La sentencia de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Sec.
1ª, de 5 de junio de 2026, nº 175/2026, rec. 86/2025, rechaza una indemnización por daño moral
solicitada por el diagnóstico tardío de un cáncer irreversible porque no se
acredita que un diagnóstico más temprano o un tratamiento iniciado antes
hubieran alterado significativamente el desenlace fatal ni mejorado la
supervivencia o calidad de vida del paciente.
La responsabilidad patrimonial de la
Administración no procede cuando, a pesar de un retraso en la asistencia médica
que impidió un diagnóstico precoz de cáncer pulmonar, no se acredita que ese
diagnóstico más temprano o un tratamiento iniciado antes hubieran alterado
significativamente el desenlace fatal ni mejorado la supervivencia o calidad de
vida del paciente.
La Sala desestima el recurso al no
quedar acreditado que un diagnóstico más precoz o un tratamiento iniciados con
anterioridad hubieran modificado el curso clínico ni el resultado fatal del
paciente. Aunque reconoce que hubo un retraso en la evaluación y seguimiento de
los hallazgos radiológicos, la prueba médica y los informes periciales
concluyeron que el tumor agresivo y avanzado no podía beneficiarse de un
tratamiento que alterara su pronóstico mortal.
Asimismo, la reclamación por pérdida de
oportunidad no se fundamenta en un cambio real en la supervivencia o calidad de
vida, sino en expectativas no demostradas, por lo que no se configura un nexo
de causalidad suficiente para atribuir responsabilidad patrimonial.
El fallo es de desestimación del
recurso, sin imposición de costas, manteniéndose la resolución administrativa
impugnada y sin establecer cambio doctrinal en materia de pérdida de
oportunidad, limitándose a aplicar la doctrina prevalente sobre la necesidad de
acreditar una probabilidad causal significativa.
La sentencia enfatiza la exigencia de
una prueba estricta de la relación causal entre el retraso en la asistencia
sanitaria y un perjuicio efectivo modificable, especialmente en casos de
enfermedades graves y pronósticos desfavorables, matizando el alcance
indemnizatorio de la pérdida de oportunidad cuando no hay posibilidad
demostrada de alteración del resultado clínico.
A) Introducción.
1º) Tras un TAC que detectó hallazgos sospechosos de cáncer de
pulmón, transcurrieron varias semanas sin que conste seguimiento específico; el
paciente fue diagnosticado posteriormente con un tumor avanzado y falleció, por
lo que su esposa reclamó al Servicio Riojano de Salud 85.000 euros por pérdida
de oportunidad de recibir atención paliativa o consultar otros centros.
¿Debe declararse la responsabilidad
patrimonial del Servicio Riojano de Salud por la demora en el seguimiento de
los hallazgos radiológicos y por la alegada pérdida de oportunidad de recibir
antes tratamiento, cuidados paliativos o atención en otros centros?.
No se declara responsable a la
Administración y se desestima el recurso, sin que la sentencia establezca un
cambio de doctrina.
La pérdida de oportunidad exige
acreditar una probabilidad causal seria de que una actuación sanitaria distinta
hubiera ofrecido una alternativa relevante, pero los informes no demostraron
que el diagnóstico adelantado unas semanas hubiera cambiado el tratamiento, el
pronóstico o el desenlace, ni que una atención más temprana hubiera evitado el
sufrimiento alegado; la prueba aportada se limitó principalmente a describir la
cronología asistencial.
2º) Doctrina de la perdida de
oportunidad del Tribunal Supremo.
En el ámbito contencioso-administrativo
español, la doctrina de la pérdida de oportunidad actúa como una técnica de
flexibilización de la causalidad que permite indemnizar la privación de una
expectativa razonable de curación o supervivencia cuando existe incertidumbre
sobre cuál habría sido el desenlace real de haberse actuado conforme a la lex
artis.
La sentencia del TSJ de La Rioja que
compartes se alinea estrictamente con los criterios consolidados por la Sala
Tercera del Tribunal Supremo (TS). Requisitos exigidos por la doctrina (TSJ y
Tribunal Supremo)
Para que prospere una reclamación por
pérdida de oportunidad sanitaria no basta con probar una demora o un error
médico; deben concurrir de forma cumulativa los siguientes elementos:
- Infracción de la lex artis ad hoc: Debe existir una actuación médica deficiente, un retraso injustificado o una omisión en los protocolos clínicos exigibles en ese momento (en tu caso, la falta de seguimiento tras un TAC sospechoso).
- Incertidumbre causal (el "espacio intermedio"): Si está probado al 100% que el daño se habría evitado, hay responsabilidad patrimonial plena (indemnización íntegra). Si está probado que el daño era inevitable (como ocurre en el fallo del TSJ de La Rioja), no hay responsabilidad. La pérdida de oportunidad opera solo cuando existe una duda razonable sobre si la actuación correcta habría evitado el resultado.
- Probabilidad seria y relevante (no meras conjeturas): El Tribunal Supremo exige acreditar que el paciente tenía una posibilidad real y estadísticamente apreciable de obtener un resultado distinto (curación, mayor tiempo de supervivencia o mejor calidad de vida). Las expectativas puramente hipotéticas o subjetivas no son indemnizables.
- Carga de la prueba sobre el reclamante: Corresponde al perjudicado aportar prueba pericial sólida que cuantifique o demuestre esa pérdida de expectativas. Como señala la sentencia riojana, limitarse a exponer la cronología de los hechos sin acreditar el impacto clínico del retraso conduce a la desestimación.
El razonamiento del TSJ de La Rioja
aplica de forma ortodoxa la jurisprudencia del Alto Tribunal (entre otras, SSTS
de 19 de octubre de 2011, 22 de mayo de 2012, 24 de noviembre de 2021 o 14 de
marzo de 2023):
B) Objeto del recurso, hechos relevantes
y posiciones de las partes.
I.- Objeto del recurso.
La recurrente, doña Ángela presentó
solicitud de responsabilidad patrimonial ante la Administración, en fecha
11-03-2024, solicitando una indemnización de 85.000 euros por la muerte de su
esposo Don Baltasar. La cantidad reclamada lo era por daño moral derivado de la
? perdida de oportunidad" en el tratamiento de su esposo.
La Administración dictó Resolución
desestimatoria en fecha 5 de febrero de 2025, desestimatoria de la reclamación,
que constituye el objeto del presente recurso contencioso.
II.- Los hechos de que tae causa este
recurso son los siguientes:
Don Baltasar estaba diagnosticado de
enfermedad intersticial difusa, desde 2022.
Fue derivado por su médico de cabecera
al servicio de Neumología del Hospital San Pedro, siendo citado para el
31/10/2022 para estudio neurológico de patrón instersticial. No acudió a la
cita.
Acudió a consulta de Neumología el
20/12/2022 donde se le exploró y se indicó la realización de TACAR (TAC de alta
resolución).
EL 24 de marzo se le hace un TACAR de
tórax. Se informó el TACAR el 3 de abril.
La conclusión fue: "Patrón
intersticial en relación con probable NIU que ha progresado respecto de estudio
previo del 30 de marzo de 2022. Nódulo supleaural en LII y nódulo adyacente de
0,8 cm, con adenopatías hiliares ipsilaterales. El conjunto se estos últimos
hallazgos obligan a descartar proceso neoformativo, a valorar control estrecho
o realización de PET."
El 15/05/2023 acudió al Servicio de
Urgencias por tos, fiebre y síndrome constitucional, con tos que no cedía.
Tenía astenia anorexia y adelgazamiento. En la Radiografía de tórax objetivó un
derrame pleural masivo en pulmón izquierdo. El propio 15/05/2023 tras la
citología del líquido extraído, se diagnostica "citología maligna,
compatible con carcinomatosos pleural por adenocarcinoma de pulmón."
El 17 de mayo se realizó PET,
confirmando diagnóstico.
Se trasladó a Don Baltasar al servicio
de oncología y el 26 de mayo se inició quimioterapia.
El 16 de junio se realizó nuevo PET-TAC
que informó de una marcada progresión tumoral. No se aplicó 2º ciclo.
Falleció el 9/07/2023.
C) Los Informes periciales y otros que
constan en el procedimiento.
Se apoya la parte recurrente para fundar
su reclamación en el Informe pericial, de la Doctora Rosalia, profesora de
Medicina Legal y Forense en la Universidad de Zaragoza y máster en valoración
daño corporal. Su informe consta a los folios 127 y ss. del Expediente
Administrativo. Se indica en el mismo que el Informe se efectúa a petición de
don Eloy para "INDICAR LOS ACTOS MÉDICOS ASISTENCIALES QUE RECIBIÓ DON
Baltasar RELACIONADOS CON EL CÁNCER DE PULMÓN QUE CAUSÓ SU MUERTE".
En el mismo se recoge la cronología de
la historia clínica del paciente don Pedro Antonio, por lo que el informe se
nutre de los actos médicos que ya obran en el Expediente y concluye la perito
que entre el 3 de abril hasta el ingreso de 15 de mayo de 2023 "no consta
ningún tipo de asistencia sanitaria del paciente relativa al diagnóstico de
sospecha del cáncer de pulmón . No aparece la realización de ninguna consulta
por Neumología con el examen e información del paciente de su posible proceso
neoplásico, ni la solicitud de ninguna prueba complementaría, tal y como estaba
indicado en el informe de radiología y como era preceptivo ante los hallazgos
encontrados".
Junto con el informe de la parte
recurrente, encontramos en el procedimiento los siguientes, cuyas conclusiones
reproducimos:
1.- Informe pericial de la doctora doña
Marí Juana (informe de la codemandada aseguradora).
"El primer TAC no se realizó con la técnica adecuada para el estudio de un tumor , dado que este fue un hallazgo casual, y por este motivo, en el propio informe de radiología se sugiere que pueden haberse infravalorado las lesiones. Por tanto, el tumor podría estar más avanzado en el momento del TAC del 3-4-23 de lo que se informó.
- Si utilizamos la clasificación realizada por la SEER3 tanto en el TAC del 3-4-23 como en el PET TAC del 17-5-23 el paciente se encuentra en una etapa regional, cuya supervivencia es inferior al 37% a los 5 años del diagnóstico en ambos casos.
- Dada la elevada captación de F18-FDG en el PET-TAC, sabemos que metabólicamente se trataba de un tumor agresivo y por tanto de mal pronóstico.
- El manejo terapéutico hubiese sido el mismo aunque se hubiese empezado el tratamiento unas semanas antes, y dada la mala respuesta al tratamiento con QT que tuvo el paciente, mostrando una importante progresión en el 2º PET-TAC de control que le hicieron, es esperable que hubiese ocurrido lo mismo aunque se hubiese iniciado la QT antes. Y por lo tanto:
1. El tratamiento del paciente no habría variado por haber sido iniciado unas semanas antes de lo que se hizo.
2.- Informe de la Inspección Médica, que concluye que:
"Teniendo en cuenta el margen de tiempo transcurrido, de escasamente mes y medio entre la detección radiológica de los nódulos pulmonares y la aparición de la clínica por la que se confirmó el diagnóstico del proceso oncológico en estadio avanzado, no se puede asegurar que su evolución, opciones terapéuticas y pronóstico hubiera sido significativamente diferente si se hubiera realizado su diagnóstico con mayor celeridad en ese margen de tiempo de unas semanas, tal y como se reclama".
D) Juicio de la Sala: Desestimación del
recurso.
En la vía administrativa y también en la
demanda, como hemos visto, se sostiene que desde el 3 de abril de 2023 hasta
15/05/2023 no se proporcionó al paciente asistencia médica adecuada a pesar de
que existían sospechas de cáncer de pulmón . Por lo que hubo un diagnóstico
tardío y una pérdida de oportunidad de un "tratamiento paliativo incluso
domiciliario o ambulatorio, evitando más daño y dolor al paciente y
familia" (..9 y "pérdida de la oportunidad tanto de consulta en otros
centros como el próximo de la Clínica Universitaria de Navarra".
La doctrina de la pérdida de oportunidad
se compendia, entre otras, en la Sentencia del TS de 24 de noviembre de 2009,
recurso de casación 1593/2008, que dice lo siguiente:
"La doctrina de la pérdida de oportunidad ha sido acogida en la jurisprudencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, así en las sentencias de 13 de julio y 7 de septiembre de 2005 , como en las recientes de 4 y 12 de julio de 2007, configurándose como una figura alternativa a la quiebra de la lex artis que permite una respuesta indemnizatoria en los casos en que tal quiebra no se ha producido y, no obstante, concurre un daño antijurídico consecuencia del funcionamiento del servicio. Sin embargo, en estos casos, el daño no es el material correspondiente al hecho acaecido, sino la incertidumbre en torno a la secuencia que hubieran tomado los hechos de haberse seguido en el funcionamiento del servicio otros parámetros de actuación, en suma, la posibilidad de que las circunstancias concurrentes hubieran acaecido de otra manera. En la pérdida de oportunidad hay, así pues, una cierta pérdida de una alternativa de tratamiento, pérdida que se asemeja en cierto modo al daño moral y que es el concepto indemnizable. En definitiva, es posible afirmar que la actuación médica privó al paciente de determinadas expectativas de curación, que deben ser indemnizadas, pero reduciendo el montante de la indemnización en razón de la probabilidad de que el daño se hubiera producido, igualmente, de haberse actuado diligentemente". (FD 7º).
"Para la fijación de la indemnización procedente, ha de tenerse en cuenta que no se indemniza por el fallecimiento de ... , esposo de la recurrente, ocasionado por un carcinoma epidermoide, sino, como hemos dicho, por la pérdida de oportunidad sufrida pues, a la vista de los referidos informes cabe sostener que, en este caso, el retraso en la práctica del "estudio neumológico del paciente hizo imposible su tratamiento con posibilidades de curación por la extensión tumoral", una vez acreditada "la presencia de un nódulo pulmonar solitario de bordes irregulares y ya de un tamaño de 12 mm", unido a las especiales circunstancias del paciente, sus antecedentes personales de haber sido trabajador de asbesto y disolventes orgánico, además de los antecedentes familiares de neoplasia pulmonar del padre y un hermano".
En palabras de la STS, de 18 de julio de
2016 (ROJ: STS 3819/2016 - ECLI:ES:TS:2016:3819 ) :"... tal doctrina exige que
concurra un supuesto estricto de incertidumbre causal, esto es una probabilidad
causal seria, no desdeñable, de que un comportamiento distinto en la actuación
sanitaria no solo era exigible, sino que podría haber determinado,
razonablemente, un desenlace distinto".
Compartimos con la parte recurrente que
el examen de las pruebas de imagen ya informadas, no debería esperar, en los
casos más complejos o graves, a la cita presencial del paciente a quien se le
ha realizado la prueba.
Sin embargo, en el particular caso que
nos ocupa, a pesar de esta demora, no podemos estimar el recurso. Y ello porque
en modo alguno ha quedado acreditado que un diagnóstico más precoz o un
tratamiento instaurado unas semanas antes, hubiera cambiado el resultado de la
muerte de don Pedro Antonio y ni siquiera podemos saber si una hospitalización
más temprana hubiera supuesto un final menos difícil para él y para sus
familiares. La responsabilidad patrimonial requiere acreditar la totalidad de
los elementos que exige el exitoso de la acción, entre los que se incluye la
necesaria prueba de la relación de causalidad.
El informe de la parte recurrente se
limita a constatar el itinerario temporal del tratamiento médico dispensado a
don Pedro Antonio, pero nada dice sobre la posibilidad de tratamiento o
supervivencia del mismo, y en la propia demanda se admite que el resultado de
muerte, atendida la agresividad del tumor y sus características hubiera sido el
mismo, centrando la reclamación en la posibilidad de un tratamiento paliativo
y/o ambulatorio para el paciente en las semanas finales de vida.
Respecto a la alegación de la recurrente
de la pérdida de oportunidad de un diagnóstico en otros hospitales, hemos de
reconducirla a la pérdida de opciones de tratamiento, remitiéndonos a la lo
dicho anteriormente sobre el diagnóstico irreversible del esposo de la
reclamante.
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