La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sec. 4ª, de 17 de marzo
de 2022, nº 107/2022, rec. 623/2021, declarara que la responsabilidad que deriva
de la mera posesión del animal sólo se evita que surja la obligación de
indemnizar por el daño causado cuando se rompe el nexo causal por fuerza mayor
o por culpa del perjudicado, incumbiéndole al demandado la prueba de dichas
excepciones.
La responsabilidad por los daños causados por un animal deriva por ello de
la tenencia o riesgo y no de la culpa del poseedor (Sentencias del TS de 28
abril 1983 y 18 julio 1991).
Pues las responsabilidades civiles que pudiere generar el poseedor de un animal, las regula el el art. 1.905 del Código Civil que dispone:
"El poseedor de un animal o el que se sirva de él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe. Sólo cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido".
Como dice la STS de 29 de mayo 2003, el artículo 1905 del Código Civil establece, como criterio de imputabilidad, la posesión del animal o el servicio del mismo: "el poseedor de un animal o el que se sirve de él...”, dice literalmente. Lo que significa que se impone la obligación de reparar el daño al que tiene el poder de hecho (posesión de hecho, inmediata) o el interés en la utilización (servicio) del animal, sea o no propietario.
A) Antecedentes y objeto del recurso.
1º) Por parte de la demandada doña Covadonga, se interpone recurso de
apelación contra la sentencia por la cual fue estimada parcialmente la demanda
frente a ella presentada por doña Delfina, en la que se reclamaba la condena a
la demandada al abono a la demandante de la cantidad de 11.299,27 euros,
intereses desde la interpelación judicial y costas.
En la demanda se señala que el 10.02.2018 circulaba doña Delfina
correctamente por la C Rosellón de Barcelona, con la motocicleta de su
propiedad .... QGV. Sobre las 11:50 h cuando se encontraba a la altura del nº
488, se indica se vió sorprendida por la irrupción en la calzada de un perro
suelto que pretendió atravesar la calzada a la carrera de derecha a izquierda,
motivo por el cual y pese a frenar, no pudo evitar la colisión y con ello su
caída al suelo.
La responsable del perro se indica era la demandada Doña Covadonga, quien
se precisa en la demanda que reconoció de forma expresa que el perro se había
soltado de la correa y se le había escapado cruzando la calzada a la carrera.
En cuanto a lo que es objeto de reclamación, en primer lugar, lo es el
coste de reparación de la motocicleta que se fija en 1.100,34 euros.
Junto a lo anterior se reclaman 10.198,93 euros por lesiones, señalando que las
mismas consistieron en una fractura no desplazada de troquiter de hombro
derecho, esguince costal y contusión codo.
De cara a su valoración (y dado que hubo un alta laboral y posteriormente
ante un empeoramiento una intervención quirúrgica) se distingue entre un primer
periodo entre la fecha del siniestro y el alta laboral de 3 de Junio de 2018 y
un segundo período correspondiente a la intervención quirúrgica antes señalada
y practicada el 3 de diciembre de 2018 de 45 días.
2º) La demandada opuso la falta de legitimación pasiva, al indicar que
tenía el perro temporalmente por 15 días, siendo la propietaria CAAD Maresme no
estimando que se pudiere considerar como poseedor del animal a quien no tiene
la voluntad sobre el mismo, ni actúa o ejerce inequívocamente como el dueño,
sino simplemente está guardando y custodiando en nombre y por cuenta del
propietario. De igual forma se indicó que tampoco se servía del perro en interés o
provecho propio.
Junto a lo anterior se invocó la excepción de falta de litisconsorcio
pasivo necesario al entender se debía demandar asimismo a la propietaria del
perro que era CAAD Maresme.
También se manifestó la disconformidad en la forma de producción del
siniestro que se relata en la demanda, pues se precisa en la contestación que
el perro no impactó con la motocicleta de la actora, sino que fue la actora
quien se asustó al ver al perro por ir distraída, por un ataque epiléptico o
por ir hablando con el manos libres, y pegó un volantazo cayendo del lado
izquierdo de forma no violenta. Para ello se analiza la prueba con la que se
cuenta y en especial la inspección ocular de la patrulla policial y la índole
de las lesiones del perro (localizadas en su lado derecho).
Junto a lo anterior se niega que la motocicleta tuviere daños y en cuanto a
las lesiones de la demandante niega su alcance, pues considera que las mismas
se limitaron a una contusión leve en la zona costal por la caída. De hecho,
estima la demandada que más allá de las antes señaladas, las restantes derivan
del esfuerzo físico que hace la parte actora en el desarrollo de su actividad
profesional de peluquera en un centro de estética a jornada completa además de
la actividad diaria de esfuerzo físico continuado con pesas y máquinas de
musculación en un gimnasio.
En base a ello se interesa, además de la estimación de las excepciones
procesales de falta de legitimación pasiva y subsidiariamente la falta de
litisconsorcio pasivo necesario declarándose de oficio la nulidad de
actuaciones, la desestimación de la demanda presentada de contrario y
subsidiariamente que sólo se considere la concurrencia de un perjuicio personal
particular por pérdida temporal de calidad de vida moderado de 7 días.
En el acto de la audiencia previa celebrada el 23.01.2020, además de todo
lo que es el contenido inherente a la misma, se dio respuesta expresa a la
excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario (al amparo de lo previsto
en el art 420 LEC y al ser el momento en el que se debía dar respuesta a ello)
que se desestimó (tanto de forma inicial como al plantearse el recurso frente a
la decisión desestimatoria) al entender la juzgadora que en este caso en la
acción ejercitada nada se imputaba al tercero en relación a quien se interesa
la concurrencia del litisconsorcio, exigiéndose solo la responsabilidad de la
demandada en tanto que poseedora (y cualquiera que sea la concreta posesión que
se atribuyere a la misma). En cuanto a la falta de legitimación pasiva se
señaló era cuestión de fondo.
3º) La sentencia es estimatoria parcial de la demanda (en la cantidad de
11.158,72 euros frente a la que solicitaba la parte actora que es la antes
indicada de 11.299,27 euros).
En ella se hace un detallado análisis de la prueba practicada en lo que es
la forma de producción del siniestro. llegando a la conclusión de que la causa
del accidente fue la irrupción del perro en la calzada y su colisión con la
actora, señalando era indiferente que colisionara directamente o tangencialmente
o incluso que no colisionara en absoluto con la actora porque lo que señala en
la sentencia como claro es que, en cualquiera de esos supuestos, dada la súbita
aparición del perro, el responsable sigue siendo éste y, por lo tanto, la
demandada que responde por él.
En cuanto a las lesiones, si entiende la sentencia que son las indicadas en
la demanda (este aspecto de la misma es estimado en su integridad) detallando
la prueba practicada y concluyendo que a diferencia de lo sostenido por la
parte demandada de considerar sólo como lesiones derivadas del accidente la
contusión en el codo y el esguince costal, entiende que las generadas son las
que expone la actora que son las anteriores más la fractura no desplazada troquiter
hombro derecho.
Los daños materiales son los que la sentencia considera no deben ser
valorados en la forma solicitada por la parte actora, precisándose al efecto en
la sentencia que se deben excluir las partidas del lado izquierdo de la
motocicleta, de forma que lo que se fija en la sentencia por este concepto son
959,79 € frente a los 1.100,34 € que se reclamaban.
B) No existe litisconsorcio pasivo necesario.
1º) La parte demandada/recurrente considera que en este caso se da una
situación de litisconsorcio pasivo al entender que dada la responsabilidad
reclamada, se debería demandar a la propietaria del perro " Bucanero"
que ella tenía en acogida y que es el CAAD Maresme (Dª Covadonga indica
haberlo adoptado con posterioridad al siniestro adjuntando a la contestación la
solicitud de inscripción en el Registro del Ayuntamiento de Barcelona
presentada el 28.03.2018 - el siniestro tuvo lugar el 10.02.2018).
En relación a ello, el juzgado resolvió en el acto de la audiencia previa,
actuación que cabe entender era la correcta pues es en la misma donde se debe
dar respuesta a esta cuestión procediendo, en caso de estimarse concurrente, a
la integración de la Litis (art. 420 LEC).
El juzgado no consideró concurrente el litisconsorcio pasivo necesario
siendo el argumento empleado el de considerar que de lo que se trataba en las
presentes actuaciones era solo de analizar la conducta de la demandada y no la
de la entidad propietaria.
Partiendo de lo expuesto, y de cara a resolver sobre lo planteado, cabe
indicar que el litisconsorcio pasivo necesario viene regulado en el 12.2 LEC el
cual dispone:
"Cuando por razón de lo que sea objeto del juicio la tutela
jurisdiccional solicitada sólo pueda hacerse efectiva frente a varios sujetos
conjuntamente considerados, todos ellos habrán de ser demandados, como
litisconsortes, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa".
Respecto del mismo (y para determinar si es o no concurrente) deben
reunirse los siguientes requisitos (a título de ejemplo cabe citar como
resolución que lo especifica la STS 30.06.2015):
i) Nexo común entre presentes y ausentes que configura una comunidad de
riesgo procesal.
ii) Que ese nexo sea inescindible, homogéneo y paritario;
iii) Que el ausente del proceso no haya prestado aquiescencia a la
pretensión del actor.
En los casos de solidaridad no concurre una situación de litisconsorcio
pasivo necesario como se ha proclamado entre otras en las STS de 15.12.1.999;
13.11.2. 000; 5.12.2. 001; 26.04.2002.
Esta ausencia de una situación de litisconsorcio pasivo necesario tampoco
se da en los casos de solidaridad de deudores derivada de obligaciones que
tienen su origen en un acto ilícito, siendo su fundamento el carácter solidario
de la obligación de reparar el daño, con lo que el acreedor, es decir, el
perjudicado, puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios. Así cabe citar las sentencias
del TS de 20.10.1.997; 15.12.1. 999; 27.06.2. 001; 12.04.2.002; 16.04.2.003;
15.06.2.005; 28.02.2.008 o 17.09.2008 señalando esta última:
"... la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesaria, de
especial tratamiento en razón a la acción ejercitada, pues si bien es cierto
que tiende a garantizar la presencia en el juicio de todos a quienes interesa
la cuestión sustantiva en litigio, bien sea por disposición legal, bien por
razón de no ser escindible la relación jurídica material, siendo una exigencia
de naturaleza procesal que se funda en el principio de audiencia y de
prohibición de la indefensión y que robustece la eficacia del proceso evitando
resultados procesales inútiles por no poder hacerse efectivos contra los que no
fueron llamados a juicio, o impidiendo sentencias contradictorias, la misma
desaparece ante la presencia de diversos agentes en la producción del daño
mediante culpa extracontractual, en cuanto ordinariamente puede dar lugar a una
solidaridad impropia, que no invalida la relación jurídico procesal por la
falta de alguno de los posibles responsables (Sentencias del TS de18 de abril y
31 de mayo de 2006 ; 31 de enero y 15 de noviembre de 2007)".
2º) Dado que el presente caso tiene por objeto el análisis de las
responsabilidades que pudieren concurrir fundadas en una responsabilidad
extracontractual, ante la naturaleza solidaria de las responsabilidades que se
podrían proclamar, ello implica que no se estime concurrente la excepción de
falta de litisconsorcio pasivo necesario, lo que implica la necesidad de
desestimar este motivo de apelación, confirmar lo resuelto por el juzgado y
señalar no concurre ninguna causa de nulidad de actuaciones como interesa la
parte demandada/apelante.
C) Legitimación pasiva del poseedor del animal.
1º) La parte demandada/apelante asimismo plantea su falta de legitimación
pasiva, al indicar que tenía el perro temporalmente por 15 días, siendo la
propietaria era CAAD Maresme.
Ello implica a su juicio que no se le pueda considerar como poseedora del
animal al que indica solo estaba guardando y custodiando en nombre y por cuenta
del propietario. De igual forma se indicó que tampoco se servía del perro en
interés o provecho propio.
Tal excepción se señaló por el juzgado que al ser cuestión de fondo no se
podía resolver en la audiencia previa, valoración que no cabe sino compartir en
esta sentencia pues la concreción de la legitimación y sus circunstancias a los
efectos del art 10 LEC requiere de la práctica de prueba.
Esta norma establece:
"Serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en
juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso. Se exceptúan
los casos en que por ley se atribuya legitimación a persona distinta del
titular".
La legitimación se refiere por ello a aquellas personas físicas o jurídicas
que promueven un litigio y contra las que se pueden promover, y determina que
sujetos pueden actuar como demandantes (legitimación activa) y como demandados
(legitimación pasiva), lo que viene dado por la situación en la que se hallen
esos sujetos respecto al derecho subjetivo, relación jurídica u objeto
controvertido en el concreto proceso.
Es por ello que la legitimación exige una adecuación entre la titularidad
jurídica afirmada y el objeto jurídico pretendido (STS de 2.07.2008 que completa
otra sentencia del TS anterior de fecha 21.04.2004 en la que se dice que la legitimación es
la relación existente entre una persona determinada y la situación jurídica en
litigio).
Respecto de la legitimación pasiva, las sentencias del TS de 28.12.2.001 y
21.04.2004 la identifican con la cualidad de un sujeto en relación con la
afirmación deducida en un determinado proceso respecto de un acto, negocio,
relación o situación jurídica, en cuya virtud se explica la posición de
demandado del llamado a juicio con tal condición.
De cara a su determinación, la STS 21.10.2009 indicó que la relación
jurídica sobre la que la parte actora plantea el proceso, con independencia de
su resultado, es la que determina quiénes son las partes legitimadas, activa y
pasivamente, para intervenir en el mismo, lo que lleva a estimar que cuando se
trata de determinar la existencia o no de la legitimación pasiva habrá de
atenderse a la pretensión formulada en la demanda, teniendo en cuenta el
"suplico" de la misma en relación con los hechos sustentadores de tal
pretensión.
2º) En este caso, el planteamiento de la demanda y los términos del suplico
se consideran son claros y de ellos deriva que ante la acción ejercitada con
fundamento en el art 1.905 CC si se estime existe una legitimación pasiva de la
demandada en verse demandada, lo que motiva que esta excepción (como ya hizo la
sentencia de instancia) se deba ver desestimada (y con ello el motivo
de apelación invocado y la petición de nulidad que se formula) lo que no
implica que automáticamente se pueda predicar su responsabilidad, ya que ello
lo determina la concurrencia o no de los requisitos de la acción ejercitada,
cuestión que se considera es distinta a la de la legitimación y a la que se da
respuesta en el siguiente fundamento de esta sentencia.
D) Forma de producción del siniestro y responsabilidades.
1º) El recurso de apelación asimismo difiere en lo que son las conclusiones
a las que se llega en la sentencia en lo que son las responsabilidades
derivadas del siniestro objeto de estas actuaciones.
En el recurso de apelación (tras un detallado análisis de la prueba
practicada) se llega a la conclusión conforme a la que no existe ninguna
responsabilidad en la demandada en la generación del siniestro y sí en la
actora, valoración que no es compartida por la demandante pues estima que la
valoración contenida en la sentencia es correcta.
Partiendo de lo expuesto, y antes de entrar en el análisis de la prueba en
si considerada, se estima necesario enmarcar desde el punto de vista jurídico
la presente causa que atiende a las responsabilidades por el posible daño
causado por un perro.
En relación a ello, cabe señalar que los perros tienen el perfil de seres
vivos dotados de sensibilidad, algo que ya se ha reflejado en textos
legislativos de diversos estados como la reforma austriaca de 10 de
marzo de 1986; reforma alemana de 20 de agosto de 1990, seguida de la elevación
de la protección de los animales a rango constitucional en 2002 al introducirla
en la Ley Fundamental de Bonn el artículo 20 a); regulación en Suiza, país que
también incluye en su Constitución la protección de los animales y que modificó
el Código Civil y el Código de las obligaciones a este propósito; reforma belga
de 19 de mayo de 2009; reforma francesa de 16 de febrero de 2015 y Ley
portuguesa de 3 de marzo de 2017, que establece un estatuto jurídico de los
animales y modifica tanto su Código Civil como el Código Procesal Civil y el
Código Penal.
En el caso de España ello se ha verificado por medio de la Ley 17/2021, de
15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley
de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales (se cita la
misma si bien no es aplicable en el presente caso al haber entrado en vigor el
pasado 5.01.2022).
En cuanto a las responsabilidades civiles que pudiere generar el obrar de
un animal, el art. 1.905 CC dispone:
"El poseedor de un animal o el que se sirva de él, es responsable de
los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe. Sólo cesará esta
responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa
del que lo hubiese sufrido".
El citado precepto constituye uno de los supuestos de responsabilidad
objetiva y en concreto, de una responsabilidad por riesgo inherente a la
utilización del animal (Sentencia del TS de 28.01.1986). Ello supone que la
norma no exige en el dueño, poseedor o usuario, ninguna culpa o falta de
responsabilidad, ni que los perjuicios causados por el animal sean una
consecuencia de su estado de peligrosidad (sólo se refiere a los
"perjuicios que causare").
Por otra parte, la responsabilidad deriva de la mera posesión del animal y
sólo se evita que surja la obligación de indemnizar por el daño causado cuando
se rompe el nexo causal por fuerza mayor o por culpa del perjudicado (Sentencias
del TS de 31.12.1992; 21.11.1998; 12.04.2000; 20.05.2003), incumbiéndole al
demandado la prueba de dichas excepciones (art. 217.3 LEC).
A diferencia del Código alemán que distingue entre responsabilidad por
presunción de culpa y responsabilidad por riesgo, en los Códigos español,
francés e italiano se hace responsable al poseedor de un animal sin necesidad
de que el damnificado pruebe la culpa, posición que predomina en la
jurisprudencia española, si bien la doctrina no es unánime, pues unos fundan
esta responsabilidad en una presunción iuris tantum de culpa del propietario o
usuario, otros señalan que el único modo de eludir la responsabilidad de la
prueba es la prueba de la ruptura del vínculo causal, es decir, del caso
fortuito, fuerza mayor, la culpa de la víctima o perjudicado o de un extraño,
añadiendo que se trata de una presunción iuris et de iure, que se aproxima o,
más bien, penetra en la esfera de la responsabilidad objetiva ; y otros
sostienen con que basta con que el poseedor pruebe su diligencia.
La posición que prevalece en la jurisprudencia es la de prescindir de la
culpa, basándola en una responsabilidad objetiva, así la Sentencia del Tribunal
Supremo de 26 de enero de 1986 declaró:
"... con precedentes remotos en la romana actio de pauperie y en la
legislación alfonsina, el artículo 1.905 del Código Civil contempla como
responsabilidad de carácter no culpabilista o por riesgo, inherente a la
utilización del animal, que procede, en principio, por la mera causación del
daño y con exoneración en los singulares casos de fuerza mayor, lo que
significa exclusión del caso fortuito y culpa del perjudicado, en el bien
entendido sentido de que, según se desprende del texto legal, y así lo destaca
la jurisprudencia, la responsabilidad viene anudada a la posesión del
semoviente, y no por modo necesario a su propietario, de donde se sigue que
basta la explotación en el propio beneficio para surja sea obligación de
resarcir (Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 1963, 14 de marzo de
1968 , 26 de enero de 1972 , 15 de marzo de 1982 y 28 de abril de 1983 )".
En cuanto al criterio de imputabilidad (cuestión ésta esencial en la
resolución de la presente causa), el mismo deriva de la posesión del animal o
el servicio del mismo: "el poseedor de un animal o el que se sirve de
él...", dice literalmente el art 1.905 CC.
En cuanto al "poseedor del animal" y quien se deba reputar como
tal, la posesión se puede tener en concepto de dueño o (como se plantea en este
caso en el que no es debatido que al tiempo del siniestro la dueña del perro no
era la aquí demandada) en el de tenedor para conservarlo o disfrutarlo.
La responsabilidad por los daños causados por un animal deriva por ello de
la tenencia o riesgo y no de la culpa del poseedor (Sentencias del TS de 28
abril 1983 y 18 julio 1991).
Como dice la STS de 29 de mayo 2003, el artículo 1905 del Código Civil establece,
como criterio de imputabilidad, la posesión del animal o el servicio del mismo:
"el poseedor de un animal o el que se sirve de él...”, dice literalmente.
Lo que significa que se impone la obligación de reparar el daño al que tiene el
poder de hecho (posesión de hecho, inmediata) o el interés en la utilización
(servicio) del animal, sea o no propietario.
Ello ha motivado que no resulte de aplicación el art. 1905 CC a quien
resulta ser un simple servidor de la posesión del dueño, que no usa el animal
para sí sino para él, de acuerdo con sus instrucciones (Sentencia del TS de 2.11.2004).
Tampoco se ha hecho operativo en casos de simple detentación pasajera y
efímera del animal.
2º) En este caso, la demandada indica que tenía al perro temporalmente y
acogido temporalmente por 15 días.
Esta manifestación pone de manifiesto que la detentación del perro iba más
allá de lo efímero (el caso más manifiesto es aquel en que se encomendare a una
persona su cuidado unos momentos y mientras el responsable atiende a otras
cuestiones), hasta el punto de poderse entender que si bien limitado en el
tiempo, la Sra. Covadonga si tenía al tiempo de producirse los hechos una
situación de control de hecho del perro “Bucanero" (y con ello de
responsabilidad por lo que el mismo pudiere hacer).
Tras esta precisión, se procede a analizar la prueba obrante en autos
comenzando por el informe de la Guardia Urbana de Barcelona que en primer lugar
detalla las condiciones de la C Rosselló en el punto donde ocurrió el siniestro
y que indica tiene de tres carriles de circulación delimitados por línea
longitudinal discontinua en sentido de Llobregat a Besós y zona señalizada para
el estacionamiento en cordón de turismos a ambos costados de la vía.
En este informe (ratificado en el acto de la vista por los agentes que
intervinieron) se refleja la manifestación de quien se identifica como testigo
nº NUM002 quien manifestó a los agentes que circulaba con su turismo por el
segundo carril de la calle Rosellón en sentido de Llobregat a Besós. Que por el
mismo carril le precedía en la marcha un turismo del que desconoce datos y en
paralelo a esté turismo circulaba una motocicleta por el tercer carril. Que a
la altura del número 488 de la vía el citado turismo frenó de forma inesperada
y en ese momento comprobó como por delante del turismo o por debajo del turismo
salía un perro de color blanco y cola larga cruzando la calzada de derecha a
izquierda. Que el perro se abalanzó sobre la motocicleta y provocó que la
conductora de la motocicleta cayera a calzada. Añadió que el turismo que le
precedía se ausentó del lugar y no podía precisar si había atropellado
previamente al perro. Que se detuvo y asistió a la conductora lesionada.
Este testigo es don Rodolfo quien corroboró en el acto del juico lo
manifestado a los agentes, referente a que él iba en el carril de al lado por
el que circulaba la actora (el testigo por el carril del centro y la
motocicleta un poco más adelante en el carril de al lado a su izquierda), que
el coche que iba delante del suyo frenó y vio que salía un perro de delante de
la defensa del coche o de debajo del coche y golpeó a la moto en el carril de
al lado que cayó.
En cuanto a la conductora de la motocicleta, la patrulla indica no la vió,
si bien se señala que se contactó telefónicamente con ella manifestando a los
agentes que circulaba a una velocidad que de unos 40 km/h por el tercer carril
de la calle Rosellón en sentido de Llobregat a Besós. Que a la altura del
número 488 de la vía un perro cruzó la calzada de derecha a izquierda
interponiéndose en su trayectoria y pese a frenar le golpeó y como consecuencia
de ello perdió el control sobre su vehículo y cayó a calzada. Esta
manifestación fue ratificada en el acto de la vista en la que precisó la aquí
demandante que prácticamente no pudo ver al perro que apareció del morro del
vehículo que tenía al lado.
Asimismo, el informe policial refleja lo que quien se identifica como
propietaria/responsable del perro (Dª Covadonga) expuso a los agentes. En
concreto el informe señala que manifestó era responsable del perro al tenerlo
en acogida y la propiedad es de la protectora CAAD Maresme. Que había salido de
su casa en Calle Torres, nº 10, para pasear al perro y a los pocos metros el
perro se soltó de la correa y salió sin control a la carrera. Que en el cruce
de Calle Garrtoxa con Calle Teodoro Llorente el perro cruzó la calzada y un
turismo le golpeó, aunque el animal continuó corriendo. Que por tal motivo ella
continuó corriendo tras el perro para tratar de darle alcance y por ello no
puede aportar datos del turismo. Que el perro continuó carrera por Paseo
Maragall. Que con la ayuda de un conductor de un turismo siguió durante un
tramo la carrera del perro, pero a la altura de Calle Córcega le perdió la
vista. Que al continuar su búsqueda fue avisada del accidente en Calle Rosellón
y allí fue informada de que su perro había provocado la caída de una
motocicleta y esperó en el lugar hasta que la ambulancia finalizó la asistencia
a la conductora.
Estas manifestaciones de la Sra. Covadonga se vieron confirmadas por el
testigo don Efraín.
Finalmente, el informe (además de incorporar un croquis) pone de manifiesto
que la patrulla en la inspección ocular del lugar del accidente no localizó
huellas de frenada o arrastre de la motocicleta.
Junto a lo anterior se cuenta en autos con la prueba referida a los daños
en la motocicleta (se adjuntan fotos) y las propias lesiones de la conductora
constatadas en el momento del siniestro (obra en autos el parte de emergencias
si bien su lectura es dificultosa aun cuando constata la asistencia recibida en
el lugar).
A ello se añaden las lesiones del perro, si bien éstas pudieren ser debidas
al primer accidente que éste tuvo (como expuso a la Guardia Urbana la Sra.
Covadonga) en el cruce de Calle Garrtoxa con la Calle Teodoro Llorente, con lo
que su localización en la derecha no se estima incompatible con el impacto con
la motocicleta en la C Rosselló (y que en incluso el mismo no padeciere lesiones
adicionales a las derivadas del primer siniestro).
La exposición anterior pone de manifiesto que toda esta prueba es
compatible con la versión de los hechos que se hace en la demanda al existir
correlación entre las manifestaciones del testigo, la perjudicada y la
demandada, los daños de la motocicleta y las lesiones de la Sra. Covadonga.
En cuanto a si pudiere haber concurrido alguna circunstancia referente a
culpabilidad de la víctima, no consta en autos elementos de los que quepa
derivar que en el momento en que se produjo el siniestro circulare con exceso
de velocidad (de así haberlo sido cabe considerar que las lesiones habrían sido mayores
y que incluso la Sra. Delfina y la motocicleta habrían salido proyectadas de
forma violenta tras el impacto y ello no consta que sucediere). Es a este
momento al que se considera se debe estar y no la velocidad que llevare el día
que fue objeto de seguimiento por un detective y se constató que pudiere
circular rápido (el 9.09.2019).
En cuanto a si pudiere haber conducido bajo la influencia de drogas u otro
tipo de sustancias en el momento de producirse el siniestro, nada de ello
consta en las actuaciones y en concreto nada puso de manifiesto el testigo D.
Rodolfo que es quien estuvo en el lugar y que de haber observado cualquier
circunstancia que le indujere a ello lo habría puesto en conocimiento de la
Guardia Urbana en el acto, dada la importancia que tiene una circunstancia como
la citada en la circulación y en una realidad que es conocida por todo
conductor.
Esta conducción bajo la influencia de drogas o sustancias semejantes la
induce la recurrente de la que entiende actitud de ocultamiento por parte de la
Sra. Delfina (eludiendo pruebas) y del hecho estar afectada por una poli
toxicomanía.
En cuanto a la elusión de pruebas (señaló a la ambulancia no desear ser
trasladada firmando el alta voluntaria), cabe indicar que dada la índole de las
lesiones constatadas en ese momento (en este informe de urgencias se señala
como diagnóstico principal el de polierosión y como secundario el de
policontusión), entra dentro de lo normal que la asistencia no se prorrogare en
el tiempo dado lo limitado de una actuación médica para la curación de unas
lesiones como las contempladas (no se le internó ni se verificó actuación semejante).
En lo que respecta a la ocultación de la mención a la poli toxicomanía que
se señala se contiene en el informe de urgencias aportado a la causa, cabe
indicar que el mismo obra en autos en la respuesta dada por el servicio de
urgencias médicas y sí la contiene junto a la de epilepsia (en el adjunto a la
demanda aparece esta circunstancia tachada).
Esta aportación alterada del documento cabe destacar que no es lo más
idóneo pues puede denotar una voluntad de ocultación de aspectos relevantes
para la resolución de la causa.
En todo caso, ya se ha señalado que la poli toxicomanía de la demandante se
ha constatado en las presentes actuaciones y la misma, si bien existente, no
comporta automáticamente que en toda su actividad siempre actúe bajo la
influencia de las drogas.
En este caso, y en relación a las condiciones de la demandante en el
momento de producirse el siniestro, ninguna prueba hay en autos. En concreto
cabe destacar la manifestación del testigo presencial de los hechos o quienes
atendieron a la Sra. Delfina que nada reflejaron al respecto, más allá de la
condición de politoxicómana de la Sra. Delfina.
En lo referente a la medicación que indicó la Sra. Delfina en el acto del
juicio que tomaba (la quetiapina), la propia parte recurrente señala que se
aconseja cuando se toma no conducir, dado que tiene como efecto secundario el
de la sedación o somnolencia. Tal efecto secundario (incluso en el caso de
existir), no consta acreditado de forma objetiva en este caso que pudiere haber
tenido efectos, máxime ante lo repentino de la irrupción del perro y el hecho
de incluso estar oculto el mismo por el vehículo que circulaba en paralelo a la
Sra. Delfina y delante del Sr Rodolfo.
Es por todo lo expuesto que, en esta sentencia, tras el análisis de la
prueba practicada y en especial los aspectos destacados por la parte apelante,
se considera que no cabe sino llegar a las mismas conclusiones a las que se
llegaron en la sentencia de instancia, lo que comporta que este aspecto del
recurso de apelación presentado se deba ver desestimado.
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