La anulación en vía administrativa o contencioso administrativa de los actos o disposiciones administrativos discrecionales o reglados no presupone el derecho a obtener una indemnización.
A) Una sentencia del
Tribunal Militar Central, sec. 1ª, de 17 de julio de 2018, rec. 66/2017, considera que la
anulación en vía administrativa o jurisdiccional de un acto administrativo (una
sanción disciplinaria) no presupone, por sí misma, derecho a obtener una
indemnización.
El artículo 32.1 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece
que:
"Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización".
B) La sentencia del
Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 6 mayo 2016, nº 997/2016, rec. 2741/2014, recuerda que el art.
142.4 de la Ley 30/92 dispone que “La anulación en vía administrativa o por el
orden jurisdiccional contencioso- administrativo de los actos o disposiciones
administrativas no presupone derecho a la indemnización….”.
Pues como establece el
art. 141.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Vigente
hasta el 02 de octubre de 2016): “Sólo serán indemnizables las lesiones
producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber
jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños
que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o
evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica
existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de
las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer
para estos casos”.
Como manifestó el
Tribunal Supremo, Sala 3ª en su sentencia de 26 de septiembre de 2014 (casación
5859/11),
la jurisprudencia de este Tribunal Supremo en orden a una eventual
responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de la anulación (en
sede administrativa o jurisdiccional) de un acto puede condensarse en los
siguientes parámetros:
1º) La anulación no
presupone el derecho a indemnización, lo que implica tanto como decir que habrá
lugar a ella sólo cuando concurran los requisitos exigidos con carácter
general;
2º) El requisito
esencial y determinante para que pueda apreciarse la responsabilidad
patrimonial en estos casos es la antijuridicidad del perjuicio.
3º) Para determinar si
un sujeto de derecho está obligado jurídicamente a soportar el daño que le ha
infligido el funcionamiento de un servicio público, uno de los elementos a
tomar en consideración es la naturaleza misma de la actividad administrativa:
“no es igual si se trata del ejercicio de potestades discrecionales, en las que
la Administración puede optar entre diversas alternativas, indiferentes
jurídicamente, sin más límite que la arbitrariedad que proscribe el artículo
9.3 de la Constitución, que si actúa poderes reglados, en lo que no dispone de
margen de apreciación, limitándose a ejecutar los dictados del legislador.
Y ya en este segundo
grupo (actos reglados), habrá que discernir entre aquellas actuaciones en las
que la predefinición agotadora alcanza todos los elementos de la proposición
normativa y las que, acudiendo a la técnica de los conceptos jurídicos
indeterminados, impelen a la Administración a alcanzar en el caso concreto la
única solución justa posible mediante la valoración de las circunstancias
concurrentes, para comprobar si a la realidad sobre la que actúa le conviene la
proposición normativa delimitada de forma imprecisa. Si la solución adoptada se
produce dentro de los márgenes de lo razonable y de forma razonada, el
administrado queda compelido a soportar las consecuencias perjudiciales que
para su patrimonio jurídico derivan de la actuación administrativa,
desapareciendo así la antijuridicidad de la lesión (véase Sentencia del TS de 5
de febrero de 1996 , FJ 3º, rememorada en la de 24 de enero de 2006 (casación
536/02, FJ 3º); en igual sentido se manifestaron las sentencias de 13 de enero
de 2000 (casación 7837/95, FJ 2º), 12 de septiembre de 2006 (casación 2053/02 ,
FJ 5º), 5 de junio de 2007 (casación 9139/03 , FJ 2º), 31 de enero de 2008
(casación 4065/03, FJ 3 º y 5 de febrero de 2008 (recurso directo 315/06 , FJ
3º))" (STS de 16 de febrero de 2009, casación 1887/07), o, como se dice
en la Sentencia del TS (Sección Cuarta) de 2 de febrero de 2012 (casación
462/11): " cuando se trate del ejercicio de potestades discrecionales,
cual es el caso, bastará en principio con un ejercicio razonable y razonado de
la potestad, dentro del campo de posibilidades abierto a la libre apreciación
de la Administración, para no estimar concurrente el requisito de la
antijuridicidad del daño...............Incluso cuando se trate del ejercicio de
potestades absolutamente regladas, procederá el sacrificio individual, no
obstante la anulación posterior de las decisiones administrativas, cuando éstas
se ejerciten dentro de los márgenes de razonabilidad que cabe esperar de una
Administración pública llamada a satisfacer los intereses generales y que, por
ende, no puede quedar paralizada ante el temor de que, revisadas y anuladas, en
su caso, sus decisiones, tenga que compensar al afectado con cargo a los
presupuestos públicos, en todo caso y con abstracción de las circunstancias
concurrentes....".
928 244 935
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