A) La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, sec. 5ª, de 14 de mayo de 2020, nº 407/2020, rec. 6365/2018, declara la responsabilidad patrimonial de la Administración por la deficiente asistencia sanitaria por retraso en la práctica de una operación quirúrgica con resultado de muerte, otorgando una indemnización de 107.557,90 euros, al acreditarse una pérdida de oportunidad por no haberle operado en un plazo razonable desde el punto de vista médico, ya que el paciente tiene derecho a que se le proporcionen todos los medios médicos adecuados a su padecimiento.
B) ANTECEDENTES:
1º) La actora, doña Loreto, solicita una indemnización por los daños y
perjuicios sufridos por el fallecimiento de su pareja de hecho, don Marcos,
como consecuencia del retraso en la intervención sanitaria a la que tenía
que haber sido sometido por su padecimiento cardiaco que no llegó a practicarse.
Solicita una indemnización por importe de 126.538,71 euros con los intereses
legales desde la fecha de la reclamación, que para la aseguradora codemandada
serán los previstos en el art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro.
2º) Sobre la legitimación activa de la pareja de hecho. La legitimación activa de doña Loreto como pareja de hecho del fallecido, don Marcos (que no ha sido cuestionada por la Administración ni por la sentencia recurrida), no ofrece dudas a la Sala dada la abundante documentación aportada por la actora que pone de relieve una relación de convivencia estable entre ambos, análoga a la matrimonial: certificado municipal de convivencia en el mismo domicilio desde el año 2006 hasta el fallecimiento en 2011 (folio 63 del expediente); escritura de compraventa en 2006, del piso en el que ambos convivían (folios 64 a 70 del expediente); préstamo hipotecario para la adquisición de dicha vivienda a nombre de ambos (folios 71 a 95 del expediente); cuenta bancaria a nombre de los dos (folio 96 del expediente); factura de los gastos del sepelio a nombre de la actora (folio 97 del expediente), entre otros.
3º) Hechos acreditados. De la documentación obrante en el expediente podemos extraer los siguientes antecedentes:
- El paciente, don Marcos, ingresa por primera vez en octubre de 2010, en el servicio de cardiología del Hospital San Agustín de Avilés, siendo diagnosticado de doble lesión aórtica severa y es remitido al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para la realización de un cateterismo cardiaco para completar el estudio con vistas a una cirugía de reemplazo valvular aórtico. El estudio se lleva a cabo el 12 de noviembre de 2010, y se confirma el diagnóstico de doble lesión aórtica severa.
- En sesión médico-quirúrgica en el HUCA del día 18 de noviembre de 2010, se decide tratamiento quirúrgico de la valvulopatía.
- Es visto en consulta preoperatoria por el Servicio de Cirugía Cardiaca del HUCA el 1 de febrero de 2011, incluyéndose en lista de espera y señalando en la solicitud de inclusión, prioridad menor de 30 días.
- Tras un ingreso el 7 de febrero de 2011, en el Hospital San Agustín de Avilés por un cuadro catarral, ingresa de nuevo el 9 de marzo de 2011, en cardiología del citado Hospital por un cuadro catarral e insuficiencia cardiaca izquierda, siendo dado de alta el día 14 de marzo de 2011. En el informe de alta consta, destacado en negrita, "con esta fecha se envía mediante fax copia de este informe al So. de Cirugía Cardiaca con el propósito de agilizar su ingreso para sustitución valvular, ya que su lesión es severa y el tercer episodio de insuficiencia cardiaca presentado por el paciente" (folios 116 a 118 del expediente).
- El paciente fallece el día 10 de abril de 2011, sin que la intervención
hubiera sido llevada a cabo. En el informe de autopsia el médico forense
indica, como causa inmediata de la muerte, un cuadro de taquiarritmia
ventricular y, como causa fundamental, una doble lesión aórtica severa (folio
49 del expediente).
C) Concurrencia de los requisitos de la responsabilidad patrimonial de la Administración.
1º) Todos los informes médicos obrantes en autos (informe del médico forense emitido en las diligencias previas -folios 10 y 11 del expediente-, informe de la Jefa del Servicio de Cardiología del Hospital San Agustín de Avilés -folios 419 y 420 del expediente-, dictamen médico aportado por una entidad aseguradora al expediente -folio 462-) coinciden en sostener que en este caso la intervención quirúrgica debió haberse practicado en menos de tres meses desde su indicación debido a las características del padecimiento cardiaco que había sido diagnosticado al paciente. Por lo tanto, si la indicación quirúrgica se produjo el día 18 de noviembre de 2010, la intervención se debió haber realizado antes del 18 de febrero de 2011, habiendo fallecido el paciente el día 10 de abril de 2011, sin que la intervención se hubiera realizado. Tales informes también coinciden en sostener que si la intervención quirúrgica se hubiera realizado a tiempo las expectativas de sobrevivir del paciente habrían aumentado considerablemente. El informe de la aseguradora obrante al expediente cifra estas expectativas de supervivencia en un 85%.
2º) La actora invoca la doctrina jurisprudencial de la pérdida de oportunidad cuya concurrencia en este caso deriva, sin necesidad de mayor esfuerzo argumental, de cuanto acabamos de reflejar, sin que tampoco sea rebatida con rigor por las demandadas, más allá de alegaciones genéricas, pues centraron su oposición en la instancia, fundamentalmente, en la prescripción de la acción que hemos rechazado.
Esta doctrina de la pérdida de oportunidad, sobre la que existe una
constante jurisprudencia (entre otras muchas, SSTS 7 de septiembre de 2005,
rec. 1304/2001; 26 de junio de 2008, rec. 4429/2004; 23 de septiembre de 2010,
rec. 863/2008; 13 de enero de 2015, rec. 612/2013; 24 de abril de 2018, rec
665/2018) incide sobre el nexo causal y, conforme a ella, no es el
fallecimiento en sí mismo, sino la pérdida de expectativas, en este caso, de
supervivencia el daño causalmente imputable al servicio público sanitario que
la actora no tiene el deber de soportar, pues aunque la obligación médica es de
medios y no de resultados, el paciente tiene derecho a que se le proporcionen los
medios que la ciencia médica establece como adecuados para su padecimiento.
Concurren, pues, en estos términos, los requisitos de la responsabilidad patrimonial de la Administración que se reclama por la demandante por anormal funcionamiento del servicio público sanitario (arts. 139 y ss. Ley 30/1992), debiendo, conforme a lo expuesto, concretarse el daño indemnizable, no en el fallecimiento de don Marcos, sino en la pérdida de oportunidad de supervivencia. Esta pérdida de oportunidad de supervivencia aparece cuantificada en un 85% en un informe emitido por una aseguradora en el expediente administrativo que no ha sido rebatido por ningún otro informe médico.
3º) INDEMNIZACION: La demandante solicita una indemnización por un importe total de 126.538,71 euros, aplicando el baremo previsto en la legislación del seguro del automóvil, considerando que el daño indemnizable es el fallecimiento y que la edad de la víctima era de 52 años. Sin embargo, conforme a lo expuesto, debemos reducir esta cantidad hasta dejarla en un 85%, por ser el porcentaje de expectativas de supervivencia del que se vio privado el paciente que es el daño que indemnizamos, de lo que resulta una indemnización por importe de 107.557,90 euros, cantidad a la que, como se solicita en la demanda, debemos añadir los intereses legales desde la fecha de la reclamación administrativa para respetar el principio de indemnidad ( art. 141.3 de la Ley 30/1992).
En cuanto a la petición de intereses para la compañía aseguradora codemandada en los términos establecidos en el art. 20 de la Ley 50/1980, de Contrato de Seguro, debemos rechazarla por concurrir "causa justificada" (apartado 8 del art. 20 citado) para excluir la mora de dicha aseguradora. Y así, la reclamación no se dirigió directamente a la aseguradora, sino a la Administración y, además, no se presentó hasta el año 2015, cuatro años después de acaecido el daño, no siendo hasta que concluye la vía jurisdiccional cuando se fijan definitivamente todos los elementos de la responsabilidad reclamada, por lo que no puede imputarse a dicha aseguradora la demora en el pago de la indemnización, debiendo, por ello, sujetarse al mismo régimen que la Administración demandada cuya demora y subsiguiente perjuicio patrimonial se sujeta, en su caso, a la correspondiente actualización y abono de intereses, como establece el art. 141.3 de la Ley 30/1992, sin que pueda hacerse de peor condición a la entidad aseguradora, a la que no es imputable en este caso la demora, sujetándola al pago de los intereses muy superiores previstos en el citado precepto de la Ley de Contrato de Seguro. Se debe aplicar, por lo tanto, el mismo criterio que se establece para la demora de la Administración (en similares términos viene pronunciándose esta Sala, por todas, Sentencia del TS de 19 de septiembre de 2006, rec. 4858/2002).
No hay comentarios:
Publicar un comentario