Se considera acreditada la existencia de un nexo causal entre la conducta negligente del conductor del vehículo y el resultado lesivo al perjudicado, cuando ha existido una intervención sanitaria el mismo día del siniestro tras la cual se ha prescrito tratamiento médico y rehabilitador.

 

A) La sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares, sec. 3ª, de 24 de noviembre de 2020, nº 467/2020, rec. 302/2020, afirma que, en casos de accidentes de circulación con resultado de daños corporales a las personas, debe probar el demandante-perjudicado la relación causal entre el accidente y las lesiones o secuelas que reclama. 

Sin perjuicio de entender que, ciertamente, el informe biomecánico no es determinante, sin embargo, sigue correspondiendo la carga de la prueba de la relación causal accidente-lesiones-secuelas, siempre a la parte actora. Porque el principio general de que en colisiones producidas a menos de 8 km/h no se pueden producir lesiones, es cuestionado, no se trata de una verdad absoluta, existiendo estudios que fijan este umbral en velocidades muy inferiores.

Se considera acreditada la existencia de un nexo causal entre la conducta negligente del conductor y el resultado lesivo al perjudicado, cuando ha existido una intervención sanitaria el mismo día del siniestro tras la cual se ha prescrito tratamiento médico y rehabilitador. 

Los traumatismos cervicales menores que se diagnostican con base en manifestaciones del lesionado sobre presencia de dolor y que no son susceptibles de verificación mediante pruebas médicas, se indemnizarán como lesiones temporales o secuelas siempre que la naturaleza del hecho lesivo pueda producir el daño de acuerdo con unos determinados criterios de causalidad genérica. 

B) PRUEBA DE LAS LESIONES: 

1º) Centrado el debate en esos términos, y una vez admitida la existencia del siniestro y la responsabilidad en su producción por parte del asegurado de GENERALI, la sentencia procedió a examinar si cabe deducir la existencia de lesiones para los demandantes, introduciendo el tema con la trascripción, entre otras, de la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de octubre de 2002: 

"El art. 1902 del Código Civil  ha sufrido una evolución jurisprudencial acorde con la realidad social siempre cambiante (art. 3.1 del Código Civil) que, manteniendo un fondo de reproche culpabilístico, desplaza cada vez más la prueba de la culpa a la prueba del nexo causal ya que se subsume en la causa del daño la existencia de culpa"; asimismo tiene declarado esta Sala que: "Corresponde la carga de la prueba de la base fáctica (del nexo causal), y por ende las consecuencias desfavorables de su falta, al demandante" y "en todo caso es preciso que se pruebe la existencia de nexo causal, correspondiendo la carga de la prueba al perjudicado que ejercita la acción" (Sentencia del TS de 6 de noviembre de 2001, citada en la STS de 23 de diciembre de 2002); "siempre será requisito ineludible la exigencia de una relación de causalidad entre la conducta activa o pasiva del demandado y el resultado dañoso producido, de tal modo que la responsabilidad se desvanece si el expresado nexo causal no ha podido concretarse (Sentencias del TS de 3 de mayo de 1995 citada en la STS de 30 de octubre de 2002); "como ya ha declarado con anterioridad esta Sala la necesidad de una cumplida demostración del nexo referido, que haga patente la culpabilidad del agente en la producción del daño -que es lo que determina su obligación de repararlo- no puede quedar desvirtuado por una posible aplicación de la teoría del riesgo o de la inversión de la carga de la prueba, soluciones que responden a la interpretación actual de los arts. 1902 y 1903 del Código Civil en determinados supuestos, pues el cómo y por qué se produjo el accidente siguen constituyendo elementos indispensables en la identificación de la causa eficiente del evento dañoso (sentencia del TS de 27 de diciembre de 2002)". 

2º) A partir de ello y teniendo en cuenta que, en el caso que nos ocupa, no se discute la existencia del impacto, pero sí la virtualidad del mismo para ocasionar lesiones, la sentencia de instancia procedió a valorar la prueba, comenzando por el informe biomecánico aportado por la demandada en orden a pretender acreditar que el vehículo responsable del siniestro viajaba a muy baja velocidad. Restando la sentencia de instancia valor a tales informes y estimando, finalmente, la demanda, incluidas las cuantías. Todo ello sobre la base de las razones y pruebas siguientes: 

Sobre el valor de estos informes biomecánicos la Audiencia Provincial de Baleares ha venido estableciendo que: "el resultado obtenido no es, ni puede considerar como decisivo a los efectos de excluir en el caso concreto que analizamos, la relación de causalidad, tal y como pretende la aseguradora demandada, máxime cuando no analiza el caso concreto, los vehículos concretos implicados en el siniestro, sino vehículos similares, desconociendo su autor cualquier circunstancia de los mismos y del conductor, pues se basa en estadísticas" (SAP de Islas Baleares, sección 4ª, de del 30 de mayo de 2018). 

En la misma línea, la Sentencia de la AP de las Islas Baleares, sección 3ª, de 19 de mayo de 2.018 trae a colación la SAP de Alicante (Sección 9ª) nº 314/2.017, de 17 de julio, que resume la postura de la jurisprudencia menor al respecto: 

"En relación con el negado nexo causal, los informes biomecánicos deben ser valorados con gran prudencia porque no contemplan todos los factores que pueden tener influencia en el mecanismo lesional, así el que la resistencia de los paragolpes es cada vez mayor, y que a menor deformación del paragolpes se produce una mayor transmisión de energía al interior del vehículo. Tampoco se consideran factores tales como, el peso de los vehículos, el de los ocupantes o el de la carga, la posición de los ocupantes o las características técnicas de los reposacabezas. El principio general de que parten de que en colisiones producidas a menos de 8 km/h no se pueden producir lesiones, es cuestionado, no se trata de una verdad absoluta existiendo estudios que fijan este umbral en velocidades muy inferiores. En cualquier caso, es el criterio médico más que el técnico el que puede pericialmente auxiliar al Juez, junto con el resto de la prueba, también la pericia biomecánica, a fijar el nexo causal". 

3º)Tal es el caso que se produce en el accidente examinado en este pleito, ya que el informe en cuestión sigue los criterios cuestionados en las sentencias referidas: el perito Sr. Cesar ha indicado que no ha visto los vehículos, y que se ha limitado a analizar los datos realizando una simulación con vehículos pretendidamente equiparables, terminando por reconocer que no puede conocer las circunstancias de los ocupantes y que es imposible controlar todas las variables que intervinieron en el siniestro. 

En cualquier caso, la presunta levedad del siniestro pugna con la existencia de daños materiales que han sido previamente indemnizados. 

A ello se añade que el mismo día del siniestro -el 26 de abril- los demandantes acudieron a Urgencias del Hospital Juaneda trasladados en ambulancia (tal y como consta en los informes emitidos por los profesionales que los atendieron), siéndoles prescritos un collarín cervical, medicación, reposo y rehabilitación. El diagnóstico en ambos casos fue cervicalgia. 

4º) En consecuencia, puede tenerse por acreditada la existencia de un nexo causal entre la conducta negligente del conductor asegurado por GENERALI y un resultado dañoso para los perjudicados, por lo que la aseguradora debe indemnizar por el daño causado (artículo 1.902 del Código Civil y artículo 1 de la LRCSCVM en relación con el artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro). 

Ha de acogerse la cuantía reclamada por D. Jose Miguel, a la vista de los informes médicos que se acompañan al dictamen pericial redactado por el Dr. Emiliano (bloque documental 2 de la demanda): no sólo se aprecia dolor cervical y lumbar en la primera asistencia, sino que se confirma en el informe emitido quince días más tarde, el 9 de mayo. También está acreditado que acudió a la rehabilitación con regularidad, hasta la última sesión el 30 de junio (66 días, 4 de ellos portando un collarín cervical). 

También se ha recogido en el informe pericial del citado Dr. Emiliano la existencia de algias cronificadas, si bien de modo leve. 

Por lo que respecta a Doña Sandra, también consta la presencia de un collarín blando por cuatro días y tratamiento rehabilitador hasta el 23 de junio, sin que se acredite que dejara de asistir al mismo. También ha detectado el perito de la demandante la existencia de dolor a la palpación y en la flexión del cuello, así como cefaleas frecuentes. 

Por su parte, el perito D. Ezequías centra su informe sobre todo en la relación entre las lesiones y el informe biomecánico, pero no ofrece una explicación concluyente sobre el estado de los actores. En realidad, se limita a señalar las presuntas faltas de asistencia a la rehabilitación; obvia, como si no existieran, los días portando el collarín; y niega las secuelas sin explicar, aunque sea para desmentirlas, las algias detectadas por el Dr. Emiliano. 

C) VALORACION DE LA PRUEBA: 

1º) En dicho contexto apelatorio observa la Sala que, la sentencia de instancia se remite a precedentes de Audiencias Provinciales que cuestionan el principio relativo a que: "a menos de 8 km/h no se pueden producir lesiones". Pero, en cualquier caso, cita también la Jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece que: "en todo caso es preciso que se pruebe la existencia de nexo causal, correspondiendo la carga de la prueba al perjudicado que ejercita la acción (sentencia del TS de 6 de noviembre de 2001, citada en la de 23 de diciembre de 2002)". 

Por lo tanto, sin perjuicio de entender que, ciertamente, el informe biomecánico no es determinante, sin embargo, sigue correspondiendo la carga de la prueba de la relación causal accidente-lesiones-secuelas, siempre a la parte actora. Y, en este sentido, aprecia la Sala que la sentencia parte de la afirmación: "En cualquier caso, la presunta levedad del siniestro pugna con la existencia de daños materiales que han sido previamente indemnizados"; cuando, sin embargo, como denuncia la apelante y no cuestiona la apelada, tal aserto debería estar fundado en la existencia de alguna prueba efectiva de los daños que, sin embargo, no obra en autos (pericia, factura o, cuando menos, presupuesto). Es decir, la demanda se limitó a afirmar en la demanda que: "A consecuencia del accidente de circulación referido en el anterior expositivo, el turismo resultó con daños materiales, que ya le han sido abonados en virtud del Convenio existente entre aseguradoras". 

Tal ausencia de documental parece evidenciar que no le ha convenido aportar a la actora la documental relativa al alcance de los daños de su propio vehículo, cuando, como se ha sostenido, la jurisprudencia le exige probar la relación de causalidad colisión-lesiones-secuelas; resultando, para justificar la gravedad de las lesiones y eventuales secuelas, un parámetro relevante la entidad de los daños del propio vehículo; y, siendo, asimismo, de la facilidad y responsabilidad probatoria de la actora tal acreditación (art. 217.2 LE). 

Llama también la atención a la Sala que, cuestionada pormenorizadamente por la parte apelante la asistencia de los actores a las correspondientes sesiones de rehabilitación, la parte apelada evada tal debate afirmando que la adversa: "se limita a señalar unas "presuntas "faltas de asistencia" a rehabilitación, obvia días de collarín y niega secuelas sin explicar su no existencia.". Nótese que, tal acreditación de la asistencia a las sesiones de rehabilitación, tampoco es propiamente interpretada en la sentencia de instancia, en la que se afirma que, por lo que respecta a Doña Sandra: "también consta la presencia de un collarín blando por cuatro días y tratamiento rehabilitador hasta el 23 de junio, sin que se acredite que dejara de asistir al mismo."; obviando que es la actora la que debe probar la asistencia a la rehabilitación, no la demandada quien ha de probar el hecho negativo de la no asistencia. 

2º) Llegaos a este punto, la conclusión de la Sala es que no cabe negar cierta entidad del accidente, en tanto en cuanto el mismo día del siniestro -el 26 de abril- los demandantes acudieron a Urgencias del Hospital Juaneda trasladados en ambulancia (tal y como consta en los informes emitidos por los profesionales que los atendieron, y sin que ello se discuta en la alzada), siéndoles prescritos un collarín cervical, medicación, reposo y rehabilitación, y emitiéndose, en ambos casos el diagnóstico de cervicalgia. Por lo que, la prueba obrante en autos es ciertamente bastante para tenerse por acreditada la existencia de un nexo causal entre la conducta negligente del conductor asegurado por GENERALI y un resultado lesivo a los perjudicados, sobre la base de tal intervención sanitaria el propio día de autos y de las prescripciones médicas de rehabilitación, pericialmente concordadas. No en vano, la propia parte apelante termina admitiendo que "según la posición y características físicas de los ocupantes, podrá existir una mayor incidencia en las lesiones producidas porque cada persona es diferente.", solicitando, subsidiariamente, una indemnización solo por días de baja. 

Por lo tanto, considera la Sala suficientemente acreditada en autos, documental y pericialmente, la existencia de los días de baja reclamados. 

3º) No obstante, en cuanto a las secuelas y en el mejor de los casos para la parte actora, existen cuando menos dudas de su existencia que no permiten estimar la demanda al respecto (art. 217, 1 y 2 LEC). Y no ya porque, como se ha expuesto, la carga probatoria de la actora sobre la entidad del impacto y la puntual asistencia a la rehabilitación no esté cubierta, generando dudas sobre la existencia de una colisión susceptible de causar tales secuelas, sino porque el informe pericial de la parte demandada entra singularmente en conflicto, al respecto, con el de la actora; además de evidenciar relevantes aspectos expuestos en el recurso y no negados de adverso: por ejemplo, ni el perito de la parte demandada ni los informes médicos de asistencia a los actores evidencian contracturas, ni, finalmente, el informe de alta de Quirón Salud contempla ninguna referencia a posibles secuelas en ninguno de los pacientes, por lo que el médico asistencial no las constató. 

Por otro lado, tampoco se comparte la conclusión judicial, invocada por la parte apelada, relativa a que el perito de la parte demandada, D. Ezequías: "no ofrece una explicación concluyente sobre el estado de los actores. En realidad, se limita a señalar las presuntas faltas de asistencia a la rehabilitación; obvia, como si no existieran, los días portando el collarín; y niega las secuelas sin explicar, aunque sea para desmentirlas, las algias detectadas por el Dr. Emiliano”. 

Puesto que, en el informe de dicho perito, se realiza un análisis relevante en sus conclusiones medicolegales en relación a las secuelas, porque, más allá de los criterios biomecánicos, afirma lo siguiente: 

"4.-En relación a las secuelas valoradas con 2 puntos por síndrome postraumático cervical algo en lo que estamos en desacuerdo no solo en relación al criterio de intensidad indicado anteriormente sino a las pruebas documentales. En el informe de alta del Hospital Quirón de fecha 5 de Julio de 2017, no se indica ni refiere que el lesionado presente sintomatología a fecha de alta. 

5.-Asimismo en relación a las lesiones temporales, los 4 días de PPPM valorado por el Dr. Emiliano en relación al uso de collarín, hay que indicar que según indica el punto 4 del artículo 137 de la ley 35/15, el perjuicio moderado es aquél en el que el lesionado pierde temporalmente la posibilidad de llevar a cabo una parte relevante de sus actividades específicas de desarrollo personal, la paciente no estuvo de baja laboral la actividad específica de desarrollo personal más relevante que siguió realizando y un tratamiento médico como la colocación de un collarín no está descrito en la ley como la causa de un perjuicio moderado. 

6.-Es importante bajo nuestro criterio señalar que el paciente no acudió a la revisión semanal indicada en la Clínica Juaneda, no justificando el motivo y no fue hasta 15 días después que acudió al Hospital Quirón, asimismo no ha seguido de forma continuada el tratamiento rehabilitador existiendo faltas de asistencia no justificadas a las sesiones indicadas. Solo realizando 19 sesiones de las 41 posibles, esto nos confirma que las lesiones temporales no pueden ser de 66 días en su totalidad por dicha falta asistencial y de colaboración con su propia patología por lo que se ajusta al tiempo de tratamiento asistencial los 30 días de PPB que subsidiariamente otorgamos. 

7.- Tras nuestra visita, la exploración estaba dentro de los límites de la normalidad por lo que no se deben considerar secuelas bajo nuestro criterio, al no existir prueba objetiva que confirme la secuela." 

Nótese, en dicho sentido, que no es relevante la manifestación de la parte apelada en lo relativo a que el informe por el Perito Sr. Ezequías sea muy posterior en el tiempo, puesto que hablamos de secuelas. 

Llegados a este punto, las dudas sobre la efectiva existencia de las secuelas reclamadas en autos, habida cuenta de que la prueba de la relación de causalidad corresponde a la actora, impide estimar la demanda en cuanto a estas (art. 217, 1 y 2 LEC). Debiéndose recordar aquí la interpretación que viene siendo reiterada por la Sala, por ejemplo en la sentencia recaída en el rollo núm. 732/19, en fecha dieciséis de marzo de dos mil veinte, también relativa a una colisión por alcance, la cual destacaba, en especial en relación a las secuelas, que la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, establece en la redacción del artículo 135, relativo precisamente a la indemnización por traumatismos menores de la columna vertebral, que como quiera que los traumatismos cervicales menores que se diagnostican con base en la manifestación del lesionado sobre la existencia de dolor, no son susceptibles de verificación mediante pruebas médicas complementarias, se indemnizarán como lesiones temporales siempre que la naturaleza del hecho lesivo pueda producir el daño de acuerdo con los criterios de causalidad genérica siguientes, a saber: 

a. De exclusión, que consiste en que no medie otra causa que justifique totalmente la patología. 

b. Cronológico, que consiste en que la sintomatología aparezca en tiempo médicamente explicable. En particular, tiene especial relevancia a efectos de este criterio que se hayan manifestado los síntomas dentro de las setenta y dos horas posteriores al accidente o que el lesionado haya sido objeto de atención médica en este plazo. 

c. Topográfico, que consiste en que haya una relación entre la zona corporal afectada por el accidente y la lesión sufrida, salvo que una explicación patogénica justifique lo contrario. 

d. De intensidad, que consiste en la adecuación entre la lesión sufrida y el mecanismo de su producción, teniendo en cuenta la intensidad del accidente y las demás variables que afectan a la probabilidad de su existencia. 

Añadiéndose, en el número "2" de dicho art. 135, y esto es lo especialmente relevante en el caso de autos, que la secuela que derive de un traumatismo cervical menor se indemnizará sólo si "un informe médico concluyente" acredita su existencia tras el período de lesión temporal. 

Así las cosas, como quiera que no se observa suficientemente cumplimentada en autos, por la parte actora, dicha concluyente carga probatoria, en la medida en que, como se ha expuesto, hay periciales contradictorias y, además, la prueba de la parte actora es deficiente en varios de los aspectos analizados, debe revocarse la sentencia de instancia en el sentido de restar, de las cantidades concedidas, las correspondientes a secuelas, de modo que las cifras serán finalmente las siguientes: 

Debe restarse, de la indemnización concedida a D. Jose Miguel, la correspondiente a los 2 puntos de secuela (1.656,03 euros). 

Asimismo, debe restarse, de la indemnización concedida a Doña Sandra, los 2 puntos de secuela (1.656,03 euros).

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Cualquiera que sea el número de conductores implicados en un accidente y causantes de los daños, el tercero perjudicado puede ejercitar acción directa contra cualquiera de ellos y de su aseguradora para exigir el cumplimiento de su obligación de indemnizar.

 

A) La sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, sec. 1ª, de 24 de noviembre de 2020, nº 640/2020, rec. 568/2020, determina que, cualquiera que sea el número de conductores implicados en un accidente y causantes de los daños, el tercero perjudicado puede ejercitar acción directa contra cualquiera de ellos y de su aseguradora para exigir el cumplimiento de su obligación de indemnizar, sin perjuicio de las acciones que a éstos correspondan contra los demás responsables.

Pues, aunque la indemnización es una prestación divisible entre los responsables de los daños, la obligación de indemnizar es solidaria, lo que posibilita que el pasajero del vehículo perjudicado pueda reclamar el todo a cualquiera de ellos, no requiriéndose que se dirija contra todos para lograr el resarcimiento total de los daños, quedando a salvo la facultad de repetición del deudor solidario de dirigirse contra los demás codeudores.

El hecho de que a través del proceso se pueda haber determinado un porcentaje de culpabilidad de los causantes del daño, que tiene su reflejo en el importe de la deuda de la que deben hacerse cargo, no convierte la obligación de resarcimiento en mancomunada frente a los perjudicados.

Y ello, sin perjuicio de que el deudor solidario que page la totalidad a su acreedor, ostente la facultad de repetición que le confiere el art. 1.145 del Código Civil respecto de las relaciones internas entre los codeudores.

Y ello, porque el artículo 1144 del Código Civil establece que:

“El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente. Las reclamaciones entabladas contra uno no serán obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no resulte cobrada la deuda por completo”. 

Y el artículo 1145 del Código Civil establece que: 

“El pago hecho por uno de los deudores solidarios extingue la obligación. 

El que hizo el pago sólo puede reclamar de sus codeudores la parte que a cada uno corresponda, con los intereses del anticipo. 

La falta de cumplimiento de la obligación por insolvencia del deudor solidario será suplida por sus codeudores, a prorrata de la deuda de cada uno”. 

B) HECHOS. La sentencia de instancia estima parcialmente las demandas que generaron los procesos posteriormente acumulados, estableciendo la responsabilidad en los daños y perjuicios personales y materiales sufridos en el accidente de circulación acaecido el 4 de febrero de 2016, partiendo de considerar que tres de los cuatro conductores implicados, contribuyeron con una actuación negligente a la causación de los daños. En tal supuesto, como no considera acreditado que ninguno de los conductores implicados hubiera contribuido al evento daños en mayor medida que los otros, se establece un porcentaje en igual medida para cada uno de ellos, un 33,33% que tiene su traducción en la responsabilidad civil a que debe hacer frente cada conductor y la aseguradora de cada vehículo.

En lo que ahora interesa, ocurre que, en el juicio ordinario acumulado con el juicio verbal, la demanda se dirige únicamente contra un determinado conductor y una aseguradora, no contra el resto, mientras que en el juico verbal el allí demandante se dirige contra el resto de los conductores y sus aseguradoras. Esta situación la soluciona la sentencia de instancia reduciendo la cantidad a percibir por una de las demandantes en el juicio ordinario que se dirige únicamente contra un conductor y su aseguradora, reduciendo la cantidad a percibir en dos terceras partes, concediendo el importe, por daños personales, del 33,33% del total que le correspondería al considerar que tal conductor y su aseguradora solamente tienen que hacer frente a un 33,33% de los daños y perjuicios. 

Es contra este pronunciamiento frente al que se interpone recurso de apelación por dicha ocupante al entender que, en este tipo de accidentes de circulación, el tercero perjudicado tiene acción directa contra la aseguradora y el conductor del vehículo asegurado, sin que se le pueda oponer otra excepción que culpa exclusiva o concurrencia de culpas propia, pero no la de otros. 

C) Hemos de recordar que el art. 73 de la LCS dispone en su párrafo 1º que: 

“Por el seguro de responsabilidad civil el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la ley y en el contrato, a cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del asegurado de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados por un hecho previsto en el contrato de cuyas consecuencias sea civilmente responsable el asegurado, conforme a derecho." 

Y el art. 76 de la LCS señala que: 

"El perjudicado o sus herederos tendrán acción directa contra el asegurador para exigirle el cumplimiento de la obligación de indemnizar, sin perjuicio del derecho del asegurador a repetir contra el asegurado, en el caso de que sea debido a conducta dolosa de éste, el daño o perjuicio causado a tercero. 

La acción directa es inmune a las excepciones que puedan corresponder al asegurador contra el asegurado. El asegurador puede, no obstante, oponer la culpa exclusiva del perjudicado y las excepciones personales que tenga contra éste. A los efectos del ejercicio de la acción directa, el asegurado estará obligado a manifestar al tercero perjudicado o a sus herederos la existencia del contrato de seguro y su contenido." 

Por su parte el art. 7.1 TRLRCSCVM, prevé la acción directa del perjudicado contra el asegurador del vehículo causante del siniestro para satisfacerle el importe de los daños sufridos en su persona y en sus bienes, lo que no es sino una aplicación en el ámbito de la circulación viaria de la acción directa reconocida con carácter general al perjudicado frente al asegurador en el seguro de responsabilidad civil que hemos citado anteriormente. Acción ésta que es la ejercitada por la ocupante de uno de los vehículos que dirige su demanda acumulada solamente contra un conductor y su aseguradora. 

D) En el presente caso, en el que se interpusieron demandas reciprocas por parte de los conductores y respectivas aseguradoras de los vehículos implicados, acumulándose la acción de un tercero perjudicado como consecuencia de la colisión, quien al interponer su demanda dirigió la acción contra una sola de las tres aseguradoras de los vehículos implicados, el hecho de que la resolución de instancia atribuya a tres de los conductores una participación igual en la causación del resultado dañoso, no puede afectar al tercero perjudicado, el cual debe ser resarcido íntegramente de sus daños por el conductor y aseguradora a la que demandó, sin perjuicio de las acciones que a éstos competan contra el resto de responsables. 

Ello responde, como ha venido señalando la jurisprudencia menor, a razones de seguridad e interés social, en cuanto la solidaridad es un medio de protección de los perjudicados para garantizar la efectividad de su exigencia de la responsabilidad extracontractual, de forma que el perjudicado puede demandar a cualquiera de los que están ligados por dicho vínculo de solidaridad. Y si bien como se ha dicho, ello exige para su aplicación que no sea posible individualizar los respectivos comportamientos ni establecer las distintas responsabilidades, esta posibilidad no se determina hasta la sentencia. 

Estamos ante un supuesto de obligación " in solidum " o de solidaridad impropia que nace desde el mismo momento en que se causa el daño, debido a la indivisibilidad del mismo, por más que la indemnización sea una prestación divisible. La función de la sentencia es declarar ese carácter "in solidum". Esa responsabilidad tiene un origen diferente a la solidaridad propia que tiene su fundamento en un convenio entre los deudores y su acreedor, pero aunque la responsabilidad propia y la responsabilidad impropia o " in solidum " puedan tener algunos efectos secundarios diferentes, el objetivo fundamental es la protección del perjudicado, por ello se le concede el derecho a dirigirse contra cualquiera de ellos por el todo, no estando obligado a dirigirse contra todos ellos para ser resarcido íntegramente (art. 1144 del CC). 

Es por ello que el hecho de que a través del proceso se pueda haber determinado un porcentaje de culpabilidad de los causantes del daño, que tiene su reflejo en el importe de la deuda de la que deben hacerse cargo, no convierte la obligación de resarcimiento en mancomunada frente a los perjudicados. La obligación de resarcimiento sigue siendo de solidaridad impropia, con el derecho del acreedor a elegir frente a qué deudor dirigirse, sin que ello pueda limitar alguna su indemnización. Y ello, sin perjuicio de que el deudor solidario que page la totalidad a su acreedor, ostente la facultad de repetición que le confiere el art. 1.145 del Código Civil respecto de las relaciones internas entre los codeudores. En el presente caso ya la propia sentencia de instancia establece el porcentaje de responsabilidad a que debe hacer frente cada asegurado y su correspondiente aseguradora. 

En consecuencia, el recurso debe estimarse y la aseguradora PELAYO y el codemandado Sr. Urbano, deben abonar a la apelante la totalidad de la indemnización que le corresponde, 2.751,34 euros.

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La doctrina del Tribunal Supremo aplica el baremo de indemnización de daños personales causados en accidentes de vehículos a motor a los daños personales causados en accidente de aviación.

 

A) La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, sec. 1ª, de 24 de noviembre de 2020, nº 630/2020, rec. 4552/2017, confirma la aplicación del baremo de indemnización de daños personales causados en accidentes de vehículos a motor a los daños personales causados en accidente de aviación, pudiendo ser incrementada la indemnización en un porcentaje adicional del 50% como criterio corrector en caso de fallecimiento del pasajero dado su carácter catastrófico, propenso a provocar un duelo patológico por la pérdida del ser querido. 

El efecto expansivo del Baremo previsto en el Anexo a la Disposición Adicional octava de la Ley 30/1995, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, a otros ámbitos de la responsabilidad civil distintos de los del automóvil, ha sido admitido con reiteración por el Tribunal supremo con criterio orientativo, no vinculante, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes en cada caso y el principio de indemnidad de la víctima que informa los arts. 1106 y 1902 del Código Civil.

B) DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO: 

1º) El Tribunal Supremo ha declarado en sus sentencias nº 269/2019, de 17 de mayo, nº 461/2019, de 3 de septiembre, nº 681/2019 de 17 de diciembre, y nº 624/2020, de 19 de noviembre, que versaban sobre el mismo accidente de aviación: 

"Por esa razón, ante la inexistencia de normas de valoración de los daños personales causados en accidentes de aviación, consideramos más adecuada una indemnización en cuya fijación tenga una función orientativa el baremo legal existente para los daños personales causados en accidentes de vehículos de motor. 

"Sobre esta cuestión, ha declarado en la sentencia del TS nº 776/2013, de 16 de diciembre, transcribiendo lo declarado en anteriores sentencias: 

"El efecto expansivo del Baremo previsto en el Anexo a la Disposición Adicional octava de la Ley 30/1995, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, a otros ámbitos de la responsabilidad civil distintos de los del automóvil, ha sido admitido con reiteración por esta Sala con criterio orientativo, no vinculante, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes en cada caso y el principio de indemnidad de la víctima que informa los arts. 1106 y 1902 del Código Civil ". 

“Esta utilización orientativa del citado baremo para la cuantificación de la indemnización de los daños personales no impide que puedan aplicarse criterios correctores en atención a las circunstancias concurrentes en el sector de actividad al que venga referida esta utilización. 

"En el caso del fallecimiento de un pasajero en un accidente aéreo, su carácter catastrófico y las demás circunstancias que lo rodean (entre otras, la frustración de la confianza en la mayor seguridad del transporte aéreo de pasajeros por la exigencia de elevados estándares de seguridad) lo hace más propenso a provocar un duelo patológico por el fallecimiento del ser querido. 

"La normativa que establece el baremo de indemnización de los daños personales causados en accidentes de vehículos de motor hace una referencia expresa a que, para la determinación de las cuantías de las indemnizaciones, toma en consideración las circunstancias concurrentes en la circulación de los vehículos de motor y en el aseguramiento obligatorio de la responsabilidad civil derivada del uso y circulación de vehículos de motor. Esas circunstancias son diferentes de las que concurren en el transporte aéreo de pasajeros y en el aseguramiento de la responsabilidad civil de los transportistas aéreos. 

“Por ello es razonable que, tal como hizo el Juzgado Mercantil, la indemnización que resulte de la aplicación del baremo sea incrementada con un porcentaje adicional, que el juzgado fijó en un 50%". 

2º) En la primera de las sentencias citadas nº 269/2019, de 17 de mayo, declaraba el Tribunal Supremo que no era procedente entrar a analizar la cuestión relativa a la utilización de un baremo correspondiente a un año distinto de aquel en el que sucedió el siniestro porque Mapfre no había planteado esa cuestión en el recurso. 

En el presente caso, al igual que en los que fueron objeto de las sentencias del TS nº 461/2019, de 3 de septiembre, nº 681/2019 de 17 de diciembre, y nº 624/2020, de 19 de noviembre, sucede algo parecido. Mapfre no ha impugnado adecuadamente la utilización de un baremo que no corresponde al año en que sucedió el siniestro, pues ha formulado defectuosamente el motivo en el que se abordaba tal cuestión. 

3º) En consecuencia, siendo correcta la aplicación, en casos como el que es objeto del recurso, de un porcentaje adicional de incremento sobre la indemnización resultante de la aplicación del baremo de la normativa sobre circulación de vehículos de motor (lo que es reconocido por la recurrente, que considera adecuado un incremento del 50% sobre la cantidad resultante de la aplicación del baremo), y dado que la formulación del motivo se fundamenta en la indebida aplicación del baremo de un año distinto al del siniestro, sin que esta cuestión haya sido adecuadamente impugnada por la recurrente, procede desestimar también este motivo.

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La levedad de la colisión o la escasa entidad de los daños materiales no pueden considerarse, por sí solos, como determinantes para romper el nexo causal en base a un informe biomecánico que especula retrospectivamente sobre la velocidad del impacto que no superaría los umbrales lesivos, cuando dichas afirmaciones no son avaladas por un informe médico.

 

A) La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sec. 4ª, de 23 de diciembre de 2020, nº 998/2020, rec. 435/2020, estima una demanda de reclamación de daños causados en un accidente de trafico al estimar que dada la levedad de la colisión o la escasa entidad de los daños no determina la ruptura del nexo causal el informe biomecánico presentado por la aseguradora, considerando que este tipo de informes se basa en meras conjeturas carentes de datos objetivos. 

La levedad de la colisión o la escasa entidad de los daños materiales no pueden considerarse, por sí solos, como determinantes para romper el nexo causal en base a un informe biomecánico que especula retrospectivamente sobre la velocidad del impacto que no superaría los umbrales lesivos, cuando dichas afirmaciones no son avaladas por un informe médico que pudiera atribuir otra etiología diferente a las lesiones existentes y que resultan acreditadas por informes de asistencia médica posteriores al accidente. 

B) VALORACIÓN DE LA PRUEBA: EL NEXO DE CAUSALIDAD. 

1º) El artículo 135 de la Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor dispone: 

"1. Los traumatismos cervicales menores que se diagnostican con base en la manifestación del lesionado sobre la existencia de dolor, y que no son susceptibles de verificación mediante pruebas médicas complementarias, se indemnizan como lesiones temporales, siempre que la naturaleza del hecho lesivo pueda producir el daño de acuerdo con los criterios de causalidad genérica siguientes: 

a) De exclusión, que consiste en que no medie otra causa que justifique totalmente la patología. 

b) Cronológico, que consiste en que la sintomatología aparezca en tiempo médicamente explicable. En particular, tiene especial relevancia a efectos de este criterio que se hayan manifestado los síntomas dentro de las setenta y dos horas posteriores al accidente o que el lesionado haya sido objeto de atención médica en este plazo. 

c) Topográfico, que consiste en que haya una relación entre la zona corporal afectada por el accidente y la lesión sufrida, salvo que una explicación patogénica justifique lo contrario. 

d) De intensidad, que consiste en la adecuación entre la lesión sufrida y el mecanismo de su producción, teniendo en cuenta la intensidad del accidente y las demás variables que afectan a la probabilidad de su existencia. 

2. La secuela que derive de un traumatismo cervical menor se indemniza sólo si un informe médico concluyente acredita su existencia tras el período de lesión temporal. 

3. Los criterios previstos en los apartados anteriores se aplicarán a los demás traumatismos menores de la columna vertebral referidos en el baremo médico de secuelas". 

2º) En el presente supuesto, no se reclama secuela alguna por lo que no se precisa un informe médico concluyente que acredite su existencia tras el período de lesión temporal. 

Doña África alega en su demanda que como consecuencia del accidente sufrió lesiones que fueron diagnosticadas como de "cervicalgia postraumática" y que su hijo sufrió lesiones con un diagnóstico de "esguince cervical". 

a) Nexo de causalidad. 

El magistrado juez de primera instancia considera que, dada la escasa intensidad de la lesión, no ha quedado suficientemente probada la relación de causalidad entre la colisión y los daños por los que se reclama. 

Se basa en el dictamen pericial biomecánico, aportado por la parte demandada como documento número 1, en el que se dice que el accidente no cumple el criterio de intensidad y en el informe médico legal emitido por el perito de la demandada don Indalecio. 

Debemos partir del hecho indiscutible de la existencia del accidente entre el vehículo BMW 320 matrícula …DRH y el LANCIA matrícula Y-…-RW, conducido por DON Clemente, y asegurado en FENIX DIRECTO, lo que no se niega. 

Tampoco se discute que este accidente, una colisión por alcance, tuvo lugar a las 11:45 del día 19 de noviembre de 2016. 

Y ha quedado probado que a las 12:39 horas del día 19 de noviembre de 2016 el niño de 10 años Ángel Daniel fue atendido en urgencias del Hospital con dolor en musculatura paracervical y contractura trapecio izquierdo con un diagnóstico de esguince cervical. Descartada, en principio, la patología degenerativa atendida la edad del demandante y dada la proximidad entre el accidente y la visita en el servicio de urgencias, pues no pasó ni una hora, la consecuencia lógica es que este menor sufrió lesiones como consecuencia del accidente por mínima que fuera la intensidad de la colisión por alcance. 

En cuanto a doña África, ingresó en urgencias del mismo hospital a las 17:53 del día 19 de noviembre de 2016, por cervicalgia, presentando dolor a la palpación sobre el trapecio, con predominio del lado derecho, sin lesiones óseas agudas aparentes, rectificación de la lordosis fisiológica. 

La demandante se presentó unas horas más tarde en el servicio de urgencias, lo que vemos con frecuencia en procedimientos con este tipo de lesiones pues es habitual que el dolor aparezca al cabo de unas horas tras el accidente. 

La levedad de la colisión o la escasa entidad de los daños materiales no pueden considerarse, por sí solos, como determinantes para romper el nexo causal en base a un informe biomecánico que especula retrospectivamente sobre la velocidad del impacto que no superaría los umbrales lesivos, cuando dichas afirmaciones no son avaladas por un informe médico que pudiera atribuir otra etiología diferente a las lesiones existentes y que resultan acreditadas por informes de asistencia médica posteriores al accidente. 

Como hemos dicho en varias resoluciones, el informe biomecánico que aporta la compañía aseguradora se basa en meras conjeturas carentes de datos objetivos. 

Sabemos que el vehículo BMW 320 matrícula …DRH, se hallaba detenido ante un paso de peatones. Pero lo cierto es que desconocemos la velocidad real a la que circulaba el vehículo LANCIA, matrícula Y-…-RW, que le golpeó por detrás, siendo que los expertos concluyen que, en accidentes de tráfico, a 9 kilómetros por hora, ya se registran daños en el cuello. 

Por ello, si falla la premisa inicial, no se sostienen las conclusiones alcanzadas en el referido informe, por lo que el mismo es insuficiente para excluir la existencia de nexo causal y para dar por probado que este accidente no pudo causar las lesiones por las que se reclama. 

Y en este caso concreto no se niega, en primer lugar, que hubo impacto o colisión, lo cual es compatible con un movimiento de flexo-tensión o de desplazamiento de columna en el que es sabido que influye el hecho de si los ocupantes del vehículo que recibe el golpe están o no alertados, y de su posición en el interior del vehículo; y, en segundo lugar, los informes de asistencia de urgencias del hospital al que acudieron ambos actores el mismo día del accidente acreditan la realidad de las lesiones. 

La prueba evidente de la realidad de las lesiones es la asistencia hospitalaria inmediata, en la que con los métodos ordinarios de palpación y los complementarios radiológicos se evidencian las lesiones. 

En consecuencia, concurren los criterios de causalidad genérica del artículo 135 del Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (en su redacción dada por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre). 

La valoración de la prueba practicada pone de manifiesto la concurrencia de los criterios o parámetros de modo suficiente para afirmar la relación causal. 

Respecto al criterio de exclusión, si bien es verdad que, a priori, las contracturas paravertebrales pueden responder a distintas causas, desde un trauma ocasionado por hechos distintos hasta una enfermedad degenerativa, lo cierto es que respecto de doña África el testigo perito don Fausto descartó que la rectificación de la lordosis fisiológica tuviera origen degenerativo y afirmó que tenía origen traumático, y la testigo perito doña Sofía afirmó en el mismo acto que la rectificación de la lordosis cervical junto con el dolor en el trapecio significaba que la persona podía haber tenido un latigazo cervical y que se le prescribió el collarín por el dolor cervical que presentaba. Y respecto de su hijo de 10 años, no consta que el menor sufriera patología previa alguna. 

b) Respecto a las alegaciones subsidiarias sobre el alcance de las lesiones. 

Se trata de lesiones que resultan compatibles con el accidente, que se evidencian de forma inmediata tras el accidente por informes médicos y que tienen un curso evolutivo clínico normal.

La parte demandante ha aportado no sólo los partes de urgencias sino los informes clínicos y de alta de la Clínica donde consta la evolución de las lesiones y la fecha del alta médica, y las lesiones producidas son compatibles con el tipo de impacto, y habituales en esta clase de accidentes. 

Para destruir este criterio de valoración racional de la existencia de las lesiones, la demandada ha de practicar prueba suficiente para desvirtuar las conclusiones emitidas por los médicos que atendieron a los lesionados. 

Y en el presente caso, los únicos médicos que han reconocido a los lesionados son los testigos peritos aportados por la parte demandante. 

El informe del don Indalecio se limita a describir las fuentes, la historia clínica y sacar sus conclusiones medico legales basadas en la exclusión del nexo de causalidad; la prueba aportada por la parte demandada es genérica y no se refiere al caso concreto de las lesiones sufridas por los demandantes, por lo que no es prueba suficiente para desvirtuar la realidad de las lesiones, la duración de las mismas y su relación con el accidente. 

c) Sobre la condena a los intereses del artículo 20 de la LCS. El artículo 20.8 de la LCS dispone: 

"No habrá lugar a la indemnización por mora del asegurador cuando la falta de satisfacción de la indemnización o de pago del importe mínimo esté fundada en una causa justificada o que no le fuere imputable". 

Alega la compañía aseguradora en su escrito de contestación a la demanda que no procede la imposición de los intereses del artículo 20 de la LCS al haber sido necesario un procedimiento judicial para la determinación de la relación de causalidad entre el mecanismo del siniestro y las lesiones reclamadas. 

El Tribunal Supremo ha venido indicando que la mera existencia de un proceso o de acudir al mismo no constituye causa que justifique el retraso, o permita presumir la racionabilidad de la oposición. 

Como afirma la sentencia del TS de 20 de octubre de 2015:

"La mera discrepancia de la aseguradora, sin consignación de cantidad alguna, no es motivo suficiente para justificar la no imposición de los intereses del artículo 20 LCS". 

Los demandantes reclamaron extrajudicialmente en fecha 5 de mayo de 2017. La demandada contestó rehusando la reclamación. El día 11 de mayo de 2017 se presentó demanda de conciliación celebrándose el acto de conciliación sin avenencia; se presentó nueva demanda de conciliación en fecha 10 de mayo de 2018 que terminó, asimismo, sin avenencia. La compañía no ha consignado suma alguna habiéndose limitado a negar la relación de causalidad entre el accidente y las lesiones, por lo que se considera que no concurre circunstancia alguna para exonerar del pago de intereses a la compañía aseguradora. 

C) CONCLUSION: La Audiencia Provincial de Barcelona, estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de doña África actuando en nombre propio y en el de su hijo menor de edad, Ángel Daniel, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 32 de Barcelona, en fecha 14 de enero de 2020, en los autos de juicio verbal número 253/2019, estima la demanda presentada por doña África en su nombre y en el de Ángel Daniel, y condena a la aseguradora FENIX DIRECTO CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. a pagar a los demandantes la cantidad conjunta de 3.842 euros, más los intereses legales previsto en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro desde la fecha del siniestro.

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