La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 8 de octubre de 2013, nº 572/2013, rec. 1344/2011, respecto de la reclamación de la indemnización a un abogado/asesor fiscal por mala praxis profesional, declara que no procede indemnizar por daños morales cuando el contrato incumplido es de contenido puramente económico y no afecta a bienes de la personalidad, como la integridad, la dignidad o la libertad personal.
1º) La determinación del importe de la indemnización por perjuicios causados por negligencia del abogado y su control en casación ha sido objeto de tratamiento por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, pues, prácticamente con exhaustividad, la Sentencia del Tribunal Supremo nº 373/2013 de 5 de junio de 2013 declara que:
" …esta Sala viene reiterando que la fijación de la cuantía de las indemnizaciones por resarcimiento de daños materiales o por compensación de daños morales -en el caso examinado, por responsabilidad por daños y perjuicios imputable a un abogado respecto de su cliente por negligente cumplimiento de sus obligaciones contractuales- no tiene acceso a la casación, pues corresponde a la función soberana de los tribunales de instancia sobre apreciación de la prueba ( SSTS de 19 de octubre de 1990, 1 de diciembre de 2008, RC núm. 4120/2001), solo susceptible de revisión por error notorio o arbitrariedad, cuando existe una notoria desproporción (SSTS de 30 de abril de 2010, RC núm. 1165/2005 y 16 de diciembre de 2010, RC núm. 179/2008) o se comete una infracción del ordenamiento en la determinación de las bases tomadas para la determinación del "quantum" (cuantía) (SSTS de 1 de diciembre de 2008).
Cuando el daño consiste en la frustración de una acción judicial, el carácter instrumental que tiene el derecho a la tutela judicial efectiva determina que, en un contexto valorativo, el daño deba calificarse como patrimonial si el objeto de la acción frustrada, como sucede en la mayoría de las ocasiones (y, desde luego, en el caso enjuiciado) tiene como finalidad la obtención de una ventaja de contenido económico. No puede, en este supuesto, confundirse la valoración discrecional de la compensación (que corresponde al daño moral) con el deber de urdir un cálculo prospectivo de oportunidades de buen éxito de la acción (que corresponde al daño patrimonial incierto por pérdida de oportunidades, que puede ser el originado por la frustración de acciones procesales: SSTS de 20 de mayo de 1996, 26 de enero de 1999, 8 de febrero de 2000, 8 de abril de 2003, 30 de mayo de 2006, 28 de febrero de 2008, 3 de julio de 2008, 23 de octubre de 2008 y STS de 12 de mayo de 2009).
Mientras todo daño moral efectivo, siempre que deba imputarse jurídicamente a su causante, debe ser objeto de compensación, aunque sea en una cuantía mínima, la valoración de la pérdida de oportunidades de carácter pecuniario abre un abanico que abarca desde la fijación de una indemnización equivalente al importe económico del bien o derecho reclamado, en el caso de que hubiera sido razonablemente segura la estimación de la acción, hasta la negación de toda indemnización en el caso de que un juicio razonable incline a pensar que la acción era manifiestamente infundada o presentaba obstáculos imposibles de superar y, en consecuencia, nunca hubiera podido prosperar en condiciones de normal previsibilidad, pues en este caso el daño patrimonial debe considerarse inexistente. (...).
La sentencia de apelación como hizo la sentencia dictada por el Juzgado, limita la indemnización por la negligencia profesional del abogado al daño patrimonial y precisa la sentencia de la AP en su FJ 2 que se trata de indemnizar daños materiales, no daños morales, teniendo en cuenta que el abogado demandado según el FJ 1.º de la sentencia recurrida no negó su falta de diligencia”.
2º) En el presente caso, en la demanda, sólo se postuló los daños
patrimoniales, como así resulta explícitamente de la detallada relación que por
este concepto se describen en el hecho quinto de la demanda. Por otra parte,
no procede indemnizar por daños morales cuando el contrato incumplido es de
contenido puramente económico y no afecta a bienes de la personalidad, como la
integridad, la dignidad o la libertad personal. Por lo demás, es
totalmente insuficiente la mera invocación del precepto, como se alega, sin una
previa descripción del hecho, seguido de la prueba correspondiente y del
petitum por tal concepto. A todo ello se añade que, la sentencia recurrida ha valorado
la prácticamente nula prosperabilidad del recurso, por lo que no es posible su
revisión en casación.
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