandados tienen responsabilidad en el siniestro y, por tanto, si las dos aseguradoras o alguna de ellas debe indemnizar los daños sufridos por el vehículo de la actora. El importe de los daños reclamado en la demanda se alega únicamente por AXA la existencia de pluspetición, entiende que la indemnización debe limitarse al valor venal del vehículo. Las dos demandadas niegan su responsabilidad en el incendio. Como se ha dicho Axa ha sido demandada como entidad con la que el vehículo donde se habría iniciado el incendio había suscrito el seguro obligatorio. Mientras que Occident GCO, SAU actuaba como asegurador del taller donde se encontraban ambas furgonetas.

De las periciales obrantes en autos resulta acreditado, todas coinciden, en que el incendio se inició en la furgoneta Peugeot Expert NUM001, asegurada en AXA, que se encontraba estacionada, parada, en las instalaciones del Taller H Motor esperando a ser reparada. En esa misma nave estaba el vehículo siniestrado cuya indemnización se solicita.

Las periciales discrepan sobre las concretas causas que originaron ese incendio del sistema eléctrico del vehículo dentro de la nave en la que estaba depositada. La pericial aportada por Occidente considera que su origen es interno, debido al mal estado de su cableado. Mientras que la pericial de Axa entiende que origen del incendio estaría en que unos roedores, durante su estancia en el taller, habrían mordido el cableado del motor de la furgoneta, concluyendo que se trataría de una responsabilidad del taller.

En primer lugar, procede analizar si el siniestro, el incendio que de la furgoneta Peugeot Expert NUM001, asegurada en AXA, es un hecho de la circulación. De entrada, ya procede avanzar que sí lo es. La consecuencia será que para excluir la responsabilidad de Axa deberá ésta acreditar que concurre algunas de las causas a las que se refiere el art. 1.1 párrafos 2 y 3 TRLRCSCVM.

Se debe concluir que este incendio es un hecho de la circulación en aplicación de la Sentencia de Pleno del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 2019, nº 674/19, rec. 11952015 donde se declara, en aplicación de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el incendio de un vehículo estacionado en el garaje de una vivienda unifamiliar ocasionando daños en el inmueble, es un hecho de la circulación y está dentro de la cobertura que ofrece el seguro obligatorio del automóvil. El TJUE de 20 de junio de 2019 declaró que está comprendida en el concepto de "circulación de vehículos" una situación en la que un vehículo estacionado en un garaje privado de un inmueble comenzó a arder, provocando un incendio que se originó en el circuito eléctrico del vehículo y causó daños en el inmueble, aun cuando el vehículo llevara más de 24 horas parado en el momento en que se produjo el incendio. 

El TJUE afirmó:

"El artículo 3, párrafo primero, de la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad, debe interpretarse en el sentido de que está comprendida en el concepto de "circulación de vehículos" que figura en esta disposición una situación, como la del litigio principal, en la que un vehículo estacionado en un garaje privado de un inmueble y utilizado conforme a su función de medio de transporte comenzó a arder, provocando un incendio que se originó en el circuito eléctrico del vehículo y causando daños en el inmueble, aun cuando el vehículo llevara más de 24 horas parado en el momento en que se produjo el incendio".

Procede concluir conforme a la citada doctrina que el incendio que sufrió el vehículo asegurado en Axa es un hecho de la circulación y por tanto debe responder esta aseguradora de los daños causados salvo que acredite que concurre causa que permita excluir su responsabilidad conforme al art. 1.1 párrafos 2 y 3 TRLRCSCVM.

Esta doctrina del Tribunal Supremo ha sido aplicada en el mismo sentido por la Sentencia de la AP de Murcia, sec. 1ª, de 7 de abril de 2021, resolución que expondrá con más detalle en el Fundamento siguiente.

D) El art. 1.1 párrafos 2 y 3 TRLRCSCVM establece :

"En el caso de daños a las personas, de esta responsabilidad solo quedará exonerado cuando pruebe que los daños fueron debidos a la culpa exclusiva del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo; no se considerarán casos de fuerza mayor los defectos del vehículo ni la rotura o fallo de alguna de sus piezas o mecanismos.

En el caso de daños en los bienes, el conductor responderá frente a terceros cuando resulte civilmente responsable según lo establecido en los artículos 1.902 y siguientes del Código Civil, artículos 109 y siguientes del Código Penal, y según lo dispuesto en esta ley."

Dado que el origen del siniestro se debió al incendio de la Furgoneta Peugeot se trató de un hecho de la circulación y por tanto, en principio, cubierto por el seguro obligatorio. De modo que Axa, para exonerarse de responsabilidad, debe acreditar que se debió totalmente a causas ajenas al estado del vehículo.

Como se desprende de los dictámenes esta furgoneta Peugeot Expert NUM001 tenía al tiempo del siniestro 18 años de antigüedad y problemas con el motor de arranque - esa fue la razón por la que se encontraba en el taller -.

La pericial presentada por Catalana Occidente considera que el fallo eléctrico que originó del incendio se debió al mal estado de los cables, desgaste de la envoltura aislante. Mientras que otro informe, también entiende que el incendio en el vehículo se propició por la intervención de roedores que habrían mordido el cableado del vehículo. Considera que esas mordeduras de roedores tuvieron lugar en el taller.

Ambos peritos han ratificado en el juicio sus informes, negando razón de ciencia al de la parte contraria.

Como se ha dicho resulta indiscutido que el incendio se origina en el vehículo asegurado por AXA. No quedando suficientemente acreditado que el origen del evento dañoso se deba a la intervención de roedores, los indicios que se hacen constar en el informe son insuficientes para tener por cierta y determinante su intervención en el siniestro. No basta con afirmar que en el taller existen cebos anti roedores o que ha apreciado en otro vehículo, que no estaba junto al siniestrado, lo que, a su juicio, serían mordeduras en los cables realizadas por roedores.

No consta suficientemente acreditado que existe una causa externa al vehículo que haya sido el detonante del incendio de la Furgoneta Peugeot Expert NUM001. Es decir, no se ha probado que concurra un hecho que quiebre el nexo causal entre el vehículo asegurado en AXA y el incendio que se inició en esa furgoneta y que, posteriormente, se propagó a otros vehículos.

El actor, el perjudicado, no tiene que probar la causa con creta del incendio. La aseguradora, Axa, si quiere excluir la cobertura de su contrato debe demostrar cumplidamente que el origen es ajeno al riesgo asegurado, art. 217.3 LEC.

Conviene citar sobre esta cuestión, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, sec. 1ª, Sentencia 109/2021 de 7 Abr. 2021, Rec. 478/2020, también respecto a un incendio provocado por un vehículo a motor estacionado, que afirmó - párrafo segundo del Fundamento Primero -:

" el demandante tan sólo debe probar la existencia del incendio causante del daño, eximiéndosele de acreditar la causa concreta que originó el incendio, no considerando que deba distinguirse al respecto sobre si el incendio revistió mayor o menor complejidad, pues se trata de un criterio jurisprudencial establecido en abstracto, de manera que la responsabilidad se genera desde el momento en que existe un nexo causal entre la realidad del incendio y el daño generado por el mismo, sin que corresponda al siniestrado la labor de acreditar su origen, y si la aseguradora demandada considera que el origen del mismo procedía de un elemento extraño a lo cubierto por la póliza, sobre ella pesaba la carga de probarlo, no bastando con introducir interrogantes a partir de las cuales cuestionar el origen del incendio, sino que es necesario que sus alegaciones negando su responsabilidad aseguradora en el siniestro gocen de un firme apoyo probatorio, lo cual consideramos no ha sucedido en el supuesto enjuiciado."

La consecuencia de lo anterior será declarar la responsabilidad de la aseguradora Axa.

E) No cabe la reclamación realizada frente a Occident GCO, SAU.

El Taller Haro Motor tenía suscrito una póliza de seguros con Catalana Occidente que cubría los riesgos de su actividad profesional, es trataba de un seguro denominado multirriesgo. Procede analizar si existe responsabilidad de la aseguradora por la actividad de taller. Para ello debe valorarse la naturaleza del contrato de seguro suscrito, la causa del incendio y la situación de depósito de ambas furgonetas.

Al hilo de un siniestro en que aparecía un seguro multirriesgo de taller y el seguro obligatorio de responsabilidad civil de vehículos a motor se pronunció esta Audiencia, Sección 5ª, Sentencia 145/2021 de 22 Jun. 2021, Rec. 141/2021, si bien referido a un siniestro diferente a un incendio. Esta sentencia ya diferenció el objeto y naturaleza de ambos seguros. En este litigio el aseguramiento que realizaba Catalana cubre los riesgos de una actividad empresarial de taller, mientras que el seguro de Axa ampara los daños derivados de un hecho de la circulación.

En este caso no consta que el taller hubiera realizado actividad alguna de reparación sobre el vehículo tras su entrada en el taller. La furgoneta Peugeot se encontraba depositada en la nave industrial donde se desarrolla la actividad profesional de taller. Como se ha analizado anteriormente no consta acreditado que el taller o su personal tengan intervención causal en el incendio, no se había comenzado la reparación, sino que éste se considera un hecho de la circulación y por tanto no cabe exigir responsabilidad alguna al taller ni a su aseguradora por este siniestro.

Así lo viene declarado de modo reiterado la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales: Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 8ª, Sentencia 355/2021 de 20 Sep. 2021, Rec. 633/2021; Sentencia de la Audiencia Provincial de Les Illes Balears, Sección 4ª, Sentencia 564/2022 de 9 Nov. 2022, Rec. 70/2022; Sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 6 de febrero de 2025, Sentencia: 77/2025, Recurso: 426/2024; SAP de Albacete , Civil sección 1 del 16 de abril de 2026 ( ROJ: SAP AB 324/2026 - ECLI :ES:APAB:2026:324 Sentencia: 218/2026 Recurso: 789/2024; Sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3ª, Sentencia 676/2026 de 2 Jul. 2026, Rec. 308/2025.

Por el contrario, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares, Sección 5ª, Sentencia 465/2024 de 18 Sep. 2024, Rec. 1033/2023, sí apreció responsabilidad del taller cuando se originó en el incendio en un elemento que era una máquina propiedad del taller, calibrador de neumáticos.

Procede desestimar la reclamación realizada frente a Occident GCO, SAU.

F) Indemnización.

El importe de los daños reclamado en la demanda asciende a 4.630,43 euros. La contestación de Axa sostiene que el vehículo propiedad del demandante fue pérdida total y sin embargo se reclama el importe de la reparación afirmando, erróneamente, que ese es el valor de la pérdida total que da el informe que allí se aporta como documento nº 1. El valor venal del vehículo es determinado por la propia documentación que aporta la demanda en 1.500 euros, con un valor de restos de 310 euros, la indemnización que pudiera concederse no debe superar el valor venal del vehículo.

El dictamen que acompañó el actor a su demanda declara que se trata de un vehículo matriculado en el año 2006, con un valor venal de 1500 euros, un valor de reposición o mercado de 3300 euros, siendo el importe de reparación de 4.630,43 euros. También se hace constar como valor de restos dos ofertas una por 200 euros y otra por 310 euros. Folio dos.

Efectivamente, en este caso concurre una diferencia importante entre el precio de la reparación y el valor venal del vehículo. Igualmente, aunque menor, también es relevante la diferencia entre el importe de la reparación y el valor de reposición o mercado. No consta que se haya reparado por el actor.

En el ámbito de las obligaciones extracontractuales, ha de tenerse en cuenta que, en materia de indemnización de daños y perjuicios, el principio rector básico de su alcance no es otro que el de la indemnidad del perjudicado, esto es el restablecimiento de su patrimonio al estado precedente a la producción del daño. Principio de indemnidad que, conforme ha venido declarando reiterada jurisprudencia del TS (STS de 11 de noviembre de 2003 y STS de 29 de marzo de 2001), queda sujeto al régimen legal que determinan los conceptos a indemnizar (artículo 1106 Código Civil) y la extensión de los mismos (artículo 1107 del propio Código) así como la necesidad de cumplida prueba por el perjudicado de la real existencia de los reclamados y su relación causal con el siniestro de que se trate. El límite de la indemnización estará en la prohibición del enriquecimiento injusto.

En este caso, visto los valores que se recogen en la pericial es necesario acudir al valor de mercado frente al valor venal. A fin de indemnizar todos los perjuicios que se derivan de la pérdida del vehículo se le causan al actor.

En casos como el presente de pérdida total del vehículo, el perjudicado tiene derecho a ser indemnizado no por el valor venal de su vehículo de motor, el cual viene determinado en las revistas especializadas única y exclusivamente por su marca, modelo, antigüedad y extras u opciones para la mejora de su confort y de su seguridad, sino que tiene derecho a su indemnización por su valor de mercado. Éste tiene en cuenta, además de los anteriores parámetros, el kilometraje realizado hasta la fecha del accidente, su real estado de conservación y la demanda de dicha marca y modelo de vehículo de motor en el mercado.

Esto es, se debe optar por el valor de mercado del vehículo de motor y no por su valor venal por cuanto que tal valor es el que mejor responde a la realidad del precio o valor de adquisición de un vehículo de motor de similares características, logrando así en la medida de lo posible lograr la total indemnización del perjudicado. En definitiva, el valor de mercado es un valor mucho más ajustado que el valor venal del vehículo de motor siniestrado justo en la fecha en la que ocurrió el accidente.

Este criterio de atender al valor de mercado está siendo acogido por numerosas sentencias, exponen que es más adecuado y resulta conforme a la doctrina del Tribunal Supremo. Así, podemos indicar la sentencia de la sección séptima de la Audiencia Provincial de Asturias de fecha diecinueve del mes de septiembre del año 2.024 afirma que "este criterio se viene manteniendo por esta audiencia provincial, a partir de la reunión, para unificar criterios, mantenida por los presidentes de las distintas secciones civiles de ocho del mes de febrero del año 2.007, se decantó en este tipo de supuestos por estar al criterio del valor de mercado incrementado con un porcentaje de afección que oscilara entre el veinte y veinticinco por ciento, estando justificada esta opción en el hecho de que la finalidad de toda indemnización de daños y perjuicios es la de conseguir la indemnidad de los perjudicados, cubriendo la totalidad del quebranto patrimonial sufrido a consecuencia del acto ilícito de que se trate, y en estos casos la indemnidad exige partir no del valor venal, sino del de mercado pues una cosa es el precio de venta y otro el coste de adquisición que debe incluir normalmente el beneficio industrial de la entidad vendedora que incrementa así el percibido por su dueño anterior".

En igual sentido la sentencia de la sección decimonovena de la audiencia provincial de Madrid de quince del mes de julio del año 2.020, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Ávila, Sentencia 66/2025 de 21 Feb. 2025, Rec. 335/2024.

Este criterio doctrinal se apoya en la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 2.024, la cual, en su fundamento de derecho cuarto denominado "El interés asegurado y el valor venal de los vehículos a motor en casos de siniestro total", afirma que:

"1.- En la póliza de seguro en la que se basa la pretensión ejercitada en la demanda se pactó que en caso de siniestro total del vehículo a partir del sexto año desde la primera matriculación el importe de la indemnización se correspondería con el valor venal. Y el valor de mercado del vehículo siniestrado ha sido fijado en la instancia en la suma de 6.670 euros, habida cuenta de que, cuando se produjo el accidente, el vehículo tenía ya trece años.

2.- La sentencia de pleno 420/2.020 de 14 de julio , que se pronunció sobre el problema de la valoración del vehículo en caso de siniestro total, en relación con el artículo veintiséis de la ley de contrato de seguro, partió de dos premisas:

(i).- El resarcimiento del daño tiene por finalidad devolver el patrimonio del perjudicado (en este caso, asegurado) a la situación en que se encontraría de no haber mediado el acto productor del daño, sin que pueda suponer un beneficio injustificado.

(ii).- En los daños materiales de vehículos a motor, el resarcimiento se obtiene generalmente por medio de la efectiva reparación de los desperfectos en un taller especializado, pero no puede imponerse unilateralmente la reparación en los supuestos de siniestro total cuando su coste sea manifiestamente desproporcionado con respecto al valor del vehículo al tiempo del siniestro.

3.- Junto a tales premisas, la misma sentencia de Pleno estableció que en estos casos no es contrario a derecho que el resarcimiento se lleve a efecto mediante la fijación de una indemnización equivalente al precio del vehículo siniestrado, más una cantidad porcentual, el precio o valor de afección, que comprenderá el importe de los gastos administrativos, dificultades de encontrar un vehículo similar e incertidumbre sobre su funcionamiento, entre otras circunstancias, apreciables por los órganos de instancia en su función valorativa del daño. Y ello, porque los vehículos de motor son bienes perecederos, que se deterioran y agotan con su uso y, por lo tanto, se devalúan con el tiempo, por lo que es habitual que sus dueños se vean obligados a sustituirlos por otros, dándolos de baja o vendiéndolos a terceros, cuando todavía conservan un valor de uso susceptible de transmisión onerosa. Pero, al tiempo, también deben valorarse las dificultades antes señaladas para encontrar otro vehículo en un estado de conservación y uso similar, o la asunción de gastos administrativos y de transacción (valor de afección).

En esta misma línea, antes de la STS de 2024, Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección 5ª, Sentencia 149/2024 de 7 Mar. 2024, Rec. 232/2023, afirmaba que "El valor de mercado o coste de reposición vendría a ser el coste de adquirir un vehículo de similares características al siniestrado (marca y modelo, accesorios, kilometraje, antigüedad.) en el mercado de segunda mano (... .) Cuando la reparación resulta antieconómica como en el presente caso o el propietario no desea repararlo, considera que se debe indemnizar al titular con el «valor de mercado» o con el «valor venal» incrementado con el «valor de afección», siendo el «valor de mercado» la solución más ajustada al principio de resarcimiento íntegro del daño (SAP de Las Palmas de 23/5/2017 )."

Por lo que el actor deberá ser indemnizado en la cantidad de 3.300 euros, valor de mercado, pues ha tenido en cuenta la antigüedad, kilómetros y conservación de la furgoneta, trámites administrativos por la baja del antiguo y los derivados de la adquisición de un nuevo vehículo similar, la dificultad para la sustitución de otro similar en el mercado de segunda mano. Algunos de estos parámetros constan expresamente en el folio dos del informe elaborado por Allianz y presentado junto a la demanda - antigüedad, kilometraje y conservación -. No consta en autos otro informe o documento sobre el valor de la furgoneta del actor al tiempo del siniestro.

En cuanto al valor de restos, en el informe de valoración existen dos presupuestos, no constando a quién se habrían vendido. Por lo que, por prudencia, se toma la valoración de menor importe - 200 euros- que deberán restarse del valor de mercado.

De manera que Axa deberá abonar al actor la cantidad de 3.100 euros.

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domingo, 1 de noviembre de 2026

El importe del IVA no debe considerarse daño efectivo indemnizable si el reclamante es sujeto pasivo del impuesto y puede ser resarcido fiscalmente de las cuotas soportadas.

 

La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, sec. 5ª, de 7 de octubre de 2026, nº 1120/2026, rec. 6716/2024, reitera la doctrina jurisprudencial relativa a que en el ámbito de la cuantificación de la responsabilidad patrimonial el importe del IVA no debe considerarse daño efectivo indemnizable cuando el reclamante es sujeto pasivo de dicho impuesto y está en condiciones de ser fiscalmente resarcido de las cuotas soportadas, ya que la deducción del IVA soportado y la inclusión de este en la indemnización comporta una duplicidad que debe ser corregida.

En tal caso, no se le habría ocasionado ningún daño en este aspecto, satisfaciéndose así precisamente el principio de “restitutio in integrum”.

El importe del IVA no debe considerarse daño efectivo indemnizable en la cuantificación de la responsabilidad patrimonial cuando el reclamante es sujeto pasivo de dicho impuesto y está en condiciones de ser fiscalmente resarcido de las cuotas soportadas, evitándose así un enriquecimiento injusto y respetando el principio de neutralidad del IVA para los empresarios.

El Tribunal Supremo concede parcialmente el recurso de casación interpuesto por la administración y anula en parte la sentencia del tribunal inferior respecto a la inclusión del IVA en la indemnización.

Se reconoce la responsabilidad patrimonial y el derecho a la indemnización de la demandante, pero se excluye expresamente el importe correspondiente al IVA al entender que la empresa, siendo sujeto pasivo del impuesto, tiene derecho a ser resarcido fiscalmente de dichas cantidades, conforme al principio de neutralidad del IVA. Esta exclusión evita un enriquecimiento injusto. Se impone la distribución equitativa de costas entre las partes.

La sentencia reafirma y precisa la doctrina sobre la cuantificación de la responsabilidad patrimonial en relación al tratamiento del IVA, consolidando la interpretación normativa sin modificar sustancialmente la jurisprudencia previa; es una fijación y matización doctrinal relevante para casos futuros.

La sentencia destaca la importancia de mantener la coherencia con el principio de neutralidad fiscal del IVA en el ámbito de la responsabilidad patrimonial, estableciendo claramente que la inclusión del IVA en la cuantía indemnizatoria debe excluirse cuando el reclamante pueda deducir o recuperar dichas cuotas, precisando así los criterios de cuantificación del daño efectivo indemnizable en estos casos.

A) Introducción.

1º) La mercantil Carera, SRL reclamó la devolución del canon pagado por utilización de ciertas carreteras de alta capacidad en Gipuzkoa, alegando responsabilidad patrimonial del Estado debido a la exacción indebida, iniciándose un proceso judicial cuya resolución fue inicialmente favorable, pero con polémica en torno a la inclusión del IVA en la indemnización.

¿Debe considerarse el importe del IVA como daño efectivo indemnizable en la responsabilidad patrimonial cuando el reclamante es sujeto pasivo del impuesto y está en condiciones de ser fiscalmente resarcido de las cuotas soportadas?.

El Tribunal Supremo fija doctrina estableciendo que el importe del IVA no debe considerarse daño efectivo indemnizable si el reclamante es sujeto pasivo del impuesto y puede ser resarcido fiscalmente, configurando así una doctrina jurisprudencial consolidada sobre el particular.

Basándose en la normativa del IVA (arts. 84, 92, 99 y 115 LIVA) y el artículo 32.2 LRJSP, así como en precedentes jurisprudenciales, el Tribunal sostiene que el IVA es un impuesto indirecto que debe ser neutral para los sujetos pasivos empresarios, quienes tienen derecho a deducir o recuperar las cuotas soportadas, y por tanto no sufren un daño efectivo que justifique su inclusión en la indemnización para evitar un enriquecimiento injusto.

2º) El importe del IVA no debe considerarse daño efectivo indemnizable en el ámbito de la responsabilidad patrimonial cuando el reclamante es sujeto pasivo del impuesto y tiene el derecho o la capacidad legal de deducirse o recuperar fiscalmente las cuotas soportadas.

La doctrina del Tribunal Supremo fundamenta esta exclusión en los siguientes pilares jurídicos y económicos:

- Principio de indemnidad (restitutio in integrum): El objetivo de la responsabilidad patrimonial es dejar al lesionado en la misma situación que tendría de no haber existido el daño. Si una empresa se deduce el IVA por la vía fiscal y a la vez lo recibe como indemnización, percibiría el mismo importe dos veces.

- Principio de neutralidad del IVA: El IVA es un impuesto indirecto diseñado para gravar el consumo final. Para los empresarios y profesionales que actúan como sujetos pasivos, el mecanismo de deducción garantiza que el impuesto sea neutral y no suponga un coste real en su cuenta de resultados.

- Prohibición del enriquecimiento injusto: Incluir el IVA deducible en la cuantía indemnizatoria supondría un beneficio económico indebido para el reclamante a costa de las arcas públicas, al obtener una duplicidad en el resarcimiento.

En consecuencia, el IVA solo constituiría un daño efectivo resarcible en aquellos supuestos en los que el reclamante no sea sujeto pasivo (por ejemplo, un consumidor final) o cuando, siéndolo, la normativa fiscal le impida explícitamente la deducción de esas cuotas específicas.

B) Objeto del recurso. De la resolución administrativa y de las sentencias del Juzgado y de la Sala de instancia.

1.1. Es objeto de impugnación en este recurso de casación la sentencia n.º 96/2024, 12 de marzo, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del País Vasco, que estima el recurso contencioso-administrativo n.º 378/2023.

1.2. La resolución impugnada en la instancia de fecha 12 de septiembre de 2022 del Director General de Planificación y Explotación de la Diputación Foral de Gipuzkoa -posteriormente recurrida en alzada- desestimó la reclamación en solicitud de la devolución de 33.590,80 euros abonados en concepto del canon de utilización de determinados tramos de las carreteras de alta capacidad A-15 y N-1, por el perjuicio causado ante la exacción del canon establecido en las Normas Forales 7/2016, de 15 de diciembre, y 6/2018, de 12 de noviembre, por las que se regulaba el canon de utilización de determinados tramos de las carreteras de alta capacidad A-15 y N-I del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

1.3. La sentencia del TSJ establece, en lo que afecta la cuestión casacional que aquí resolvemos, lo siguiente:

«[...] Se cumple, por tanto, la cautela relativa a que la cuestión sobre la vulneración del Derecho de la UE por parte de la norma interna sea el objeto directo y principal de la cuestión de interés casacional objetivo que determine el fallo, es decir, que no sea un obiter dictum. [...]

Se cumple, por tanto, la cautela referida a que el Tribunal Supremo efectivamente declare la vulneración del Derecho de la UE por parte de la norma interna.[...]

Por último, por tanto, se cumple la tercera de las cautelas: la vulneración del Derecho de la Unión Europea se impone con tal evidencia que el Tribunal Supremo no considera necesario el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el TJUE.

Si alguna duda cabía tras la lectura de la sentencia, el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la propia parte que aquí es demandada ha allanado el camino, al haber provocado la aclaración por parte del propio Tribunal Supremo: tras citar el artículo 267 TFUE , declara que la STJUE de 26 de septiembre de 2000, Comisión c. Austria (asunto C-205/98) ECLI:EU:C:2000:493 establece una doctrina «perfectamente extrapolable al caso de autos» y «consideramos que la correcta aplicación del Derecho de la Unión es tan evidente que no deja lugar a ninguna duda razonable y, por ello, no procede plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea».

[...]

«La estimación del recurso lleva a declarar que la resolución recurrida no es conforme a Derecho y, en reconocimiento de la situación jurídica individualizada, condenar a la Diputación Foral de Guipúzcoa a pagar a la demandante los importes acreditados.

Ahora bien, la administración demandada opone, en su contestación a la demanda, que la demandante pretende reclamar importes correspondientes a peajes distintos de los regulados por las Normas Forales en cuestión.

Sin embargo, la administración demandada no propone la cantidad alternativa ni detalla ni discrimina los importes que, según ella, no corresponden a peajes derivados de las Normas Forales anuladas.

Sobre el importe reclamado, la demandante ha aportado una hoja de excel, no contradicha con ningún otro elemento probatorio por la parte demandada.

La administración demandada insiste en que «BIDEGI no puede contrastar esa información si no se le facilitan los números de los dispositivos TAG utilizados por el usuario como medio de pago y las matrículas de los vehículos que hayan realizado los trayectos sujetos al canon». Sin embargo, pudiéndolo hacer como le correspondía, dado que se trata de la prueba de hechos obstativos a la reclamación debidamente deducida y explicada, no ha solicitado como prueba ningún requerimiento a tal efecto.»

C) La viabilidad de la acción de responsabilidad patrimonial de la Administración requiere que se haya producido una lesión real y efectiva, cuya existencia habrá de acreditarse por el perjudicado conforme a la distribución de la carga probatoria regulada por el artículo 217.2 de la LEC, y que, en el caso que nos ocupa, se ve reforzada por el criterio de disponibilidad y facilidad probatoria del apartado 7 del mencionado artículo.

En el presente caso existe una presunción de que el reclamante ha podido recuperar el IVA soportado, y, en virtud de la distribución de la carga y de la disponibilidad y facilidad probatoria antes referida, le correspondía desvirtuar dicha presunción y acreditar que no pudo deducir, compensar o solicitar la devolución del IVA soportado por el canon.

En este sentido se pronunció el Tribunal Supremo con ocasión de determinadas reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de la aplicación del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Hidrocarburos, declarado contrario al Derecho de la Unión Europea. En aquellos casos estimó la inclusión del IVA en la cuantía indemnizatoria solo porque el propio reclamante alegó y acreditó debidamente que se trataba de un empresario cuya actividad quedaba exenta de dicho impuesto [STS, Sala 3ª, de 16 de marzo de 2022 (Recurso 75/2016) y la STS, Sala 3ª, de 30 de junio de 2022 (Recurso 140/2018)]: [...]

En el presente caso, sin embargo, la demandante en modo alguno ha acreditado en vía administrativa ni judicial que no pudo resarcirse del IVA soportado, por lo que no procede incluir el importe de IVA en la cuantía indemnizatoria.

[...] Con arreglo a la interpretación que defendemos, el recurso de casación ha de ser estimado y anulada la sentencia recurrida para que, en su lugar, se estime parcialmente el recurso contencioso-administrativo sin incluir el importe correspondiente al IVA en la indemnización reconocida [...].»

D) La doctrina jurisprudencial establecida en relación con la cuestión de interés casacional planteada.

1º) Tal y como hemos referido anteriormente, el auto de admisión del recurso plantea como cuestión que presenta interés casacional la consistente en «[...] reafirmar, reforzar, complementar, y, en su caso, matizar, nuestra jurisprudencia sobre los criterios de cuantificación de la responsabilidad patrimonial y, en concreto, determinar si el importe del IVA debe considerarse daño efectivo indemnizable cuando el reclamante es sujeto pasivo de dicho impuesto y está en condiciones de ser fiscalmente resarcido de las cuotas soportadas. [...]».

Y a tal efecto, el citado auto identifica como normas que, en principio, serán objeto de interpretación: el artículo 32.2 LRJSP  y los arts. 84, 92, 99 y 115 LIVA.

2º) La cuestión que se plantea en este recurso se centra exclusivamente en determinar si el importe del IVA debe considerarse daño efectivo indemnizable cuando el reclamante es sujeto pasivo de dicho impuesto y está en condiciones de ser fiscalmente resarcido de las cuotas soportadas.

3º) El marco normativo a tener en cuenta para resolver la cuestión casacional planteada es el siguiente:

a) El artículo 84 LIVA establece que:

«serán sujetos pasivos del Impuesto «las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de empresarios o profesionales y realicen las entregas de bienes o presten los servicios sujetos al Impuesto [...].»

b) El artículo 92 LIVA  establece que 

«los sujetos pasivos podrán deducir de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido devengadas por las operaciones gravadas que realicen en el interior del país las que, devengadas en el mismo territorio, hayan soportado por repercusión directa o correspondan a las siguientes operaciones [...].»

c) El artículo 99.cinco LIVA señala que 

«Cuando la cuantía de las deducciones procedentes supere el importe de las cuotas devengadas en el mismo periodo de liquidación, el exceso podrá ser compensado en las declaraciones-liquidaciones posteriores, siempre que no hubiesen transcurrido cuatro años contados a partir de la presentación de la declaración-liquidación en que se origine dicho exceso».

d) El artículo 115.uno LIVA  dispone que 

«Los sujetos pasivos que no hayan podido hacer efectivas las deducciones originadas en un período de liquidación por el procedimiento previsto en el artículo 99 de esta Ley, por exceder la cuantía de las mismas de la de las cuotas devengadas, tendrán derecho a solicitar la devolución del saldo a su favor existente a 31 de diciembre de cada año en la autoliquidación correspondiente al último período de liquidación de dicho año [...].»

4º) Esta Sala se ha pronunciado ya en diversas ocasiones respecto de la cuestión jurídica de interés casacional que se suscita en este recurso. En concreto -y fundamentalmente- en nuestras STS de 24 de enero de 2018 (Rcas 2291/2016) y STS de 10 de marzo de 2026 (Rcas 5128/2024 y 7924/2024, en asuntos análogos al presente); y, sensu contrario, en nuestras STS de 16 marzo de 2022 (Rc 75/2016)  y STS de 30 de junio de 2022 (Rc 140/2018).

Señalaba nuestra STS de 24 de enero de 2018 (Rcas 2291/2016), en doctrina que debemos aquí reiterar:

«Mayores problemas genera incluir en la indemnización las cuotas del IVA soportado en las facturas abonadas por la perjudicada, que se incluyen por la Sala de instancia en este apartado de demolición e incluso el argumento deberá extenderse al impuesto soportado en las facturas por los gastos en la construcción, que son la base para la determinación de la indemnización .

No cabe dudar, era obligado, que la perjudicada ha satisfecho las cuotas del IVA que se habían incluido, como era también obligado, en las facturas que le habían sido emitidas por los empresarios terceros que intervinieron, no solo en las obras de demolición, sino también de construcción. Así se acepta por todas las partes. Ahora bien, partiendo de que la perjudicada es, a su vez y como quienes le exigieron el IVA en sus facturas, un "empresario", en el sentido a que se refiere el artículo 84 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA; es indudable que por la misma estructura de este Impuesto indirecto que grava el consumo, la propia perjudicada tenía derecho a deducirse ese IVA soportado, de conformidad con lo que le autoriza el artículo 92 de la mencionada Ley, repercutiéndolo en los IVA que incluyó en las facturas por ella expedidas.

Es decir, la perjudicada, en cuanto que empresaria, tenía derecho a la deducción del IVA soportado con ocasión de los IVA que debía percibir de los adquirentes finales del producto, esto es, de las viviendas. Se constituye así uno de los principios básicos de este Impuesto indirecto, el de la neutralidad para los empresarios, para los sujetos pasivos, en cuanto el mismo no debe suponer gastos ni ingresos para los agentes económicos en la producción de bienes y servicios, siendo el consumidor final el que debe soportarlo. Para ello es clave en la configuración del Impuesto la deducción por los sujetos pasivos, los empresarios, que es inmediata porque nace en el mismo momento en que se devengan las cuotas deducibles. Ello quiere decir que el nacimiento del derecho a la deducción de las cuotas soportadas por la empresa perjudicada con ocasión de la construcción de los inmuebles demolidos coincide con el momento en que se devengaron las cuotas deducibles, en el mismo momento en que fueron repercutidos por los empresarios o profesionales que llevaron a cabo la construcción de los inmuebles. Lo mismo sucede con respecto a la deducción de las cuotas soportadas por la empresa perjudicada con ocasión de la demolición de los inmuebles, puesto que el derecho a la deducción coincide con el momento en que se devengaron las cuotas deducibles, en el mismo momento en que fueron repercutidos.

Y nada obsta a esa estructura del Impuesto que en el caso de los costes de demolición no existiera un consumidor final, porque si en el cómputo del ejercicio de los IVA soportados y repercutidos, existe una diferencia negativa, la compensación podrá realizarse en periodos sucesivos o, en su caso, la devolución por la Hacienda Pública.

En suma, garantizada la deducción del IVA incluido en las facturas que hayan de tomarse en consideración para determinar el importe de la indemnización procedente, la inclusión del mismo comporta una duplicidad que debe ser corregida y, por tanto, los importes del IVA soportado por la perjudicada no pueden ser incluidos en la indemnización a que tiene derecho».

Y, en el mismo sentido, las STS de 16 marzo de 2022 (Rc 75/2016) y STS de 30 de junio de 2022 (Rc 140/2018), en las que esta Sala, con ocasión de determinadas reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de la aplicación del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Hidrocarburos, declarado contrario al Derecho de la Unión Europea, estimamos la inclusión del IVA en la cuantía indemnizatoria, pero solo porque el propio reclamante alegó y acreditó debidamente que se trataba de un empresario cuya actividad quedaba exenta de dicho impuesto (así se recoge en el fundamento cuarto y quinto respectivamente de dichas sentencias).

5º) Esta doctrina, que debe aquí mantenerse, parte de la propia regulación del IVA de la que se desprende que es un impuesto indirecto que grava el consumo final de bienes y servicios, y que no debe ser soportado económicamente por quien desarrolla una actividad económica, para quien dicho impuesto debe resultar neutral.

Así, este carácter neutral del impuesto determina que si el recurrente tiene la condición de «empresario» sujeto al IVA, debemos concluir que el importe correspondiente al IVA no debe considerarse daño efectivo indemnizable, cuando el reclamante tiene efectivamente derecho a resarcirse fiscalmente de ese IVA soportado (verificado aquí con el pago del canon). En tal caso, no se le habría ocasionado ningún daño en este aspecto, satisfaciéndose así precisamente el principio de restitutio in integrum.

Y es que, en línea de principio, garantizada en estos términos la deducción del IVA soportado, la inclusión de este en la indemnización comporta una duplicidad que debe ser corregida y, por tanto, los importes del IVA soportado por la perjudicada no pueden ser incluidos en la indemnización a que tiene derecho.

6º) Por tanto, y en línea con nuestra doctrina expuesta, debemos dar respuesta a la cuestión planteada por la Sección de Admisión fijando la siguiente doctrina:

En el ámbito de la cuantificación de la responsabilidad patrimonial el importe del IVA no debe considerarse daño efectivo indemnizable cuando el reclamante es sujeto pasivo de dicho impuesto y está en condiciones de ser fiscalmente resarcido de las cuotas soportadas.

E) De la aplicación de la doctrina expuesta a la decisión del asunto litigioso.

1º) La sentencia impugnada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco reconoce la indemnización solicitada en los términos de fallo, pero incluye en ella el IVA en virtud del principio de restitutio in integrum.

El demandante es una empresa dedicada al transporte de mercancías por carretera, y, por tanto, tiene la condición de empresario sujeto al IVA. Así conforme a la doctrina expuesta, debemos concluir que el importe correspondiente al IVA no debe considerarse daño efectivo indemnizable, puesto que la actora tenía derecho, entre otros, a deducirse ese IVA soportado con el pago del canon, con ocasión del IVA que debía percibir de los destinatarios de su servicio de transporte, por lo que no se le ha producido ningún daño.

2º) Pues bien, conforme a lo expuesto, la sentencia recurrida en casación no se ajusta a nuestra doctrina jurisprudencial lo que obliga a estimar el recurso de casación y a casar parcialmente la sentencia impugnada por no ser conforme a Derecho exclusivamente en lo relativo a la inclusión del IVA en el concepto de indemnización conforme a lo expuesto en el Fundamento de Derecho quinto.

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domingo, 25 de octubre de 2026

En un seguro de nave industrial la indemnización por pérdida de alquileres debe calcularse conforme al interés asegurado inmediatamente anterior al siniestro, respetando el límite temporal máximo de doce meses previsto en la póliza.

 

La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, sec. 1ª, de 10 de septiembre de 2026, nº 1411/2026, rec. 914/2022, declara en un seguro de nave industrial, que la indemnización por pérdida de alquileres debe calcularse conforme al interés asegurado inmediatamente anterior al siniestro.

En un seguro de daños sobre un inmueble arrendado, la indemnización por pérdida de alquileres debe fijarse conforme al valor del interés asegurado inmediatamente anterior al siniestro, correspondiendo la indemnización al plazo máximo de duración previsto contractual y no vinculado a la posterior venta del inmueble que extinga la propiedad del asegurado.

Debe considerarse que la extinción del contrato de arrendamiento se produjo a consecuencia del incendio y no por la venta posterior del inmueble.

La sala de casación otorga la razón a la parte asegurada, considerando que el interés asegurado corresponde al derecho a percibir alquileres establecido en el contrato vigente inmediatamente antes del incendio.

La extinción del arrendamiento se produjo como consecuencia directa del siniestro (incendio y destrucción de la nave), no por la posterior venta del inmueble. Por tanto, la indemnización debe calcularse conforme al valor de dicho interés inmediatamente anterior al siniestro, respetando el límite temporal máximo de doce meses previsto en la póliza.

Se revoca la sentencia de apelación que redujo la indemnización al período hasta la venta y se confirma en parte la de primera instancia que fijó la indemnización sobre el interés asegurado. Se establece que la aseguradora debe abonar la cantidad reclamada proporcionalmente hasta concluir el límite contractual, con intereses legales desde la fecha señalada.

El Tribunal Supremo reafirma el criterio doctrinal sobre la determinación del daño conforme al interés asegurado, fijando claridad jurisprudencial respecto a la temporalidad del derecho indemnizable frente a transmisiones posteriores del bien asegurado.

Esta sentencia clarifica que en los seguros de daños que cubren pérdida de alquileres, la indemnización debe calcularse en función del interés asegurado vigente inmediatamente antes del siniestro, y que la extinción de la propiedad posterior al siniestro no anula el derecho indemnizatorio dentro del límite temporal acordado, distinguiendo claramente la extinción del arrendamiento vinculada al siniestro de la venta posterior del bien.

A) Introducción.

1º) Una empresa propietaria de una nave industrial aseguró contra incendio y pérdida de alquileres, sufrió un incendio que destruyó la nave, posteriormente la arrendataria extingue el contrato por dicha destrucción y la empresa vende el terreno; se disputa la indemnización por pérdida de alquileres durante el período máximo estipulado de cobertura.

¿Debe determinarse la indemnización por pérdida de alquileres atendiendo al interés asegurado inmediatamente anterior al siniestro o al momento posterior a la venta del inmueble afectado?.

Se determina que la indemnización debe calcularse conforme al interés asegurado inmediatamente anterior al siniestro, considerando que la extinción del contrato de arrendamiento se produjo a consecuencia del incendio y no por la venta posterior del inmueble.

Con base en el artículo 26 de la Ley de Contrato de Seguro, el daño indemnizable debe definirse por el valor del interés asegurado antes del siniestro, siendo este interés la relación económica vigente entre el arrendador y la nave arrendada, que se perdió por el siniestro cubierto y no por la posterior venta del terreno.

2º) Claves de la resolución judicial:

- Causa de la extinción: La pérdida del derecho a percibir las rentas se produjo como consecuencia directa del incendio (destrucción de la nave), y no por la venta posterior del terreno.

- Límite contractual: La aseguradora debe abonar la cantidad reclamada de forma proporcional hasta cubrir el límite temporal máximo de doce meses previsto en la póliza, sin que la transmisión del bien interrumpa este plazo.

- Aplicación del artículo 26 LCS: El daño indemnizable se define por el valor de la relación económica existente justo antes del accidente. Los actos de disposición posteriores sobre el suelo no minoran el daño ya causado al interés asegurado.

B) Cuestión controvertida y resumen de antecedentes.

1. En un seguro contra daños sobre inmuebles, referido a una nave industrial arrendada, que garantiza la pérdida de alquileres como consecuencia de un siniestro cubierto por la póliza (en el caso, el incendio de la nave industrial), se plantea la controversia sobre la determinación del daño indemnizable a resultas del incendio de la nave arrendada y la posterior venta del terreno con los restos del incendio, venta que se produjo durante el período de duración máxima de la cobertura por pérdida de alquileres . Se trata, pues, de la aplicación del art. 26 LCS, según el cual el daño indemnizable debe determinarse por el valor del interés asegurado inmediatamente anterior al siniestro.

2. Para la resolución del presente recurso de casación interpuesto por la parte demandante, debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia y que guardan relación con lo que es objeto de recurso.

(i) El 28 de septiembre de 2012, Vicolozano Explotaciones y Concesiones S.L.U. (en adelante, «Vicolozano») compró por 4.177.500 euros una nave industrial en el polígono de Vicolozano (Ávila) a Sofinsa y se subrogó en el contrato de arrendamiento (de 18 de mayo de 2007, modificado el 1 de diciembre de 2011) existente con Luxtor S.A.

A esta arrendataria sucedió Ornua Ingredientes España S.L. (en lo sucesivo, «Ornua»).

El contrato de arrendamiento tenía una duración obligatoria hasta el año 2032.

(ii) El 24 de octubre de 2015, Vicolozano suscribió una póliza de seguro denominada «Multirriesgo industrial» con la compañía Reale Seguros Generales S.A. (de ahora en adelante, «Reale»), para asegurar la nave industrial en caso de incendio, entre otros riesgos. El capital garantizado en caso de incendio por el continente (es decir, la propia nave industrial) era de 5.328.750 euros y -como garantía suplementaria- por pérdida de alquileres hasta 532.875 euros (con un máximo de 12 meses).

En las condiciones generales de la póliza, su art. 1 (titulado «Preliminar»), en el apdo. 3 «Definiciones y conceptos», establece:

«Período de indemnización: Periodo de tiempo que, con el límite de duración máximo fijado en las Condiciones Particulares de la Póliza, se inicia en la fecha de acaecimiento de un siniestro y se extiende en tanto se mantenga una paralización, total o parcial, de la actividad de la empresa, que afecte a los resultados de la explotación.

»Perjuicio: Pérdida económica consecuencia directa de los daños personales o materiales sufridos por el reclamante de dicha pérdida.»

Y el art. 4 (bajo el título «Garantías»), en el epígrafe «Garantía 2.ª. Garantías suplementarias», entre otros extremos, determina:

«4. Pérdida de alquileres.

»Se garantiza la pérdida de los ingresos por alquiler del edificio o local descrito en las Condiciones Particulares, como consecuencia de un siniestro cubierto por la póliza, siempre que esté asegurado el continente y que el local esté cedido en alquiler mediante contrato vigente en el momento inmediato anterior a la ocurrencia del siniestro.

»Límite de indemnización: Se establece un límite de indemnización por siniestro para esta cobertura del 10 % del capital de continente, y con una duración máxima de 12 meses».

(iii) El 5 de noviembre de 2017, sobre las 2:40 h. de la madrugada, se produjo un incendio en la nave industrial propiedad de Vicolozano, que estaba arrendada a Ornua.

(iv) El 30 de noviembre de 2017, la arrendataria Ornua envió una carta a Vicolozano en la que daba por extinguido el contrato de arrendamiento , y alegaba como causa de la extinción contractual la destrucción del objeto arrendado (la nave industrial).

El 6 de febrero de 2018, Vicolozano firmó el recibo de pago a cuenta hecho por Reale del importe anunciado de 1.560.000 euros. El 12 de julio de 2018, Reale abonó otro pago de 1.716.458,12 euros; hasta los 3.276.458,12 euros; adeudados.

(v) El 16 de febrero de 2018, Vicolozano vendió a Ornua el terreno y los restos del incendio por un precio de 2.500.000 euros.

(vi) El perito de la aseguradora Reale aceptaba casi la totalidad de los daños, pero entendía que dos partidas quedaban excluidas de la cobertura de la póliza. Por cuanto interesa al objeto del presente recurso (la pérdida de alquileres ), este perito consideró que procedía indemnizar a Vicolozano por 3 meses y 15 días de pérdida de alquileres (105.670,73 euros), en atención al período desde que ocurrió el siniestro (el 5 de noviembre de 2017) hasta que Vicolozano vendió la nave a Ornua (el 16 de febrero de 2018).

3. El 29 de octubre de 2018, Vicolozano interpuso la demanda contra Reale que ha dado lugar al presente procedimiento. En esta demanda se pedía al juzgado que condenase a Reale al pago de la cantidad de 768.152,11 euros, con el siguiente desglose:

(i) 10.193,43 euros por no abonar en el plazo de 40 días el importe mínimo del daño conocido (art. 18 LCS);

(ii) 34.031,94 euros por no abonar en el plazo de tres meses la indemnización;

(iii) 379.898,64 euros por 12 meses de pérdida de alquileres ;

(iv) 344.028,10 euros por los gastos inherentes a la construcción de la nave que forman parte de su valor real.

4. El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 4 de Pozuelo de Alarcón (procedimiento ordinario n.º 568/2018). Reale se opuso a la demanda y solicitó su desestimación.

5. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 4 de Pozuelo de Alarcón dictó la sentencia n.º 172/2019, de 17 de diciembre, que estimó la demanda y condenó a Reale a pagar a Vicolozano 723.926 euros, más los intereses y las costas.

Por cuanto interesa al objeto del presente recurso (la cobertura por pérdida de alquileres ), el juzgado concedió la totalidad de la indemnización solicitada (379.898,64 euros), al rechazar la tesis de la aseguradora, que vinculaba la indemnización al mantenimiento de la propiedad de la finca por parte de la actora. El juzgado argumentó que el hecho que ocasionó la pérdida de los alquileres fue la destrucción de la nave por el incendio, y no la venta del terreno por la asegurada Vicolozano. Así, el juzgado consideró que la arrendataria Ornua se amparó en el art. 28.a) de la Ley de Arrendamientos Urbanos, para dar por extinguido el contrato mediante carta de 30 de noviembre de 2017.

El juzgado también apreció que el perito de la aseguradora demandada había declarado en juicio que era imposible que la reconstrucción de la nave se efectuara en el plazo de 12 meses. Éste es el período máximo de indemnización por pérdida de alquileres previsto en la correspondiente cláusula de la póliza de seguro.

En cuanto a los intereses del art. 20 LCS, el juzgado decidió que se devengaban respecto de las partidas en las que había disconformidad entre las partes, pues entendió que la oposición de la demandada no estaba justificada; pero no impuso estos intereses respecto del importe en que se conformaron, por ser pagado en plazo u ofrecido dentro de plazo con una negativa a su aceptación por la demandante que el juzgado no consideró razonable.

6. Reale recurrió en apelación la sentencia de primera instancia, con la alegación de que había infringido: (i) el art. 26 LCS, respecto de la indemnización concedida por pérdida de alquileres ; (ii) los arts. 3 y 26 LCS, en relación con la indemnización por costes del proyecto, dirección de obra y licencias; (iii) los arts. 28 y 30 LCS, respecto de la indemnización por no abonar en el plazo de 40 días el importe mínimo del daño conocido; (iv) el art. 20 LCS , con referencia a las partidas en las que existía disconformidad; y (v) el art. 394 LEC respecto de la condena en costas.

Por su parte, Vicolozano impugnó la sentencia de primera instancia, en cuanto a que no se pronunció sobre que la partida de gastos inherentes a la construcción de la nave forma parte de su valor real.

7. La Audiencia Provincial de Madrid (Sección 11.ª) en su sentencia de 28 de octubre de 2021 (subsanada y aclarada por auto de 20 de diciembre de 2021), estima el recurso de apelación de Reale, desestima la impugnación de Vicolozano, revoca en parte la sentencia del juzgado y estima en parte la demanda de Vicolozano, en el sentido de condenar a Reale a pagar a Vicolozano la cantidad de 105.680,73 euros, cantidad a la que ya se allanó Reale y que ya había consignado. Impone a Vicolozano las costas derivadas de su impugnación, sin imponer a ninguna de las partes las costas de la primera instancia ni las causadas por el recurso de apelación.

Como fundamento de su resolución, y por cuanto interesa a los efectos del único motivo admitido del recurso de casación (la determinación de la indemnización concedida por pérdida de alquileres ), la audiencia provincial entiende que lleva razón la aseguradora Reale, por cuanto la garantía comprende los alquileres dejados de percibir por la propietaria asegurada Vicolozano, «de manera que cuando deja de ser propietaria por haber transmitido la nave, ya no hay perjuicio por impago de rentas, porque no tendría derecho alguno a su percepción».

La audiencia provincial sostiene que se aplicaría la garantía en el máximo temporal de 12 meses si la asegurada hubiera seguido siendo la propietaria. Considera que la paralización de la actividad de la empresa se produjo durante los tres meses y medio desde que se produjo el siniestro y hasta que se realizó la venta, por lo que no cabe computar ninguna paralización de la actividad de la asegurada Vicolozano, cuando la nave ya no es suya. Desde entonces deja de ser arrendador y, en consecuencia, ya no tiene derecho a cobrar alquiler alguno, y sí al precio de la venta. Esta paralización supone un total de 105.670,73 euros, y la aseguradora se allanó y consignó esta cantidad. La audiencia provincial concluye que «todo lo que exceda de esos tres meses y medio admitidos por Reale no son más que sueños de ganancia, carentes de toda realidad».

8. Frente a la sentencia de apelación, Vicolozano formula un recurso de casación, articulado en tres motivos, de los que tan sólo se ha admitido el primero.

C) Motivo primero del recurso de casación.

1. Planteamiento. Al amparo del art. 477.1 LEC, este motivo denuncia «la infracción del artículo 26 de la Ley de Contrato de Seguro según el cual el daño debe determinarse por el valor del interés asegurado inmediatamente anterior al siniestro».

En el desarrollo del motivo la recurrente alega que, como valoró la sentencia de primera instancia, el arrendamiento no se extinguió por la venta del terreno a la arrendataria, realizada meses después del siniestro, sino por la destrucción de la nave por el incendio, y es en dicho momento en el que ha de establecerse el daño en aplicación del art. 26 LCS. Por ello la recurrente combate la tesis de la sentencia de apelación, que consideró que la venta del inmueble produjo la extinción del arrendamiento y la pérdida de alquileres .

2. Resolución del tribunal. Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

El presente caso se refiere a un seguro contra daños sobre inmuebles, concretamente una nave industrial, que cubre también, como interés asegurado, las rentas o alquileres a cuya percepción tenía derecho la propietaria-arrendadora de la nave industrial (Vicolozano), a resultas del contrato de arrendamiento celebrado con la arrendataria Ornua, cuya vigencia se extendía obligatoriamente hasta el año 2032.

Concretamente, la cláusula contenida en el art. 4 (bajo el título «Garantías») de las condiciones generales de la póliza, en el epígrafe «Garantía 2.ª. Garantías suplementarias», establece lo siguiente:

«4. Pérdida de alquileres.

»Se garantiza la pérdida de los ingresos por alquiler del edificio o local descrito en las Condiciones Particulares, como consecuencia de un siniestro cubierto por la póliza, siempre que esté asegurado el continente y que el local esté cedido en alquiler mediante contrato vigente en el momento inmediato anterior a la ocurrencia del siniestro.

»Límite de indemnización: Se establece un límite de indemnización por siniestro para esta cobertura del 10 % del capital de continente, y con una duración máxima de 12 meses».

El mismo art. 4 de las condiciones generales, en su apdo. 4.1, incluye el incendio como el primero de los siniestros cubiertos (o garantías contratadas) por la póliza.

Se trata, pues, de la cobertura aseguradora por la pérdida de alquileres , en virtud de la cual se indemniza al arrendador de la nave industrial por las rentas o alquileres que deje de percibir a consecuencia de un siniestro cubierto por la póliza (en este caso, incendio). La cláusula contractual sólo exige que la nave industrial (el continente) esté asegurada y que su uso esté cedido por un contrato de alquiler que esté vigente en el momento inmediatamente anterior al acaecimiento del siniestro. La indemnización queda limitada en el aspecto cuantitativo (el 10 % del capital del continente) y en la vertiente temporal (con una duración máxima de 12 meses).

Son, asimismo, hechos incontrovertidos que el 5 de noviembre de 2017 acaeció el incendio de la nave industrial arrendada, y este siniestro causó la destrucción total de la nave. El 30 de noviembre de 2017, la arrendataria Ornua envió una carta a la arrendadora Vicolozano en la que le comunicaba la extinción del contrato de arrendamiento , y alegaba como causa de esta extinción contractual la destrucción de la nave industrial arrendada. Y el 16 de febrero de 2018, Vicolozano vendió a Ornua el terreno y los restos del edificio.

3. Respecto a la determinación del daño indemnizable, el art. 26 LCS, en su inciso segundo), establece un doble criterio objetivo y temporal, en los siguientes términos:

«[...] Para la determinación del daño se atenderá al valor del interés asegurado en el momento inmediatamente anterior a la realización del siniestro.»

La clave, pues, reside en el interés asegurado. En efecto, el interés del asegurado en el bien expuesto al riesgo constituye el objeto del seguro. Por esta razón, el interés asegurado es un elemento esencial del contrato de seguro. Así lo ha afirmado esta sala en la sentencia n.º 681/1994, de 9 de julio, al señalar que:

«en los seguros de daños, el interés del asegurado a la indemnización procedente por consecuencia del riesgo que se asegura viene a ser requisito esencial para la validez del contrato».

En este sentido se expresa también la sentencia del pleno de la sala n.º 338/2023, de 1 de marzo. A este respecto, destaca que el art. 8.I.2 LCS exige, entre las menciones mínimas del contrato de seguro, que se especifique «el concepto en el cual se asegura». Y recuerda que la Ley de Contrato de Seguro se refiere al interés asegurado en las disposiciones generales de la regulación de los seguros contra daños. Éstas se inician con el art. 25 LCS, según el cual «... el contrato de seguro contra daños es nulo si en el momento de su conclusión no existe un interés del asegurado a la indemnización del daño». Y como ya hemos indicado, el art. 26 LCS en su segundo inciso ordena que, para la determinación del daño, se atienda al valor del interés asegurado en el momento inmediatamente anterior a la realización del siniestro.

Aunque la ley no define el interés asegurado, la jurisprudencia ha precisado este concepto: es la relación económica que existe entre un sujeto (el asegurado) y un bien o derecho, que tiene un valor económico, y que, a consecuencia de un evento o suceso determinado, puede sufrir una disminución, lesión o pérdida, que ha de ser resarcida por la indemnización del seguro.

A este respecto, la sentencia de esta sala del TS n.º 997/2002, de 23 de octubre (con cita de la sentencia de 16 de mayo de 2000), declara que:

«en el ámbito del Derecho de seguro el interés viene constituido por la relación económica existente entre un sujeto y un bien que constituye el objeto cubierto por la póliza».

Y la sentencia del pleno de la sala de lo Civil del TS n.º 338/2023, de 1 de marzo, añade:

«El interés económico que una persona ostenta en que no se produzca el siniestro, constituye objeto legítimo de cobertura en el contrato de seguro de daños, cuya razón de ser radica precisamente en obtener el resarcimiento concreto de la lesión del interés (id quod interest). De esta manera, el siniestro es la realización del riesgo y la lesión del interés asegurado.

El interés guarda íntima relación con el riesgo.

Sin la existencia de un interés legítimo sobre una cosa sometida a un riesgo no nace el seguro de daños ni, por lo tanto, se generan sus prototípicos efectos. Desde esta perspectiva, aseguramos las cosas sobre las que tenemos interés para preservarnos de los siniestros que las dañen.»

4. En el presente caso, es clara la existencia del interés asegurado, por la relación económica que hay entre el arrendador Vicolozano y la nave industrial arrendada a Ornua. Este interés tiene un valor económico-patrimonial que se cifra en los alquileres a cuya percepción tiene derecho el arrendador Vicolozano, si bien en la póliza de seguro se limita temporalmente con una duración máxima de 12 meses. Resulta, pues, indiscutible que el interés asegurado existe en el momento de la conclusión del contrato y, asimismo, que dicho interés subsiste en el momento de la producción del daño.

Es la pérdida o lesión de ese valor del interés, a consecuencia de un riesgo cubierto, la que ha de ser resarcida por la indemnización del seguro.

El riesgo es el peligro de que se produzca un siniestro: esto es, la posibilidad de que acontezca un evento o suceso que genere un daño o provoque una necesidad. El riesgo es presupuesto de la causa del contrato, que está vinculada a su función indemnizatoria. Por ende, el riesgo deviene también elemento esencial del contrato de seguro.

En el caso que nos ocupa, el siniestro consistente en el incendio de la nave industrial, que provoca su total destrucción, es la causa de la extinción del contrato de arrendamiento , y dicha extinción del arrendamiento es la que provoca la pérdida de los alquileres , cuya percepción por el arrendador es el interés asegurado. Por consiguiente, la pérdida de alquileres deriva de un riesgo cubierto en la póliza.

Es un hecho acreditado que la arrendataria Oruna comunicó a la arrendadora Vicolozano, mediante carta de 30 de noviembre de 2017, que daba por extinguido el contrato de arrendamiento, alegando como causa de extinción contractual la destrucción de la nave industrial.

Así pues, la pérdida de alquileres por la arrendadora (que es el interés asegurado) se produce por la extinción del contrato de arrendamiento , y esta extinción contractual ha sido causada por la destrucción de la nave industrial a consecuencia del incendio que tuvo lugar el 5 de noviembre de 2017.

Por tanto, resulta incorrecta la valoración que realiza la audiencia provincial. En el presente caso, la extinción del contrato de arrendamiento (el 30 de septiembre de 2017) no se produce por la venta de la finca el 16 de febrero de 2018, y la consiguiente pérdida de su propiedad por el vendedor. En realidad, y como ya se ha expuesto, el contrato de arrendamiento se extinguió (y con dicha extinción se produjo la pérdida de alquileres ) a resultas del acaecimiento del siniestro (el incendio cubierto como riesgo en la póliza de seguro) que provocó la destrucción de la nave industrial.

Otro dato que conduce a la conclusión de que el contrato de arrendamiento de la nave industrial no se extinguió por la posterior venta es que el objeto de uno y otro contrato eran distintos: en el arrendamiento era, obviamente, la nave industrial; mientras que la venta tuvo por objeto el terreno con los restos de incendio. Por otra parte, resulta irrelevante que la compradora fuera la anterior arrendataria.

En conclusión: es claro el interés del que es titular el arrendador Vicolozano en este seguro de cosas (seguro contra daños sobre la nave industrial arrendada) y que consiste en el derecho a la percepción de los alquileres . En aplicación del segundo inciso del art. 26 LCS, el daño queda predefinido y determinado en el momento inmediatamente anterior a la realización del siniestro, y se cifra en la pérdida o lesión del valor económico (la pérdida de alquileres ) derivada de la imposibilidad de seguir arrendando la nave industrial al haber quedado destruida por el incendio.

Así pues, el asegurado tiene derecho a la indemnización pactada en la póliza, con el límite por siniestro de esta cobertura del 10 % del capital del continente, y con la duración máxima de 12 meses.

La aseguradora Reale cuantificó la indemnización en 105.670,73 euros, correspondiente a los tres meses y medio desde el acaecimiento del incendio de la nave (el 5 de noviembre de 2017) hasta la venta de la finca (el 16 de febrero de 2018). Reale ya se allanó a esta cantidad de 105.670,73 euros; y consignó este importe.

Por tanto, la aseguradora debe indemnizar al asegurado el importe de 274.227,91 euros que es la cifra que resta hasta alcanzar la cantidad reclamada por Vicolozano por pérdida de alquileres (379.898,64 euros).

Este importe de 274.227,91 euros devengará los intereses del art. 20 LCS, desde el 5 de febrero de 2018 hasta su completo pago. Se señala esa fecha como dies a quo del devengo del interés del art. 20 LCS por razones de congruencia, al haberlo solicitado así la demandante Vicolozano en su demanda.

La conclusión de lo expuesto es que, respecto de este punto relativo a la indemnización por la pérdida de alquileres, la sentencia de segunda instancia debe ser casada, el recurso de apelación, desestimado, y la sentencia de primera instancia, confirmada en sus propios términos.

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