El importe del IVA no debe considerarse daño efectivo indemnizable si el reclamante es sujeto pasivo del impuesto y puede ser resarcido fiscalmente de las cuotas soportadas.

 

La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, sec. 5ª, de 7 de octubre de 2026, nº 1120/2026, rec. 6716/2024, reitera la doctrina jurisprudencial relativa a que en el ámbito de la cuantificación de la responsabilidad patrimonial el importe del IVA no debe considerarse daño efectivo indemnizable cuando el reclamante es sujeto pasivo de dicho impuesto y está en condiciones de ser fiscalmente resarcido de las cuotas soportadas, ya que la deducción del IVA soportado y la inclusión de este en la indemnización comporta una duplicidad que debe ser corregida.

En tal caso, no se le habría ocasionado ningún daño en este aspecto, satisfaciéndose así precisamente el principio de “restitutio in integrum”.

El importe del IVA no debe considerarse daño efectivo indemnizable en la cuantificación de la responsabilidad patrimonial cuando el reclamante es sujeto pasivo de dicho impuesto y está en condiciones de ser fiscalmente resarcido de las cuotas soportadas, evitándose así un enriquecimiento injusto y respetando el principio de neutralidad del IVA para los empresarios.

El Tribunal Supremo concede parcialmente el recurso de casación interpuesto por la administración y anula en parte la sentencia del tribunal inferior respecto a la inclusión del IVA en la indemnización.

Se reconoce la responsabilidad patrimonial y el derecho a la indemnización de la demandante, pero se excluye expresamente el importe correspondiente al IVA al entender que la empresa, siendo sujeto pasivo del impuesto, tiene derecho a ser resarcido fiscalmente de dichas cantidades, conforme al principio de neutralidad del IVA. Esta exclusión evita un enriquecimiento injusto. Se impone la distribución equitativa de costas entre las partes.

La sentencia reafirma y precisa la doctrina sobre la cuantificación de la responsabilidad patrimonial en relación al tratamiento del IVA, consolidando la interpretación normativa sin modificar sustancialmente la jurisprudencia previa; es una fijación y matización doctrinal relevante para casos futuros.

La sentencia destaca la importancia de mantener la coherencia con el principio de neutralidad fiscal del IVA en el ámbito de la responsabilidad patrimonial, estableciendo claramente que la inclusión del IVA en la cuantía indemnizatoria debe excluirse cuando el reclamante pueda deducir o recuperar dichas cuotas, precisando así los criterios de cuantificación del daño efectivo indemnizable en estos casos.

A) Introducción.

1º) La mercantil Carera, SRL reclamó la devolución del canon pagado por utilización de ciertas carreteras de alta capacidad en Gipuzkoa, alegando responsabilidad patrimonial del Estado debido a la exacción indebida, iniciándose un proceso judicial cuya resolución fue inicialmente favorable, pero con polémica en torno a la inclusión del IVA en la indemnización.

¿Debe considerarse el importe del IVA como daño efectivo indemnizable en la responsabilidad patrimonial cuando el reclamante es sujeto pasivo del impuesto y está en condiciones de ser fiscalmente resarcido de las cuotas soportadas?.

El Tribunal Supremo fija doctrina estableciendo que el importe del IVA no debe considerarse daño efectivo indemnizable si el reclamante es sujeto pasivo del impuesto y puede ser resarcido fiscalmente, configurando así una doctrina jurisprudencial consolidada sobre el particular.

Basándose en la normativa del IVA (arts. 84, 92, 99 y 115 LIVA) y el artículo 32.2 LRJSP, así como en precedentes jurisprudenciales, el Tribunal sostiene que el IVA es un impuesto indirecto que debe ser neutral para los sujetos pasivos empresarios, quienes tienen derecho a deducir o recuperar las cuotas soportadas, y por tanto no sufren un daño efectivo que justifique su inclusión en la indemnización para evitar un enriquecimiento injusto.

2º) El importe del IVA no debe considerarse daño efectivo indemnizable en el ámbito de la responsabilidad patrimonial cuando el reclamante es sujeto pasivo del impuesto y tiene el derecho o la capacidad legal de deducirse o recuperar fiscalmente las cuotas soportadas.

La doctrina del Tribunal Supremo fundamenta esta exclusión en los siguientes pilares jurídicos y económicos:

- Principio de indemnidad (restitutio in integrum): El objetivo de la responsabilidad patrimonial es dejar al lesionado en la misma situación que tendría de no haber existido el daño. Si una empresa se deduce el IVA por la vía fiscal y a la vez lo recibe como indemnización, percibiría el mismo importe dos veces.

- Principio de neutralidad del IVA: El IVA es un impuesto indirecto diseñado para gravar el consumo final. Para los empresarios y profesionales que actúan como sujetos pasivos, el mecanismo de deducción garantiza que el impuesto sea neutral y no suponga un coste real en su cuenta de resultados.

- Prohibición del enriquecimiento injusto: Incluir el IVA deducible en la cuantía indemnizatoria supondría un beneficio económico indebido para el reclamante a costa de las arcas públicas, al obtener una duplicidad en el resarcimiento.

En consecuencia, el IVA solo constituiría un daño efectivo resarcible en aquellos supuestos en los que el reclamante no sea sujeto pasivo (por ejemplo, un consumidor final) o cuando, siéndolo, la normativa fiscal le impida explícitamente la deducción de esas cuotas específicas.

B) Objeto del recurso. De la resolución administrativa y de las sentencias del Juzgado y de la Sala de instancia.

1.1. Es objeto de impugnación en este recurso de casación la sentencia n.º 96/2024, 12 de marzo, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del País Vasco, que estima el recurso contencioso-administrativo n.º 378/2023.

1.2. La resolución impugnada en la instancia de fecha 12 de septiembre de 2022 del Director General de Planificación y Explotación de la Diputación Foral de Gipuzkoa -posteriormente recurrida en alzada- desestimó la reclamación en solicitud de la devolución de 33.590,80 euros abonados en concepto del canon de utilización de determinados tramos de las carreteras de alta capacidad A-15 y N-1, por el perjuicio causado ante la exacción del canon establecido en las Normas Forales 7/2016, de 15 de diciembre, y 6/2018, de 12 de noviembre, por las que se regulaba el canon de utilización de determinados tramos de las carreteras de alta capacidad A-15 y N-I del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

1.3. La sentencia del TSJ establece, en lo que afecta la cuestión casacional que aquí resolvemos, lo siguiente:

«[...] Se cumple, por tanto, la cautela relativa a que la cuestión sobre la vulneración del Derecho de la UE por parte de la norma interna sea el objeto directo y principal de la cuestión de interés casacional objetivo que determine el fallo, es decir, que no sea un obiter dictum. [...]

Se cumple, por tanto, la cautela referida a que el Tribunal Supremo efectivamente declare la vulneración del Derecho de la UE por parte de la norma interna.[...]

Por último, por tanto, se cumple la tercera de las cautelas: la vulneración del Derecho de la Unión Europea se impone con tal evidencia que el Tribunal Supremo no considera necesario el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el TJUE.

Si alguna duda cabía tras la lectura de la sentencia, el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la propia parte que aquí es demandada ha allanado el camino, al haber provocado la aclaración por parte del propio Tribunal Supremo: tras citar el artículo 267 TFUE , declara que la STJUE de 26 de septiembre de 2000, Comisión c. Austria (asunto C-205/98) ECLI:EU:C:2000:493 establece una doctrina «perfectamente extrapolable al caso de autos» y «consideramos que la correcta aplicación del Derecho de la Unión es tan evidente que no deja lugar a ninguna duda razonable y, por ello, no procede plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea».

[...]

«La estimación del recurso lleva a declarar que la resolución recurrida no es conforme a Derecho y, en reconocimiento de la situación jurídica individualizada, condenar a la Diputación Foral de Guipúzcoa a pagar a la demandante los importes acreditados.

Ahora bien, la administración demandada opone, en su contestación a la demanda, que la demandante pretende reclamar importes correspondientes a peajes distintos de los regulados por las Normas Forales en cuestión.

Sin embargo, la administración demandada no propone la cantidad alternativa ni detalla ni discrimina los importes que, según ella, no corresponden a peajes derivados de las Normas Forales anuladas.

Sobre el importe reclamado, la demandante ha aportado una hoja de excel, no contradicha con ningún otro elemento probatorio por la parte demandada.

La administración demandada insiste en que «BIDEGI no puede contrastar esa información si no se le facilitan los números de los dispositivos TAG utilizados por el usuario como medio de pago y las matrículas de los vehículos que hayan realizado los trayectos sujetos al canon». Sin embargo, pudiéndolo hacer como le correspondía, dado que se trata de la prueba de hechos obstativos a la reclamación debidamente deducida y explicada, no ha solicitado como prueba ningún requerimiento a tal efecto.»

C) La viabilidad de la acción de responsabilidad patrimonial de la Administración requiere que se haya producido una lesión real y efectiva, cuya existencia habrá de acreditarse por el perjudicado conforme a la distribución de la carga probatoria regulada por el artículo 217.2 de la LEC, y que, en el caso que nos ocupa, se ve reforzada por el criterio de disponibilidad y facilidad probatoria del apartado 7 del mencionado artículo.

En el presente caso existe una presunción de que el reclamante ha podido recuperar el IVA soportado, y, en virtud de la distribución de la carga y de la disponibilidad y facilidad probatoria antes referida, le correspondía desvirtuar dicha presunción y acreditar que no pudo deducir, compensar o solicitar la devolución del IVA soportado por el canon.

En este sentido se pronunció el Tribunal Supremo con ocasión de determinadas reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de la aplicación del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Hidrocarburos, declarado contrario al Derecho de la Unión Europea. En aquellos casos estimó la inclusión del IVA en la cuantía indemnizatoria solo porque el propio reclamante alegó y acreditó debidamente que se trataba de un empresario cuya actividad quedaba exenta de dicho impuesto [STS, Sala 3ª, de 16 de marzo de 2022 (Recurso 75/2016) y la STS, Sala 3ª, de 30 de junio de 2022 (Recurso 140/2018)]: [...]

En el presente caso, sin embargo, la demandante en modo alguno ha acreditado en vía administrativa ni judicial que no pudo resarcirse del IVA soportado, por lo que no procede incluir el importe de IVA en la cuantía indemnizatoria.

[...] Con arreglo a la interpretación que defendemos, el recurso de casación ha de ser estimado y anulada la sentencia recurrida para que, en su lugar, se estime parcialmente el recurso contencioso-administrativo sin incluir el importe correspondiente al IVA en la indemnización reconocida [...].»

D) La doctrina jurisprudencial establecida en relación con la cuestión de interés casacional planteada.

1º) Tal y como hemos referido anteriormente, el auto de admisión del recurso plantea como cuestión que presenta interés casacional la consistente en «[...] reafirmar, reforzar, complementar, y, en su caso, matizar, nuestra jurisprudencia sobre los criterios de cuantificación de la responsabilidad patrimonial y, en concreto, determinar si el importe del IVA debe considerarse daño efectivo indemnizable cuando el reclamante es sujeto pasivo de dicho impuesto y está en condiciones de ser fiscalmente resarcido de las cuotas soportadas. [...]».

Y a tal efecto, el citado auto identifica como normas que, en principio, serán objeto de interpretación: el artículo 32.2 LRJSP  y los arts. 84, 92, 99 y 115 LIVA.

2º) La cuestión que se plantea en este recurso se centra exclusivamente en determinar si el importe del IVA debe considerarse daño efectivo indemnizable cuando el reclamante es sujeto pasivo de dicho impuesto y está en condiciones de ser fiscalmente resarcido de las cuotas soportadas.

3º) El marco normativo a tener en cuenta para resolver la cuestión casacional planteada es el siguiente:

a) El artículo 84 LIVA establece que:

«serán sujetos pasivos del Impuesto «las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de empresarios o profesionales y realicen las entregas de bienes o presten los servicios sujetos al Impuesto [...].»

b) El artículo 92 LIVA  establece que 

«los sujetos pasivos podrán deducir de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido devengadas por las operaciones gravadas que realicen en el interior del país las que, devengadas en el mismo territorio, hayan soportado por repercusión directa o correspondan a las siguientes operaciones [...].»

c) El artículo 99.cinco LIVA señala que 

«Cuando la cuantía de las deducciones procedentes supere el importe de las cuotas devengadas en el mismo periodo de liquidación, el exceso podrá ser compensado en las declaraciones-liquidaciones posteriores, siempre que no hubiesen transcurrido cuatro años contados a partir de la presentación de la declaración-liquidación en que se origine dicho exceso».

d) El artículo 115.uno LIVA  dispone que 

«Los sujetos pasivos que no hayan podido hacer efectivas las deducciones originadas en un período de liquidación por el procedimiento previsto en el artículo 99 de esta Ley, por exceder la cuantía de las mismas de la de las cuotas devengadas, tendrán derecho a solicitar la devolución del saldo a su favor existente a 31 de diciembre de cada año en la autoliquidación correspondiente al último período de liquidación de dicho año [...].»

4º) Esta Sala se ha pronunciado ya en diversas ocasiones respecto de la cuestión jurídica de interés casacional que se suscita en este recurso. En concreto -y fundamentalmente- en nuestras STS de 24 de enero de 2018 (Rcas 2291/2016) y STS de 10 de marzo de 2026 (Rcas 5128/2024 y 7924/2024, en asuntos análogos al presente); y, sensu contrario, en nuestras STS de 16 marzo de 2022 (Rc 75/2016)  y STS de 30 de junio de 2022 (Rc 140/2018).

Señalaba nuestra STS de 24 de enero de 2018 (Rcas 2291/2016), en doctrina que debemos aquí reiterar:

«Mayores problemas genera incluir en la indemnización las cuotas del IVA soportado en las facturas abonadas por la perjudicada, que se incluyen por la Sala de instancia en este apartado de demolición e incluso el argumento deberá extenderse al impuesto soportado en las facturas por los gastos en la construcción, que son la base para la determinación de la indemnización .

No cabe dudar, era obligado, que la perjudicada ha satisfecho las cuotas del IVA que se habían incluido, como era también obligado, en las facturas que le habían sido emitidas por los empresarios terceros que intervinieron, no solo en las obras de demolición, sino también de construcción. Así se acepta por todas las partes. Ahora bien, partiendo de que la perjudicada es, a su vez y como quienes le exigieron el IVA en sus facturas, un "empresario", en el sentido a que se refiere el artículo 84 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA; es indudable que por la misma estructura de este Impuesto indirecto que grava el consumo, la propia perjudicada tenía derecho a deducirse ese IVA soportado, de conformidad con lo que le autoriza el artículo 92 de la mencionada Ley, repercutiéndolo en los IVA que incluyó en las facturas por ella expedidas.

Es decir, la perjudicada, en cuanto que empresaria, tenía derecho a la deducción del IVA soportado con ocasión de los IVA que debía percibir de los adquirentes finales del producto, esto es, de las viviendas. Se constituye así uno de los principios básicos de este Impuesto indirecto, el de la neutralidad para los empresarios, para los sujetos pasivos, en cuanto el mismo no debe suponer gastos ni ingresos para los agentes económicos en la producción de bienes y servicios, siendo el consumidor final el que debe soportarlo. Para ello es clave en la configuración del Impuesto la deducción por los sujetos pasivos, los empresarios, que es inmediata porque nace en el mismo momento en que se devengan las cuotas deducibles. Ello quiere decir que el nacimiento del derecho a la deducción de las cuotas soportadas por la empresa perjudicada con ocasión de la construcción de los inmuebles demolidos coincide con el momento en que se devengaron las cuotas deducibles, en el mismo momento en que fueron repercutidos por los empresarios o profesionales que llevaron a cabo la construcción de los inmuebles. Lo mismo sucede con respecto a la deducción de las cuotas soportadas por la empresa perjudicada con ocasión de la demolición de los inmuebles, puesto que el derecho a la deducción coincide con el momento en que se devengaron las cuotas deducibles, en el mismo momento en que fueron repercutidos.

Y nada obsta a esa estructura del Impuesto que en el caso de los costes de demolición no existiera un consumidor final, porque si en el cómputo del ejercicio de los IVA soportados y repercutidos, existe una diferencia negativa, la compensación podrá realizarse en periodos sucesivos o, en su caso, la devolución por la Hacienda Pública.

En suma, garantizada la deducción del IVA incluido en las facturas que hayan de tomarse en consideración para determinar el importe de la indemnización procedente, la inclusión del mismo comporta una duplicidad que debe ser corregida y, por tanto, los importes del IVA soportado por la perjudicada no pueden ser incluidos en la indemnización a que tiene derecho».

Y, en el mismo sentido, las STS de 16 marzo de 2022 (Rc 75/2016) y STS de 30 de junio de 2022 (Rc 140/2018), en las que esta Sala, con ocasión de determinadas reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de la aplicación del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Hidrocarburos, declarado contrario al Derecho de la Unión Europea, estimamos la inclusión del IVA en la cuantía indemnizatoria, pero solo porque el propio reclamante alegó y acreditó debidamente que se trataba de un empresario cuya actividad quedaba exenta de dicho impuesto (así se recoge en el fundamento cuarto y quinto respectivamente de dichas sentencias).

5º) Esta doctrina, que debe aquí mantenerse, parte de la propia regulación del IVA de la que se desprende que es un impuesto indirecto que grava el consumo final de bienes y servicios, y que no debe ser soportado económicamente por quien desarrolla una actividad económica, para quien dicho impuesto debe resultar neutral.

Así, este carácter neutral del impuesto determina que si el recurrente tiene la condición de «empresario» sujeto al IVA, debemos concluir que el importe correspondiente al IVA no debe considerarse daño efectivo indemnizable, cuando el reclamante tiene efectivamente derecho a resarcirse fiscalmente de ese IVA soportado (verificado aquí con el pago del canon). En tal caso, no se le habría ocasionado ningún daño en este aspecto, satisfaciéndose así precisamente el principio de restitutio in integrum.

Y es que, en línea de principio, garantizada en estos términos la deducción del IVA soportado, la inclusión de este en la indemnización comporta una duplicidad que debe ser corregida y, por tanto, los importes del IVA soportado por la perjudicada no pueden ser incluidos en la indemnización a que tiene derecho.

6º) Por tanto, y en línea con nuestra doctrina expuesta, debemos dar respuesta a la cuestión planteada por la Sección de Admisión fijando la siguiente doctrina:

En el ámbito de la cuantificación de la responsabilidad patrimonial el importe del IVA no debe considerarse daño efectivo indemnizable cuando el reclamante es sujeto pasivo de dicho impuesto y está en condiciones de ser fiscalmente resarcido de las cuotas soportadas.

E) De la aplicación de la doctrina expuesta a la decisión del asunto litigioso.

1º) La sentencia impugnada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco reconoce la indemnización solicitada en los términos de fallo, pero incluye en ella el IVA en virtud del principio de restitutio in integrum.

El demandante es una empresa dedicada al transporte de mercancías por carretera, y, por tanto, tiene la condición de empresario sujeto al IVA. Así conforme a la doctrina expuesta, debemos concluir que el importe correspondiente al IVA no debe considerarse daño efectivo indemnizable, puesto que la actora tenía derecho, entre otros, a deducirse ese IVA soportado con el pago del canon, con ocasión del IVA que debía percibir de los destinatarios de su servicio de transporte, por lo que no se le ha producido ningún daño.

2º) Pues bien, conforme a lo expuesto, la sentencia recurrida en casación no se ajusta a nuestra doctrina jurisprudencial lo que obliga a estimar el recurso de casación y a casar parcialmente la sentencia impugnada por no ser conforme a Derecho exclusivamente en lo relativo a la inclusión del IVA en el concepto de indemnización conforme a lo expuesto en el Fundamento de Derecho quinto.

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En un seguro de nave industrial la indemnización por pérdida de alquileres debe calcularse conforme al interés asegurado inmediatamente anterior al siniestro, respetando el límite temporal máximo de doce meses previsto en la póliza.

 

La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, sec. 1ª, de 10 de septiembre de 2026, nº 1411/2026, rec. 914/2022, declara en un seguro de nave industrial, que la indemnización por pérdida de alquileres debe calcularse conforme al interés asegurado inmediatamente anterior al siniestro.

En un seguro de daños sobre un inmueble arrendado, la indemnización por pérdida de alquileres debe fijarse conforme al valor del interés asegurado inmediatamente anterior al siniestro, correspondiendo la indemnización al plazo máximo de duración previsto contractual y no vinculado a la posterior venta del inmueble que extinga la propiedad del asegurado.

Debe considerarse que la extinción del contrato de arrendamiento se produjo a consecuencia del incendio y no por la venta posterior del inmueble.

La sala de casación otorga la razón a la parte asegurada, considerando que el interés asegurado corresponde al derecho a percibir alquileres establecido en el contrato vigente inmediatamente antes del incendio.

La extinción del arrendamiento se produjo como consecuencia directa del siniestro (incendio y destrucción de la nave), no por la posterior venta del inmueble. Por tanto, la indemnización debe calcularse conforme al valor de dicho interés inmediatamente anterior al siniestro, respetando el límite temporal máximo de doce meses previsto en la póliza.

Se revoca la sentencia de apelación que redujo la indemnización al período hasta la venta y se confirma en parte la de primera instancia que fijó la indemnización sobre el interés asegurado. Se establece que la aseguradora debe abonar la cantidad reclamada proporcionalmente hasta concluir el límite contractual, con intereses legales desde la fecha señalada.

El Tribunal Supremo reafirma el criterio doctrinal sobre la determinación del daño conforme al interés asegurado, fijando claridad jurisprudencial respecto a la temporalidad del derecho indemnizable frente a transmisiones posteriores del bien asegurado.

Esta sentencia clarifica que en los seguros de daños que cubren pérdida de alquileres, la indemnización debe calcularse en función del interés asegurado vigente inmediatamente antes del siniestro, y que la extinción de la propiedad posterior al siniestro no anula el derecho indemnizatorio dentro del límite temporal acordado, distinguiendo claramente la extinción del arrendamiento vinculada al siniestro de la venta posterior del bien.

A) Introducción.

1º) Una empresa propietaria de una nave industrial aseguró contra incendio y pérdida de alquileres, sufrió un incendio que destruyó la nave, posteriormente la arrendataria extingue el contrato por dicha destrucción y la empresa vende el terreno; se disputa la indemnización por pérdida de alquileres durante el período máximo estipulado de cobertura.

¿Debe determinarse la indemnización por pérdida de alquileres atendiendo al interés asegurado inmediatamente anterior al siniestro o al momento posterior a la venta del inmueble afectado?.

Se determina que la indemnización debe calcularse conforme al interés asegurado inmediatamente anterior al siniestro, considerando que la extinción del contrato de arrendamiento se produjo a consecuencia del incendio y no por la venta posterior del inmueble.

Con base en el artículo 26 de la Ley de Contrato de Seguro, el daño indemnizable debe definirse por el valor del interés asegurado antes del siniestro, siendo este interés la relación económica vigente entre el arrendador y la nave arrendada, que se perdió por el siniestro cubierto y no por la posterior venta del terreno.

2º) Claves de la resolución judicial:

- Causa de la extinción: La pérdida del derecho a percibir las rentas se produjo como consecuencia directa del incendio (destrucción de la nave), y no por la venta posterior del terreno.

- Límite contractual: La aseguradora debe abonar la cantidad reclamada de forma proporcional hasta cubrir el límite temporal máximo de doce meses previsto en la póliza, sin que la transmisión del bien interrumpa este plazo.

- Aplicación del artículo 26 LCS: El daño indemnizable se define por el valor de la relación económica existente justo antes del accidente. Los actos de disposición posteriores sobre el suelo no minoran el daño ya causado al interés asegurado.

B) Cuestión controvertida y resumen de antecedentes.

1. En un seguro contra daños sobre inmuebles, referido a una nave industrial arrendada, que garantiza la pérdida de alquileres como consecuencia de un siniestro cubierto por la póliza (en el caso, el incendio de la nave industrial), se plantea la controversia sobre la determinación del daño indemnizable a resultas del incendio de la nave arrendada y la posterior venta del terreno con los restos del incendio, venta que se produjo durante el período de duración máxima de la cobertura por pérdida de alquileres . Se trata, pues, de la aplicación del art. 26 LCS, según el cual el daño indemnizable debe determinarse por el valor del interés asegurado inmediatamente anterior al siniestro.

2. Para la resolución del presente recurso de casación interpuesto por la parte demandante, debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia y que guardan relación con lo que es objeto de recurso.

(i) El 28 de septiembre de 2012, Vicolozano Explotaciones y Concesiones S.L.U. (en adelante, «Vicolozano») compró por 4.177.500 euros una nave industrial en el polígono de Vicolozano (Ávila) a Sofinsa y se subrogó en el contrato de arrendamiento (de 18 de mayo de 2007, modificado el 1 de diciembre de 2011) existente con Luxtor S.A.

A esta arrendataria sucedió Ornua Ingredientes España S.L. (en lo sucesivo, «Ornua»).

El contrato de arrendamiento tenía una duración obligatoria hasta el año 2032.

(ii) El 24 de octubre de 2015, Vicolozano suscribió una póliza de seguro denominada «Multirriesgo industrial» con la compañía Reale Seguros Generales S.A. (de ahora en adelante, «Reale»), para asegurar la nave industrial en caso de incendio, entre otros riesgos. El capital garantizado en caso de incendio por el continente (es decir, la propia nave industrial) era de 5.328.750 euros y -como garantía suplementaria- por pérdida de alquileres hasta 532.875 euros (con un máximo de 12 meses).

En las condiciones generales de la póliza, su art. 1 (titulado «Preliminar»), en el apdo. 3 «Definiciones y conceptos», establece:

«Período de indemnización: Periodo de tiempo que, con el límite de duración máximo fijado en las Condiciones Particulares de la Póliza, se inicia en la fecha de acaecimiento de un siniestro y se extiende en tanto se mantenga una paralización, total o parcial, de la actividad de la empresa, que afecte a los resultados de la explotación.

»Perjuicio: Pérdida económica consecuencia directa de los daños personales o materiales sufridos por el reclamante de dicha pérdida.»

Y el art. 4 (bajo el título «Garantías»), en el epígrafe «Garantía 2.ª. Garantías suplementarias», entre otros extremos, determina:

«4. Pérdida de alquileres.

»Se garantiza la pérdida de los ingresos por alquiler del edificio o local descrito en las Condiciones Particulares, como consecuencia de un siniestro cubierto por la póliza, siempre que esté asegurado el continente y que el local esté cedido en alquiler mediante contrato vigente en el momento inmediato anterior a la ocurrencia del siniestro.

»Límite de indemnización: Se establece un límite de indemnización por siniestro para esta cobertura del 10 % del capital de continente, y con una duración máxima de 12 meses».

(iii) El 5 de noviembre de 2017, sobre las 2:40 h. de la madrugada, se produjo un incendio en la nave industrial propiedad de Vicolozano, que estaba arrendada a Ornua.

(iv) El 30 de noviembre de 2017, la arrendataria Ornua envió una carta a Vicolozano en la que daba por extinguido el contrato de arrendamiento , y alegaba como causa de la extinción contractual la destrucción del objeto arrendado (la nave industrial).

El 6 de febrero de 2018, Vicolozano firmó el recibo de pago a cuenta hecho por Reale del importe anunciado de 1.560.000 euros. El 12 de julio de 2018, Reale abonó otro pago de 1.716.458,12 euros; hasta los 3.276.458,12 euros; adeudados.

(v) El 16 de febrero de 2018, Vicolozano vendió a Ornua el terreno y los restos del incendio por un precio de 2.500.000 euros.

(vi) El perito de la aseguradora Reale aceptaba casi la totalidad de los daños, pero entendía que dos partidas quedaban excluidas de la cobertura de la póliza. Por cuanto interesa al objeto del presente recurso (la pérdida de alquileres ), este perito consideró que procedía indemnizar a Vicolozano por 3 meses y 15 días de pérdida de alquileres (105.670,73 euros), en atención al período desde que ocurrió el siniestro (el 5 de noviembre de 2017) hasta que Vicolozano vendió la nave a Ornua (el 16 de febrero de 2018).

3. El 29 de octubre de 2018, Vicolozano interpuso la demanda contra Reale que ha dado lugar al presente procedimiento. En esta demanda se pedía al juzgado que condenase a Reale al pago de la cantidad de 768.152,11 euros, con el siguiente desglose:

(i) 10.193,43 euros por no abonar en el plazo de 40 días el importe mínimo del daño conocido (art. 18 LCS);

(ii) 34.031,94 euros por no abonar en el plazo de tres meses la indemnización;

(iii) 379.898,64 euros por 12 meses de pérdida de alquileres ;

(iv) 344.028,10 euros por los gastos inherentes a la construcción de la nave que forman parte de su valor real.

4. El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 4 de Pozuelo de Alarcón (procedimiento ordinario n.º 568/2018). Reale se opuso a la demanda y solicitó su desestimación.

5. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 4 de Pozuelo de Alarcón dictó la sentencia n.º 172/2019, de 17 de diciembre, que estimó la demanda y condenó a Reale a pagar a Vicolozano 723.926 euros, más los intereses y las costas.

Por cuanto interesa al objeto del presente recurso (la cobertura por pérdida de alquileres ), el juzgado concedió la totalidad de la indemnización solicitada (379.898,64 euros), al rechazar la tesis de la aseguradora, que vinculaba la indemnización al mantenimiento de la propiedad de la finca por parte de la actora. El juzgado argumentó que el hecho que ocasionó la pérdida de los alquileres fue la destrucción de la nave por el incendio, y no la venta del terreno por la asegurada Vicolozano. Así, el juzgado consideró que la arrendataria Ornua se amparó en el art. 28.a) de la Ley de Arrendamientos Urbanos, para dar por extinguido el contrato mediante carta de 30 de noviembre de 2017.

El juzgado también apreció que el perito de la aseguradora demandada había declarado en juicio que era imposible que la reconstrucción de la nave se efectuara en el plazo de 12 meses. Éste es el período máximo de indemnización por pérdida de alquileres previsto en la correspondiente cláusula de la póliza de seguro.

En cuanto a los intereses del art. 20 LCS, el juzgado decidió que se devengaban respecto de las partidas en las que había disconformidad entre las partes, pues entendió que la oposición de la demandada no estaba justificada; pero no impuso estos intereses respecto del importe en que se conformaron, por ser pagado en plazo u ofrecido dentro de plazo con una negativa a su aceptación por la demandante que el juzgado no consideró razonable.

6. Reale recurrió en apelación la sentencia de primera instancia, con la alegación de que había infringido: (i) el art. 26 LCS, respecto de la indemnización concedida por pérdida de alquileres ; (ii) los arts. 3 y 26 LCS, en relación con la indemnización por costes del proyecto, dirección de obra y licencias; (iii) los arts. 28 y 30 LCS, respecto de la indemnización por no abonar en el plazo de 40 días el importe mínimo del daño conocido; (iv) el art. 20 LCS , con referencia a las partidas en las que existía disconformidad; y (v) el art. 394 LEC respecto de la condena en costas.

Por su parte, Vicolozano impugnó la sentencia de primera instancia, en cuanto a que no se pronunció sobre que la partida de gastos inherentes a la construcción de la nave forma parte de su valor real.

7. La Audiencia Provincial de Madrid (Sección 11.ª) en su sentencia de 28 de octubre de 2021 (subsanada y aclarada por auto de 20 de diciembre de 2021), estima el recurso de apelación de Reale, desestima la impugnación de Vicolozano, revoca en parte la sentencia del juzgado y estima en parte la demanda de Vicolozano, en el sentido de condenar a Reale a pagar a Vicolozano la cantidad de 105.680,73 euros, cantidad a la que ya se allanó Reale y que ya había consignado. Impone a Vicolozano las costas derivadas de su impugnación, sin imponer a ninguna de las partes las costas de la primera instancia ni las causadas por el recurso de apelación.

Como fundamento de su resolución, y por cuanto interesa a los efectos del único motivo admitido del recurso de casación (la determinación de la indemnización concedida por pérdida de alquileres ), la audiencia provincial entiende que lleva razón la aseguradora Reale, por cuanto la garantía comprende los alquileres dejados de percibir por la propietaria asegurada Vicolozano, «de manera que cuando deja de ser propietaria por haber transmitido la nave, ya no hay perjuicio por impago de rentas, porque no tendría derecho alguno a su percepción».

La audiencia provincial sostiene que se aplicaría la garantía en el máximo temporal de 12 meses si la asegurada hubiera seguido siendo la propietaria. Considera que la paralización de la actividad de la empresa se produjo durante los tres meses y medio desde que se produjo el siniestro y hasta que se realizó la venta, por lo que no cabe computar ninguna paralización de la actividad de la asegurada Vicolozano, cuando la nave ya no es suya. Desde entonces deja de ser arrendador y, en consecuencia, ya no tiene derecho a cobrar alquiler alguno, y sí al precio de la venta. Esta paralización supone un total de 105.670,73 euros, y la aseguradora se allanó y consignó esta cantidad. La audiencia provincial concluye que «todo lo que exceda de esos tres meses y medio admitidos por Reale no son más que sueños de ganancia, carentes de toda realidad».

8. Frente a la sentencia de apelación, Vicolozano formula un recurso de casación, articulado en tres motivos, de los que tan sólo se ha admitido el primero.

C) Motivo primero del recurso de casación.

1. Planteamiento. Al amparo del art. 477.1 LEC, este motivo denuncia «la infracción del artículo 26 de la Ley de Contrato de Seguro según el cual el daño debe determinarse por el valor del interés asegurado inmediatamente anterior al siniestro».

En el desarrollo del motivo la recurrente alega que, como valoró la sentencia de primera instancia, el arrendamiento no se extinguió por la venta del terreno a la arrendataria, realizada meses después del siniestro, sino por la destrucción de la nave por el incendio, y es en dicho momento en el que ha de establecerse el daño en aplicación del art. 26 LCS. Por ello la recurrente combate la tesis de la sentencia de apelación, que consideró que la venta del inmueble produjo la extinción del arrendamiento y la pérdida de alquileres .

2. Resolución del tribunal. Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

El presente caso se refiere a un seguro contra daños sobre inmuebles, concretamente una nave industrial, que cubre también, como interés asegurado, las rentas o alquileres a cuya percepción tenía derecho la propietaria-arrendadora de la nave industrial (Vicolozano), a resultas del contrato de arrendamiento celebrado con la arrendataria Ornua, cuya vigencia se extendía obligatoriamente hasta el año 2032.

Concretamente, la cláusula contenida en el art. 4 (bajo el título «Garantías») de las condiciones generales de la póliza, en el epígrafe «Garantía 2.ª. Garantías suplementarias», establece lo siguiente:

«4. Pérdida de alquileres.

»Se garantiza la pérdida de los ingresos por alquiler del edificio o local descrito en las Condiciones Particulares, como consecuencia de un siniestro cubierto por la póliza, siempre que esté asegurado el continente y que el local esté cedido en alquiler mediante contrato vigente en el momento inmediato anterior a la ocurrencia del siniestro.

»Límite de indemnización: Se establece un límite de indemnización por siniestro para esta cobertura del 10 % del capital de continente, y con una duración máxima de 12 meses».

El mismo art. 4 de las condiciones generales, en su apdo. 4.1, incluye el incendio como el primero de los siniestros cubiertos (o garantías contratadas) por la póliza.

Se trata, pues, de la cobertura aseguradora por la pérdida de alquileres , en virtud de la cual se indemniza al arrendador de la nave industrial por las rentas o alquileres que deje de percibir a consecuencia de un siniestro cubierto por la póliza (en este caso, incendio). La cláusula contractual sólo exige que la nave industrial (el continente) esté asegurada y que su uso esté cedido por un contrato de alquiler que esté vigente en el momento inmediatamente anterior al acaecimiento del siniestro. La indemnización queda limitada en el aspecto cuantitativo (el 10 % del capital del continente) y en la vertiente temporal (con una duración máxima de 12 meses).

Son, asimismo, hechos incontrovertidos que el 5 de noviembre de 2017 acaeció el incendio de la nave industrial arrendada, y este siniestro causó la destrucción total de la nave. El 30 de noviembre de 2017, la arrendataria Ornua envió una carta a la arrendadora Vicolozano en la que le comunicaba la extinción del contrato de arrendamiento , y alegaba como causa de esta extinción contractual la destrucción de la nave industrial arrendada. Y el 16 de febrero de 2018, Vicolozano vendió a Ornua el terreno y los restos del edificio.

3. Respecto a la determinación del daño indemnizable, el art. 26 LCS, en su inciso segundo), establece un doble criterio objetivo y temporal, en los siguientes términos:

«[...] Para la determinación del daño se atenderá al valor del interés asegurado en el momento inmediatamente anterior a la realización del siniestro.»

La clave, pues, reside en el interés asegurado. En efecto, el interés del asegurado en el bien expuesto al riesgo constituye el objeto del seguro. Por esta razón, el interés asegurado es un elemento esencial del contrato de seguro. Así lo ha afirmado esta sala en la sentencia n.º 681/1994, de 9 de julio, al señalar que:

«en los seguros de daños, el interés del asegurado a la indemnización procedente por consecuencia del riesgo que se asegura viene a ser requisito esencial para la validez del contrato».

En este sentido se expresa también la sentencia del pleno de la sala n.º 338/2023, de 1 de marzo. A este respecto, destaca que el art. 8.I.2 LCS exige, entre las menciones mínimas del contrato de seguro, que se especifique «el concepto en el cual se asegura». Y recuerda que la Ley de Contrato de Seguro se refiere al interés asegurado en las disposiciones generales de la regulación de los seguros contra daños. Éstas se inician con el art. 25 LCS, según el cual «... el contrato de seguro contra daños es nulo si en el momento de su conclusión no existe un interés del asegurado a la indemnización del daño». Y como ya hemos indicado, el art. 26 LCS en su segundo inciso ordena que, para la determinación del daño, se atienda al valor del interés asegurado en el momento inmediatamente anterior a la realización del siniestro.

Aunque la ley no define el interés asegurado, la jurisprudencia ha precisado este concepto: es la relación económica que existe entre un sujeto (el asegurado) y un bien o derecho, que tiene un valor económico, y que, a consecuencia de un evento o suceso determinado, puede sufrir una disminución, lesión o pérdida, que ha de ser resarcida por la indemnización del seguro.

A este respecto, la sentencia de esta sala del TS n.º 997/2002, de 23 de octubre (con cita de la sentencia de 16 de mayo de 2000), declara que:

«en el ámbito del Derecho de seguro el interés viene constituido por la relación económica existente entre un sujeto y un bien que constituye el objeto cubierto por la póliza».

Y la sentencia del pleno de la sala de lo Civil del TS n.º 338/2023, de 1 de marzo, añade:

«El interés económico que una persona ostenta en que no se produzca el siniestro, constituye objeto legítimo de cobertura en el contrato de seguro de daños, cuya razón de ser radica precisamente en obtener el resarcimiento concreto de la lesión del interés (id quod interest). De esta manera, el siniestro es la realización del riesgo y la lesión del interés asegurado.

El interés guarda íntima relación con el riesgo.

Sin la existencia de un interés legítimo sobre una cosa sometida a un riesgo no nace el seguro de daños ni, por lo tanto, se generan sus prototípicos efectos. Desde esta perspectiva, aseguramos las cosas sobre las que tenemos interés para preservarnos de los siniestros que las dañen.»

4. En el presente caso, es clara la existencia del interés asegurado, por la relación económica que hay entre el arrendador Vicolozano y la nave industrial arrendada a Ornua. Este interés tiene un valor económico-patrimonial que se cifra en los alquileres a cuya percepción tiene derecho el arrendador Vicolozano, si bien en la póliza de seguro se limita temporalmente con una duración máxima de 12 meses. Resulta, pues, indiscutible que el interés asegurado existe en el momento de la conclusión del contrato y, asimismo, que dicho interés subsiste en el momento de la producción del daño.

Es la pérdida o lesión de ese valor del interés, a consecuencia de un riesgo cubierto, la que ha de ser resarcida por la indemnización del seguro.

El riesgo es el peligro de que se produzca un siniestro: esto es, la posibilidad de que acontezca un evento o suceso que genere un daño o provoque una necesidad. El riesgo es presupuesto de la causa del contrato, que está vinculada a su función indemnizatoria. Por ende, el riesgo deviene también elemento esencial del contrato de seguro.

En el caso que nos ocupa, el siniestro consistente en el incendio de la nave industrial, que provoca su total destrucción, es la causa de la extinción del contrato de arrendamiento , y dicha extinción del arrendamiento es la que provoca la pérdida de los alquileres , cuya percepción por el arrendador es el interés asegurado. Por consiguiente, la pérdida de alquileres deriva de un riesgo cubierto en la póliza.

Es un hecho acreditado que la arrendataria Oruna comunicó a la arrendadora Vicolozano, mediante carta de 30 de noviembre de 2017, que daba por extinguido el contrato de arrendamiento, alegando como causa de extinción contractual la destrucción de la nave industrial.

Así pues, la pérdida de alquileres por la arrendadora (que es el interés asegurado) se produce por la extinción del contrato de arrendamiento , y esta extinción contractual ha sido causada por la destrucción de la nave industrial a consecuencia del incendio que tuvo lugar el 5 de noviembre de 2017.

Por tanto, resulta incorrecta la valoración que realiza la audiencia provincial. En el presente caso, la extinción del contrato de arrendamiento (el 30 de septiembre de 2017) no se produce por la venta de la finca el 16 de febrero de 2018, y la consiguiente pérdida de su propiedad por el vendedor. En realidad, y como ya se ha expuesto, el contrato de arrendamiento se extinguió (y con dicha extinción se produjo la pérdida de alquileres ) a resultas del acaecimiento del siniestro (el incendio cubierto como riesgo en la póliza de seguro) que provocó la destrucción de la nave industrial.

Otro dato que conduce a la conclusión de que el contrato de arrendamiento de la nave industrial no se extinguió por la posterior venta es que el objeto de uno y otro contrato eran distintos: en el arrendamiento era, obviamente, la nave industrial; mientras que la venta tuvo por objeto el terreno con los restos de incendio. Por otra parte, resulta irrelevante que la compradora fuera la anterior arrendataria.

En conclusión: es claro el interés del que es titular el arrendador Vicolozano en este seguro de cosas (seguro contra daños sobre la nave industrial arrendada) y que consiste en el derecho a la percepción de los alquileres . En aplicación del segundo inciso del art. 26 LCS, el daño queda predefinido y determinado en el momento inmediatamente anterior a la realización del siniestro, y se cifra en la pérdida o lesión del valor económico (la pérdida de alquileres ) derivada de la imposibilidad de seguir arrendando la nave industrial al haber quedado destruida por el incendio.

Así pues, el asegurado tiene derecho a la indemnización pactada en la póliza, con el límite por siniestro de esta cobertura del 10 % del capital del continente, y con la duración máxima de 12 meses.

La aseguradora Reale cuantificó la indemnización en 105.670,73 euros, correspondiente a los tres meses y medio desde el acaecimiento del incendio de la nave (el 5 de noviembre de 2017) hasta la venta de la finca (el 16 de febrero de 2018). Reale ya se allanó a esta cantidad de 105.670,73 euros; y consignó este importe.

Por tanto, la aseguradora debe indemnizar al asegurado el importe de 274.227,91 euros que es la cifra que resta hasta alcanzar la cantidad reclamada por Vicolozano por pérdida de alquileres (379.898,64 euros).

Este importe de 274.227,91 euros devengará los intereses del art. 20 LCS, desde el 5 de febrero de 2018 hasta su completo pago. Se señala esa fecha como dies a quo del devengo del interés del art. 20 LCS por razones de congruencia, al haberlo solicitado así la demandante Vicolozano en su demanda.

La conclusión de lo expuesto es que, respecto de este punto relativo a la indemnización por la pérdida de alquileres, la sentencia de segunda instancia debe ser casada, el recurso de apelación, desestimado, y la sentencia de primera instancia, confirmada en sus propios términos.

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Cuando la Administración impone al contratista la continuación forzosa de un contrato de gestión de servicio público una vez finalizado el plazo máximo legal, incluidas las prórrogas, y ni el contrato ni la normativa vigente prevén tal continuación, los daños y perjuicios derivados de dicha prolongación obligada deben ser indemnizados por la Administración.

 

La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, sec. 4ª, de 8 de junio de 2026, nº 710/2026, rec. 7547/2024, fija como doctrina jurisprudencial que en un contrato de gestión del servicio público, la imposición al contratista por parte de la Administración de la continuación del contrato, una vez finalizado el plazo máximo legal, incluidas las prórrogas, mientras se tramita la licitación de un nuevo contrato, en atención al fin público inmediato que se satisface con dicho contrato, cuando ni el contrato ni la legislación vigente en ese momento prevén esa continuación forzosa, los posibles daños y perjuicios derivados de la prolongación obligada de la prestación por el contratista deben ser asumidos por la Administración atendiendo al precio real del servicio en el momento en que se prestó, ya que se entiende justificada la pretensión de que la compensación a la contratista de los servicios prestados deba hacerse basándose en el precio real del servicio y no en unas cláusulas contractuales previstas para un periodo temporal diferente de un contrato finalizado.

No se trata de que hubiera un desequilibrio económico durante la vigencia del contrato sino de que este se había extinguido y la Administración, por ello, no podía exigir la aplicación de su clausulado. Se trataba de una situación nueva que no encontraba amparo en el contrato finalizado y que generaba además una situación de incertidumbre sobre su duración en la contratista, y en la que la contraprestación económica percibida era a todas luces inferior al precio real.

Cuando la Administración impone al contratista la continuación forzosa de un contrato de gestión de servicio público una vez finalizado el plazo máximo legal, incluidas las prórrogas, y ni el contrato ni la normativa vigente prevén tal continuación, los daños y perjuicios derivados de dicha prolongación obligada deben ser indemnizados por la Administración conforme al precio real del servicio prestado en ese periodo.

La Sala del Tribunal Supremo concede parcialmente el recurso de casación interpuesto por la contratista, pues considera que, dada la ausencia de previsión contractual o legal para la continuación forzosa del servicio tras la finalización del contrato, la Administración no puede exigir la prestación sin reconocer indemnización por daños y perjuicios conforme al precio real del servicio.

Se reconoce la negligencia de la Administración al no tramitar a tiempo un nuevo contrato y se protege el equilibrio económico contractual evitando el enriquecimiento injusto. Se anula la sentencia de instancia y se ordena retrotraer el procedimiento para valorar la cuantía indemnizatoria con base en el informe pericial aportado.

El fallo establece doctrina casacional sobre la compensación en casos de continuidad forzosa no prevista. Se decide la estimación parcial del recurso por estas razones.

La sentencia aclara que en supuestos en que no exista previsión contractual ni normativa para la continuación obligatoria de un contrato público vencido, la Administración debe indemnizar al contratista por los daños causados durante la prestación forzosa, tomando como referencia el precio real del servicio y no las cláusulas del contrato extinguido. Este posicionamiento delimita la aplicación del principio de riesgo y ventura y refuerza la protección del equilibrio económico y la buena fe contractual en la contratación pública.

A) Introducción.

ISS Facility Services S.A. continuó prestando, por imposición de la Generalitat Valenciana, el servicio de cocina y comedor en una residencia de personas mayores después de la finalización del contrato y sus prórrogas, sin que existiera una previsión contractual ni legal para tal prolongación, y reclamó indemnización por los daños económicos sufridos durante dicho periodo de continuación forzosa.

¿Deben ser asumidos por la empresa contratista los perjuicios económicos derivados de la continuación forzosa del contrato público una vez finalizado el plazo legal y prórrogas, o deben ser compensados por la Administración y, en caso afirmativo, en qué cuantía?.

El Tribunal Supremo determina que la indemnización por los perjuicios derivados de la continuación forzosa del contrato debe ser asumida por la Administración y compensada atendiendo al precio real del servicio prestado en dicho periodo, estableciendo así una doctrina casacional nueva que modifica la interpretación previa.

Se fundamenta en que ni el contrato ni la normativa vigente en el momento preveían la continuación forzosa tras la expiración, por lo que la obligación de compensar nace para preservar el equilibrio económico del contrato extinto y evitar el enriquecimiento injusto de la Administración, aplicando principios generales como el equilibrio económico de la contratación administrativa, el principio de buena fe y la ausencia de cobertura contractual para la prolongación, siendo la negligencia administrativa causa exclusiva de dicha situación excepcional.

B) Los términos del litigio y la sentencia recurrida.

1.- La empresa ISS SOLUCIONES DE CATERING SL (entidad posteriormente absorbida por ISS FACILITY SERVICES S.A, que se subrogó en dicho contrato y es la entidad recurrente en este proceso) el día 2 de abril de 2013 celebró contrato con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana que tuvo por objeto la prestación del servicio de cocina y comedor en la Residencia para personas mayores dependientes de Burriana (Castellón). La cláusula 2 de dicho contrato fijaba el precio unitario por menú/plaza/día (el llamado precio por pensión) para cada uno de los cuatro años de duración (9,54 en 2012 y 2013, 9,64 en 2014, 9,74 en 2015 y 9,84 en 2016). El apartado F del anexo I admitía la prórroga por mutuo acuerdo por un periodo máximo de dos años, debiendo proponerse y formalizarse expresamente con la suficiente antelación.

2.- Concluida la vigencia del contrato el 31 de octubre de 2016, constan en el expediente hasta tres prórrogas sucesivas, desde el 1 de noviembre de 2016 hasta el 31 de octubre de 2018. Aunque el precio pagado fue en principio el previsto para 2016, con posterioridad se procedió a una revisión de precios, a petición del contratista, conforme se estipulaba en el contrato, consistente en aplicar el 85% del IPC correspondiente a los doce meses anteriores. Mediante resolución del Subsecretario de la Vicepresidencia y Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas de 5 de octubre de 2021, se fijó esa revisión en 20.864, 76 euros, y tuvo la conformidad del contratista.

3.- Con antelación a ese momento, en contestación a un burofax remitido por la mercantil recurrente en el que recordaba la finalización de la última prórroga del contrato, el Secretario Territorial de Castellón de la Plana de la misma Consejería, el 31 de octubre de 2018 remitió escrito a la mercantil con el contenido siguiente: "A la vista de la próxima finalización del contrato referido, se le informa que se han iniciado los trámites para la licitación de un nuevo contrato, no obstante, dado que todavía no se ha adjudicado el contrato referido, considerando el fin público inmediato que se satisface con estas prestaciones, que no es susceptible de aplazamiento o suspensión, sino que es un deber público que por su naturaleza precisa una continuidad, y dado que no existen medios personales para lleva a cabo dicho servicio, se considera que es necesaria la continuación de la prestación del servicio hasta la adjudicación del nuevo contrato».

4.- Atendiendo a lo indicado en dicha comunicación, la mercantil recurrente continuó prestando ese servicio desde el 1 de noviembre de 2019 hasta la fecha de adjudicación del nuevo contrato el 31 de mayo de 2021. Por ello percibió el precio previsto para 2016, sin tener en cuenta la revisión hecha durante los dos años de prórroga del contrato. Consta en el expediente que la recurrente durante este periodo de continuación forzosa del servicio giró mensualmente dos facturas, una con la cuantía prevista para el último año de duración ordinaria del contrato (el de 2016) y otra con la cantidad adicional que consideraba aplicable por la actualización del precio. De igual manera, se recogen los requerimientos reiterados hechos a la Administración contratante explicando la difícil situación económica de la mercantil por esa ausencia de actualización del precio por la prestación del servicio realizado.

5.- Con fecha 31 de octubre de 2022, la recurrente presentó reclamación ante la Vicepresidencia y Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas solicitando el pago de 899.464,99 euros por el desequilibrio ocasionado durante la prórroga forzosa en relación con el contrato celebrado el día 2 de abril de 2013. Adujo el desequilibrio en la ejecución de la prórroga contractual a la que quedó obligada desde el 1 de noviembre de 2018 hasta mayo de 2021 para justificar la suma de 437.850,10 euros, resultante de la diferencia entre el daño realmente irrogado, que asciende a 857.500 euros, y las facturas abonadas por la Administración (461.614,89 euros), más intereses moratorios, así como los 40 euros por factura previstos en el artículo 8.1 Ley 3/2004, lo que asciende a un total de 1.240 euros.

6.- Ante la desestimación presunta de su reclamación por silencio negativo, interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Interesa destacar que junto a su demanda presentó informe pericial elaborado por D. Maximino y por D. Pio, de Baker Tilly Auditores S.L.P., en el que, a requerimiento de la mercantil recurrente, estimaron el importe del perjuicio económico sufrido por ISS como consecuencia de la continuación forzosa de la prestación del servicio hecho entre el 31 de octubre de 2018 y el 31 de mayo de 2021, cuantificándolo en 737.810,45 euros, desglosados en 737.810 como daño emergente y 135.680 como lucro cesante.

7.- La sentencia n.º 436/2024, de 3 de julio, desestimó el referido recurso e impuso las costas al recurrente, que fijó en 2.000 euros.

Comenzó señalando que la finalización del tiempo máximo de prestación de un determinado servicio no legitima para variar los términos contractuales en lo relativo al precio pactado por esta prestación. Que ya no sería - por hipótesis - el establecido en el convenio vigente entre las partes del proceso, incluida su actualización, sino uno distinto.

Sostiene que para que exista un desequilibrio económico-financiero de un contrato, los presupuestos a cumplir son muy taxativos y no se acreditan por la parte recurrente. Afirma que el hecho de que el precio de adjudicación del nuevo contrato suscrito el 31 de mayo de 2021 supere, en gran medida, al que estaba percibiendo ISS (de 15,51 euros por pensión, frente a los 9,84 euros que se venían abonando a ISS) no legitima el cambio de criterio de cálculo del precio según el reclamado por la contratista.

Añade que la evidente negligencia de la Conselleria de Igualdad y Política Inclusivas (al omitir los trámites contractuales necesarios para evitar la vigencia de una situación disfuncional y contraria a la legalidad como es mantener, de facto, un contrato ya concluido) no lleva, como consecuencia, que la relación jurídica existente entre ente público titular del servicio y tercero quede al albur de unas reglas diversas a las que aparecen en el contrato.

La Sala de instancia concluye que, mientras no haya doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que así lo determine, la continuidad de un contrato más allá de su tiempo máximo no supone, per se, que éste se coloque en un marco de desequilibrio económico para el contratista o bien, de enriquecimiento injusto de la Administración. El desequilibrio no nace de la continuidad del contrato, sino que debe nacer vigente el mismo.

Considera, finalmente, que la mercantil demandante no acreditó de qué manera- el servicio era deficitario con anterioridad a la finalización de la última prórroga; qué peticiones planteó al respecto, y de qué modo éstas encajaban en los limitados supuestos legales que habilitan para arrumbar el principio del riesgo y ventura y equilibrar económicamente la prestación de comedor y cocina en una residencia de personas mayores dependientes.

C) La cuestión de interés casacional.

El auto de la Sección de Admisión de esta Sala de 25 de junio de 2025 declaró que la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en "determinar si, en un contrato de gestión del servicio público la imposición al contratista por parte de la Administración de la continuación del contrato, una vez finalizado el plazo máximo legal, incluidas las prórrogas, mientras se tramita la licitación de un nuevo contrato, en atención al fin público inmediato que se satisface con dicho contrato, los posibles perjuicios derivados de la prolongación obligada del contrato deben ser asumidos por la empresa, en virtud del principio de riesgo y ventura, o deben ser compensados y, si deben serlo, en qué cuantía".

D) El recurso de casación de ISS Facility Services SA.

Invoca, en primer lugar, la infracción del artículo 302 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) en relación con el artículo 303.1 del mismo cuerpo legal.

Considera que no se puede sostener que un contrato ha finalizado, reconociendo que la continuidad del servicio es una situación disfuncional y contraria a la legalidad, y al mismo tiempo, afirmar que todos sus términos deben mantenerse inalterablemente vigentes. El pliego establecía un sistema de fijación de precios unitarios por menú/plaza/día (el llamado precio por pensión), señalando que para determinarlo se había tenido en cuenta el conjunto de gastos que previsiblemente tendría que afrontar la contratista. Esta estimación se hacía teniendo en cuenta el periodo temporal en el que se desarrollaría el contrato, que se fijaba en un máximo de seis años incluidas las prórrogas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 303.1 TRLCSP. Prueba de ello es que tras consignar el sistema de determinación del precio, el anexo establecía el importe máximo por pensión, señalando uno distinto para cada uno de los años en los que desarrollaría el contrato e incluyéndose una posible actualización del 85% del IPC para los dos años de prórroga que, como máximo, podrían adoptarse. Una vez finalizado dicho plazo, no existiría precio alguno que pudiese vincular a las partes, sino un vacío que debe ser colmado mediante la aplicación de las normas y principios que analiza a continuación.

Aduce seguidamente la infracción del principio de riesgo y ventura recogido en el artículo 215 TRLCSP y de la doctrina jurisprudencial que establece la actuación administrativa y el ius variandi como un límite a su aplicación, citando diversas resoluciones de esta Sala, reconociendo que los supuestos de hecho analizados en ellas no son idénticos al que aquí nos ocupa, por versar sobre tipologías contractuales distintas, pero que, no obstante, dado que el principio de riesgo y ventura resulta aplicable a todos los contratos por aplicación del artículo 215 TRLCSP, la delimitación del mismo que en ellas se efectúa, al afirmar que el mismo no puede extenderse a situaciones provocadas por la propia Administración, es extrapolable al caso que nos ocupa. El hecho de que la Administración actúe en beneficio del interés público no altera esta conclusión, pues es ella y no el contratista, quien tiene el mandato de servir a dicho interés en virtud del artículo 103 CE, sin que exista precepto alguno que le habilite para trasladar las consecuencias económicas del ejercicio de tal obligación al administrado.

Añade que dicho interés público exigiría únicamente la continuación del servicio a fin de no dejarlo desierto, pero no el mantenimiento del mismo precio, sin que exista ningún interés público en permitir que un contrato resulte ruinoso para el contratista, dados los perniciosos efectos que ello podría producir en el propio servicio. Y recuerda que lo que motivó la orden de continuidad del contrato no fue una necesidad imperiosa e imprevista de proteger el interés público, sino sencillamente la negligencia de la Administración a la hora de convocar un nuevo concurso y así lo reconoce la sentencia recurrida. Por ello, ni siquiera estamos ante el ejercicio de una prerrogativa administrativa debidamente ejercitada, sino ante un incumplimiento de las obligaciones de la Administración, y las consecuencias económicas negativas derivadas de la prolongación obligada del contrato no pueden estar amparadas por el principio de riesgo y ventura y, por tanto, no deben ser asumidas por el contratista. Una solución diferente infringiría lo dispuesto en el artículo 1256 CC y del principio de interdicción de la arbitrariedad recogido en el 9.3 CE.

Continúa señalando que resulta claro que es la Administración quien debe indemnizar al contratista por aplicación del principio de equilibrio económico que debe regir en todo contrato. Este principio se ha identificado por la jurisprudencia con la "igualdad proporcional entre las ventajas y cargas del contrato" ( Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de núm.1452/2023, de 16 de noviembre) y entronca directamente con los principios de equidad y buena fe, constituyendo uno de los pilares básicos de la contratación administrativa. La Administración debe procurar que el contratista perciba una contraprestación justa, respondiendo a la reciprocidad de intereses que es consustancial a todo contrato, sin que el hecho de que en este caso la contratación haya sido irregular como consecuencia de la actuación administrativa pueda permitirle prescindir de este principio básico. Sin embargo, en este caso, como se acreditó mediante el informe pericial elaborado por los economistas don Maximino y don Pio, e incorporado a la demanda, la prestación del servicio durante la continuación forzosa del contrato al mismo precio pactado inicialmente no solo no le generó a ISS ningún beneficio, sino que le produjo cuantiosas pérdidas, en tanto los costes soportados fueron superiores al importe abonado por la Administración.

Estima también que la obligación de compensar el perjuicio padecido durante la prórroga unilateral dimana de la doctrina jurisprudencial que proscribe el enriquecimiento injusto. La sentencia recurrida infringe por omisión este principio, pues ni lo aplica ni explica con claridad las razones que le llevan a omitirlo pese a que la propia Administración reconocía su plena aplicabilidad en su contestación a la demanda. En este caso, el enriquecimiento de la Administración y correlativo empobrecimiento de la recurrente no viene respaldado por ningún negocio válido y eficaz, pues como ya hemos explicado, el contrato tenía una duración establecida y su continuación no derivó de la voluntad de las partes, sino de la exigencia de la Administración, dando lugar a una situación que la misma resolución judicial impugnada califica como "disfuncional y contraria a la legalidad como es mantener, de facto, un contrato ya concluido". Se cumple incluso el requisito introducido por la jurisprudencia más moderna, pues resulta manifiesto que ISS no continuó prestando el servicio por su propia iniciativa ni de forma maliciosa, sino que como señala la sentencia, el servicio continuó por exigencia de la Administración, pese a que ISS había mostrado su expresa oposición a continuar prestando el servicio en las condiciones pactadas. Pues bien la existencia de un enriquecimiento injusto determina la necesidad de compensar el enriquecimiento y correlativo empobrecimiento que realmente se haya producido, sin que tenga sentido limitarlo a lo que resulte de lo previsto en el contrato - que ni siquiera ha sido objeto de cálculo -, pues es precisamente la imposibilidad de extender las condiciones allí previstas a un periodo irregular que excede de lo pactado lo que habilita la aplicación del principio del enriquecimiento injusto.

Finalmente, invoca una infracción procedimental, en concreto de lo dispuesto en el artículo 218.1 LEC y en el artículo 24 CE. Considera que la sentencia cuestionada el Tribunal ha desestimado la demanda apartándose totalmente de los fundamentos que la demandada quiso hacer valer, y acogiéndose a otros que jamás fueron esgrimidos por ella. A su juicio no es más que una transcripción de otras sentencias dictadas en procedimientos anteriores, al haberse limitado a aplicar una solución que ya había prefabricado para otros procedimientos distintos, obviando por tanto el debate realmente desarrollado, lo que entiende que ha mermado gravemente su derecho de defensa que ha visto como se desestimaban sus pretensiones sobre la base de fundamentos que quedaron voluntariamente excluidos del debate y de los que ni siquiera se habría podido defender, al no haber sido puestos de relieve en la contestación en el proceso de instancia.

Concluye concretando su pretensión en que se dicte sentencia del recurso por la que se declare:

» i) Estimar el recurso de casación interpuesto por mi representada, casando y anulando la Sentencia 436/2024 de 3 de julio objeto de recurso y estimar íntegramente la pretensión deducida en nuestro recurso contencioso-administrativo, condenando a la Administración a abonar 873.490,14 euros más los intereses de demora en los términos expresados en el apartado cuarto de los fundamentos jurídicos de la demanda o, subsidiariamente, si el Tribunal lo considerase procedente, devuelva las actuaciones al TSJ para que dicte nueva sentencia conforme a los criterios que se sienten.

ii) Condene en costas a la Administración demandada.».

E) El juicio de la Sala. La doctrina casacional.

1.- Con carácter previo debemos desestimar la supuesta infracción procedimental de lo dispuesto en el artículo 218.1 LEC y en el artículo 24 CE, invocada por la parte actora. La sentencia de la Sala de instancia ha respondido a la pretensión de la parte actora de forma motivada, aunque para ello haya aducido argumentos no exactamente coincidentes con los esgrimidos por la representación de la Administración demandada. Lo ha hecho remitiéndose a resoluciones suyas anteriores pero explicando con claridad las razones por la que entendía aplicable esa jurisprudencia.

2.- Entrando ya en la cuestión de fondo, la cuestión de interés casacional que la Sección de Admisión de esta Sala nos plantea consiste en determinar si en el caso de imposición forzosa al contratista por parte de la Administración de la continuación de un contrato mientras se tramita la licitación de uno nuevo, una vez finalizado el plazo máximo legal de duración de aquel, incluidas las prórrogas, los posibles perjuicios derivados de la prolongación obligada del contrato deben ser asumidos por la empresa, en virtud del principio de riesgo y ventura, o deben ser compensados por la Administración, y de ser así, en qué cuantía.

Pues bien, debemos precisar que ese enunciado tan general de la cuestión no se ajusta a las circunstancias específicas del litigio planteado en el presente caso, lo que permite distinguirlo de otros resueltos por la Sala y que, en principio, podrían considerarse similares, como son las siguientes: (i) en primer lugar, que ni el contrato, ni el pliego de condiciones particulares, ni tampoco la regulación vigente en ese momento, preveían una continuación forzosa de la prestación que constituía el objeto del contrato, una vez concluida su duración, incluidas las prórrogas contractualmente establecidas; (ii) en segundo lugar, que la contratista no ha impugnado en el supuesto aquí examinado la legalidad de la continuación forzosa de la prestación contratada hasta entonces, ni tampoco pide que se apliquen a este periodo forzoso las cláusulas contractuales previstas para las prórrogas, sino que, por el contrario, considera que al haberse extinguido el contrato se le debe indemnizar por los daños y perjuicios reales que le ha ocasionado esa situación excepcional y que cuantifica sobre la base de un dictamen pericial que presentó con su demanda y que fue admitido por la Sala de instancia; y finalmente, (iii) que las causas de esa continuación forzosa eran únicamente imputables a la negligencia de la Administración en su retraso en la licitación de un nuevo contrato, y en el mantenimiento de esa situación durante dos años y siete meses.

(i) Efectivamente, ni el contrato ni el pliego hacen referencia a la continuación forzosa si, concluido el periodo máximo de seis años previsto en el contrato (cuatro años de duración y hasta dos más de prórroga), no se hubiera contratado una nueva prestadora del servicio. Así se desprende de la cláusula cuatro del contrato y la siete del Pliego de cláusulas administrativas particulares.

Por otra parte, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. (TRLCSP), disposición legal aplicable por razones temporales, no contiene una previsión análoga a la estipulada en el vigente art. 29.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE (LCSP), de 26 de febrero de 2014, que, en su último párrafo cuarto señala que "No obstante lo establecido en los apartados anteriores, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario o, tratándose de un contrato basado en un acuerdo marco o un contrato específico en el marco un sistema dinámico de adquisición, se hayan enviado las invitaciones a presentar oferta del nuevo contrato basado o específico al menos quince días antes de la finalización del contrato originario". Se trata de un supuesto legal de continuación forzosa del contrato con carácter excepcional y sujeto a condiciones muy estrictas, como que sea "como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación"; que se extienda "a un periodo máximo de nueve meses"; así como que "el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario", condiciones que tampoco se hubieran cumplido en el asunto analizado, si esta norma hubiese sido aplicable.

Pues bien, no hay una regulación análoga en el TRLCSP de 2011 y buena prueba de ello es que la comunicación de la Administración sobre la continuación forzosa del servicio no invoca ningún precepto legal -ni tampoco contractual- como fundamento de su decisión.

No obstante, debe advertirse que, aunque la contratista ha cuestionado la legalidad del acto administrativo que le impuso la continuación forzosa de la prestación del servicio una vez concluido el contrato, no lo ha impugnado.

(ii) Lo que cuestiona la contratista, y esta es la segunda circunstancia relevante, es que la compensación de los servicios prestados tras la finalización de la última prórroga del contrato no debe regirse por lo dispuesto en dicho contrato, por estar extinguido, sino que deberá ajustarse a los perjuicios económicos realmente causados, que deben extenderse tanto al daño emergente como al lucro cesante y que cuantifica con el apoyo del informe pericial incorporado a su demanda.

Frente a esa pretensión, la sentencia recurrida entiende que, aunque el contrato esté extinguido, la continuación forzosa de la prestación realizada por la contratista se desarrolló en los términos del contrato extinguido y su compensación debe atenerse por tanto a las previsiones contractuales. Considera que la excepcionalidad no autoriza a dejar de aplicar el contrato.

(iii) Finalmente, como la propia sentencia recurrida admite sin ambages, es palmaria la negligencia de Administración recurrida en su actuación, tanto por no haber realizado la licitación en tiempo hábil para evitar tener que tomar la medida cuestionada, cuanto porque hasta el último día de finalización del contrato no comunicó a la contratista la continuación forzosa del servicio y lo hizo tras recibir un burofax de aquella sobre esa finalización. Ni del expediente ni de las alegaciones de la representación de la Administración se puede inferir ningún motivo que justifique ese proceder.

3.- Estas particulares circunstancias hacen que no resulten directamente aplicables algunas recientes decisiones de esta Sala sobre supuestos de prórroga o continuación forzosa de la prestación de un servicio una vez concluida la duración del contrato.

Así sucede con las SSTS 1362/2025, de 28 de octubre, y 1638/2025, de 15 de diciembre, de la Sección Tercera de esta Sala, puesto que en esos asuntos el contrato había sido declarado nulo de pleno derecho. No obstante, debe advertirse que en ellas se declara que, al ser el contrato inválido e ineficaz, no es posible acudir a sus cláusulas para atender la revisión de precios solicitada sino que tan solo procede la restitución recíproca de las prestaciones recibidas en ejecución del contrato y, si ello no fuese posible, a la entrega de su valor, todo ello en fase de liquidación del contrato.

También plantea un supuesto diferente la STS nº 1356/2025, de 27 de octubre, de la misma Sección Tercera de esta Sala, ya que aquí fue la propia Sala la que acordó la nulidad de la previsión contractual de prórroga forzosa, por su carácter indefinido y la consiguiente imprevisibilidad de su duración. En este caso señaló que el efecto de esa anulación exigía restablecer la situación jurídica de la contratista mediante la indemnización de los daños y perjuicios que se le hayan originado y la compensación del servicio prestado calculado sobre la base del precio real del servicio durante el periodo de continuidad prestacional y no de un contrato que al haber sido declarado nulo no podía producir efectos; y que su concreción debía hacerse en fase de ejecución de sentencia.

Finalmente, en la STS nº 573/2026, de 5 de mayo, de esta Sección Cuarta, lo que se planteaba era la petición de revisión de precios hecha por la contratista conforme a las cláusulas contractuales ante una continuación forzosa del servicio tras la extinción del contrato. Pero en este supuesto la continuación forzosa del servicio estaba estipulada en el contrato, y por ello declaramos como doctrina casacional que "Cuando, extinguido un contrato administrativo de gestión de servicios públicos por transcurso del tiempo, la Administración impone unilateralmente al contratista la continuación de aquella prestación, por aplicación de una cláusula prevista en el propio contrato, deberán trasladarse los criterios de revisión de precios previstos en los pliegos que regían el contrato finalizado, para el abono de aquellos servicios".

En el apartado 1 D) del Fundamento de Derecho Sexto de la citada STS 573/2026 se razonaba lo siguiente:

"Para ello, debemos tener en cuenta que, aunque el contrato y su prórroga hayan finalizado, la continuidad en la prestación del servicio, impuesta por la Administración, en aplicación de la cláusula 22 del contrato, genera el derecho a la revisión de precios para mantener el equilibrio económico del contrato. Hemos de considerar, además, que, en la comunicación de fecha 26 de junio de 2018, que la Administración remitió a la adjudicataria, se decía expresamente que la obligatoriedad en la atención, lo sería "en las mismas condiciones ya existentes". La interpretación de estos términos no puede limitarse, como pretende la Administración, a que aquellas condiciones existentes únicamente hayan vinculado a la adjudicataria y haya sido ésta la que haya tenido que seguir realizando aquella prestación en las mismas condiciones existentes, derivadas del contrato ya extinguido. Antes bien, tales condiciones, en recíproca equivalencia y para mantener el equilibrio económico de aquella relación jurídica, también deben obligar a la Administración, que, igualmente, debe asumir las condiciones existentes en aquel contrato, entre ellas la de la revisión de precios.

Durante el periodo de tiempo al que se contrae la pretensión de la actora, la Administración no ha dado inicio, siquiera, a un nuevo expediente de contratación y, sin embargo, ha exigido que la prestación del servicio haya continuado realizándose en las mismas condiciones que venían establecidas en el contrato. Se ha apoyado, para ello, en la mencionada cláusula 22 del contrato y, también, en el innegable interés público inherente a la prestación, consistente en la asistencia sanitaria a pacientes, a través de la realización de terapias respiratorias en domicilio y otras técnicas de ventilación (apartado 1 del Anexo I del contrato), tal y como reza el tipo y rúbrica del contrato en su día suscrito por la Administración Madrileña con la UTE de la que formaba parte la ahora recurrente.

Por ello, es necesario preservar el equilibrio de prestaciones derivadas de aquel contrato, aunque ya extinguido. El fundamento de este mantenimiento de condiciones deriva, no ya del contrato en sí mismo considerado, sino en la necesidad de que la prestación y contraprestación a que, en su día se obligaron ambas partes del contrato, sigan persistiendo para preservar el equilibrio económico de aquella relación bilateral y evitar el enriquecimiento injusto de una de ellas, la Administración. El escenario que ahora se muestra no es, pues, el de la revisión de precios en el seno de un contrato en vigor, sino el del mantenimiento de unas condiciones que, en su día se pactaron en el contrato, y que, una vez extinguido y por razones de interés general, las de preservación de la atención sanitaria, han de seguir subsistiendo para ambas partes y no sólo para una de ellas, como postula la Administración.

Se trata, pues, de evitar, de ese modo, que la Administración pueda experimentar un enriquecimiento injusto, en la medida en que la prestación del servicio se ha venido realizando en las mismas condiciones existentes que durante la vigencia del contrato, lo que, a cambio, de ello, debe suponer para la Administración la obligación de realizar una contraprestación, también en las mismas condiciones, que compense el servicio prestado. De lo contrario, la Comunidad de Madrid habrá abonado únicamente el precio sin revisar desde el 30 de junio de 2019, y se habrá beneficiado, por tanto, de los menores costes que le habrá supuesto cubrir aquella prestación de interés público por un precio no revisado y fijado a la fecha indicada, que es menor del que debería abonar, si se aplicaran las mismas condiciones existentes del contrato y con precios revisados".

4.- El razonamiento de nuestra citada STS nº 576/2026, anteriormente transcrito, debe adaptarse necesariamente a las peculiaridades de nuestro asunto. Porque, como hemos dicho ya, aquí ni encontramos una previsión en el contrato de la continuación forzosa del servicio, ni la contratista ha solicitado la aplicación de la cláusula contractual de revisión de precios. Por eso la solución tiene que ser también diferente.

La revisión forzosa no estaba prevista en el contrato ni en la legislación vigente y su imposición se debió a la necesidad de tener que salvar la negligencia de la Administración responsable, que no había tramitado a tiempo un nuevo contrato de prestación del servicio de cocina y comedor para personas mayores dependientes de la Residencia de Burriana, lo que no haría hasta dos años y siete meses después del plazo de finalización del anterior contrato.

El incumplimiento de sus obligaciones por la Administración responsable no puede ser a costa del contratista, sino que exige preservar el equilibrio económico de la relación bilateral extinta y evitar el enriquecimiento injusto de una de ellas, la Administración. Por eso, en el presente caso la Sala no comparte el criterio del tribunal de instancia y entiende que no solo estaba extinguido el contrato sino que ni siquiera este había previsto esa situación. Mas aun, ni siquiera la legislación vigente en ese momento estipulaba lo que después acogerá el art. art. 29.4 de la LCSP de 2017.

Por ello entendemos justificada la pretensión de la parte actora de que la compensación a la contratista de los servicios prestados deba hacerse basándose en el precio real del servicio y no en unas cláusulas contractuales previstas para un periodo temporal diferente de un contrato finalizado. No se trata de que hubiera un desequilibrio económico durante la vigencia del contrato sino de que este se había extinguido y la Administración, por ello, no podía exigir la aplicación de su clausulado. Se trataba de una situación nueva que no encontraba amparo en el contrato finalizado y que generaba además una situación de incertidumbre sobre su duración en la contratista, y en la que la contraprestación económica percibida era a todas luces inferior al precio real.

Así se desprende del dato inequívoco de que durante los meses de 2021 en que prestó servicio la recurrente percibió 9,84 euros de precio por pensión, mientras que para el nuevo contratista a partir de junio de ese año esa pensión se elevó a 15,51 euros, más de un 60% de diferencia. Cierto es que si hubiese estado previsto en el contrato esa diferencia podría justificarse en el criterio de riesgo y ventura del contratista. Pero no siendo así, lo que revela es un desequilibrio económico, reconocido por la propia Administración al fijar en el nuevo contrato unas tarifas sustancialmente superiores, y que el contratista no tiene que asumir al no tener la cobertura del contrato.

5.- De lo argumentado podemos declarar como doctrina casacional ajustada al litigio que: "en un contrato de gestión del servicio público, la imposición al contratista por parte de la Administración de la continuación del contrato, una vez finalizado el plazo máximo legal, incluidas las prórrogas, mientras se tramita la licitación de un nuevo contrato, en atención al fin público inmediato que se satisface con dicho contrato, cuando ni el contrato ni la legislación vigente en ese momento prevén esa continuación forzosa, los posibles daños y perjuicios derivados de la prolongación obligada de la prestación por el contratista deben ser asumidos por la Administración atendiendo al precio real del servicio en el momento en que se prestó".

F) La aplicación de la doctrina casacional al caso. La estimación del recurso de casación.

La aplicación de la doctrina casacional al caso lleva a la estimación del recurso de casación, y a la anulación de la sentencia de instancia.

Respecto al recurso contencioso-administrativo, la Sala considera que debe ser estimado en parte, anulando la desestimación, por silencio negativo, de su reclamación presentada el 31 de octubre de 202231 ante la Vicepresidencia y Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, y reconociendo el derecho de la mercantil recurrente a ser indemnizada por los daños y perjuicios ocasionados por la continuación forzosa del servicio de cocina y comedor prestado en la Residencia para personas mayores dependientes de Burriana (Castellón) entre el 1 de noviembre de 2019 y el 31 de mayo de 2021, conforme al criterio del precio real del servicio prestado en ese momento.

Sin embargo, consideramos que debemos devolver el asunto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a efectos de que retrotraiga el procedimiento en orden a que proceda a la valoración de la cuantía de esa indemnización, basándola en el precio real del servicio en ese momento y teniendo en cuenta el informe pericial presentado. Lo hacemos así porque consideramos que, aunque es cierto que la cuantía concreta solicitada fue planteada en la instancia, el asunto no fue mínimamente debatido y ni la Administración afectada ni la sentencia recurrida se refirieron a ello, con lo que parece necesario ese pronunciamiento en la instancia.

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