La sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo, sec. 5ª, de 21 de octubre de 2026, nº
1174/2026, rec. 8395/2024,
declara que la pareja estable del paciente tiene legitimación activa para
reclamar una indemnización por un daño propio. Es evidente que resulta afectada
la autodeterminación reproductiva no sólo del paciente, sino también de la
mujer, y su derecho a decidir sobre una futura maternidad. El servicio público
sanitario, al no informar al paciente de los riesgos de la intervención, ha
causado también un daño a su pareja.
En procedimientos de responsabilidad
patrimonial por omisión de información previa y adecuada sobre riesgos
inherentes a una intervención quirúrgica de vasectomía, la pareja estable del
paciente tiene legitimación activa para reclamar indemnización por el daño
moral autónomo e individualizado sufrido, derivado de la frustración de su
capacidad de planificación reproductiva y autodeterminación personal, incluso
cuando el derecho al consentimiento informado sea exclusividad del paciente.
El paciente, sometido a una vasectomía
en el Hospital Universitario Severo Ochoa, no recibió información adecuada
sobre el riesgo de recanalización de los conductos deferentes, lo que ocasionó
el fracaso del procedimiento y embarazo posterior de su pareja estable. La
reclamación inicial por responsabilidad patrimonial fue parcialmente reconocida
para el paciente, pero se desestimó para su pareja por falta de legitimación
activa.
El debate jurídico central fue si la
pareja puede ejercer acción indemnizatoria por daño propio derivado de la
omisión de información, más allá del carácter personalísimo del derecho al
consentimiento informado.
Derecho a una indemnización de 35.000 euros parar cada uno de los miembros de la pareja, según el TS, por embarazo posterior a vasectomía por daño moral.
El Tribunal reconoce que, aunque el
derecho al consentimiento informado corresponde exclusivamente al paciente, la
pareja estable del mismo sufre un daño moral propio e individualizado por la
omisión de la debida información asistencial previa, que afecta su capacidad de
autodeterminación reproductiva y planificación familiar. Se establece así una
legitimación activa diferenciada para la pareja para reclamar indemnización.
También se revisa la cuantía indemnizatoria confirmando que la suma asignada
inicialmente fue insuficiente según criterios jurisprudenciales previos, por lo
que se fija una indemnización de 35.000 euros para cada uno. La sentencia casa
y anula la resolución de instancia en lo referente a la legitimación de la
pareja y a la cuantía de la indemnización, modificando así el criterio
precedente.
El fallo estima el recurso en sus
términos, sin imposición de costas, y fija doctrina jurídica sobre la extensión
de legitimación activa y la naturaleza del daño indemnizable en este tipo de
casos.
La sentencia reconoce expresamente la
posibilidad de la legitimación activa para la pareja del paciente en supuestos
de omisión de información médica relevante que afecta su propia esfera de
derechos, diferenciando la titularidad del derecho al consentimiento informado
y el daño moral autónomo de la pareja. Además, concreta la configuración del
daño moral indemnizable en casos de embarazo no deseado tras intervención
quirúrgica fallida, destacando la protección de la autodeterminación
reproductiva más allá del paciente directamente intervenido.
A) Introducción.
1º) Una persona fue sometida a una vasectomía realizada por el
Servicio Madrileño de Salud en un hospital público, sin recibir información
adecuada acerca del riesgo de fracaso de la intervención por recanalización de
los conductos deferentes, lo que derivó en un embarazo posterior de su pareja.
¿Puede reconocerse legitimación activa a
la pareja estable del paciente sometido a vasectomía para reclamar
responsabilidad patrimonial derivada de la omisión de información asistencial
previa sobre los riesgos de la intervención, y en su caso, corresponderle
indemnización por el daño sufrido?.
Sí, la pareja estable del paciente
ostenta legitimación activa para reclamar indemnización por un daño propio y
autónomo, vinculado a la frustración de su capacidad de planificación
reproductiva y autodeterminación personal, estableciéndose una doctrina nueva
que reconoce esta legitimación y derecho indemnizatorio.
El derecho al consentimiento informado
es personalísimo y corresponde exclusivamente al paciente, según la Ley 41/2002
y la jurisprudencia constitucional; no obstante, el Tribunal Supremo reconoce
que la pareja puede sufrir un daño moral autónomo e indemnizable ocasionado por
la omisión de información al paciente, en tanto afecta a la propia
planificación reproductiva y autodeterminación moral, conforme al artículo 32
de la Ley 40/2015 y los derechos fundamentales a la integridad física y
dignidad humana consagrados en los artículos 15, 10.1 y 14 CE, así como la
doctrina constitucional establecida en diversas sentencias y el interés
casacional formado en este recurso.
2º) La sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Supremo nº 1174/2026
resuelve el debate jurídico central sobre la falta de información asistencial
en el Hospital Universitario Severo Ochoa.
Los Fundamentos del Fallo Judicial:
- Legitimación activa de la pareja: El Alto Tribunal establece que la
pareja estable tiene derecho a reclamar responsabilidad patrimonial a la
Administración sanitaria por las consecuencias de una vasectomía fallida,
siempre que exista una omisión de información sobre el riesgo de recanalización
espontánea de los conductos deferentes.
- Autonomía del daño moral: Aunque el derecho al consentimiento
informado es un derecho personalísimo que corresponde en exclusiva al paciente,
la omisión de dicha información médica frustra de manera directa la capacidad
de planificación reproductiva y la autodeterminación personal de ambos miembros
de la pareja.
- Vulneración del proyecto familiar: La ausencia de advertencias impidió al
matrimonio adoptar decisiones plenamente informadas, tales como recurrir a
métodos anticonceptivos alternativos, lo que derivó en un embarazo no
planificado y en un perjuicio moral individualizado para la mujer.
- Criterio de limitación: La doctrina del Consejo General del Poder Judicial aclara
que esto no abre la puerta a que cualquier familiar reclame de forma genérica; es
indispensable demostrar un perjuicio directo, acreditado y estrictamente
vinculado a la autonomía reproductiva compartida.
B) Objeto del recurso.
Se dirige el presente recurso de
casación contra la sentencia núm. 574/2024, de 16 de julio de 2024, dictada por
la sección décima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en el procedimiento ordinario núm. 649/2022.
El recurso se interpuso por la
representación procesal de Dª. Marina y D. Agapito frente a la desestimación
presunta del Servicio Madrileño de Salud de su reclamación de responsabilidad
patrimonial, formulada por los perjuicios derivados de la asistencia médica
prestada a D. Agapito en el Hospital Universitario Severo Ochoa. Concretamente,
alegaban que le había sido realizada una vasectomía y que, con posterioridad,
Dª Marina quedó embarazada, sin que hubieran sido informados de los riesgos
generales ni de los personalizados de dicha intervención. Cuantificaban los
perjuicios en 70.000 euros, que reclamaban.
El recurso contencioso-administrativo
fue ampliado a la Orden de 27 de abril de 2023 del Consejero de Sanidad, por la
que se estimó en parte la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada
por D. Agapito, reconociéndole una indemnización de 6.000 euros, y se desestimó
la de Dª. Marina por falta de legitimación activa. Se argumentaba, en síntesis,
que no se había facilitado la debida información al paciente sobre la posible
complicación del fracaso de la esterilización por recanalización de los conductos
deferentes y el consecuente riesgo de embarazo, pero se consideraba que el
derecho a la información era de carácter personalísimo y por ello no cabía
indemnizar a la esposa, sin que tampoco se pueda entender el nacimiento de un
hijo como un daño susceptible de indemnización.
La sala territorial confirma este
extremo de la resolución en su fundamento jurídico noveno:
«NOVENO. - [...] El daño moral,
atendidas las circunstancias del caso, ha sido determinado por la resolución
administrativa recurrida, en la cantidad de 6.000 €, en favor diente (sic), don
Agapito habida cuenta de que ha sido al paciente a quien se le ha lesionado en
su derecho a ser informado de manera clara de los riesgos de la intervención
quirúrgica. Rechaza la administración demandada, así como su compañía
aseguradora, que proceda reconocer a doña Marina un derecho a ser indemnizada
por tal concepto al encontramos ante un derecho de carácter personalísimo para
cuya reclamación los familiares del paciente carecen de la necesaria
legitimación.
Recordábamos más arriba que la Ley
41/2002, de 14 de noviembre, regula con carácter básico la autonomía del
paciente y los derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica, y en ella se recogen la dignidad de la persona humana;
el respeto a la autonomía de su voluntad; el derecho del paciente a recibir una
información adecuada antes de prestar el previo consentimiento a toda actuación
en el ámbito de la sanidad; el derecho a decidir libremente, después de recibir
la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles; y la obligación
de todo profesional que intervenga en la actividad asistencial de cumplir los
deberes de información y de documentación clínica, y de respetar las decisiones
adoptadas libre y voluntariamente por el paciente.
Numerosos preceptos de la citada ley
vinculan dicho derecho, así como su eventual lesión, al derecho del paciente a
conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la
información disponible sobre la misma, y su derecho a que se respete su
voluntad de no ser informada. Esto es, se trata de un derecho directamente
vinculado con el paciente, que es quien deberá prestar su consentimiento, una
vez que se ha informado de manera comprensible, cierta, y eficaz, que la
técnica, del procedimiento, de las posibilidades de éxito, de sus riesgos,
etc., correspondiendo al médico responsable del paciente el cumplimiento de su
derecho a la información.
En el presente caso el paciente se
encontraba en pleno ejercicio de sus derechos fundamentales en el momento en el
que se sometió a la cirugía por él solicitada de vasectomía . La información
que debió de haber sido facilitada en aquel momento, debió de haber sido
facilitada al paciente, información que de conformidad con lo establecido en el
artículo 4 de la citada ley deberá ser verdadera y comunicada al paciente de
forma comprensible y adecuada a sus necesidades, para que le ayude a tomar
decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad.
El artículo 5 de la Ley 41/2002, de 14
de noviembre, identifica en todo momento al paciente como el titular del
derecho a la información, reconociendo, no obstante, un derecho a la
información a otras personas vinculadas al paciente, por razones familiares o
de hecho, en la medida que el paciente lo permita de manera expresa o tácita.
Únicamente en el caso de que el paciente carezca de la capacidad necesaria para
entender la información a causa de su estado psíquico o físico, se traslada
dicho derecho a la información a las personas vinculadas al paciente por
razones familiares o de hecho.
En el caso que analizamos no concurría
ninguna de las circunstancias a las que se refiere el citado artículo habida
cuenta de que el paciente se encontraba en pleno ejercicio de sus derechos
fundamentales en el momento en el que le fue realizada la vasectomía , y
consintió su realización, aun cuando desconociera los riesgos posibles
derivados de la misma.
Es por ello por lo que entendemos que la
estimación de la demanda no puede ser total en los términos planteados por los
actores, esto es, reconociendo el derecho de ambos a ser indemnizados por el
daño moral que significa no haber sido informados convenientemente de los
riesgos derivados de la vasectomía , pues pudiendo el paciente ejercer, como es
el caso, su derecho a ser indemnizado por el daño moral sufrido entendemos que
no cabe reconocer legitimación para reclamar a su esposa, doña Marina".
Despejada esta cuestión, entra la Sala
de Madrid a resolver sobre la cuantía de la indemnización que se reconoce a D.
Agapito, fijándola, en razón de las circunstancias que estima concurrentes, en
12.000 euros.
C) Derecho a la información asistencial
en caso de una vasectomía.
La cuestión que se plantea en el auto de
admisión se centra en la legitimación activa de la mujer en un procedimiento de
responsabilidad patrimonial en el supuesto de un daño moral a su pareja por la
realización de una vasectomía con omisión del preceptivo consentimiento
informado, y, posteriormente, haberse producido una recanalización de los
conductos deferentes, y, como consecuencia de ello, el fracaso de la
esterilización y el embarazo de la mujer. Esta posibilidad de fracaso de la
intervención por la indicada causa era desconocida por el paciente, al no
habérsele ofrecido la información asistencial previa a la cirugía.
Es de aplicación, por tanto, la Ley
41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y
de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
En su artículo 2 establece los
principios básicos en esta materia:
«1. La dignidad de la persona humana, el
respeto a la autonomía de su voluntad y a su intimidad orientarán toda la
actividad encaminada a obtener, utilizar, archivar, custodiar y transmitir la
información y la documentación clínica.
2. Toda actuación en el ámbito de la
sanidad requiere, con carácter general, el previo consentimiento de los
pacientes o usuarios. El consentimiento, que debe obtenerse después de que el
paciente reciba una información adecuada, se hará por escrito en los supuestos
previstos en la Ley.
3. El paciente o usuario tiene derecho a
decidir libremente, después de recibir la información adecuada, entre las
opciones clínicas disponibles.
4. Todo paciente o usuario tiene derecho
a negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados en la Ley. Su
negativa al tratamiento constará por escrito.
5. Los pacientes o usuarios tienen el
deber de facilitar los datos sobre su estado físico o sobre su salud de manera
leal y verdadera, así como el de colaborar en su obtención, especialmente
cuando sean necesarios por razones de interés público o con motivo de la
asistencia sanitaria.
6. Todo profesional que interviene en la
actividad asistencial está obligado no sólo a la correcta prestación de sus
técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información y de documentación
clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por
el paciente.
7. La persona que elabore o tenga acceso
a la información y la documentación clínica está obligada a guardar la reserva
debida».
El artículo 4 regula el derecho a la
información asistencial:
«1. Los pacientes tienen derecho a
conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la
información disponible sobre la misma, salvando los supuestos exceptuados por
la Ley. Además, toda persona tiene derecho a que se respete su voluntad de no
ser informada. La información, que como regla general se proporcionará
verbalmente dejando constancia en la historia clínica, comprende, como mínimo,
la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus
consecuencias.
2. La información clínica forma parte de
todas las actuaciones asistenciales, será verdadera, se comunicará al paciente
de forma comprensible y adecuada a sus necesidades y le ayudará a tomar
decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad.
3. El médico responsable del paciente le
garantiza el cumplimiento de su derecho a la información. Los profesionales que
le atiendan durante el proceso asistencial o le apliquen una técnica o un
procedimiento concreto también serán responsables de informarle».
Y el artículo 5 establece quien es el
titular de ese derecho a la información asistencial:
1. El titular del derecho a la
información es el paciente. También serán informadas las personas vinculadas a
él, por razones familiares o de hecho, en la medida que el paciente lo permita
de manera expresa o tácita.
2. El paciente será informado, incluso
en caso de incapacidad, de modo adecuado a sus posibilidades de comprensión,
cumpliendo con el deber de informar también a su representante legal.
3. Cuando el paciente, según el criterio
del médico que le asiste, carezca de capacidad para entender la información a
causa de su estado físico o psíquico, la información se pondrá en conocimiento
de las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho.
4. El derecho a la información sanitaria
de los pacientes puede limitarse por la existencia acreditada de un estado de
necesidad terapéutica. Se entenderá por necesidad terapéutica la facultad del
médico para actuar profesionalmente sin informar antes al paciente, cuando por
razones objetivas el conocimiento de su propia situación pueda perjudicar su
salud de manera grave. Llegado este caso, el médico dejará constancia razonada
de las circunstancias en la historia clínica y comunicará su decisión a las personas
vinculadas al paciente por razones familiares o de hecho».
De acuerdo con esta norma el único
titular del derecho a la información en una cirugía de vasectomía es el varón a
quien se le va a realizar; sin perjuicio de que también se pudiera proporcionar
a su pareja, de acuerdo con el artículo 5.1 de la Ley 41/2002, si el paciente
lo permite de manera expresa o tácita.
Se trata, en todo caso, y como razona la sentencia recurrida, de un derecho
personalísimo, como tiene declarado el Tribunal Constitucional. Así, en STC
37/2011, de 28 de marzo de 2011, Rec. 3574/2008, entre otras, se examina este
derecho a la información, y si su omisión supone la vulneración de un derecho
fundamental:
«[...] El derecho del art. 15 CE
protege, según doctrina reiterada de este Tribunal (recopilada, entre otras, en
las SSTC 220/2005, de 12 de septiembre, FJ 4, y 160/2007, de 2 de julio, FJ 2),
«la inviolabilidad de la persona, no sólo contra ataques dirigidos a lesionar
su cuerpo o espíritu, sino también contra toda clase de intervención en esos
bienes que carezca del consentimiento de su titular» (SSTC 120/1990, de 27 de
junio, FJ 8, y 119/2001, de 24 de mayo , FJ 5). Estos derechos, destinados a
proteger la «incolumidad corporal» (STC 207/1996, de 16 de diciembre , FJ 2),
«han adquirido también una dimensión positiva en relación con el libre
desarrollo de la personalidad», orientada a su plena efectividad, razón por la
que «se hace imprescindible asegurar su protección no sólo frente a las
injerencias ya mencionadas, sino también frente a los riesgos que puedan surgir
en una sociedad tecnológicamente avanzada» (STC 119/2001, de 24 de mayo , FJ 5).
De ahí que para poder apreciar la vulneración del art. 15 CE no sea preciso que la lesión de la integridad
se haya consumado, sino que basta con que exista un riesgo relevante de que la
lesión pueda llegar a producirse (STC 221/2002, de 25 de noviembre , FJ 4).
Además de ello, hemos afirmado que el derecho a que no se dañe o perjudique la
salud personal queda también comprendido en el derecho a la integridad personal
(STC 35/1996, de 11 de marzo, FJ 3), aunque no todo supuesto de riesgo o daño
para la salud implique una vulneración del derecho fundamental, sino tan sólo
aquél que genere un peligro grave y cierto para la misma (SSTC 119/2001, de 24
de mayo, FJ 6, y 5/2002, de 14 de enero, FJ 4).
Este derecho fundamental conlleva una
facultad negativa, que implica la imposición de un deber de abstención de
actuaciones médicas salvo que se encuentren constitucionalmente justificadas,
y, asimismo, una facultad de oposición a la asistencia médica, en ejercicio de
un derecho de autodeterminación que tiene por objeto el propio sustrato
corporal, como distinto del derecho a la salud o a la vida ( STC 154/2002, de
18 de julio , FJ 9). Por esa razón, hemos afirmado que el derecho a la
integridad física y moral resultará afectado cuando se imponga a una persona
asistencia médica en contra de su voluntad, que puede venir determinada por los
más variados móviles y no sólo por el de morir y, por consiguiente, esa
asistencia médica coactiva constituirá limitación vulneradora del derecho
fundamental a la integridad física, a no ser que, como hemos señalado, tenga
una justificación constitucional (SSTC 120/1990, de 27 de junio, FJ 8, y
137/1990, de 19 de julio , FJ 6).
[...]
4.- El art. 15 CE no contiene una
referencia expresa al consentimiento informado, lo que no implica que este
instituto quede al margen de la previsión constitucional de protección de la
integridad física y moral. Con carácter general declaramos en las SSTC
212/1996, de 19 de diciembre, FJ 3, y 116/1999, de 17 de junio, FJ 5, que «los
preceptos constitucionales relativos a los derechos fundamentales y libertades
públicas pueden no agotar su contenido en el reconocimiento de los mismos, sino
que, más allá de ello, pueden contener exigencias dirigidas al legislador en su
labor de continua configuración del ordenamiento jurídico, ya sea en forma de
las llamadas garantías institucionales, ya sea en forma de principios rectores
de contornos más amplios, ya sea, como enseguida veremos, en forma de bienes
jurídicos constitucionalmente protegidos». Asimismo, es preciso recordar que
«de la obligación del sometimiento de todos los poderes públicos a la
Constitución no solamente se deduce la obligación negativa del Estado de no
lesionar la esfera individual o institucional protegida por los derechos
fundamentales, sino t«[...] El derecho del art. 15 CE protege, según doctrina
reiterada de este Tribunal (recopilada, entre otras, en las SSTC 220/2005, de
12 de septiembre, FJ 4, y 160/2007, de 2 de julio , FJ 2), «la inviolabilidad
de la persona, no sólo contra ataques dirigidos a lesionar su cuerpo o
espíritu, sino también contra toda clase de intervención en esos bienes que
carezca del consentimiento de su titular» ( SSTC 120/1990, de 27 de junio, FJ 8,
y 119/2001, de 24 de mayo , FJ 5). Estos derechos, destinados a proteger la
«incolumidad corporal» (STC 207/1996, de 16 de diciembre , FJ 2), «han
adquirido también una dimensión positiva en relación con el libre desarrollo de
la personalidad», orientada a su plena efectividad, razón por la que «se hace
imprescindible asegurar su protección no sólo frente a las injerencias ya
mencionadas, sino también frente a los riesgos que puedan surgir en una
sociedad tecnológicamente avanzada» (STC 119/2001, de 24 de mayo , FJ 5). De
ahí que para poder apreciar la vulneración del art. 15 CE no sea preciso que la
lesión de la integridad se haya consumado, sino que basta con que exista un
riesgo relevante de que la lesión pueda llegar a producirse (STC 221/2002, de
25 de noviembre, FJ 4). Además de ello, hemos afirmado que el derecho a que no
se dañe o perjudique la salud personal queda también comprendido en el derecho
a la integridad personal (STC 35/1996, de 11 de marzo , FJ 3), aunque no todo
supuesto de riesgo o daño para la salud implique una vulneración del derecho
fundamental, sino tan sólo aquél que genere un peligro grave y cierto para la
misma (SSTC 119/2001, de 24 de mayo, FJ 6, y 5/2002, de 14 de enero, FJ 4 ).
Este derecho fundamental conlleva una
facultad negativa, que implica la imposición de un deber de abstención de
actuaciones médicas salvo que se encuentren constitucionalmente justificadas,
y, asimismo, una facultad de oposición a la asistencia médica, en ejercicio de
un derecho de autodeterminación que tiene por objeto el propio sustrato
corporal, como distinto del derecho a la salud o a la vida (STC 154/2002, de
18 de julio, FJ 9). Por esa razón, hemos afirmado que el derecho a la
integridad física y moral resultará afectado cuando se imponga a una persona
asistencia médica en contra de su voluntad, que puede venir determinada por los
más variados móviles y no sólo por el de morir y, por consiguiente, esa
asistencia médica coactiva constituirá limitación vulneradora del derecho
fundamental a la integridad física, a no ser que, como hemos señalado, tenga
una justificación constitucional (SSTC 120/1990, de 27 de junio, FJ 8, y
137/1990, de 19 de julio , FJ 6).También la obligación positiva de contribuir a
la eficacia de tales derechos, y de los valores que representan, aun cuando no
exista una pretensión subjetiva por parte del ciudadano. Ello obliga
especialmente al legislador, quien recibe de los derechos 'los impulsos y
líneas directivas', obligación que adquiere especial relevancia allí donde un
derecho o valor fundamental quedaría vacío de no establecerse los supuestos
para su defensa» (SSTC 53/1985, de 11 de abril, FJ 4, y 129/1989, de 17 de
julio , FJ 3).
Evidentemente, las actuaciones médicas
llevan implícita una posibilidad de afección a la integridad personal protegida
por el art. 15 CE, en la medida en que éste tutela la inviolabilidad de la
persona contra toda intervención en su cuerpo, de manera que es preciso
arbitrar los mecanismos necesarios para garantizar la efectividad del derecho
dentro de ese ámbito, cohonestándolo con la función y finalidad propias de la
actividad médica. Y es que, como señalamos en la STC 181/2000, de 29 de junio,
FJ 8, la protección constitucional de la vida y de la integridad personal
(física y moral) no se reduce al estricto reconocimiento de los derechos
subjetivos necesarios para reaccionar jurídicamente frente a las agresiones a
ellos inferidas, sino que, además, contiene un mandato de protección suficiente
de aquellos bienes de la personalidad, dirigido al legislador y que debe
presidir e informar toda su actuación. En lo que aquí interesa, esa garantía de
la efectividad del derecho en el ámbito médico implica que cualquier actuación
que afecte a la integridad personal, para resultar acorde con dicho derecho,
según la delimitación que antes efectuamos del mismo, se ha de encontrar
consentida por el sujeto titular del derecho o debe encontrarse
constitucionalmente justificada. De ahí que el legislador deba establecer (como
en efecto ha hecho, según veremos posteriormente) los mecanismos adecuados para
la prestación del consentimiento del sujeto que se ha de ver sometido a una
intervención médica, así como los supuestos que, desde una perspectiva
constitucional permitirían prescindir del mismo, teniendo siempre presente, de
una parte «que sólo ante los límites que la propia Constitución expresamente
imponga al definir cada derecho o ante los que de manera mediata o indirecta de
la misma se infieran al resultar justificados por la necesidad de preservar
otros derechos constitucionalmente protegidos, puedan ceder los derechos
fundamentales (SSTC 11/1981, fundamento jurídico 7, 2/1982 , fundamento
jurídico 5, 110/1984 , fundamento jurídico 5), y de otra que, en todo caso, las
limitaciones que se establezcan no pueden obstruir el derecho 'más allá de lo
razonable' (STC 53/1986 , fundamento jurídico 3), de modo que todo acto o
resolución que limite derechos fundamentales ha de asegurar que las medidas
limitadoras sean 'necesarias para conseguir el fin perseguido' (SSTC 62/1982,
fundamento jurídico 5; 13/1985 , fundamento jurídico 2) y ha de atender a la
'proporcionalidad entre el sacrificio del derecho y la situación en que se
halla aquel a quien se le impone' (STC 37/1989 , fundamento jurídico 7) y, en
todo caso, respetar su [contenido] esencial (SSTC 11/1981 , fundamento jurídico
10, 196/1987, fundamentos jurídicos 4 , 5 y 6 , 197/1987, fundamento jurídico
11), si tal derecho aún puede ejercerse» (STC 120/1990, de 27 de junio, FJ 8).
Para determinar las garantías que, desde
la perspectiva del art. 15 CE, se imponen a toda intervención médica que afecte
a la integridad corporal del paciente, podemos acudir, por una parte, a los
tratados y acuerdos en la materia ratificados por España, por el valor
interpretativo de las normas relativas a los derechos fundamentales y
libertades públicas que les reconoce el art. 10.2 CE (por todas, STC 6/2004, de 16 de enero , FJ 2),
y, por otra, a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que
también ha de servir de criterio interpretativo en la aplicación de los
preceptos constitucionales tuteladores de los derechos fundamentales, de
acuerdo con el mismo art. 10.2 CE, según tenemos declarado, entre otras muchas,
en las SSTC 303/1993, de 25 de octubre, FJ 8, y 119/2001, de 24 de mayo , FJ 5,
para concluir con el examen de la regulación legal encargada de plasmar esas
garantías.
[...]
5.- De acuerdo con lo expuesto, podemos
avanzar que el consentimiento del paciente a cualquier intervención sobre su
persona es algo inherente, entre otros, a su derecho fundamental a la
integridad física, a la facultad que éste supone de impedir toda intervención
no consentida sobre el propio cuerpo, que no puede verse limitada de manera
injustificada como consecuencia de una situación de enfermedad. Se trata de una
facultad de autodeterminación que legitima al paciente, en uso de su autonomía
de la voluntad, para decidir libremente sobre las medidas terapéuticas y
tratamientos que puedan afectar a su integridad, escogiendo entre las distintas
posibilidades, consintiendo su práctica o rechazándolas. Ésta es precisamente
la manifestación más importante de los derechos fundamentales que pueden
resultar afectados por una intervención médica: la de decidir libremente entre
consentir el tratamiento o rehusarlo, posibilidad que ha sido admitida por el
TEDH, aun cuando pudiera conducir a un resultado fatal (STEDH de 29 de abril
de 2002, caso Pretty c. Reino Unido , § 63), y también por este Tribunal (STC
154/2002, de 18 de julio , FJ 9).
Ahora bien, para que esa facultad de
consentir, de decidir sobre los actos médicos que afectan al sujeto pueda
ejercerse con plena libertad, es imprescindible que el paciente cuente con la
información médica adecuada sobre las medidas terapéuticas, pues sólo si
dispone de dicha información podrá prestar libremente su consentimiento,
eligiendo entre las opciones que se le presenten, o decidir, también con plena
libertad, no autorizar los tratamientos o las intervenciones que se le
propongan por los facultativos. De esta manera, el consentimiento y la
información se manifiestan como dos derechos tan estrechamente imbricados que
el ejercicio de uno depende de la previa correcta atención del otro, razón por
la cual la privación de información no justificada equivale a la limitación o
privación del propio derecho a decidir y consentir la actuación médica,
afectando así al derecho a la integridad física del que ese consentimiento es
manifestación.
La información previa, que ha dado lugar
a lo que se ha venido en llamar consentimiento informado, puede ser
considerada, pues, como un procedimiento o mecanismo de garantía para la
efectividad del principio de autonomía de la voluntad del paciente y, por
tanto, de los preceptos constitucionales que reconocen derechos fundamentales
que pueden resultar concernidos por las actuaciones médicas, y, señaladamente,
una consecuencia implícita y obligada de la garantía del derecho a la
integridad física y moral, alcanzando así una relevancia constitucional que
determina que su omisión o defectuosa realización puedan suponer una lesión del
propio derecho fundamental.
Es consonante con la relevancia que se
ha asignado a la información y al consentimiento previos a la realización de
cualquier actuación médica la regulación de estos aspectos que se realiza en
nuestro ordenamiento interno, contenida, esencialmente, en la Ley 41/2002, de
14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de información y documentación clínica, que actualiza y
completa la regulación contenida en la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de
sanidad, con observancia de las previsiones del Convenio relativo a los
derechos humanos y la biomedicina de 4 de abril de 1997, al que ya se ha hecho
referencia.
[...]
Ya hemos anticipado que la privación de
información equivale a una privación o limitación del derecho a consentir o
rechazar una actuación médica determinada, inherente al derecho fundamental a
la integridad física y moral. En este sentido, es terminante la Ley 41/2002 (a
la que las resoluciones judiciales sólo contienen alguna mención puramente
marginal) al exigir en su art. 8 (que es trasunto del art. 5 del Convenio
relativo a los derechos humanos y la biomedicina) el previo consentimiento del
afectado, libre y voluntario, para toda actuación en el ámbito de su salud,
«una vez que, recibida la información prevista en el art. 4, haya valorado las
opciones propias del caso». Y el art. 4 recoge en los términos más amplios el
derecho de los pacientes a conocer «toda la información disponible» sobre
cualquier actuación en el ámbito de su salud, «salvando los supuestos
exceptuados por la Ley». El precepto pone de relieve que las excepciones no son
indeterminadas ni de consideración extensiva, permitiéndose la limitación del derecho
únicamente en casos de carencia de capacidad del paciente para entender la
información o por la existencia acreditada de un estado de necesidad
terapéutica («cuando por razones objetivas el conocimiento de su propia
situación pueda perjudicar su salud de manera grave»), supuestos en los que es
preciso comunicarlo a las personas vinculadas al paciente (art. 5.3 y 4).
Del mismo modo, los supuestos en los que
se pueda exceptuar la necesidad del previo consentimiento informado son también
excepcionales, y así lo ha plasmado el legislador, que permite a los
facultativos prescindir del mismo para llevar a cabo las intervenciones
clínicas indispensables a favor de la salud del paciente tan sólo en los casos
de riesgo para la salud pública, y »cuando existe riesgo inmediato y grave para
la integridad física o psíquica del enfermo y no es posible conseguir su
autorización». Aún más, en este último supuesto, si las circunstancias lo
permiten, se debe consultar a los familiares o personas vinculadas de hecho al
paciente ( art. 9.2 de la Ley 41/2002 y art. 8 del Convenio relativo a los
derechos humanos y la biomedicina).
En definitiva, la regulación legal -que
obedece a las exigencias constitucionales- implica, de acuerdo con el contenido
propio del derecho fundamental, que, en principio, cada intervención médica
debe estar autorizada por el previo consentimiento del paciente que, a su vez,
se ha de encontrar precedido de la correspondiente información sobre el
procedimiento a aplicar.
[...]
En todas estas normas, sin embargo, no
se plasman únicamente un conjunto de derechos para el paciente, unido a los
correlativos deberes de los facultativos que permitan hacerlos efectivos, sino
que, básicamente, reflejan una doble garantía para aquél y éstos: de un lado,
la que permite hacer efectivo el derecho fundamental a la integridad física del
paciente respecto de las actuaciones médicas que se le efectúen; de otro, la
regulación descrita ofrece a los facultativos la garantía de que sus actuaciones
se desarrollarán dentro de los límites que impone la protección de aquel
derecho. Así pues, desde la perspectiva de los facultativos esta regulación no
se limita a imponerles un conjunto de deberes, sino que, también, desde una
vertiente positiva, les proporciona una garantía de su propia actuación
profesional.
[...]
En definitiva, se puede afirmar que la
asistencia recibida por el demandante de amparo no satisfizo su derecho a
prestar un consentimiento debidamente informado, y, por tanto, vulneró su
derecho fundamental a la integridad física (art. 15 CE)».
No admite dudas, por tanto, que el
paciente que se sometió a una vasectomía - que luego fracasó en su finalidad de
esterilización-, y no fue informado previamente del riesgo de recanalización de
los conductos deferentes, sufrió un daño moral que debe ser indemnizado.
No obstante, la vasectomía es una
intervención dirigida a lograr la esterilización del varón y en el caso de una
pareja estable es una decisión adoptada en el ámbito de la planificación
familiar, optando por un método anticonceptivo de carácter, en principio,
permanente e irreversible. Las consecuencias del fracaso de la intervención, es
decir, el posterior embarazo y nacimiento de un hijo, afectan por igual a ambos
miembros de la pareja.
Partiendo de lo anterior, y de la
exclusiva titularidad del paciente del derecho a la información previa y
asistencial a la cirugía, y de que la omisión de esa información sólo al
paciente causa un daño moral -de carácter personalísimo-, la cuestión que se
nos plantea es si la mujer puede reclamar por responsabilidad patrimonial de la
Administración. Para resolverla no podemos desconocer lo ya indicado, es decir,
que las consecuencias de la falta de esterilización en el varón se producen
también para la mujer. Así, al paciente sometido a la vasectomía el perjuicio
se concreta en el daño moral personalísimo, por vulneración de un derecho
fundamental, pero para su pareja surge un daño propio y autónomo, que es
también de carácter moral, pues la falta de información le priva de su facultad
de autodeterminación en relación con la planificación familiar.
A partir de la intervención la pareja
llevó a cabo esa planificación sin la información suficiente, condicionando la
forma de actuar de ambos miembros de la pareja, que por ello no pudieron tomar
decisiones en ese ámbito con libertad y con conocimiento de los riesgos de un
posible embarazo. Es evidente que resulta afectada la autodeterminación
reproductiva no sólo del paciente, sino también de la mujer, y su derecho a
decidir sobre una futura maternidad, con adopción, en su caso, de otros métodos
o medios anticonceptivos para evitar un nuevo embarazo, ante la posibilidad de
materializarse el riesgo desconocido por la pareja de una posterior
recanalización de los conductores deferentes. El servicio público sanitario, al
no informar al paciente de los riesgos de la intervención, ha causado también
un daño a su pareja. Este es un daño propio y autónomo, por lo que, de
conformidad con el artículo 32.1. de la Ley 40/2015 tiene derecho a ser indemnizada.
D) Teniendo en cuenta todo lo expuesto,
procede responder a la cuestión de interés casacional en los términos
siguientes:
« "En los supuestos de omisión de
información relevante sobre el riesgo de fracaso de una intervención de
vasectomía , la pareja estable del paciente ostenta legitimación activa para
reclamar responsabilidad patrimonial por haber sufrido un perjuicio propio
vinculado a la frustración de su capacidad de planificación reproductiva y
autodeterminación personal como consecuencia directa del funcionamiento anormal
del servicio sanitario. Tal legitimación no deriva de una titularidad
compartida del derecho al consentimiento informado, que corresponde
exclusivamente al paciente, sino de la existencia de un daño autónomo e
individualizado padecido por quien resultó afectada por las consecuencias de
dicha omisión informativa."»
E) Resolución del presente recurso.
El recurso se interpuso por la
representación procesal de Dª. Marina y D. Agapito frente a la desestimación
presunta del Servicio Madrileño de Salud de la reclamación de responsabilidad
patrimonial formulada por los perjuicios derivados de la asistencia médica
prestada a D. Agapito en el Hospital Universitario Severo Ochoa. Concretamente,
alegaban que le había sido realizada una vasectomía y que, con posterioridad,
Dª Marina quedó embarazada, sin que hubieran sido informados de los riesgos
generales ni de los personalizados de dicha intervención. Cuantificaban los
perjuicios en 70.000 euros, que reclamaban.
El recurso contencioso-administrativo
fue ampliado a la Orden de 27 de abril de 2023 del Consejero de Sanidad, por la
que se estimó en parte la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada
por D. Agapito, reconociéndole una indemnización de 6.000 euros y se desestimó
la de Dª. Marina por falta de legitimación activa. Se argumentaba, en síntesis,
que no se había facilitado la debida información al paciente sobre la posible
complicación del fracaso de la esterilización por recanalización de los conductos
deferentes y el consecuente riesgo de embarazo, pero se consideraba que el
derecho a la información era de carácter personalísimo, y por ello no cabía
indemnizar a la esposa, sin que tampoco se pudiera entender el nacimiento de un
hijo como un daño susceptible de indemnización.
La sentencia núm. 574/2024, de 16 de
julio de 2024, dictada por la sección décima de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el
procedimiento ordinario núm. 649/2022, confirma este extremo de la resolución
recurrida, y estima en parte el recurso en el único sentido de fijar la
indemnización a D. Agapito en 12.0000 euros.
La conclusión a la que llega la Sala de
instancia no es, de acuerdo con lo antes razonado, conforme a derecho, por lo
que procede casar la sentencia de instancia en lo que se refiere a la
legitimación de Dª. Marina para reclamar.
F) Importe de la indemnización.
Respecto a la indemnización, la parte
recurrente discrepa de su cuantificación y alega que se hizo por la Sala de
instancia, según argumenta, en atención a las circunstancias concurrentes.
Ahora bien, no se expresan esas circunstancias, ni, por tanto, las razones por
las que se fija prudencialmente en 12.000 euros.
La parte recurrente invocó ante la Sala
de instancia distintas sentencias de esta Sala Tercera, y de la propia Sala de
Madrid, en las que se reconoce un importe mayor en casos coincidentes con el
presente.
Así, en sentencia de esta Sala Tercera,
Sección Sexta, de 23 de febrero de 2005, Rec. 145/2004, se examina el supuesto
de falta de información a una paciente de los riesgos de una ligadura de
trompas, siendo uno de ellos la posibilidad de un embarazo posterior. Se razona
en la sentencia, respecto a la indemnización que la paciente debe ser
indemnizada «[...] por el quebranto que pueda conllevar el cuidado y sustento
de un hijo no deseado; difícilmente cuantificable en el aspecto económico, ya
que los perjuicios o costos derivados del nacimiento del niño serán distintos
según la situación familiar, el status patrimonial y laboral de cada familia e
inversamente proporcional a su capacidad económica; por lo que en el presente
caso, en atención a los ingresos que percibía el marido de la recurrente y el
número de hijos, prudentemente la cuantificamos en 14.000.000 pesetas
--84.141,69 euros--, cantidad que deberá actualizarse a la fecha de la presente
sentencia con el fin de conseguir una completa indemnidad de los perjuicios
sufridos y ello sin perjuicio de la aplicación del artículo 106, número 2, de
la Ley Jurisdiccional».
En STS, sección sexta, de 9 de mayo de
2005, Rec. 3546/2001, en un supuesto igualmente de falta de consentimiento en
una ligadura de trompas, se argumenta que «[...] atendiendo todas las
circunstancias concurrentes y los daños morales sufridos por la recurrente,
derivados del embarazo no deseado y de la situación de angustia [que] incide
durante el mismo, parece ponderado otorgar la cantidad de 60.000 euros en
concepto de responsabilidad patrimonial, cantidad que se establece con
referencia al día en que se formula reclamación en vía administrativa», si bien
en ese caso la cuantificación del daño moral tiene en cuenta no sólo la propia
falta de información, sino también la situación de angustia de la paciente
durante el embarazo por otras dolencias que sufría y que temía pudieran verse
agravadas por el nuevo embarazo.
Y en STS de 19 de mayo de 2015, Rec.
4397/2010, en un supuesto de incorrecta colocación de un dispositivo
intrauterino, y posterior embarazo no deseado, se fija la indemnización en
cuantía de 80.000 euros por daño moral. En este caso lo que se indemniza es la
lesión de la facultad de autodeterminación que el inadecuado acto médico
provocó, que es también el daño indemnizable en caso de vulneración de la
autonomía de la voluntad por falta de información. Se recuerda en esta
sentencia el reiterado criterio jurisprudencial sobre el daño moral en embarazos
no deseados:
« Esta Sala ha declarado en ocasiones
anteriores (sentencia de la Sección Sexta de 4 de noviembre de 2008, dictada en
el recurso de casación núm. 4936/2004) que el nacimiento de un hijo no puede
considerarse un daño, "pues no cabe en el ordenamiento español lo que, en
terminología inglesa, se denomina wrongful birth", ya que "no hay
nacimientos equivocados o lesivos, pues el artículo 15 de la Constitución implica
que toda vida humana es digna de ser vivida". Por eso mismo, en la
indicada sentencia se descarta expresamente que los gastos derivados de la
crianza de los hijos constituyan, en principio, un daño, ya que son inherentes
a un elemental deber que pesa sobre los padres y, desde luego, no enervan esa
obligación legal.
Ahora bien, estos principios deben
matizarse en los casos en los que el nacimiento se produce como consecuencia de
un embarazo que la madre habría querido evitar y que no pudo hacerlo como
consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios sanitarios. En estos
supuestos, la doctrina básica la encontramos en la sentencia de esta Sala de 28
de septiembre de 2000, reiterada después en pronunciamientos posteriores, en
cuyo fundamento de derecho quinto se afirma lo siguiente:
"Alega el recurrente que la
paternidad inesperada le supone un daño moral, que relaciona, entre otras
circunstancias, con la situación de inquietud e incertidumbre que ha padecido,
así como un daño emergente derivado de los gastos realizados y un lucro cesante
relacionado con los gastos necesarios para el mantenimiento de su hija.
Esta Sala ha considerado que el concepto
de daño evaluable a efectos de determinar la responsabilidad patrimonial de la
Administración incluye el daño moral. Sin embargo, por tal no podemos entender
una mera situación de malestar o incertidumbre -ciertamente presumible cuando
de una operación de vasectomía con resultado inesperado de embarazo se trata-,
salvo cuando la misma ha tenido una repercusión psicofísica grave. Tampoco
puede considerarse como daño moral el derivado del nacimiento inesperado de un
hijo, pues nada más lejos del daño moral, en el sentido ordinario de las
relaciones humanas, que las consecuencias derivadas de la paternidad o
maternidad.
Sin embargo, sí podría existir un daño
moral, si concurriesen los requisitos necesarios, en el caso de que se hubiese
lesionado el poder de la persona de autodeterminarse, lo que a su vez podría
constituir una lesión de la dignidad de la misma. Esta dignidad es un valor
jurídicamente protegido, pues, como dice el Tribunal Constitucional en la
sentencia 53/1985, de 11 de abril, «nuestra Constitución ha elevado también a
valor jurídico fundamental la dignidad de la persona, que, sin perjuicio de los
derechos que le son inherentes, se halla íntimamente vinculada con el libre
desarrollo de la personalidad (artículo 10) [...]». En efecto, como añade el
Tribunal Constitucional, «la dignidad es un valor espiritual y moral inherente
a la persona que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente
y responsable de la propia vida [...]».
No cabe duda de que el embarazo habido
ha supuesto haberse sometido a una siempre delicada intervención quirúrgica que
ha venido en definitiva a demostrarse como inútil y, por otra parte, la
frustración de la decisión sobre la propia paternidad o maternidad y, con ello,
ha comportado una restricción de la facultad de autodeterminación derivada del
libre desarrollo de la personalidad, al que pertenecen también ciertas
decisiones personalísimas en cuanto no afecten al mínimum ético
constitucionalmente establecido, como no puede menos de ser en un ordenamiento
inspirado en el principio de libertad ideológica ( artículo 16 de la
Constitución).
Junto a estos perjuicios, debe tenerse
en cuenta la existencia de daño emergente, ligado a los gastos necesarios para
la comprobación de la paternidad, que la intervención quirúrgica realizada
convierte en incierta. También, sin duda, al lado del daño emergente, existen
consecuencias dañosas que podrían encuadrarse en el lucro cesante. Sería, sin
embargo, un grave error integrar este concepto resarcitorio con el importe de
las cantidades destinadas a la manutención del hijo inesperado, pues ésta
constituye para los padres una obligación en el orden de las relaciones
familiares impuesta por el ordenamiento jurídico, de tal suerte que el daño
padecido no sería antijurídico, por existir para ellos la obligación de
soportarlo. Sólo podría existir lucro cesante en el caso de que se probara la
existencia de un perjuicio efectivo como consecuencia de la necesidad de
desatender ciertos fines ineludibles o muy relevantes mediante la desviación
para la atención al embarazo y al parto y a la manutención del hijo de recursos
en principio no previstos para dichas finalidades, en tanto no sea previsible
una reacomodación de la situación económica o social del interesado o de los
interesados".
Trasladando la doctrina expuesta al
supuesto ahora analizado, es claro que no resulta propiamente indemnizable el
embarazo mismo, pero sí la lesión de la facultad de autodeterminación que el
inadecuado acto médico provocó. (...)».
Invocan también los recurrentes la
sentencia de la Sala de Madrid, Sección Novena, núm. 346/2008, de 14 de marzo
de 2008, Rec. 283/2005, que en un supuesto de vasectomía que devino
posteriormente ineficaz, siguiendo la doctrina de esta Sala Tercera, y valorando
las circunstancias concurrentes (número de componentes de la unidad familiar y
las profesiones y salarios de los recurrentes), fija una indemnización por daño
moral de 60.000 euros.
Las cifras anteriores son muy superiores
a las reconocidas en el presente caso, en el que, además, son dos las personas
que deben ser indemnizadas. Consta también en el expediente que ya son padres
de dos hijos, y sus ingresos no son muy elevados, incrementándose los gastos
con un nuevo miembro de la familia, por lo que se estima razonable lo reclamado
en la demanda, es decir, 70.000 euros.
Procede, en consecuencia, estimar el
recurso de casación y anular la sentencia de instancia, y, entrando a conocer
de la pretensión indemnizatoria de los recurrentes, se estima y se fija el
importe de la indemnización en 35.000 euros para cada uno de ellos.
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667 227 741
