La jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Constitucional declara que en caso de accidente de tráfico se puede acordar la sustitución parcial o total de la indemnización fijada por la constitución de una renta vitalicia a favor del perjudicado.
1º) La sentencia del
Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 27 de mayo de 2015, nº 262/2015, rec. 1459/2013, considera que, en caso
de accidente de tráfico, podrá acordarse la sustitución total o parcial de la
indemnización fijada por la constitución de una renta vitalicia a favor del
perjudicado. La renta vitalicia tiene carácter sustitutorio y no podrá superar
la suma que correspondería a tanto alzado con arreglo a baremo. Mediante la
pensión también se acuerda resarcir los perjuicios económicos por pérdida de
ingresos, perjuicios morales, gastos médicos y de asistencia futura. La
determinación de la cuantía de la indemnización no es revisable, por no
apreciar arbitrariedad ni desproporción en su concesión.
2º) Por lo que respecta al
resarcimiento del daño mediante una renta vitalicia, el sistema posibilita que
la indemnización fijada con arreglo al mismo se sustituya en todo o en parte
por el pago de una pensión o renta vitalicia y así lo dispone el apartado 8 del
apartado Primero del Anexo: "En cualquier momento podrá convenirse o
acordarse judicialmente la sustitución total o parcial de la indemnización
fijada por la constitución de una renta vitalicia en favor del
perjudicado".
La sentencia del TS de
18 de junio de 2013 declara que "el baremo establece la posibilidad de un
doble sistema indemnizatorio a elegir entre una indemnización global que se
establece en función de distintos factores, entre otros el de la edad de la
persona lesionada, o la renta vitalicia. Lo que no es posible son los
dos".
Lo que esta Sala quiso decir, en línea con la doctrina constitucional (STC nº 5/2006):
"Si la
sustitución puede ser parcial es obvio que pueden darse conjuntamente
indemnización y renta") es que no existen dudas en cuanto a la
compatibilidad entre la indemnización a tanto alzado y la renta vitalicia,
salvo que la indemnización concedida a tanto alzado fuera la máxima posible
(porque entonces no podría tener lugar una sustitución parcial).
Por tanto, una vez
determinada la cuantía indemnizatoria con arreglo a baremo cabe indemnizar solo
una parte con una suma a tanto alzado y sustituir la parte restante por una
renta vitalicia o sustituir la totalidad de aquella por una renta vitalicia. De
optarse por esta solución, surge el problema de si la cuantía de la renta
vitalicia puede llegar a superar el límite que para la indemnización por el
concepto discutido (gran invalidez) se establece en el baremo (Tabla IV). Sobre
este punto no se ha pronunciado específicamente la jurisprudencia de esta Sala
y como se indica en el recurso, se trata de una cuestión no pacífica en la
doctrina menor pues existen Audiencias que, como en este caso, consideran que la
pensión vitalicia es un concepto indemnizatorio autónomo y otras que
consideran, por el contrario, que tiene carácter o naturaleza sustitutiva de la
indemnización fijada, sin que puedan por tanto excederse en su cuantificación
los límites cuantitativos del baremo.
La STC nº 5/2006
otorgó el amparo solicitado por un menor inválido al que se suprimió la pensión
vitalicia que se le había concedido inicialmente por el órgano inferior. La sentencia acoge en
principio el criterio de la naturaleza sustitutiva, no autónoma, de la pensión
vitalicia. No obstante, argumenta que existen en el sistema legal de valoración
razones que permiten entender que la indemnización concedida objeto de
sustitución puede no tener límites, esto es, que puede exceder los límites del
baremo, lo que conllevaría que no sería ilegal su sustitución por una renta
vitalicia igualmente no limitada por aquel. Dice lo siguiente: "en la
aplicación de la tabla IV, a diferencia de lo que sucedía originariamente con
la tabla V, no existen siempre límites máximos. Así, en primer término, es de
señalar que el punto 1.6 del anexo preveía entonces -y sigue previendo- que
"(a)demás de las indemnizaciones fijadas con arreglo a las tablas, se
satisfarán en todo caso los gastos de asistencia médica y hospitalaria", y
que precisamente podía entenderse a partir de la fundamentación al respecto de
la Sentencia de instancia que parte de la renta vitalicia iba destinada a
sufragar tal tipo de gastos, pues no es descartable que la clase de secuelas
del menor requieran no sólo cuidados permanentes, sino también asistencia
médica y hospitalaria periódica o permanente. Procede también puntualizar que
la propia tabla IV del baremo incluía entonces -e incluye ahora- como criterio
autónomo de valoración los "elementos correctores del apartado primero 7
de este anexo" y que a tal criterio no corresponde como respecto del resto
de criterios que componen la tabla IV una cuantificación máxima, en enteros o
porcentajes, sino que este criterio se señala "sin cuantificación".
Por consiguiente, en la tabla IV resulta posible tener en cuenta como criterios
correctores "sin cuantificación" y, por tanto, sin máximo, los
criterios del apartado 1.7, que afirma que "la indemnización por los daños
psicofísicos se entiende en su acepción integral de respeto o restauración del
derecho a la salud. Para asegurar la total indemnidad de los daños y perjuicios
causados se tienen en cuenta, además, las circunstancias económicas, incluidas
las que afectan a la capacidad de trabajo y pérdida de ingresos de la víctima,
las circunstancias familiares y personales y la posible existencia de
circunstancias excepcionales que puedan servir para la exacta valoración del
daño causado". En concreto describía -y describe- como elemento corrector
de agravación en las indemnizaciones por lesiones permanentes "la
producción de invalideces concurrentes".
3º) Según la sentencia
del TS de 22 de noviembre de 2010, cabe el resarcimiento de los gastos médicos
futuros sin necesidad de acudir a la jurisprudencia favorable a que se
indemnice el lucro cesante. Ello es así, según se afirma, de una parte, porque el
criterio o regla sexta del apartado Primero del Anexo, en redacción vigente a
fecha en que sucedieron los hechos, dispone que los gastos de asistencia médica
y hospitalaria se han de satisfacer en todo caso, además, esto es, con
independencia, de la indemnización que con arreglo a las tablas proceda
conceder por el resto de conceptos indemnizatorios (muerte, lesiones
permanentes, determinantes o no de invalidez e incapacidades temporales, regla
5ª del mismo apartado Primero), siendo también relevante que la regla 7ª señale
que la indemnización de los daños psicofísicos ha de entenderse "en su
acepción integral de respeto o restauración del derecho a la salud". Y de
otra parte, porque también los Principios de Derecho Europeo de Responsabilidad
Civil consideran daño patrimonial resarcible toda disminución del patrimonio de
la víctima causada por el evento dañoso, de modo que al referirse a la
indemnización del daño corporal establecen (artículo 10:202) que dicho daño
patrimonial incluye "la pérdida de ingresos, el perjuicio de la capacidad
de obtenerlos (incluso si no va acompañado de una pérdida de los mismos) y los
gastos razonables, tales como el coste de la atención médica".
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