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martes, 2 de agosto de 2022

La aseguradora del perro no está obligada a pagar una indemnización por los daños sufridos por un amigo del dueño de un perro cuando lo paseaba, al caerse a causa de un tirón en la correa, porque el demandante era poseedor de hecho del perro cuando se produjo el siniestro.

 

La sentencia de la Audiencia Provincial de Lérida, Sección 2ª, nº 244/2022, de 31 de marzo de 2022, rec. 800/2021, declara que la aseguradora del perro no está obligada a pagar una indemnización por los daños sufridos por un amigo del dueño de un perro cuando lo paseaba, al caerse a causa de un tirón en la correa porque el demandante era poseedor de hecho del perro cuando se produjo el siniestro.

Ello comporta que la responsabilidad por los daños sufridos es imputable al propio demandante, ex art. 1905 del CC. Tampoco puede atribuirse al propietario del animal ninguna responsabilidad por culpa o negligencia del art. 1902 CC habida cuenta que el demandante conocía las características del animal de antemano y su caída al suelo se produjo en el contexto de un comportamiento razonablemente previsible del animal (dar un tirón de la correa de forma brusca y fuerte).

Ello excluye la responsabilidad de la aseguradora al cubrir el seguro los daños a terceros, pero no al propio asegurado (el propietario o los que cuidasen gratuitamente del perro).

La AP Lérida confirma la sentencia de instancia que desestimó la demanda de responsabilidad extracontractual por lesiones sufridas por el demandante cuando paseaba al perro de un amigo.

A) Hechos.

1º) La Sentencia nº 81 de 19 de marzo de 2021 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Lleida en el Juicio Ordinario nº 203/2020 desestima la demanda de reclamación de la indemnización por las lesiones y perjuicios producidos al demandante al caerse mientras paseaba al perro Tro, a consecuencia de un tirón en la correa que dio el perro, dirigida contra la aseguradora AXA, en ejercicio de la acción directa del art. 76 LCS con relación a las acciones de responsabilidad extracontractual de los arts. 1902 y 1905 del Código Civil. En la Sentencia se valora conjuntamente la prueba practicada estimando acreditado que el demandante se cayó y lesionó con ocasión de pasear al animal objeto de la póliza de seguro.

Respecto de la legitimación pasiva de AXA o cobertura de la póliza, se aprecia la existencia de legitimación pasiva de la aseguradora por la razón de que se descarta que el demandante tuviera la condición de "poseedor responsable civil" del animal en los términos del art. 1905 CCivil con fundamento en el hecho de que el demandante se encargó de la custodia del perro de forma absolutamente excepcional, esporádica o puntual, de modo que era un mero servidor de la posesión del dueño, concluyendo que el actor no tenía la cualidad de responsable civil del animal ni de asegurado, siendo un tercero y por tanto no se produce una confusión entre la condición de perjudicado y responsable. Asimismo, en la Sentencia se estima que entre el demandante y el dueño del perro existió un vínculo contractual de comodato, por lo que las lesiones y perjuicios por los que se reclama propiamente serían daños contractuales, que también son objeto de cobertura en la póliza existente con AXA.

Finalmente, respecto de la culpabilidad, se considera por el juzgador de instancia que como estamos ante un supuesto de responsabilidad contractual, la culpa o negligencia corresponde acreditarla al demandante, sin que se acredite aquí ninguna culpa ni negligencia imputable al dueño del perro Tro; valorando que aunque se considerara que existe responsabilidad objetiva, tampoco sería imputable al dueño del perro porque concurre la responsabilidad de la víctima en este caso, puesto que controla y asume voluntariamente la fuente del riesgo y debe soportar las consecuencias de su actuación. Así, se estima que el demandante asumió voluntariamente el riesgo de que se produjera el suceso que desencadenó su caída y las lesiones, por cuanto conocía al perro Tro desde hacía tiempo, sus condiciones y envergadura (un pastor alemán de unos 40 kg de peso), y el riesgo de que el perro tirara de la correa de forma sorpresiva o impetuosa era previsible.

2º) La parte demandante apelada, AXA SEGUROS GENERALES SA, se opone al recurso interesando la confirmación del pronunciamiento desestimatorio de la Sentencia de instancia, alegando, en síntesis, que el único responsable del accidente fue el propio actor que, a pesar de su delicado estado de salud, sacó a pasear un perro de grandes dimensiones al que no podía controlar, de modo que el propietario del animal no es responsable y por tanto tampoco lo es AXA porque cubre la responsabilidad civil del propietario. Igualmente, se impugnan las consideraciones del Fundamento de Derecho Tercero de la Sentencia, en tanto en cuanto se considera que en el momento del siniestro el único responsable del perro era exclusivamente el demandante que ostentaba la posesión del mismo, argumentando que la póliza de seguros sí cubría los daños a terceros por responsabilidad imputable al demandante mientras paseaba al perro, pero no los daños propios al asegurado como sería el caso. Asimismo, discrepa de la valoración de la Sentencia con respecto a que al demandante no le sea imputable la responsabilidad por los daños ocasionados por el animal al no servirse del mismo.

Concluyendo que estamos ante daños producidos por el perro Corretejaos a la propia persona que lo guarda, posee o custodia, y por tanto no es un supuesto de responsabilidad por daños a terceros que esté cubierto por la póliza de seguros. Subsidiariamente, para el caso de estimación de la responsabilidad de AXA, se interesa que la indemnización se determine con arreglo al dictamen pericial aportado por la demandada.

B) Valoración de la prueba.

Para resolver las cuestiones planteadas, de forma previa debemos considerar que, conforme a la Sentencia de instancia (que en estos extremos no es objeto de recurso), estamos ante un supuesto en el cual el demandante de forma voluntaria y gratuita, y por la relación personal que le unía al propietario, Sr. Jose Ignacio, sacó a pasear al perro llamado Corretejaos, que es un perro de raza pastor alemán de unos 40 kg de peso, y que con ocasión de dicho paseo el perro dio un tirón en la correa que sujetaba el demandante precipitándose el mismo al suelo y produciéndose lesiones en el húmero izquierdo; que el demandante conocía al perro con anterioridad, sus características y envergadura, que la reacción del perro al tirar de la correa de forma sorpresiva o brusca entra dentro del comportamiento ordinario que se puede esperar de un perro de estas características, y que el demandante padecía alguna dolencia de carácter degenerativo en la zona cervical y dorsal de la columna.

En primer lugar, se plantea que el juzgador de instancia incurre en error en cuanto a las consideraciones jurídicas que realiza valorando que no estamos ante un supuesto de responsabilidad extracontractual sino de responsabilidad contractual. Sobre esta cuestión, debemos recordar que en la demanda se ejercita la acción del art. 76 LCS con relación a los arts. 1902 y 1905 del Código Civil; se trata aquí de la reclamación de una indemnización por responsabilidad civil por los daños (lesiones, en este caso) causados por un animal, y de la obligación, en su caso, de indemnizar al perjudicado por la aseguradora que, conforme al contrato de seguro de autos, cubre el riesgo de la responsabilidad civil por daños causados a terceros imputable al dueño del perro Sr. Jose Ignacio (asegurado) así como de la responsabilidad imputable a los terceros que "cuiden del perro" Corretejaos "a título gratuito" (también asegurados) "por los daños causados por el citado animal bajo su custodia".

En el presente caso no es discutido que el demandante sacó a pasear al perro del Sr. Jose Ignacio de forma gratuita, sin mediar entre las partes ningún tipo de convenio o contrato conforme al cual se asumieran concretas obligaciones a cargo del demandante y del propietario, de modo que, a diferencia de las consideraciones de la Sentencia de instancia, estimamos que no se puede apreciar la existencia de una relación de carácter contractual entre el demandante y el propietario, ni tampoco estimamos que sea posible apreciar que las lesiones del demandante se produjeran dentro del marco del cumplimiento por el mismo de una obligación contractual, por lo que no hay duda de que nos encontramos en el ámbito de la responsabilidad extracontractual.

Sentado lo anterior, el art. 1902 del Código Civil se refiere a los daños causados "a otro", con intervención de culpa o negligencia, y el art. 1905 del Código Civil contempla el supuesto concreto de responsabilidad extracontractual por daños o lesiones producidas por un animal previendo que " El poseedor de un animal, o el que se sirve de él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe. Sólo cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido". Con respecto a dicho precepto 1905 CCivil, tradicionalmente se viene considerando por la jurisprudencia y doctrina que establece un sistema de responsabilidad extracontractual objetiva, a diferencia de lo que es el sistema general de responsabilidad por culpa del Código Civil (arts. 1902 y concordantes), de suerte que el poseedor del animal es responsable con independencia que acredite una conducta totalmente diligente, salvo el caso que se pruebe que los daños o lesiones se produjeron como resultado de fuerza mayor o de culpa exclusiva del perjudicado, y habiéndose sentado una línea jurisprudencial estricta en la apreciación de dicha culpa exclusiva de la víctima.

En este sentido, la STS nº 1384 de 20 de diciembre de 2007 (rec. 5326/2000), resumiendo la doctrina jurisprudencial en la materia (Sentencias del TS nº 529 de 29 de mayo de 2003, rec. 2896/1997, nº 198 de 8 de marzo de 2006, rec. 2743/1999, nº 39 de 28 de enero de 1986, entre otras), explica:

"La jurisprudencia ha destacado el carácter objetivo de esta responsabilidad, basada en el riesgo consustancial a la tenencia o a la utilización en propio provecho de los animales, la cual exige tan sólo una casualidad material, estableciendo la presunción de culpabilidad del poseedor del animal o de quien se sirve del mismo por su mera tenencia o utilización, con la única exoneración de los casos de fuerza mayor o de culpa del perjudicado. La Sentencia de 29 de mayo de 2003 expresa la doctrina, a su vez recogida en la de fecha 12 de abril de 2000, en los siguientes términos: "Con precedentes romanos (actio de pauperie), nuestro Derecho Histórico se preocupó de la cuestión en forma bien precisada, y así el Fuero Real (Libro IV, Título IV, Ley XX) obligaba al dueño de animales mansos (que incluía a los perros domésticos) a indemnizar los daños causados. La Partida VII, Título XV, Leyes XXI a XXIII, imponía a los propietarios de los animales feroces el deber de tenerlos bien guardados, y la indemnización incluía el lucro cesante. El Código Civil español no distingue la clase de animales, y su artículo 1905, como tiene establecido la jurisprudencia de esta Sala, constituye uno de los escasos supuestos claros de responsabilidad objetiva admitidos en nuestro Ordenamiento Jurídico (Sentencias del TS de 3-4-1957, 26-1-1972, 15-3-1982, 31-12-1992 y 10-7-1996), al proceder del comportamiento agresivo del animal que se traduce en la causación de efectivos daños, exigiendo el precepto sólo causalidad material".

Esta imputación objetiva de la responsabilidad, derivada de la posesión o utilización del animal, desplaza hacia quien quiere exonerase de ella la carga de acreditar que el curso causal se vio interferido por la culpa del perjudicado, que se erige de ese modo en causa eficiente y adecuada del resultado lesivo producido, eliminado la atribución de éste, conforme a criterios objetivos de imputación, al poseedor del animal o a quien se sirve de él. La presencia de la culpa de la víctima sitúa la cuestión de la atribución de la responsabilidad en el marco de la causalidad jurídica, presupuesto previo al de la imputación subjetiva, que exige la constatación de una actividad con relevancia causal en la producción del daño, apreciada con arreglo a criterios de adecuación o de eficiencia, e implica realizar un juicio de valor para determinar si el resultado dañoso producido es objetivamente atribuible al agente como consecuencia de su conducta o actividad, en función de las obligaciones correspondientes al mismo, contractuales o extracontractuales, y de la previsibilidad del resultado lesivo con arreglo a las reglas de la experiencia, entre otros criterios de imputabilidad admitidos, como los relacionados con el riesgo permitido, riesgos de la vida, competencia de la víctima, o ámbito de protección de la norma ( Sentencia de 7 de junio de 2006 , que cita las de 21 de octubre de 2005 , 2 y 5 de enero , y 9 de marzo de 2006)."

Asimismo, interpretando el mencionado precepto 1905 Código Civil, en cuanto al concepto de "poseedor de un animal o el que se sirve del mismo", debemos señalar que no compartimos ni los razonamientos de la Sentencia de instancia ni los del recurso referentes a que el demandante era aquí un mero "servidor de la posesión del dueño", sino que valoramos que el demandante tenía en este caso el dominio o control efectivo y real del animal cuando paseaba con él atado con la correa y se produjo el siniestro, lo que le permitía desplegar alguna acción o ejercer mando sobre el perro Corretejaos en el momento que ocurrieron los hechos, por lo que debe ser considerado como poseedor del animal a los efectos del art. 1905 CCivil.

En esta materia, la STS nº 198 de 8 de marzo de 2006 (rec. 2743/1999) pone de relieve que "poseedor del animal", responsable del daño a terceros, no equivale a "dueño" o "propietario" del mismo. En este sentido, la STS nº 39 de 28 de enero de 1986 ya indicaba que " según se desprende del texto legal y así lo destaca la doctrina, la responsabilidad viene anudada a la posesión del semoviente y no por modo necesario a su propiedad, de donde se sigue que basta la explotación en el propio beneficio para que surja esa obligación de resarcir, como también lo ha declarado la jurisprudencia al analizar los caracteres y los elementos de la figura en cuestión (sentencias del TS de catorce de mayo de mil novecientos sesenta y tres , catorce de marzo de mil novecientos sesenta y ocho , veintiséis de enero de mil novecientos setenta y dos , quince de marzo de mil novecientos ochenta y dos y veintiocho de abril de mil novecientos ochenta y tres )". En la misma línea, conforme a la STS nº 529 de 29 de mayo de 2003 (rec. 2896/1997): "El artículo 1905 del Código civil establece, como criterio de imputabilidad, la posesión del animal o el servicio del mismo: "el poseedor de un animal o el que se sirve de él...", dice literalmente. Lo que significa que se impone la obligación de reparar el daño al que tiene el poder de hecho (posesión de hecho, inmediata) o el interés en la utilización (servicio) del animal, sea o no propietario. La sentencia de 28 de enero de 1986 precisa que se trata de una responsabilidad por riesgo inherente a la utilización del animal". Y más recientemente la STS nº 144 de 4 de marzo de 2009 (rec. 711/2004), se refiere al concepto del poseedor explicando que " En el sentido de la norma, no tiene la condición de poseedor del animal quien no tiene el poder de hecho ni se sirve de él quien carece del dominio o el control efectivo y real del mismo que le permita desplegar alguna acción o ejercer algún mando en el momento en que ocurren los hechos." Criterio que hemos seguido en nuestra Sentencia nº 687 de 29 de octubre de 2020 (rec. 975/2019). Sin que se desvirtúen los anteriores argumentos por la jurisprudencia que se invoca por la parte apelante, que se refiere a supuestos de hecho diferentes a los de autos.

C) Conclusión.

Con las anteriores premisas, concluimos que el demandante era el poseedor de hecho del perro Corretejaos cuando se produjo el siniestro, lo que significa que la responsabilidad por los daños o lesiones causados al demandante es imputable al propio demandante, ex art. 1905 del Código Civil; y tampoco sería atribuible al propietario del animal, Sr. Jose Ignacio, ninguna responsabilidad por culpa o negligencia del art. 1902 CCivil habida cuenta que el demandante conocía las características del animal de antemano y su caída al suelo se produjo en el contexto de un comportamiento ordinario y razonablemente esperable o previsible de un perro de las características de Corretejaos (dar un tirón de la correa de forma brusca y fuerte). Todo lo cual excluye la responsabilidad de la aseguradora conforme al contrato, que sí surgiría si los daños se hubieran producido a un tercero, a otra persona, pero no cuando los daños se han producido al propio poseedor del animal, resultando la cobertura del seguro de autos por responsabilidad civil por daños a terceros, pero no por daños propios del asegurado (el propietario o los que cuidan gratuitamente de Corretejaos).

Con arreglo a las consideraciones expuestas, procede la desestimación del recurso, confirmando el pronunciamiento desestimatorio de la demanda de la Sentencia de instancia apelada si bien no por los fundamentos de dicha Resolución recurrida sino por las razones explicitadas en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia.

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lunes, 1 de agosto de 2022

Existe concurrencia de culpas en el accidente producido por estacionar el vehículo en el arcén derecho de la vía sin utilizar de un chaleco reflectante de alta visibilidad certificado, intermitentes o luces de señalización de peligro.

 

La sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña, sec. 5ª, de 20 de diciembre de 2018, nº 385/2018, rec. 625/2017, entiende que ha existido concurrencia de culpas de los dos conductores en el accidente producido, ante la ausencia de utilización de un chaleco reflectante de alta visibilidad certificado y de colocación de los dispositivos de señalización de peligro, que hacen acertada la decisión de fijar la contribución de ambos conductores a la producción del resultado lesivo final.

A) Introducción.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia (1ª) nº 5/21, de 11 de enero, manifiesta que no existe un criterio fijo aplicable siempre en todos los casos de concurrencia de culpas en un accidente de circulación, sino que el mismo dependerá de las circunstancias del caso concreto y de la importancia de cada una de las conductas en la producción del resultado lesivo.

Debemos partir de que la concurrencia de culpa exclusiva en la víctima como motivo que exonera de la obligación resarcitoria de las compañías aseguradoras que cubren los riesgos derivados del aseguramiento obligatorio de la circulación de vehículos de motor, exige la cumplida prueba de que el siniestro aconteció únicamente por su propia actuación, sin que por parte del conductor del vehículo causante se hubiese incurrido en ningún tipo de culpa, de manera que ninguna incidencia o aporte concausal en su génesis derivase de la conducción de su vehículo por el asegurado, de suerte que éste fuese enteramente ajeno a la causación del evento dañoso, cuyo resarcimiento se reclama, al haber obrado con una diligencia irreprochable.

La excepción de culpa exclusiva de la víctima ha de ser de estimación restrictiva pues en caso contrario quedarían frustrados los principios de protección de la víctima y de socialización del riesgo y no se cumpliría la función social del seguro de automóviles que inspira la regulación legal de esta materia.

Establecido lo anterior, la nueva legislación sobre circulación de vehículos de motor, lo único que proscribe es que se exima de responsabilidad al conductor causante del daño si éste no fue debido a la exclusiva culpa o negligencia de la víctima, pero en absoluto impide que si en la causación del daño concurre de forma no exclusiva la conducta culposa de la víctima ello se tenga en cuenta para aminorar la cuantía de la indemnización en la misma proporción que en la causación del daño tuvo el comportamiento culposo de la víctima.

Así en la propia jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, se establece que no resultará de aplicación la moderación de la responsabilidad y el reparto de la indemnización cuando la contribución causal de la víctima ajena a la circulación sea de escasa entidad o desproporcionada en relación con la del conductor del vehículo, pero no cuando su conducta tenga una entidad cuantitativa y cualitativa determinante de la colisión, en cuyo caso es posible apreciar la concurrencia de culpas. Y ello porque la concurrencia de culpas ha venido desplazándose por la jurisprudencia al estricto ámbito de lo causal, lo que exige una valoración de los comportamientos confluyentes en la producción del resultado, tanto desde el lado activo de la infracción (autor), como desde el lado pasivo de su consecuencia (víctima), y limita la aplicación de dicha institución a los supuestos en que se produzca una interferencia en el nexo causal como consecuencia de la propia víctima que no llega a ocasionar la ruptura del nexo de causalidad.

Dicha posibilidad de reducir el importe de la indemnización por la contribución causal de la víctima a la producción del daño está expresamente autorizada en el artículo 1.2 del RD Legislativo 8/2004, Texto Refundido de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor, presumiéndose dicha contribución en los casos de falta de uso o uso inadecuado de cinturones, casco o elementos protectores que incumpla la normativa de seguridad y agrave el daño.

La única previsión específica es el importe máximo de reducción de las indemnizaciones hasta un máximo del 75 % por culpa concurrente, pero sin fijar ningún otro criterio adicional o de cálculo, lo que implica que la fijación definitiva queda al arbitrio del tribunal que, libre y razonadamente, puede fijar el porcentaje que considere oportuno en atención a las circunstancias del caso concreto.

El art. 1.2 del Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, manifiesta:

"Sin perjuicio de que pueda existir culpa exclusiva de acuerdo con el apartado 1, cuando la víctima capaz de culpa civil sólo contribuya a la producción del daño se reducirán todas las indemnizaciones, incluidas las relativas a los gastos en que se haya incurrido en los supuestos de muerte, secuelas y lesiones temporales, en atención a la culpa concurrente hasta un máximo del setenta y cinco por ciento. Se entiende que existe dicha contribución si la víctima, por falta de uso o por uso inadecuado de cinturones, casco u otros elementos protectores, incumple la normativa de seguridad y provoca la agravación del daño".

B) Hechos.

La sentencia dictada por el juzgado de primera instancia nº 4 de La Coruña estima parcialmente la demanda presentada por don Everardo como perjudicado por el accidente de circulación sufrido en fecha 22.09.2015 y lo hace apreciando la existencia de concurrencia de culpas entre la conducta del demandado como conductor del tracto camión y la del demandante al estacionar su vehículo en una vía como la A6, en el arcén derecho, sin señalización, intermitentes, ni luces de ningún tipo.

C) Respecto de la concurrencia de culpas.

Indica el recurrente que solo existiría dicha concurrencia si el demandado se hubiera dormido o despistado o, por otro lado, no dispusiera de compartimentos rompeolas para evitar el efecto ola afirmando que se dormiría o despistaría e indicando que la cisterna no iba vacía. Es el propio recurrente quien indica que si bien el actor no señalizó con triángulos la situación de su vehículo en el arcén de la A6, no activó las luces de cruce o posición, ni las de emergencia, fue porque, tras haberse parado su vehículo, lo primero que hizo fue coger a sus dos perros que estaban en el asiento de atrás del vehículo y ponerlos en el asiento de piloto para que se tranquilizaran afirmando que la llegada de la grúa lo fue en momento anterior a que lo hicieran los agentes de la guardia civil lo cual no hace sino confirmar el pronunciamiento dictado. Es obvio que el reclamante pudo y debió señalizar la parada de su vehículo en el arcén de una vía de alta velocidad pues, tan pronto como su vehículo quedó parado llamó a la grúa avisando de su avería y prueba de ello es que llegó justo tras la producción del accidente dedicando, a su vez, el tiempo preciso a tranquilizar a sus perros y a colocarlos en el asiento delantero. Las nuevas alegaciones referidas a que no se conoce, pues la guardia civil no lo comprobó, si el camión llevaba mecanismo que evitara el llamado efecto ola así como que, tenía algo de líquido en la cisterna que portaba son extemporáneas y no empecen a considerar que su conducta contribuyó a la causación del accidente.

El artículo 40 de la Ley de Tráfico indica que queda prohibido estacionar y parar en las autopistas y autovías salvo en las zonas habilitadas para ello siendo que en los casos de avería del vehículo que impiden su inmediata retirada de la calzada, arcén o mediana de la vía quienes han creado sobre la vía algún obstáculo o peligro deben hacerlo desaparecer lo antes posible adoptando, entre tanto, las medidas necesarias para que pueda ser advertido por los demás usuarios y para que no se dificulte la circulación; en estos supuestos, entre la puesta y la salida del sol, o cuando las condiciones climatológicas o ambientales disminuyen sensiblemente la visibilidad tales inmovilizaciones han de señalizarse convenientemente y el vehículo debe tener encendidas las luces de posición y, en su caso, las de gálibo y si ello ocurre en autopista o autovía se debe, además, utilizar la luces indicadoras de dirección con señal de emergencia, el conductor debe emplear, cualquiera que sea el tipo de vía interurbana, un chaleco reflectante de alta visibilidad certificado y colocar los dispositivos de señalización de peligro reglamentarios para advertir dicha circunstancia salvo, para este segundo supuesto, que las condiciones de la vía o circulación no lo permitan hacerlo lo cual, no sucede en el presente caso por lo que es acertada la decisión de fijar la contribución de ambos conductores a la producción del resultado lesivo final.

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No existe un criterio fijo aplicable siempre en todos los casos de concurrencia de culpas en un accidente de circulación, sino que el mismo dependerá de las circunstancias del caso concreto y de la importancia de cada una de las conductas en la producción del resultado lesivo.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia (1ª) nº 5/21, de 11 de enero, manifiesta que no existe un criterio fijo aplicable siempre en todos los casos de concurrencia de culpas en un accidente de circulación, sino que el mismo dependerá de las circunstancias del caso concreto y de la importancia de cada una de las conductas en la producción del resultado lesivo.

Debemos partir de que la concurrencia de culpa exclusiva en la víctima como motivo que exonera de la obligación resarcitoria de las compañías aseguradoras que cubren los riesgos derivados del aseguramiento obligatorio de la circulación de vehículos de motor, exige la cumplida prueba de que el siniestro aconteció únicamente por su propia actuación, sin que por parte del conductor del vehículo causante se hubiese incurrido en ningún tipo de culpa, de manera que ninguna incidencia o aporte concausal en su génesis derivase de la conducción de su vehículo por el asegurado, de suerte que éste fuese enteramente ajeno a la causación del evento dañoso, cuyo resarcimiento se reclama, al haber obrado con una diligencia irreprochable.

La excepción de culpa exclusiva de la víctima ha de ser de estimación restrictiva pues en caso contrario quedarían frustrados los principios de protección de la víctima y de socialización del riesgo y no se cumpliría la función social del seguro de automóviles que inspira la regulación legal de esta materia.

Establecido lo anterior, la nueva legislación sobre circulación de vehículos de motor, lo único que proscribe es que se exima de responsabilidad al conductor causante del daño si éste no fue debido a la exclusiva culpa o negligencia de la víctima, pero en absoluto impide que si en la causación del daño concurre de forma no exclusiva la conducta culposa de la víctima ello se tenga en cuenta para aminorar la cuantía de la indemnización en la misma proporción que en la causación del daño tuvo el comportamiento culposo de la víctima.

Así en la propia jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, se establece que no resultará de aplicación la moderación de la responsabilidad y el reparto de la indemnización cuando la contribución causal de la víctima ajena a la circulación sea de escasa entidad o desproporcionada en relación con la del conductor del vehículo, pero no cuando su conducta tenga una entidad cuantitativa y cualitativa determinante de la colisión, en cuyo caso es posible apreciar la concurrencia de culpas. Y ello porque la concurrencia de culpas ha venido desplazándose por la jurisprudencia al estricto ámbito de lo causal, lo que exige una valoración de los comportamientos confluyentes en la producción del resultado, tanto desde el lado activo de la infracción (autor), como desde el lado pasivo de su consecuencia (víctima), y limita la aplicación de dicha institución a los supuestos en que se produzca una interferencia en el nexo causal como consecuencia de la propia víctima que no llega a ocasionar la ruptura del nexo de causalidad.

Dicha posibilidad de reducir el importe de la indemnización por la contribución causal de la víctima a la producción del daño está expresamente autorizada en el artículo 1.2 del RD Legislativo 8/2004, Texto Refundido de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor, presumiéndose dicha contribución en los casos de falta de uso o uso inadecuado de cinturones, casco o elementos protectores que incumpla la normativa de seguridad y agrave el daño.

La única previsión específica es el importe máximo de reducción de las indemnizaciones hasta un máximo del 75 % por culpa concurrente, pero sin fijar ningún otro criterio adicional o de cálculo, lo que implica que la fijación definitiva queda al arbitrio del tribunal que, libre y razonadamente, puede fijar el porcentaje que considere oportuno en atención a las circunstancias del caso concreto.

El art. 1.2 del Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, manifiesta:

"Sin perjuicio de que pueda existir culpa exclusiva de acuerdo con el apartado 1, cuando la víctima capaz de culpa civil sólo contribuya a la producción del daño se reducirán todas las indemnizaciones, incluidas las relativas a los gastos en que se haya incurrido en los supuestos de muerte, secuelas y lesiones temporales, en atención a la culpa concurrente hasta un máximo del setenta y cinco por ciento. Se entiende que existe dicha contribución si la víctima, por falta de uso o por uso inadecuado de cinturones, casco u otros elementos protectores, incumple la normativa de seguridad y provoca la agravación del daño".

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domingo, 31 de julio de 2022

Indemnización de 169.012 euros por la muerte de una persona ahogada en una playa pues al ser un municipio turístico el ayuntamiento debe extremar las medidas de señalización, vigilancia y mantenimiento del material necesario para prestar el auxilio debido.


La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Las Palmas), sec. 1ª, de 18 de mayo de 2012, nº 92/2012, rec. 179/2011, confirma la sentencia que estimó la demanda de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento por la muerte de una persona ahogada en una playa y concedió una indemnización de 169.012 euros, pues al ser la población de la que tratamos un municipio turístico, exige debido a la presencia de turistas, en muchos casos no habituados o desconocedores de las características de la playa, extremar las medidas de señalización, vigilancia y mantenimiento del material necesario para prestar el auxilio debido.

En este caso, resulta inverosímil que el propio Ayuntamiento que no cumplió con la diligencia exigible, oponga la culpa de quien acudió voluntariamente en auxilio de quien se encontraba en el mar en situación de peligro y, en definitiva, estaba supliendo la carencia de medios originado por el propio Ayuntamiento.

No existe concurrencia de culpas, pues si se admitiera que el fallecido actuó con culpa, tendríamos también que admitir que la conducta correcta era contemplar desde la orilla como se ahogaba el bañista.

El ayuntamiento demandado es un municipio turístico, que incluía en el momento de los hechos, una concejalía de playa, y que el hecho de que no tuviera que prestar servicio de protección civil por el censo de habitantes, o la falta de desarrollo de la normativa autonómica, no le dispensaba de la prestación del servicio público de socorro y salvamento.

A) Objeto de la litis.

Es objeto de apelación la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso número seis, de fecha 29 de abril de 2011, en la que se estimó la demanda de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento de Mogán, en relación a los hechos acaecidos el 22 de diciembre de 1996, en la Playa de Taurito, fecha en la que pereció ahogado don José Augusto.

Dos son los motivos que sustentan la apelación:

Errónea interpretación de la normativa vigente en materia de seguridad humana, en lugares de baño y salvamento marítimo, y de la jurisprudencia recaída en dicha materia, y ello en relación a la excepción alegada de falta de legitimación pasiva. La competencia municipal solo sería un servicio obligatorio para aquellos municipios con población superior a 20.000 habitantes.

La existencia de concurrencia de culpas, el difunto no era usuario de la playa y fue una acción voluntaria de acudir en auxilio de quienes se encontraban en el mar en situación de apuro lo que le llevó a ponerse en situación de peligro. El voto particular del Dictamen del Consejo Consultivo propone, de hecho, que el Ayuntamiento abone el 60% de la indemnización.

B) Legitimación pasiva del Ayuntamiento demandado:

La primera cuestión que plantea el Ayuntamiento de Mogán, en relación a la falta de legitimación activa, la aborda la sentencia apelada en su fundamento Tercero, en el que partiendo de la aplicación de los artículos 110, 115.d de la Ley de Costas 22/1988 y 206.4(sic) de su Reglamento, llega a la conclusión de que corresponde a los Ayuntamiento vigilar la observancia en los lugares de baño de las medidas de seguridad para la vida humana. Así como también cita el artículo 25.2 de la Ley 2 de abril de 1985 en sus apartados a) y h) respecto la obligación de garantizar la seguridad en los lugares públicos.

La interpretación que hace la sentencia apelada es correcta, después de un exhaustivo de la legislación de aplicación, y de una interpretación histórica, señala que Mogán es un municipio turístico, que incluía en el momento de los hechos, una concejalía de playa , y que el hecho de que no tuviera que prestar servicio de protección civil por el censo de habitantes, o la falta de desarrollo de la normativa autonómica, no le dispensaba de la prestación del servicio público de socorro y salvamento.

La Sentencia realiza un análisis como hemos apuntado histórico del artículo 115.d de la Ley 22/1998 que establece que:

"Las competencias municipales, en los términos previstos por la legislación que dicten las Comunidades Autónomas, podrán abarcar los siguientes extremos:

d) Mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad, así como vigilar la observancia de las normas e instrucciones dictadas por la Administración del Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas humana".

El Tribunal Constitucional en la Sentencia de 4 de julio de 1991, núm. 149/1991, reiteró que: "la previsión de esta competencia municipal, que ya figuraba en la Ley de Costas de 1969 (art. 17) y en disposiciones anteriores, no colide en modo alguno con la competencia autonómica en materia de protección civil, como ya hemos indicado al analizar la impugnación dirigida contra el pfo. i) art. 110, y menos aún con la competencia de salvamento marítimo, cuyo ámbito propio está actualmente delimitado por la L 60/1962. Entendido en estos términos, el precepto no es contrario a la Constitución."

El artículo 25.2 de la Ley de 2 de abril de 1985, de Bases del Régimen Local, en sus apartados a) y h) atribuye a los municipios competencias para garantizar la seguridad en los lugares públicos, entre ellos las playas, y la protección de la salubridad pública.

Con independencia de las competencias que puedan ostentar otras administraciones, estatal o autonómica, e incluso admitiendo la concurrencia de competencias de las mismas, la más directa, no deja de ser la del municipio, competencia que además históricamente ha asumido. Hay unas medidas elementales para la seguridad de la vida humana en una playa, que un municipio turístico de la importancia de Mogán, cuya población flotante es notoriamente superior a la población empadronada, no puede obviar. El hecho de que el censo de los habitantes no supere una determinada cifra, atendidas la importancia turística y la actividad para el municipio, no le exime de garantizar la seguridad del lugar, lo que se traduce en indicar, al menos, si la playa es apta para el baño, y la presencia de los elementos indispensables para salvar vidas (no había ni siquiera un flotador que tirar al mar).

La sentencia invocada por el Ayuntamiento del Tribunal Supremo de 31 de marzo de 2003, casación 10006/1998, no es trasladable al supuesto de autos, porque al margen de especificar que en aquel caso no se habían transferido a la Comunidad Autónoma los medios necesarios para la competencia asumida, no se refiere a un municipio turístico de la importancia de Mogán, segundo núcleo turístico de la isla, ni con las circunstancias que detalla la sentencia apelada, "rodada de una punta a otra de edificios hoteleros", lo que de por sí es indicativo de la población flotante o turística que acude habitualmente a la playa.

C) No existe concurrencia de culpas.

La segunda cuestión que plantea el Ayuntamiento demandado es la concurrencia de culpas que rechaza la sentencia apelada. Argumenta la corporación que el difunto no era usuario de la playa, y que acudió voluntariamente en auxilio de quien se encontraba en el mar en situación de peligro.

La cuestión que el Ayuntamiento plantea no puede reconducirse a una culpa del fallecido, téngase en cuenta que la situación fáctica no es la de un usuario que eligió ir a bañarse a la playa, y se vio sorprendido por el estado del mar o se vio sorprendido por el embravecimiento del mismo; sino que, por el contrario, nos encontramos ante una persona que se vio obligado a acudir al rescate de un bañista en apuros. Si admitimos que el fallecido actuó con culpa, tendríamos también que admitir que la conducta correcta era contemplar desde la orilla como se ahogaba el bañista. Desde la misma perspectiva, debemos rechazar la aplicación de la doctrina de la asunción de riesgos, en tanto, no contemplamos que el fallecido asumiese el propio riesgo, esta elección la tiene quien puede elegir, si se baña o no ante el estado del mar; en el caso, la elección era actuar y ayudar, o dejar que se ahogase el otro.

Según el relato de los testigos que recoge la Sentencia, la situación se desarrolló próxima a la orilla, y fue la ausencia de material de salvamento, así como de señalización de la peligrosidad del baño, los que causaron el fatal resultado, por lo que, incluso pudiera contemplarse la posibilidad de que el fallecido no se representase, al auxiliar al bañista, la puesta en peligro de su propia vida.

Reiteramos una vez más que el hecho de que Mogán sea un municipio turístico exige debido a la presencia de turistas, en muchos casos no habituados o desconocedores de las características de la playa, extremar las medidas de señalización, vigilancia, y mantenimiento del material necesario para prestar el auxilio debido. En el caso, resulta inverosímil que el propio Ayuntamiento que no cumplió con la diligencia exigible, oponga culpa de quien en definitiva estaba supliendo la carencia de medios originado por el propio Ayuntamiento.

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Existe responsabilidad patrimonial de la Administración por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del incendio de la finca propiedad del Ministerio de Defensa y de la que la damnificada era arrendataria del aprovechamiento cinegético.

 

La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, sec. 5ª, de 13 de noviembre de 2017, nº 1719/2017, rec. 1806/2016, declara la responsabilidad patrimonial de la Administración por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del incendio de la finca propiedad del Ministerio de Defensa y de la que la damnificada era arrendataria del aprovechamiento cinegético, pero no procede indemnizar por lucro cesante cuando no se prueba una pérdida patrimonial como consecuencia del incendio.

Procede indemnizar por los gastos e inversiones acometidos para el desarrollo de la actividad de potenciación de la actividad cinegética, pero no por el importe de los préstamos solicitados al ser ajenos a la causa del incendio.

A) Objeto de la litis.

Es objeto de impugnación en el presente recurso de casación, la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, el 6 de abril de 2016, en el recurso contencioso administrativo número 129/2014, interpuesto por la mercantil Gascón Sanz, S.L. y don Domingo, inicialmente contra la desestimación por silencio por el Ministerio de Defensa de la reclamación indemnizatoria formulada en concepto de responsabilidad patrimonial el 19 de septiembre de 2012, fundamentada en los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del incendio producido el 18 de agosto de 2009 en el Centro Nacional de Adiestramiento Militar de San Gregorio (Zaragoza), que afectó a la FINCA000, de la que la mercantil referenciada era arrendataria del aprovechamiento cinegético, y más tarde, tras ampliación del recurso, contra resolución expresa del Ministerio de Defensa, de 15 de octubre de 2014, que estima en parte la reclamación y reconoce como indemnización 37.023,75 euros a favor de Gascón Sanz, S.L. y 9.240 euros a favor de don Domingo.

La sentencia recurrida estima en parte el recurso contencioso administrativo y eleva la indemnización reconocida en la resolución administrativa en 53.250 euros, por el concepto de baja de cazadores, desestimando las demás pretensiones.

B) Discrepa la mercantil recurrente con que no se reconozca en la sentencia indemnización alguna por el concepto de lucro cesante.

La cuestión se aborda por el Tribunal de instancia en el fundamento de derecho séptimo de su sentencia, del siguiente tenor literal:

La actora también discrepa de la resolución impugnada sobre la indemnización por el concepto de "lucro cesante", que la Administración sustenta en la desproporción existente entre lo pedido por la actora y los ingresos de la sociedad, alega que esto no es un criterio para denegar dicha indemnización, señalando que la actora no sólo tenía la actividad cinegética, sino que tenía otras (como la tenencia y arrendamiento de inmuebles, etc.), sin que se haya acreditado formalmente la situación deficitaria de la entidad; daño que cifra en la cantidad total de 491.666,11 euros; o, subsidiariamente, conforme al método empleado por la Administración, al entender desproporcionada la cantidad solicitada.

Para apreciar si el daño por "lucro cesante" se ha producido, se ha de partir de una parificación de la situación económica, anterior y posterior de la sociedad.

En este sentido, fundamentar la inexistencia de dicho daño en la "desproporción" entre la cantidad solicitada por la actora y los ingresos de la sociedad en los ejercicios anteriores a la producción del siniestro, no puede sustentar la denegación de la solicitud de indemnización por dicho concepto, pues la respuesta exige, primero, la existencia o no del daño; y segundo, la determinación de la correspondiente indemnización, reduciendo en sus justos términos la misma en el supuesto de que por el perjudicado se excediera en el cálculo del daño, sea por incluir partidas improcedentes o no indemnizables, sea por su insuficiente acreditación efectiva, sea porque de los resultados contables se acredite que la situación económica y/o financiera de la entidad influye en la determinación de la cuantía de tal forma que la cantidad solicitada se ha de atemperar a esa realidad económica de la entidad, y siempre, en relación con la actividad de la explotación cinegética, sin que se pueda introducir otros datos relativos a otras actividades desarrolladas por la entidad, ajenas a la actividad sobre la que se predica la indemnización por responsabilidad patrimonial . En este sentido, se rechazan los argumentos de la actora sobre la situación no deficitaria de la entidad, en el contexto de sus actividades económicas, pues en la apreciación de la situación económica de la entidad en la actividad de la explotación cinegética, como ha acreditado la Administración, era de pérdidas.

Así consta certificación emitida por el Registro Mercantil, de la que se aprecia que la entidad se encontraba "cerrada registralmente, con carácter provisional y parcial, por no tener depositadas las cuentas anuales" del ejercicio 2011, y de la documentación aportada al expediente administrativo, de la que se constata unas pérdidas en el año 2007, por valor de 9.519,43 euros; en el año 2008, de 17.478,75 euros; en el año 2009, de 12.729,96 euros; y en el año 2010, de 24.817,55 euros. Por su parte, la cifra de negocios se situó en el año 2007, en la suma de 9.861,97 euros; en el año 2008, en 19.883,91 euros; en el año 2009, en 20.348,37 euros; y en el año 2010, en 10.773,85 euros, respectivamente.

Frente a ello, la actora invoca un daño que cifra en la cantidad total de 491.666,11 euros; o, subsidiariamente, conforme al método empleado por la Administración, al entender desproporcionada la cantidad solicitada.

Pues bien, la Sala considera que la actora no ha enervado los datos expuestos, no aportando la documentación contable sobre la que hace descansar su solicitud. En este sentido, se ha de indicar que la documental propuesta como medio de prueba se sustenta en Informes emitidos por diversos organismos y los aportados por la entidad, sin embargo, nada se señala acerca de la contabilidad de la entidad, así como de las posibles liquidaciones del correspondiente impuesto por la actividad desarrollada, de la que se desprenda lo que se afirma por la entidad, pues de lo que se trata de obtener por este concepto es la reparación de la pérdida de ganancias dejadas de percibir, por mínima que sea, y sin que suponga, como pretende la actora, la obtención desmesurada de un incremento patrimonial que no guarda relación con la realidad de la situación económica de la entidad perjudicada por el incendio.

Y lo que sostiene la recurrente en el motivo es que la Sala a quo, para llegar a la conclusión que alcanza respecto a su situación económica, no tiene en cuenta exclusivamente los datos contables correspondientes a su actividad cinegética sino también los derivados de su actividad inmobiliaria generadora de pérdidas.

El motivo debe desestimarse.

No puede erigirse en razón para apreciar una valoración ilógica de la prueba que el reconocimiento indemnizatorio por el concepto de baja de cazadores ni la cifra de negocio y las ganancias que la recurrente sostiene como derivadas exclusivamente de la actividad cinegética, cuando ya la Sala de instancia achaca a la actora con razón no haber enervado la acreditación por la Administración de un resultado de pérdidas de la actividad cinegética, mediante la documental aportada y propuesta.

Recordemos que reiterada doctrina jurisprudencial, como excepción a la regla general de que la formación de la convicción sobre los hechos en presencia para resolver las cuestiones objeto del debate procesal está atribuida al órgano judicial que, con inmediación, se encuentra en condiciones de examinar los medios probatorios, sin que pueda ser sustituido en tal cometido por este Tribunal de casación, reconoce la viabilidad de que pueda hacerlo cuando se sostenga y se demuestre, invocando la letra d) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional, la infracción de algún precepto que discipline la apreciación de prueba tasada o que esa valoración resulta arbitraria o ilógica (sentencias del Tribunal Supremo de 17 y 21 de marzo de 2016 - recurso de casación 3384/14 y 4126/14 -, 9 de marzo de 2016 -recurso de casación 4119/2014 -, 22 de febrero de 2016 -recurso de casación 3118/2014 -, 12 de diciembre de 2012 -recurso de casación 48/2010 -, 25 de julio de 2013 - recurso de casación 4480/2010 - y STS de 11 de abril de 2014 -recurso de casación 4006/2011-, entre otras).

Y recordemos también que una constante jurisprudencia puntualiza que para apreciar arbitrariedad o irrazonabilidad en la valoración de la prueba pericial no basta con justificar que el resultado probatorio obtenido por la Sala de instancia pudo ser, a juicio de la parte recurrente, más acertado o ajustado al contenido real de la prueba, sino que es menester demostrar que dicha apreciación es arbitraria o irrazonable o que conduce a resultados inverosímiles (Sentencias del TS de 18 de julio de 2012 -recurso de casación 432/2005 -, 11 de abril de 2014 -recurso de casación 4006/2011 - y 7 de diciembre de 2015 -recurso de casación 2023/2014 -, y las anteriormente citadas de 2016).

C) Indemnización por el concepto de importe de gastos e inversiones acometidos para el desarrollo de la actividad.

1º) En el escrito de demanda, en armonía con el de reclamación administrativa, se instó una indemnización por el concepto de inversiones realizadas para potenciar la actividad cinegética y que a juicio de la actora habían devenido inútiles como consecuencia del incendio.

Distinguía al efecto la hoy recurrente tres partidas indemnizatorias diferenciadas. Una, por importe de 219.475,20 euros, comprensiva de los gastos asociados al coto privado de caza NUM000 y a la explotación intensiva NUM001, para las temporadas de caza 2006-2009, en la que se incluían los siguientes conceptos: gasto de publicidad y marketing; gastos de señalización; gastos de vehículos afectos a la actividad; gastos de alquiler de nave y almacén; gastos de mantenimiento del monte; gastos de alquiler de la finca arrendada y otras inversiones. Otra, por importe de 46.521,53 euros, comprensiva de los gastos asociados a la explotación intensiva NUM002, para las temporadas de caza 2010- 2011, en la que se incluían los mismos conceptos que en la anterior, excepción hecha del de gastos de alquiler de la finca arrendada. Y una tercera, por importe de 10.849,18 euros, por el concepto de inversión en la implantación del polígono de tiro; concretamente, por la elaboración del proyecto del polígono y por compra de máquinas de tiro al plato.

La cuestión se aborda en el fundamento de derecho segundo de la sentencia, que dice así:

Como se desprende de lo declarado en la resolución expresa, así como de las alegaciones de las partes, no discutiéndose los requisitos que hacen viable la responsabilidad patrimonial, la cuestión queda reducida a determinar la conformidad o no de las indemnizaciones reconocidas a la entidad y al Sr. Domingo por los daños derivados del incendio dentro del perímetro del Centro Nacional de Adiestramiento Militar de "San Gregorio", el día 18 de agosto de 2009, que no pudo extinguirse hasta el día 23 siguiente, que afectó a la FINCA000 ", situada en el término municipal de Torres de Berellén (Zaragoza), de la que la entidad GASCÓN SANZ, S.L. era arrendataria del aprovechamiento cinegético.

Para ello, seguiremos el esquema de los conceptos o partidas por los que la sociedad y la persona física sobre los que sustentan los incrementos de las indemnizaciones reconocidas por la resolución impugnada.

Se ha de señalar que la resolución administrativa impugnada, al resolver sobre la reclamación por responsabilidad patrimonial, parte de la documentación recabada por el Servicio Instructor del expediente, tanto de la aportada por los recurrentes como de la remitida por el Ayuntamiento de Torres de Berellén, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, la Intervención Central de Armas y Explosivos, y del Registro Mercantil de Zaragoza.

En este sentido, la resolución declara:

"Respecto de la sociedad "Gascón Sanz, S.L.", es preciso constatar, por lo pronto, la absoluta desproporción entre la cifra neta de negocios de esta sociedad en el ejercicio 2008, esto es, el año anterior a la catástrofe (próxima a los 20.000 euros), y la suma en la que se cuantifican los daños y perjuicios vinculados al incendio en concepto de daño emergente y lucro cesante (por encima de 1.600.000 euros). Partiendo de tal desproporción, ante las pérdidas sufridas en los ejercicios 2007 y 2008, que ha podido constatarse al unirse al expediente las cuentas anuales de este último y que constan en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, no puede considerarse acreditada la producción de un lucro cesante como consecuencia del cese del negocio cinegético deficitario en las explotaciones que se vieron afectadas por el siniestro (explotaciones cinegéticas matrículas H-....y K-....-K, no así la matrícula R-....-U, que no había resultado quemada en el incendio , como reconocía el informe pericial aportado por la reclamante). Tampoco cabe resarcir un perjuicio tal por las ganancias dejadas de percibir en la explotación del campo de tiro, dado el incipiente estado de tramitación del expediente para su autorización, considerando que su construcción es un proyecto sujeto a la realización de las obras pertinentes y a su posterior inspección por la Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, así como a la habilitación por el Área de Industria y energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza.

2º) En cambio, sí debe tenerse por probada la concurrencia de un daño emergente sobre inversiones e infraestructuras preexistentes, valorado en 37.023,75 euros de acuerdo con el informe pericial de referencia. Ahora bien, esta cifra no puede verse incrementada, como pretendía la parte reclamante, en el importe de diversos gastos en que afirma la parte reclamante, en el importe de diversos gastos en que afirma haber incurrido entre 2006 y 2009, por cuanto tales gastos no se corresponden con inversión alguna, sino que se trata de costes de explotación en partidas como la publicidad, la señalización o el empleo de vehículos, en que se incurrió mientras las explotaciones cinegéticas estaban en funcionamiento, pero que no revisten carácter indemnizable.

3º) No resulta indemnizable el importe de los préstamos solicitados por el interesado, pero sí pueden serlo los costes asociados a tales préstamos.

En cuanto a la indemnización reclamada a favor de don Domingo, se distingue entre los daños y perjuicios irrogados en su patrimonio personal como consecuencia de la necesidad de solicitar diversos préstamos (concepto por el que se pide un total de 225.716,73 euros, incluyendo tanto el volumen de endeudamiento principal como los costes asociados a tales préstamos en intereses y demás gastos) y los daños morales (valorados en 84.506,75 euros, correspondientes al 5% del importe indemnizatorio en que se cuantifican los daños y perjuicios que se dicen sufridos por la entidad reclamante, por analogía con el premio de afección establecido en la legislación sobre expropiación forzosa).

En lo que atañe al primero de estos conceptos, no resulta indemnizable el importe de los préstamos solicitados por el interesado, pero sí pueden serlo los costes asociados a tales préstamos, en la medida en que se acredite que la necesidad de acudir al endeudamiento es debida a la situación económica provocada por el siniestro. En este sentido, procede resarcir con 6.240 euros a don Domingo por los intereses derivados del contrato de préstamo suscrito con la mercantil "Gascón Maquinaria Agrícola y Repuestos, S.L." por importe de 52.000 euros, a un tipo de interés del 3% y un plazo de devolución de cuatro años, en el que se hace alusión a las dificultades económicas causadas por el incendio como motivo de la contratación.

4º) Por el contrario, ninguna indemnización cabe derivar del préstamo hipotecario concedido por una entidad de crédito por importe de 90.000 euros, destinado a la financiación circulante, a favor de doña Juana y don Benigno, hijos del reclamante, con garantía hipotecaria sobre un inmueble de propiedad de aquellos, siendo fiadores solidarios don Domingo y doña Pura. Y ello por cuanto, más allá de la mera afirmación del interesado, que no es bastante para tenerla por cierta, no ha sido justificado que la contratación de dicho préstamo obedecería al escenario provocado por el siniestro ni que los intereses y demás gastos asociados a esta operación vayan a ser satisfechos por don Domingo, en lugar de por los obligados contractualmente, es decir, sus hijos, quienes no se han personado en este expediente ni han otorgado representación a favor del compareciente.

5º) Daños morales.

Finalmente, atendiendo a los argumentos esgrimidos en la solicitud indemnizatoria, comparte el Consejo de Estado el parecer expresado por el Instructor, el Interventor General de Defensa y el Asesor Jurídico General respecto de la realidad de los daños morales padecidos por el peticionario, cuya actividad como administrador y socio de la entidad explotadora del aprovechamiento cinegético se vio gravemente afectada como consecuencia del incendio imputable a la Administración, generando las vicisitudes económicas a las que se ha hecho referencia.

A la vista de las circunstancias concurrentes y tomando en consideración la cantidad propuesta por los órganos que han intervenido en el expediente, dichos daños morales pueden razonablemente valorarse en 3.000 euros.

6º) En suma, procede declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración e indemnizar a "Gascón Sanz, S.L." con 37.023,75 euros y a don Domingo con 9.240 euros".

Y lo que razona la recurrente en el motivo es que los gastos de mención, en cuanto realizados con expectativa de una actividad cinegética futura sí son indemnizables.

Respecto a las dos primeras partidas debemos manifestar nuestra conformidad con el razonamiento de la Sala de instancia para la denegación de las indemnizaciones instadas, relativas a que los gastos cuyo resarcimiento se reclama son gastos propios o necesarios para el desarrollo normal de la actividad cinegética y a que como tales podrían compensarse por la vía del impuesto de sociedades.

La circunstancia de que los conceptos incluidos en las partidas referenciadas puedan considerarse como gastos ordinarios de la explotación, a lo que parece aludir la sentencia con la mención de gastos propios, al menos en el supuesto de autos hace decaer el motivo en el extremo que examinamos.

Por gastos ordinarios hay que entender aquellos que se generan en la actividad ordinaria y habitual de la empresa, o dicho de otra forma, aquellos en que se incurre de forma regular en el tiempo, mientras que el concepto de gastos extraordinarios se refiere a aquéllos que se producen esporádicamente, por actuaciones ocasionales o extraordinarias, esto es, se incurre en ellos de forma irregular, y, a falta de una prueba que a la recurrente incumbía, quien se limita a hacer mención a los gastos e inversiones en los escritos de demanda y en el de interposición del recurso de casación, sin más apoyo que la documental aportada en vía administrativa, ciertamente han de considerarse como ordinarios y no susceptibles de indemnización, cuando precisamente de esa documental aportada, referida a años anteriores al incendio , no se infiere que esos gastos e inversiones no estuvieran amortizados con anterioridad al evento dañoso.

Conforme exige el artículo 139 de la Ley 30/1992 y una reiterada Jurisprudencia, ha de concurrir un daño real y efectivo, y ese daño no resulta acreditado, pese a la facilidad que la recurrente tenía en hacerlo mediante la aportación de su contabilidad.

Igual solución nos merece el otro extremo del motivo, el relativo a combatir la denegación de la indemnización fundamentada en los gastos derivados de la implantación del campo de tiro.

La circunstancia de que para su implantación se requiera autorización y que ésta aparezca como una mera especulación o expectativa, debe erigirse en causa suficiente para denegar la indemnización de los gastos que se reclaman.

La exigencia de la causación de unos daños reales, efectivos e individualizados demandaba de la recurrente una acreditación de que era viable la autorización y al no existir prueba al respecto, nada hay que objetar a la solución alcanzada por la Sala de instancia.

La mera hipótesis o conjetura de conseguir la autorización, hace que los gastos cuya indemnización se reclaman deban entenderse realizados a riesgo y ventura exclusiva de quien los ha afrontado.

D) Los gastos, el endeudamiento, asumidos por terceros, ajenos a la entidad perjudicada por el incendio, no pueden incluirse en la indemnización por responsabilidad patrimonial.

1º) Con el motivo tercero difiere la recurrente de la negativa por la Sala de instancia a su pretensión de actualización de la indemnización.

En este extremo no podemos mostrarnos de acuerdo con la argumentación y solución de la sentencia recurrida, que en su fundamento de derecho octavo aborda la cuestión en los siguientes términos:

Se cuestiona la cuantificación de daños producidos en el patrimonio del Sr. Domingo, como consecuencia de haber acudido a la financiación ajena para paliar los efectos perjudiciales del siniestro, en concreto, los préstamos contratos por él y su familia, alegando el recurrente que es procedente su indemnización; endeudamiento que alcanzó la suma total de 210.908,13€ (209.021,71€, más unos costes adicionales de 1.886,42€); lo que, a su vez, influye en el cálculo de la cuantificación de los daños morales (5%), lo que arroja una cantidad de 51.633,50€; por lo que la indemnización que le corresponde al recurrente es de 262.541,63 euros.

La resolución impugnada, como se ha expuesto en el Fundamento Jurídico Segundo, en lo que atañe al primero de estos conceptos, declara que no resulta indemnizable el importe de los préstamos solicitados por el interesado, pero sí pueden serlo los costes asociados a tales préstamos, en la medida en que se acredite que la necesidad de acudir al endeudamiento es debida a la situación económica provocada por el siniestro. En este sentido, procede resarcir con 6.240 euros a don Domingo por los intereses derivados del contrato de préstamo suscrito con la mercantil "Gascón Maquinaria Agrícola y Repuestos, S.L." por importe de 52.000 euros, a un tipo de interés del 3% y un plazo de devolución de cuatro años, en el que se hace alusión a las dificultades económicas causadas por el incendio como motivo de la contratación.

Sin embargo, en relación con el endeudamiento de los hijos del recurrente por el préstamo hipotecario, desestima la solicitud de su inclusión en la indemnización por responsabilidad patrimonial, al no estar acreditada su finalidad.

La Sala entiende que, efectivamente, los gastos, el endeudamiento, asumidos por terceros, ajenos a la entidad perjudicada por el incendio , no pueden incluirse en la indemnización por responsabilidad patrimonial, pues la Administración no puede hacerse cargo de aquellos compromisos contraídos por terceros, no involucrados en el desarrollo de la actividad de explotación cinegética, pues de admitirlo supondría dejar al arbitrio del perjudicado o de terceros el incrementar la indemnización por responsabilidad patrimonial con la celebración de contratos que vienen a agravar, en principio, la indemnización por responsabilidad patrimonial . Por otra parte, se ha de señalar que existen otras vías, como la fiscal, a la hora del tratamiento fiscal de las cantidades aportadas a una sociedad mercantil con el fin de cubrir pérdidas o hacer frente a situaciones impeditivas de su actividad económica.

2º) Por último, alega la procedencia del abono de intereses, por la actualización de la indemnización hasta su completo pago, y que se estiman en 3.245,92 euros y 810,08 euros, respectivamente.

Debe señalarse que la determinación de la indemnización definitiva se produce en esta Sentencia, y es a partir de la firmeza y ejecución de la misma cuando, ante la tardanza o incumplimiento de su ejecución, se habrían de computar los intereses reclamados, pero no ahora, que es cuando se determina y liquida la indemnización; confirmando, en consecuencia, la indemnización por daños morales fijado por la Administración.

Por ello, procede la estimación en parte del recurso, en el sentido declarado en los Fundamentos Jurídicos Quinto y Sexto, desestimando los demás motivos de impugnación, y confirmando en su totalidad lo declarado por la resolución impugnada en todas las demás cuestiones.

El artículo 141 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común dispone en su apartado 3 que La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad patrimonial con arreglo al índice de precios al consumo, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley General Tributaria.

Pues bien, fijándose las partidas indemnizatorias reconocidas en la sentencia tomando como fecha de referencia valorativa aquélla en que se produce el siniestro, el motivo debe estimarse para, de conformidad con el artículo 95.2.d), reconocer el derecho de la mercantil recurrente a que se actualice el importe de dichas partidas, con la aplicación de los intereses legales, desde la fecha del incendio hasta la fecha de esta sentencia, más los intereses procedentes en los términos del artículo 106.2 de la Ley Jurisdiccional, esto es, desde la fecha de notificación de esta sentencia al representante procesal de la Administración, en cuanto es ésta la que por primera vez actualiza la indemnización.

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sábado, 30 de julio de 2022

No cabe el pago de indemnización por lucro cesante tras un accidente de tráfico cuando a pesar de constar que el vehículo comercial ha estado paralizado no se acredita suficientemente y con datos objetivos la existencia de pérdidas en el negocio.


La sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, sec. 2ª, de 27 de febrero de -2020, nº 167/2020, rec. 912/2018, absuelve a una compañía aseguradora del abono de indemnización por accidente de circulación en el concepto de lucro cesante cuando, a pesar de constar que el vehículo comercial ha estado paralizado, no se acredita suficientemente y con datos objetivos la existencia de pérdidas en el negocio.

El lucro cesante no ampara las meras ganancias hipotéticas, ni los sueños de ganancias contingente o hipotéticas, sino solo las que se presenten con una probabilidad objetiva, y con verosimilitud suficiente, lo cual no se acredita con certificaciones de asociaciones empresariales que no fijan las ganancias reales dejadas de percibir, sino que habría que aportar facturas y declaraciones fiscales para demostrar la disminución de ganancias.

La indemnización del lucro cesante debe acordarse cuando se hubiera dejado de obtener una ganancia por parte del acreedor y, la jurisprudencia ha sido restrictiva al señalar que no debe concederse indemnización, en los casos de ganancias dudosas. Ha de probarse rigurosamente que se dejaron de obtener las ganancias, que no sean dudosas o contingentes o sólo fundadas en esperanza, pues no pueden derivarse de supuestos meramente posible, pero de resultados inseguros e inciertos, por lo que, en definitiva, esas posibles ganancias han de ser acreditadas y probadas mediante justificación de la realidad del lucro cesante.

A) Valoración de las pruebas.

La Compañía de seguro apelante -"Catalana de Occidente Seguros, SA"- argumenta, como motivo del recurso, error en la valoración de la prueba, pues la reclamación dineraria del lucro cesante se basó en unas facturas que se refieren a una anualidad distinta de aquella en que se produjeron los daños en el camión del actor (el siniestro sucede en agosto de 2016 y las facturas referidas son de 2015). Por otra parte, de la documentación fiscala aportada a los autos, se desprende que, en el año 2016, el actor obtuvo un rendimiento neto de actividad de 9.327 euros, no los 72.000 euros que indica la demanda, con lo que el lucro cesante no podía ser de 200 euros diarios, sino de 25,55 euros al día, o sea, 792,05 € por los 31 días de paralización y estancia del camión en el taller. Finalmente, el actor no descuenta, en su reclamación, determinadas partidas como son combustibles, desgaste; tampoco se constata la disminución de ingresos correspondiente a ese mes de paralización, según las declaraciones trimestrales de IRPF., resultando que, en el tercer trimestre de 2016, debería existir una disminución sustancial que, sin embargo, no aparece.

B) Conclusión.

1º) El recurso prospera porque, si bien ciertamente ha de tenerse por plenamente acreditado en los autos que el tiempo que fue preciso invertir en la reparación de los daños materiales sufridos por el camión propiedad del demandante, como consecuencia del siniestro acaecido el uno de agosto de 2016, del que fue responsable el vehículo asegurado por "Catalana de Occidente, SA", abarcó precisamente los 31 días que refiere el demandante, como así se prueba mediante los documentos nº 5 a 7 de la demanda, certificación expedida por el taller donde se llevó a cabo la reparación, de la que se desprenden los daños que el camión presentaba y los trabajos de reparación y piezas que hubo que realizar y colocar, con expresión de las horas de trabajo requeridas. Existe la plena ratificación de esa documentación por el representante legal de "Hydroplan Mérida, SL", Sr. Gabriel, que declaró durante la celebración de la vista, donde expreso que esa reparación se extendió hasta los indicados 31 días, porque hay que contar el tiempo que se, tarda en peritación de daños y en aceptación para iniciar los trabajos de reparación, por parte de la Compañía Aseguradora del vehículo causante del daño; la petición de piezas, la llegada y recepción de las mismas y su colocación en el vehículo siniestrado durante las horas de trabajo pertinentes, por el personal del talle, que, además, todo ello tuvo lugar en el mes de agosto (la reparación duró entre el 3 de agosto y el 3 de septiembre), o sea en periodo vacacional, en el que la producción de las fábricas, disminuye, como es sabido.

La necesidad de pedir piezas originales para abordar los trabajos de reparación y la propia necesidad de practicar precisamente tales trabajos, para subsanar los concretos daños materiales que el camión presentaba, está acreditada mediante la ratificación del informe pericial del doc. 8 de la demanda, por el Perito Sr. Gines.

En conclusión, pues, no cabe discutir que el camión necesitó 31 días para la completa reparación de sus daños y tampoco cabe discutir que, durante esos mismos 31 días el camión estuvo paralizado y no pudo destinarse por su dueño a la actividad de transporte que le es propia.

2º) No está acreditado el lucro cesante.

Sin embargo, no aparece acreditado que el lucro cesante que reclama el actor hubiera existido en la realidad, por cuanto la documental aportada por el demandante nada acredita; es más, incluso demuestra esa documental, que no existió el pretendido lucro cesante.

Así, en efecto, si se observa la documentación fiscal aportada a los autos, los Modelos 303, declaraciones trimestrales de Autoliquidaciones de I.V.A. de los cuatro trimestre de 2016, documentos 24 va 31, reflejan, en el tercer trimestre de 2016, una cuota de 14.059,24 euros, que idéntica a la del 2º trimestre de 2016; o sea, que no existió disminución de actividad y en los Módulos 131 IRPF, Actividad económica en estimación objetiva, se consigna un rendimiento neto de 10.113,19 euros en el 2º y 3º trimestres de 2016; o sea, que tampoco existió una disminución de ingresos.

Y la documentación contable, documentos nº 25 al 38, se refieren a facturas por trabajos realizados por el demandante para la Mercantil "Mercancías Sánchez-Morales, SL", pero correspondientes, todos esos documentos y facturas, a transportes realizados en los meses de febrero a diciembre de 2015; es decir, ninguno de esos documentos recoge los trabajos realizados en septiembre de 2016 y julio de 2016; de modo y manera que no sirven para tratar de demostrar que, en septiembre d e2016, el actor sufrió un descenso de actividad y, por tanto, de ingresos, por consecuencia del siniestro acaecido en agosto de 2016, porque, además, ninguno de esos documentos se refiere al mes, de agosto de 2016, pero tampoco de agosto de 2015, en el cual, según el represéntate legal de "Mercancías Sánchez Morales SL", el actor cogió las vacaciones.

Finalmente, de los documentos nº 10 a 23 de los autos, resulta que, en septiembre d e2016, el actor realizó transportes para la antes señalada Mercantil, por valor de 8.376 euros y en julio de 2016, por valor de 8.448 euros; es decir, una disminución de ingresos de sólo 72 euros; y, sin embargo, se pretende ahora obtener un lucro cesante por importe de 6.203 euros.

3º) El lucro cesante solo ampara las ganancias que se presenten con una probabilidad objetiva, y con verosimilitud suficiente.

Siendo así, entonces, que el lucro cesante no ampara las meras ganancias hipotéticas, ni los sueños de ganancias contingentes o dudosas, sino solo las que se presenten con una probabilidad objetiva, y con verosimilitud suficiente, tal y como hemos dicho ya en ocasiones precedentes; así podemos remitirnos a las sentencias de la Audiencia Provincial de Badajoz nº 172/2014 de 02/07/2014, R.A. 267/2014, en su fundamento de derecho tercero:

“Aplicando a los anteriores datos objetivos, la jurisprudencia que existe en esta materia, según la cual la indemnización del lucro cesante debe acordarse cuando se hubiera dejado de obtener una ganancia por parte del acreedor y, aunque es cierto que la jurisprudencia ha sido restrictiva al señalar que no debe concederse indemnización, en los casos de ganancias dudosas, si ha reconocido que, aplicando criterios de probabilidad, debe indemnizarse aquella pérdida futura que razonablemente se prevea que pueda ocurrir (SSTS de 11/2/2013,16/12/09); el perjuicio por el lucro cesante debe ser probado con una razonable verosimilitud, cosa que no ocurre cuando la ganancia o beneficio futuro se presenta como meramente posible o hipotético; cuando existan dudas sobre su producción o no se aprecia su existencia en el marco de una lógica presunción sobre cómo habrían sucedido los acontecimientos en caso de no haber tenido lugar el suceso dañoso; su fijación debe obtenerse mediante apreciaciones prospectivas, fundadas en criterios objetivos de experiencia, entre los que pueden servir los que operan en el mundo económico, contable, actuarial, asistencial e financiero, según las disciplinas técnicas o científicas correspondientes, según el examen y ponderación de las circunstancias de cada asunto (STS de 21/4/2008 ); ha de probarse rigurosamente que se dejaron de obtener las ganancias, que no sean dudosas o contingentes o sólo fundadas en esperanza, pues no pueden derivarse de supuestos meramente posible, pero de resultados inseguros e inciertos, por lo que, en definitiva, esas posibles ganancias han de ser acreditadas y probadas mediante justificación de la realidad del lucro cesante.

A tales efectos, entonces, el actor tiene la carga de ofrecer los datos que, a tener de la situación existente al demandar o al practicar la prueba, permite un cálculo prospectivo del lucro cesante; en ese sentido, las certificaciones de Asociaciones Empresariales sobre paralización y coste del mismo, son insuficientes para probar los perjuicios derivados de esa paralización, pues se exige una prueba plena de las ganancias dejadas de percibir y es evidente que los importes que fijan las certificaciones gremiales no son reales, al responder más a un beneficio bruto que al beneficio neto. El acreedor debe aportar otros elementos, como facturas, declaraciones de IVA, declaraciones de renta, que podrían demostrar la disminución de ganancias (STS de 31/10/2007)."

Y en la sentencia de la AP de Badajoz nº 26/2012, de 24 de enero, R.A. 553/, en su fundamento tercero:

“Y es que, en efecto, como ya tiene señalado esta misma Sala, en las sentencias 281/2006, de 11 de julio; 119/2008, de 6 de junio; 378/2005, de 18 de octubre; 246/2008, de 17 de octubre, entre otras, las certificaciones corporativas o gremiales, sin dejar de tener un carácter orientativo, sin embargo, no acreditan por sí solas la efectiva pérdida patrimonial sufrida porque no tienen en cuenta los gastos o costas, derivados de la explotación, que habría que descontar de los ingresos; es decir, aquellas certificaciones recogen ganancias brutas, abstractamente consideradas, que, por ello mismo, no valen para entender que la efectiva ganancia dejada de obtener equivalga precisamente a la que se deriva de la certificación pues la misma parece partir de la base supuesta de que el taxi estaría ininterrumpidamente prestando servicios durante las ocho horas diarias de jornada laboral si no hubiera estado en el taller de reparación durante los 23 días de que habla el hoy apelante; es decir, que según parece decir el recurrente, durante los días de paralización, de haber estado funcionando el taxi, todo hubieran sido ganancias; olvidando, que durante los días de paralización, el actor se está ahorrando gastos de combustible, depreciación o menoscabo de piezas y de amortización del vehículo."

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